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“En Colombia pagamos para que se lleven nuestros recursos naturales”: Clara López ante el Congreso Minero

Tras señalar en forma categórica que el Polo Democrático Alternativo no se opone de ninguna manera a la explotación minera porque ello sería tanto como desconocer la inteligencia humana, la candidata presidencia de esta colectividad de izquierda, Clara López Obregón sostuvo ante los asistentes del Congreso Minero reunido en Cartagena el pasado 20 de febrero, que otra cosa es la manera errática para los intereses del pueblo colombiano como se viene ejecutando la denominada locomotora minero-energética del gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

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Tras señalar en forma categórica que el Polo Democrático Alternativo no se opone de ninguna manera a la explotación minera porque ello sería tanto como desconocer la inteligencia humana, la candidata presidencia de esta colectividad de izquierda, Clara López Obregón sostuvo ante los asistentes del Congreso Minero reunido en Cartagena el pasado 20 de febrero, que otra cosa es la manera errática para los intereses del pueblo colombiano como se viene ejecutando la denominada locomotora minero-energética del gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

 

“No nos oponemos a las ganancias del capital, pero la gran minería obtiene tantos beneficios tributarios, que Jorge Enrique Robledo, senador de mi partido, acuñó la frase de que “estamos pagando para que se lleven nuestros recursos”, sostuvo López Obregón. Y lo peor, agregó,  es que “resultó tristemente, que no era una exageración. El libro sobre minería de la Contraloría General de la República demostró que por cada 100 pesos que recibe el Estado en beneficios de la gran minería, éste le devuelve a las empresas 120 pesos en exenciones de impuestos. Es decir, la gran minería se lleva del país sus utilidades más las del Estado”.

La candidata presidencial se refirió a cinco aspectos negativos de la política minera del gobierno de Santos para demostrar los impactos negativos que viene teniendo para los colombianos. En primer lugar, dijo, en lo ambiental el manejo ha sido irresponsable y puso una serie de ejemplos. “En el ámbito social –prosiguió- la situación no es más reconfortante. Procesos de reubicación que parecen más desplazamientos que otra cosa. Proyectos de exploración y explotación que se hacen desconociendo a las poblaciones, a sus formas de vida tradicional, destruyendo sus medios de sustento. Intentando pasar por encima de las decisiones comunitarias, como en el caso de Piedras, Tolima”.

“En cuanto a lo laboral, -explicó López Obregón- es bien sabido del alto grado de tercerización y las dificultades que existen para garantizar el derecho a la sindicalización. Además, la minería y los hidrocarburos, a pesar de su creciente importancia, tienen una bajísima tasa de participación en el empleo”.

Como cuarto punto, la candidata presidencial del Polo anotó que “el conflicto entre la gran minería y la pequeña y mediana minería nacional también es muy grave. Estos colombianos, que no son pocos, tienen un derecho de preferencia para hacer minería. Han construido una tradición y una cultura alrededor de esta actividad. La posición del Estado en este tema no puede ser simplemente perseguirlos y acabar con su trabajo para despejarle el camino a la gran minería”.

Finalmente, se refirió al aspecto económico subrayando que “los datos y los análisis más rigurosos, muestran que Colombia no se ha beneficiado económicamente de la gran minería. Peor que esto, es que el país desaprovechó la oportunidad de producir desarrollo en el agro y la industria, con los recursos que pudo haber generado la minería, pero que por cuenta de la Confianza Inversionista se quedaron solo en las arcas de los especuladores financieros y los grandes capitales extranjeros”.

Locomotora minero-energética de Santos, es una enseñanza valiosa de lo que no puede repetirse en Colombia

El texto completo del discurso de López Obregón en el Congreso Minero es el siguiente:

Primero quiero decir algo que mi partido, el Polo Democrático Alternativo, ha repetido insistentemente: no estamos en contra de la minería, ni tampoco de la inversión extranjera. Es una posición de principios sustentada en argumentos serios. Oponerse a la minería tajantemente, sería tanto como desconocer la inteligencia humana, porque es la principal forma en que hemos aprovechado la naturaleza para procurarnos una mejor vida. Pensemos en las telecomunicaciones, las carreteras, la medicina, la tecnología. Todo esto depende de la minería.

