En manos de la Corte Constitucional Ley Zidres, que modifica la destinación de las tierras baldías

De aprobarse en la Corte Constitucional, las Zidres legalizarían cuestionadas compras de tierras en la Altillanura que han estado rodeadas de hechos de corrupción y esguinces a la ley.

Este 18 de enero se discutirá en la Corte Constitucional una de las demandas en contra de la Ley Zidres, presentada por organizaciones campesinas, indígenas, ONGs, Congresistas del Polo Democrático y la Alianza Verde. Las Zidres (Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social) son una figura que redefiniría la política de tierras en Colombia, defendida incansablemente por el Gobierno Nacional y los empresarios del agro, pero rechazada por el campesinado y sectores académicos estudiosos del tema.

Lo que propone la ley es que en las Zonas definidas como Zidres, se modifica el régimen de baldíos, lo que implica que los predios entregados a campesinos en procesos de reforma agraria puedan acumularse en grandes extensiones, sin límite alguno. Además, los predios baldíos (propiedad de la nación), que actualmente solo pueden adjudicarse a campesinos pobres sin tierras, en adelante podrán ser concesionados a grandes empresarios nacionales y extranjeros.

De aprobarse en la Corte Constitucional, las Zidres legalizarían cuestionadas compras de tierras en la Altillanura, que han adelantado empresarios como Riopaila (con la asesoría del abogado Francisco Uribe Noguera),  multinacionales como Cargill o Monica Semillas, el ex embajador de Colombia en Estados Unidos Carlos Urrutia y el primo del Ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, razón por la cual tuvo que declararse impedido. Además, le daría todo el impulso e incentivos de la política pública a este tipo de proyectos.

Para los demandantes, las Zidres son un atentado a la soberanía alimentaria del país y a la economía campesina, puesto que incrementaría la concentración de la tierra y relegaría a los campesinos a participar en unas inequitativas alianzas estratégicas. Consideran que esta ley es contraria a la Constitución Política, por ser regresiva en materia de tierras, violatoria al derecho a la propiedad, contraria a la descentralización administrativa, la autonomía territorial, la igualdad de las comunidades campesinas y a su libertad de asociación. Además, negó el derecho a la consulta previa, puesto que en las potenciales Zidres hay presencia ancestral de comunidades indígenas, las cuales no fueron tenidas en cuenta.

El pasado mes de noviembre, se presentó un empate en la discusión de las Zidres en la Corte. Cuatro Magistrados votaron por declarar la Ley inexequible y otros cuatro optaron por mantenerla, introduciendo cambios importantes. Luego de esto, se nombró un conjuez para que preparara una nueva ponencia, por tanto se espera que la decisión final de la Corte se produzca esta semana.