Intenso trabajo del congresista Alirio Uribe en período legislativo que termina

Un total de 21 audiencias públicas, 6 debates de control político, 13 proyectos de ley presentados como autor y/o coautor y 4 ponencias sustentadas, es el resultado del trabajo legislativo realizado en el Congreso de la República por el representante a la Cámara del Polo Democrático Alternativo, Alirio Uribe Muñoz, durante su segunda legislatura correspondiente al 20 de julio del 2015 al 20 de junio de 2016.

Su trabajo se destacó por el irrestricto respaldo al proceso de paz que se adelanta en La Habana con las FARC EP, y el que está por empezar con el ELN, el apoyo a las luchas sociales desde el Congreso, las reivindicaciones de los derechos de las víctimas del conflicto y la defensa de lo público a nivel nacional con énfasis en la capital de la República.

Respaldo al proceso de paz

En concordancia con estos puntos, en especial en lo que tiene que ver con el post acuerdo, Uribe Muñoz presentó sus reparos a tres proyectos de ley que aun así siguieron su curso legislativo y pretenden en su implementación perpetuar la guerra en el país.

El primero de ellos, sobre el cual el Congresista presentó ponencia negativa y que  pretende regular el reclutamiento y prestación del servicio militar obligatorio, hizo tránsito a segundo debate en Plenaria de la Cámara de Representantes, aunque actúa en contravía de la promesa de campaña realizada por el presidente Juan Manuel Santos de eliminar éste servicio.

Este proyecto que además aumenta la prestación del servicio militar de 12 a 18 meses fue “vendido” a la opinión pública, haciendo creer que concede beneficios a los jóvenes que presten el servicio militar, como por ejemplo, línea especial de crédito para reservistas para el ICETEX, pago de seguridad social, descuento del 20% en la matrícula para estudios profesionales, técnico y tecnológico, vinculación directa al Sena. Sin embargo, el propio Ministerio de Hacienda [1] ha indicado que no tiene el presupuesto necesario para la implementación de estos beneficios, engañando así a la ciudadanía, manteniendo la lógica militarista y desconociendo la posibilidad de tener una sociedad en paz.

El segundo de ellos – que se espera sea archivado por falta de trámite – es aquel que concede facultades a las fuerzas militares para combatir a las bandas criminales. Frente a este proyecto, el Representante a la Cámara Alirio Uribe ha sido enfático en manifestar, no sólo, que el proyecto no es necesario por cuanto ya se cuenta con  el marco legal y normativo para que garantice la seguridad de los colombianos, sino porque al otorgarle facultades a la fuerza pública para atacar las Bacrim, se mantendrían bombardeos y acciones militares que pueden afectar la población civil, perpetuando el conflicto. En ese sentido y acogiendo el argumento de Uribe Muñoz, el propio Ministerio de Defensa expidió la directiva permanente 0015 de 2016 en las que faculta a las fuerzas militares para combatir las bandas criminales.

El tercer proyecto – aprobado en menos de dos días – es el Código de Policía, que llegó a discusión a la Plenaria de la Cámara de Representantes en la última semana de la legislatura y con muy poco tiempo de debate fue aprobado como nueva ley de la república. A juicio del Congresista, este Código resulta lesivo para varios derechos y libertades fundamentales y  no aborda como premisa base,  cuál debería ser el papel de la Policía Nacional en un escenario como el que se acerca de posconflicto en el país, entre otras consideraciones.

De otro lado, el Representante presentó ponencia positiva en la comisión II de la cámara del que se pretendía fuera el nuevo estatuto que regulaba  la vigilancia y seguridad privada, que infortunadamente fue hundido por los partidos tradicionales, a pesar de la insistencia del congresista. El proyecto que planteaba la prohibición de la inversión extranjera en el negocio de la seguridad privada contenía una serie de previsiones para el reconocimiento de derechos laborales de los de los guardas o vigilantes que laboran en las empresas y cooperativas de vigilancia.

Demandas de inconstitucionalidad

Uribe Muñoz, junto con otros parlamentarios de la bancada del Polo Democrático Alternativo y de otras bancadas afines, acompañado de organizaciones sociales, interpuso durante este período legislativo 4 demandas de inconstitucionalidad contra  leyes que habiendo siendo aprobadas por el Congreso de la República, vulneran derechos y violan normas de la Constitución, a pesar que en su momento fueron objetadas por el congresista. Así, se demandó el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, una reforma constitucional al Fuero Penal Militar, la Reforma al procedimiento de la Justicia Penal Militar y la Ley de Zidres.

Frente al Plan Nacional de Desarrollo, la Corte Constitucional emitió sentencia reconociendo que algunos de los artículos demandados son contrarios a la carta política, entre estos, aquellos que permitían la actividad minera y de hidrocarburos en los páramos del país, admitiendo, tal y como se había planteado que prevalece el derecho al medio ambiente sano y no el derecho adquirido por licencias ambientales, prohibiendo la explotación minera en páramos.

