“En Chocó mueren más por falta de salud que por violencia”

El Tiempo  

Líderes, organizaciones civiles e Iglesia pidieron una mirada urgente a crisis social del Pacífico.

La violencia que en años ha desangrado el Pacífico colombiano es solo uno de los males que azota a la región. Fallas en la seguridad alimentaria, deficiencias en el sistema de salud, baja calidad en la educación y la devastación que ocasiona la minería constituyen una crisis social (su verdadero problema histórico) que ha aislado al litoral. Y es esta crisis la que genera el mayor número de víctimas.

“Podemos decir que en el Chocó mueren más personas por falta de atención de salud que por el desarrollo de las acciones bélicas. No es el conflicto armado el principal generador de violencia”, dijo Richard Moreno, miembro del Foro Interétnico Solidaridad Chocó, quien en conjunto con miembros de organizaciones etnicoterritoriales y la Iglesia, pidió una mirada hacia el Pacífico y sus necesidades.

“El Chocó no goza del bienestar al que tiene derecho cualquier ciudadano colombiano. La gran mayoría de los que nos visitan y quienes estamos allí nos damos cuenta de que en el Chocó no se vive en condiciones humanamente dignas”, dijo monseñor Julio García, obispo de Istmina-Tadó, en Chocó.

Líderes de la región temen más baños de sangre a raíz de desplazamientos, como ya lo vivieron en las zonas de Jiguamiandó y Curvaradó por cuenta de grupos paramilitares, que despojaron a campesinos de sus tierras con crudas masacres.

“Si no se toman medidas de protección de los territorios colectivos, las vamos a repetir en otras zonas del país donde la implementación de megaproyectos lleva a la expropiación territorial y por lo tanto al desplazamiento”, añadió Moreno.

El narcotráfico y el dinero que hay detrás de este negocio ha provocado la llegada de todos los actores armados: Farc, Eln, paramilitares y bandas criminales. Y si bien en la región ansían la paz, aseguran que no es un problema que se soluciona con la firma de acuerdos.

“Los acuerdos de paz tendrán que materializarse por la superación de la pobreza, con el reconocimiento de las autoridades étnicas. La paz llega con una política pública diferencial que corresponda con las necesidades básicas que tienen las comunidades y que sea concertada con ellas”, dijo Moreno.

Chocó, uno de los departamentos del Pacífico con mayores necesidades, afronta un índice de pobreza extrema del 48,7 por ciento, y un 80 por ciento de la población no tiene servicios de acueducto y alcantarillado, según cifras del Dane.

“Nos sentimos impotentes. La situación supera el margen de acción que la Iglesia, la cooperación internacional y la sociedad civil podemos tener. Hacemos un llamado al Gobierno nacional para que vaya sanando esa deuda social histórica que tiene con el departamento”, pidió monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó.

Seis ‘fantasmas’

La deuda del Estado ante el drama social que vive el Pacífico colombiano tiene una larga lista de escenarios, que evidencian la violación de derechos humanos. Líderes, organizaciones civiles y la Iglesia llamaron la atención sobre seis puntos particulares que ahogan hoy a la región.

– El primero de ellos es el déficit en la seguridad alimentaria. Si bien reconocen que hay algunos subsidios, estos resultan insuficientes debido a la dificultad que representan las vías de acceso a muchas poblaciones y a la falta de cobertura en la totalidad del territorio. A esto suman que las fumigaciones de cultivos ilícitos ha afectado el pancoger de la población.

– Califican como ineficiente la atención en salud. En Bojayá, solo por citar un ejemplo, 12 años después de la masacre no se cuenta con un médico permanente. Critican la ausencia de planes de promoción y prevención y la inexistencia de un modelo de salud adaptado a los pueblos indígenas. La infraestructura hospitalaria es muy pobre. La falta de agua potable afecta la prestación de servicios.

– La baja calidad del sistema educativo impide promover en la juventud una actitud emprendedora. No se cuenta con infraestructura adecuada.

– Históricamente ha sido un territorio con presencia de grupos guerrilleros. Pero el narcotráfico ha atraído actores emergentes como los paramilitares y las bandas criminales. El desplazamiento forzado es una constante, así como los bloqueos económicos y la ocupación de escuelas y casas comunitarias.

– La violencia urbana se ha agudizado por cuenta del desplazamiento. En las cabeceras se recibe población que cae seducida ante el microtráfico y las bandas. La extorsión es otro de los males que crece.

– La explotación minera no solo deja a su paso graves afectaciones ambientales sino que alimenta el conflicto armado. Grupos ilegales hacen mayor presencia en las zonas mineras para exigir ‘vacunas’.

El Tiempo, Bogotá.