Y oponerse a la inversión extranjera, si ésta le aporta al desarrollo, hace transferencia tecnológica, reinvierte en el país, crea empleos de calidad, tampoco es sensato.

El debate, entonces, no está en estos dos puntos. La discusión central es si la forma en que se está haciendo la minería y la inversión extranjera, que llega a esta actividad extractiva, es a favor de los intereses de la nación o no. Va mucho más allá de un debate ideológico: la Constitución Política de Colombia obliga a quienes administran el país y sus recursos, que actúen bajo principios de protección de los intereses nacionales. Es de eso de lo que estamos hablando.

Así que en la importancia de la minería no tenemos contradicción, pero ustedes conocen muy bien nuestra posición crítica frente a la actual política minera de Colombia.

La “locomotora minero-energética” de Juan Manuel Santos, es una enseñanza valiosa de lo que no debe repetirse. Es un cúmulo de cosas mal hechas, desconociendo por completo la experiencia de otros países que lograron desarrollarse aprovechando sus recursos naturales, como Noruega, o del manejo que países como Australia, Estados Unidos y otros, hacen de los mismos.

El resultado de esta política, impulsada por Uribe y profundizada por Santos, es lamentable para nuestra nación, porque, durante el ‘boom’ minero de la última década, desaprovechamos una oportunidad única de sacar a nuestra nación de la pobreza y el atraso.

Voy a referirme rápidamente a cinco de los aspectos actuales de la política minero-energética:

1. En lo ambiental, el manejo ha sido irresponsable. No estoy hablando solo de casos particulares, como el de Drummond, el cual rechazamos, sino en general, de la falta de control del Estado hacia la exploración y explotación de sus recursos: títulos mineros en zonas excluidas de la minería, operaciones mineras sin licencia ambiental, como lo denunció la Contraloría para el caso de Cerromatoso, compensaciones ambientales insuficientes.Es decir, lo que prevalece hoy en el país es la extracción desmesurada, sin considerar el agotamiento del recurso, la degradación vegetal y la contaminación del aire y las fuentes hídricas. Es tan grave, que el entonces ministro de Agricultura de Santos, Juan Camilo Restrepo, sobrevolando el departamento del Cesar lo comparó con un paisaje lunar donde ya no puede haber agricultura.

2. En el ámbito social la situación no es más reconfortante. Procesos de reubicación que parecen más desplazamientos que otra cosa. Proyectos de exploración y explotación que se hacen desconociendo a las poblaciones, a sus formas de vida tradicional, destruyendo sus medios de sustento. Intentando pasar por encima de las decisiones comunitarias, como en el caso de Piedras, Tolima.

3. En cuanto a lo laboral, es bien sabido del alto grado de tercerización y las dificultades que existen para garantizar el derecho a la sindicalización. Además, la minería y los hidrocarburos, a pesar de su creciente importancia, tienen una bajísima tasa de participación en el empleo. En los últimos años este sector ha logrado superar los 7 puntos del PIB, el 50% de la inversión extranjera directa, el 56% de las exportaciones y, aun así, solo representa el 1.2% del empleo total, además con empleos que –objetivamente-son de mala calidad.

4. El conflicto entre la gran minería y la pequeña y mediana minería nacional también es muy grave. Estos colombianos, que no son pocos, tienen un derecho de preferencia para hacer minería. Han construido una tradición y una cultura alrededor de esta actividad. La posición del Estado en este tema no puede ser simplemente perseguirlos y acabar con su trabajo para despejarle el camino a la gran minería. Es inconcebible la forma como el gobierno de Santos ha actuado contra estos compatriotas.Causa vergüenza ese Decreto 2235, que permite la destrucción de herramientas violando los derechos: no hay presunción de inocencia, debido proceso, derecho a la propiedad privada.Y ahora sabemos de la corrupción que desde el Ejército y la Agencia Nacional de Minería se estaba haciendo con los títulos mineros. Reconozco también, que estos mineros tienen que avanzar hacia mejores prácticas mineras, pero esto tiene que hacerse de la mano del Estado, con programas de asistencia técnica.El próximo gobierno debe y puede encontrar fórmulas para que la gran minería y la pequeña y mediana minería puedan convivir.

