Indignados por la salud: Reforma sí, pero no así

Por German Enrique Reyes Forero*  

En el año 2013, principalmente en sus últimos meses, el país fue testigo de las grandes movilizaciones de protesta contra el actual modelo de Salud y las reformas en curso en el Congreso de Colombia.  El actual presidente, quien en 2012 había sancionado la Ley 1438, prometió una lucha frontal contra la corrupción, acabar con las EPS, y hacer una reforma al Sistema de Salud que garantizara el goce pleno del Derecho a la Salud.  Fue así como el Congreso dio trámite a dos iniciativas legislativas: Una con mensaje de URGENCIA, de carácter Estatutario, para regular el Derecho a la Salud, y otro Ordinario en la búsqueda de establecer los mecanismos para su logro.

El Congreso de la República, en forma por demás expedita, aprueba la Ley Estatutaria la cual es seriamente criticada por las organizaciones sociales, académicas, sindicales y, particularmente, por ASMEDAS Antioquia, por considerar que ella, en lugar de cumplir con los mandatos de la Corte Constitucional en varias de sus sentencias y especialmente en la SU 760 de 2008, trata de restringir el derecho a la salud, limitar la acción de la tutela y continuar con la intermediación financiera.  Pero, además, y más grave aún, condicionando el derecho al denominado marco fiscal, es decir atando el derecho a la salud a la capacidad de pago.  Esta Ley Estatutaria está hoy en revisión de oficio en la Corte Constitucional y esperamos que ella mantenga su jurisprudencia en el sentido de que la salud es un derecho fundamental autónomo e irrenunciable y declare inexequible la ley o la condicione en forma favorable al real goce de este derecho.

El denominado Proyecto de Ley Ordinaria, 210 Senado ya terminó su trámite en el Senado y fue aprobado también en forma expedita por las mayorías de la coalición de la denominada Unidad Nacional, con la sola excepción de los sectores de oposición como el Polo y algunos independientes, y a la fecha está pendiente de ser debatido y aprobado por la Cámara de Representantes que inicia el período legislativo después de las elecciones del mes de marzo próximo

Pero, ¿qué es lo que indigna de esta nueva propuesta de reforma a la ciudadanía?  Varios son los motivos.

El primero de ellos, camuflado en la jerga leguleya, es la emboscada que se le hace a la tutela, instrumento jurídico apreciado por la ciudadanía; emboscada que consiste en quitarle dientes y hacerla inoperante; determina lo que denomina el núcleo fundamental del derecho y entrega al gobierno de turno la potestad no sólo de definirlo sino de priorizarlo de acuerdo a la capacidad de pago del sistema y/o de las personas.

El segundo es que mantiene las EPS, una de las entidades más corruptas y desprestigiadas, y sólo les cambia de nombre a Gestoras, quintándoles algunas funciones pero dándoles más gabelas de ganancias disfrazadas de incentivos.

En tercer lugar, no resuelve el problema de la deuda con los hospitales y clínicas que tienen fundamentalmente las EPS y que ha llevado a varios hospitales a procesos de liquidación.

Además, impulsa la formación y titulación de Especialistas en las entidades prestadoras de servicios de salud, sólo para rebajar salarios en una demagógica política de mayor número de especialistas pero sin garantía de calidad, como lo han denunciado la Asociación Nacional de Internos y Residentes (ANIR), la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (ASCOFAME) y la Academia de Medicina, entre otras.

Deroga de la Ley 1438 algunos aspectos considerados positivos por algunos sectores de la academia en lo referente a redes de servicios, salud pública, modelos de salud basados en Atención Primaria en Salud (APS), terapias alternativas, entre otros.

Crea un Fondo Nacional recaudador y pagador único, considerado por algunos como un aspecto positivo, pero sin órganos descentralizados que ayuden a mejorar el flujo de recursos a los hospitales.

Mantiene la tesis de limitar la autonomía médica con trabas administrativas inaceptables por el gremio médico; deroga la obligatoriedad de que las EPS, convertidas en gestoras, contraten obligatoriamente un porcentaje no menor del 60 % del gasto en salud con la red pública, y de contera favoreciendo los procesos de liquidación y privatización a favor del sector financiero especulativo pendiente de comprar infraestructura hospitalaria a precio de huevo.

Pretende legalizar lo que hoy es ilegal en cuanto a las relaciones laborales rebajando prestaciones sociales a los servidores públicos; favoreciendo la tercerización laboral a través de falsas cooperativas, empresas temporales o falsos sindicatos y falsos contratos sindicales; atropellando mucho más al talento humano, motor y eje de cualquier sistema de salud…

Son más los aspectos nefastos de la propuesta, los que iremos puntualizando poco a poco en otras entregas.

Se nos ha criticado por nuestras observaciones y se nos ha llamado la atención respecto a que, de no hacer la reforma, el sistema seguirá colapsado.  Nosotros decimos: “Reforma sí, pero no así”, lo que significa que estamos contra la Ley 100 y tenemos radicada en el Congreso una propuesta de reforma diferente, pero desatendida por la mayoría de los congresistas, hoy en campaña haciendo promesas que al momento de votar incumplen por los halagos y prebendas del Gobierno y el sector financiero.  También advertimos que hay sectores que se oponen a esta y a cualquier reforma que toque la almendra de la crisis, como son las EPS, muchas de ellas financiadoras de campañas políticas electorales y con interés de que no sólo el negocio de la salud continúe sino que mejoren sus ganancias.

Continuamos alertando a la ciudadanía y reiteramos: “Reforma sí, pero no así”.

*Presidente de Asmedas Antioquia.

Medellín, 8 de mayo de 2014.