Haciéndose los bobos

Por Octavio Quintero  

Paradoja: En las manos de uno de los paladines más preclaros del Partido Liberal Colombiano (PLC), en tiempos modernos, Horacio Serpa, muere el Partido Liberal.

Catalogado por las encuestas como el Partido de mayor arraigo popular, en un escenario en donde la abstención electoral, la apatía política y la corrupción marca la muerte de los partidos, el liberalismo no solo marcha hacia el calvario, sino que lo llevan de las greñas sus actuales directores, empecinados en desafiar la justicia, en lo legal, y de desconocer la federalización administrativa en lo estatutario.

En lo legal, el Consejo de Estado tumbó los estatutos del Partido expedidos en el 2011, bajo la dirección del hoy candidato a la Alcaldía de Bogotá, Rafael Pardo, y desde entonces, el liberalismo desconoce la respectiva sentencia que deja sin  piso jurídico importantes decisiones de mecánica política adoptadas por la Dirección Nacional, entre ellas, los avales que actualmente anda expidiendo a los candidatos a alcaldías, gobernaciones, asambleas y concejos en vísperas de las elecciones locales del próximo 25 de octubre.
 
Eso es muy grave porque, puede pasar, que esos candidatos, una vez elegidos, puedan ser demandadas sus credenciales ante el Consejo Electoral, por haber sido expedidos los avales en forma irregular, incluyendo la del propio Pardo, en caso de que resultara elegido como alcalde de Bogotá.
 
Y así en muchas partes del país en donde los actuales directores se arrogan el derecho  de decidir quién sí y quien no representa al Partido, como en el caso de Cajicá, Cundinamarca, por poner otro ejemplo cualquiera que refleja como espejo la situación general.
 
Estos directores no solo han sido conminados por el máximo organismo de  lo contencioso administrativo sino por preclaros militantes de la colectividad que le están advirtiendo sobre las consecuencia de la grave y arrogante actitud que han asumido ante la mencionada sentencia judicial.
 
No es legaña de mico lo que está en discusión, hablando en torno a los estatutos expedidos en la asamblea constituyente del 2000, refrendados por consulta popular del 2002, que fueron manoseados por el entonces director del Partido, en el 2011, Rafael Pardo.
 
La sentencia del Consejo de Estado lo que ordena es:
I. Restituir en sus funciones a los Tribunales de Control y las Secretarías de Participación del PLC.
II. Restituir en sus funciones a los magistrados del Tribunal Nacional de Garantías y del Tribunal Nacional Disciplinario.
III. Restituir en sus funciones a los secretarios nacionales de participación.
IV. Restituir las comisiones nacionales de participación.
V. Convocar a los integrantes del Consejo Directivo del IPL (Instituto de Pensamiento Liberal) y elegir nuevo director.
VI. Garantizar a las secretarías de participación, a los tribunales de control y al IPL el ejercicio de sus funciones y la asignación de los recursos presupuestales.
 
En una palabra, ordenarle a la DNL que saque sus manos de la organización electoral local y restituya la autonomía federal al Partido en estas materias. Eso podría salvar al liberalismo de su vergonzosa extinción y rescatarle al país la dignidad política perdida en manos de unos presidentes, gobernadores y alcaldes que han convertido al Poder Legislativo, en sus distintas instancias, en comités legislativos adscritos al Ejecutivo mediante acciones corruptas que en nuestro medio han recibido el simpático eufemismo de “mermelada”.