5. Y finalmente, el aspecto económico. En los últimos años el país ha avanzado positivamente en la discusión de este punto. Por fortuna existe un interés creciente de instituciones, de académicos destacados, por estudiar más a fondo el tema económico. A nivel internacional también existe más evidencia empírica y teorías, que dan luces sobre la renta minera y la importancia para el desarrollo.

Los datos y los análisis más rigurosos, muestran que Colombia no se ha beneficiado económicamente de la gran minería. Peor que esto, es que el país desaprovechó la oportunidad de producir desarrollo en el agro y la industria, con los recursos que pudo haber generado la minería, pero que por cuenta de la Confianza Inversionista se quedaron solo en las arcas de los especuladores financieros y los grandes capitales extranjeros.

Es equivocado –entonces- desconocer que en este punto se presenta un “conflicto de intereses”, tal como lo dice Stiglitz, “entre las empresas que explotan los recursos naturales (que por lo general son extranjeras) y los países de acogida: las primeras desean reducir al mínimo lo que pagan, mientras que los segundos necesitan maximizar lo que reciben”.

El propio director de la DIAN confesó que “los minerales de Colombia se venden a través de paraísos fiscales”, utilizando mecanismos de precios de transferencia, para pagar menos impuestos en nuestro país. Creo que todos quienes estamos aquí coincidimos en que este comportamiento no es responsable con la nación. Así mismo, la presidenta de la Agencia Nacional de Minería, María Constanza García, reconoció que “no tenemos forma de saber exactamente cuánto se extrae”. Entonces ¿cómo sabe el Estado colombiano si la minería es un motor de crecimiento o no, cuando ni siquiera tiene certeza de cuánto se extrae?

No nos oponemos a las ganancias del capital, pero la gran minería obtiene tantos beneficios tributarios, que Jorge Enrique Robledo, senador de mi partido, acuñó la frase de que “estamos pagando para que se lleven nuestros recursos”. Y resultó –tristemente- que no era una exageración. El libro sobre minería de la Contraloría General de la República demostró que por cada 100 pesos que recibe el Estado en beneficios de la gran minería, éste le devuelve a las empresas 120 pesos en exenciones de impuestos. Es decir, la gran minería se lleva del país sus utilidades más las del Estado.

Recientemente la Contraloría publicó la segunda parte, con resultados aún más preocupantes, relacionadoscon el aporte que la gran minería hace al desarrollo de las regiones y municipios en donde operan. Según la entidad, mientras el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas para el promedio del país era de 28%, en Cesar y Guajira eran de 45 y 61 por ciento respectivamente ¡y para los municipios mineros del 75%!

La pobreza multidimensional de estos municipios es del 90%, mientras en los municipios no mineros con mayor desarrollo relativo es de 43%.Yo me pregunto: ¿cómo hace el gobierno Santos para justificar esto?¿Cuál es la prosperidad y el desarrollo que está produciendo la minería? Ni hablemos de los casos de La Unión Matoso en Córdoba y Uribia en La Guajira, que son escalofriantes. En estos municipios prácticamente los únicos que no son pobres son los ingenieros de la mina. Es vergonzoso.

Esta situación tiene que cambiar. Los gremios de la gran minería son conscientes del rechazo que está produciendo en el país la actividad que realizan. Realidad queno le conviene a nadie. Es tan grave, que se ha empezado a hablar de que además de la licencia ambiental se necesita una licencia social. Me parece sensata esta exigencia. Hay que ganarse el respeto de las comunidades, pero no simplemente con proyectos de Responsabilidad Social Empresarial, usados más para hacerse propaganda que para servir a las comunidades.

