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Nacional

Inequidad fiscal

Por Eduardo Sarmiento Palacio  

La reforma tributaria constituyó uno de los fracasos más graves de la administración. El insuceso ha sido ocultado por el Gobierno y por la opinión pública que no ha exigido la rendición de cuentas. Como ocurre cuando no se reconocen los manejos equivocados, los errores se repiten.

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Por Eduardo Sarmiento Palacio  

La reforma tributaria constituyó uno de los fracasos más graves de la administración. El insuceso ha sido ocultado por el Gobierno y por la opinión pública que no ha exigido la rendición de cuentas. Como ocurre cuando no se reconocen los manejos equivocados, los errores se repiten.

La reforma tributaria se presentó como un mecanismo neutral en lo cual se bajaban los tributos al capital y a las empresas y se compensaban con mayores cargas a los grupos medios. La información más reciente muestra un resultado muy distinto. El impuesto a la renta disminuye en términos reales y los impuestos indirectos suben más; la baja de los gravámenes a las personas jurídicas no se compensó con los mayores gravámenes a las personas naturales. El resultado ha sido la reducción del crecimiento de los recaudos tributarios en relación con la tendencia de 15%, lo que implica una pérdida de ingresos tributarios de $15 billones.

La falla se refleja en el presupuesto presentado al congreso para 2015. El Gobierno reconoce que el proyecto está desfinanciado por $ 12.5 billones y propone subsanarlo con el impuesto del 4 por mil y con el impuesto al patrimonio, que no daría más de $ 8.5 billones. Como el faltante se verá incrementado por gastos no contemplados, como el aporte para aumentar las apropiaciones a las universidades públicas, el programa de infraestructura, las inversiones anunciadas para la agricultura y las reformas a la salud y pensiones, las necesidades bien podrían significar el doble de la cifra reconocida a regañadientes por el Gobierno.

Ante el reducido margen de maniobra, para subsanar el hueco la mirada se ha dirigido a las privatizaciones, que están fundamentadas en la misma inequidad de la reforma tributaria. En el fondo, se pretende entregar las empresas más rentables del Estado, más concretamente aquellas que registran los mayores ebitda (beneficios antes de intereses, impuestos, deterioros y amortizaciones), rentabilidades y valorizaciones, por encima del valor en libros, y repartir los excedentes con los compradores, que exigen elevadas ganancias.
Es precisamente lo que está ocurriendo con Isagén. El Gobierno anuncio el precio de referencia para la subasta del 57.6% de la empresa en $ 5 billones. A la luz de las utilidades operacionales de $ 600 mil millones reportadas en los últimos balances, la rentabilidad inicial de la operación sería del 7%. Pero en la actualidad están en curso cuantiosas inversiones como Hidrosogamoso, que ampliarán la capacidad instalada y la generación en 40%, con rendimientos similares a las históricas e ingresos que no aparecen todavía en los balances. De hecho, el retorno se elevaría por encima de 10% y los compradores, de seguro, verán duplicado el valor de sus acciones en 5 años. Para completar, el Gobierno destinará los recursos para crear condiciones que permitan retornos de 15% en las concesiones viales, que no guardan relación con la productividad del sector.

La política de equidad del Gobierno está enfocada dentro de las concepciones clásicas de que la distribución del ingreso es independiente del resto de la economía. Los esfuerzos se orientan a elevar el gasto público, con el deseo de que los mayores beneficios lleguen a los sectores más pobres. Al mismo tiempo, se opera con una estructura tributaria basada en menores impuestos al capital y en ingresos provenientes de privatizaciones y concesiones, que significan transferencias del patrimonio nacional a los consorcios nacionales e internacionales. El manejo acentúa la estructura desigual por la que las remuneraciones del 50% más pobre aumentan menos que el ingreso per cápita y este menos que la rentabilidad del capital. Mientras no se frenen los excesos del capital, todo lo que se haga en materia de gasto público será derrotado por la mano invisible.

El Espectador, Bogotá, 24 de agosto de 2014.

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