En el Polo hemos discutido a profundidad este tema y planteamos algunas propuestas para hacer bien las cosas en materia de política minero-energética. No voy a referirme a todas, pero sí a aquellas que considero oportunas para este Congreso:

  1. Es indispensable que exista una política pública articulada. Hoy, incluso ustedes son víctima de la falta de coordinación del gobierno: ministerio de Minas por un lado, Ambiente por otro camino y Defensa por otro. La minería, por ser una actividad de tanto impacto, requiere una institucionalidad fuerte y coherente con los propósitos de desarrollar al país en materia industrial y garantizar la soberanía alimentaria.
  2. En este sentido, hemos hablado de que el Estado tiene que recuperar el control sobre sus recursos naturales. Es decir, la explotación de estos recursos tiene que responder a las necesidades e intereses del país y -por lo tanto- es el Estado quien debe decidir: en dónde hacer minería y en dónde no. Cuánta minería hacer, cómo hacerla y en qué se van a invertir los recursos, es decir, para qué la hacemos. La minería tiene que ser un medio para conseguir el desarrollo, no un fin en sí mismo. Como afirma Stiglitz, sino reinvertimos la riqueza “proveniente de los recursos naturales en inversiones productivas por encima del suelo, en los hechos”, nos estamos “empobreciendo cada vez más”.
  3. Obviamente, y de esto hay suficiente literatura económica, proponemos llevar una contabilidad completa de la minería. La contabilidad no puede limitarse a registrar lo que ingresa por impuestos y regalías, como una ganancia neta para el país. Debe considerar los impactos ambientales y sociales, como costos a ser compensados.
  4. Para cumplir con lo anterior, la estructura del negocio, con relación a la participación del Estado en la actividad minero-energética, debe repensarse. He leído una propuesta sensata de la Red por la Justicia Tributaria en Colombia, para aumentar la participación del Estado en este sector, que parte de una consideración obvia: los privados hacen un aporte importante en conocimiento y capital, pero la inversión del Estado es, si se quiere, más valiosa: su aporte es el recurso natural no renovable. Es decir, que en las cuentas del Estado se tiene que considerar el costo del agotamiento del recurso.
  5. Entre otras cosas, la Red propone crear un impuesto a las ganancias extraordinarias. Este impuesto existe en Estados Unidos, Chile, Perú y Australia. Si el Estado participara en un 50% de estas ganancias extraordinarias, haciendo el cálculo solo para Carbón, podría obtener 2 billones de pesos adicionales al año.
  6. Remesas: hasta el año 2006 el Estado cobraba un impuesto a las remesas del 7% para las empresas que quisieran llevarse sus utilidades al extranjero. Uribe, con su ministro Carrasquilla, eliminó este impuesto. Yo estoy proponiendo ponerlo de nuevo, en el mismo nivel que estaba en el año 2006, aunque en 1992 era de 19% y en Chile, a quienes muchos toman como ejemplo, es del 25%. En el año 2012 salieron casi 16.000 millones de dólares en dividendos y utilidades del país. Si cobramos el 7% de impuesto a las remesas tendríamos 1.100 millones de dólares. Unos 2 billones de pesos más al año.
  7. En el año 2005 la ANDI solicitó a la DIAN que autorizara deducir las regalías del pago de impuesto sobre la renta. La oficina jurídica de la DIAN, ojo, no el Congreso, ni el Presidente, sino la oficina jurídica, autorizó este descuento. Entre 2005 y 2012 se recaudaron 41.5 billones de pesos en regalías, de los cuales el 33%, es decir, 13.7 billones de pesos fueron deducidos por compañías mineras y petroleras, gracias a esta decisión. Estamos hablando de casi 2 billones de pesos más por año, que el Estado debe recuperar.
  8. ¿De dónde van a salir los recursos que requiere el país para el post-conflicto? Aquí he planteado unas propuestas, que otros países aplican, y significaríana lanación 6 billones de pesos adicionales, sincomprometer las utilidades de los inversionistas mineros. Simplemente considerando que el Estado, por ser el dueño de los recursos naturales, tiene que participar en un porcentaje justo del negocio.

Si soy electa presidenta de Colombia y la gran minería hace bien las cosas, ahí va a estar mi gobierno para garantizar sus derechos, pero también para garantizar que cumplan con sus deberes. Vamos a hacer las cosas bien para todos: para quienes decidan invertir en el país, vamos a ofrecerles una institucionalidad fuerte. El Estado va a ser un socio serio y responsable. Pero siempre vamos a actuar bajo la lógica de buscar que los negocios que hagamos vayan en el camino de beneficiar al país.

Muchas gracias.

Cartagena de Indias.

 

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