Igualmente la Corte Constitucional se pronunció declarando constitucional la reforma al fuero penal militar haciendo unas interpretaciones sobre su alcance concediendo la razón a los argumentos presentados en la demanda.
La Corte aún no se pronuncia frente a las demandas contra el fuero penal militar y la Ley de Zidres.

Es importante mencionar que además de las demandas realizadas, el Representante también suscribió dos coadyuvancias. Una a la acción de tutela presentada por los campesinos en el caso de la Hacienda Bellacruz, frente a la cual la Corte reconoció que los terrenos baldíos deben ser adjudicados a los campesinos y otra presentada en el caso de la delimitación del Páramo de Santurban,  de la cual se espera  pronunciamiento.

Proyectos de ley presentados

Dentro de los principales proyectos presentados en calidad de autor y/o coautor, el representante Alirio Uribe destaca el proyecto de Ley por el cual se exalta la vida del maestro Carlos Gaviria Díaz, digno defensor de derechos humanos, erudito y demócrata en el sentido más amplio de la palabra, el cual pasó a sanción presidencial y aquel que reduce el aporte a salud de los pensionados del 12% al 4%, que con el apoyo de  los pronunciamientos de las organizaciones de pensionados y algunos oficios propios, fue aprobado en comisión séptima y plenaria de Cámara, y en la actualidad se halla pendiente de sus dos debates en el Senado de la República.

Es de anotar que este proyecto ha avanzado pese a la oposición del gobierno nacional y algunos congresistas que argumentan un alto costo fiscal que no se compadece con la injusticia que representa esta carga con nuestros jubilados.

El congresista también destaca la radicación del proyecto de Ley que pretende delimitar el área de Renovación del Centro Administrativo Nacional (CAN), privilegiando el interés general, defendiendo el patrimonio público y ecológico, intentando acotar la avaricia de algunos interesados en el negocio inmobiliario, que está pendiente de primer debate y un proyecto de ley para que el Congreso de la República pueda citar a debates de control político al alcalde mayor de Bogotá en cuanto se trate de temas con incidencia nacional.

Igualmente, el representante junto a otros congresistas radicó y promovió el Estatuto del actor que busca dar garantías laborales a este gremio, el cual fue aprobado en comisión VII y que hace tránsito a Plenaria de senado y suscribió dos proyectos de reformas a la Constitución, uno que crea el Senado regional, el cual sigue en trámite, y otro que busca dar reconocimiento como sujeto político al campesinado.

Audiencias Públicas

De las 21 audiencias realizadas entre el 20 de julio de 2015 y el 20 de junio de 2016, sobresalieron las convocadas para tratar temas que tienen que ver con la vulneración de los derechos fundamentales en sectores poblacionales como, los vendedores informales, los recicladores de oficio, consulta previa de poblaciones indígenas y afrocolombianas, reparación colectiva al movimiento sindical, pensionados y víctimas de crímenes de Estado.

Debates de control político

Dentro de los debates de control político realizados en la legislatura que termina sobresale el realizado en la plenaria de la Cámara de Representantes, en octubre de 2015 sobre control de multitudes, en el que el Congresista solicitó desmontar el Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD – y en su lugar crear un cuerpo civil de mediación de conflictos con presencia nacional que pueda mediar en las situaciones de protesta con enfoque preventivo, que en ningún caso podrá portar armas de fuego o usar armas de manera letal.

Vale la pena destacar que producto de este debate se constituyó una comisión accidental de seguimiento a las violaciones a los derechos humanos cometidas por la fuerza pública, comisión en la que -dicho sea de paso – se realizó un debate sobre los recientes operativos de la administración distrital de Bogotá en el Bronx.

Igualmente promovida por el congresista, se realizó en la Comisión de Derechos Humanos un debate sobre la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en cuanto a retornos, pago de indemnizaciones y vivienda rural, otro realizado en la Comisión II de la Cámara sobre la situación de derechos de los migrantes – como resultado del cual la cancillería convocó en abril de 2016 el primer encuentro para la conformación de la Mesa de la Sociedad Civil para las Migraciones con participación de colombianos que residen en diversos países – y por último un debate realizado en la misma Comisión sobre el incumplimiento del deber estatal en la búsqueda de las personas desaparecidas.

Trabajo en Bogotá

Uribe Muñoz se destacó durante la legislatura que termina por realizar oposición activa a todas las políticas regresivas y privatizadoras del actual alcalde Enrique Peñalosa, así como por defender comunidades y derechos afectados por éstas como por ejemplo vendedores ambulantes, recicladores  de oficio, entre otras.

En este mismo sentido el congresista realizó seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital, acompañando la defensa de la Empresa de Teléfonos de Bogotá – ETB – ante las iniciativas de venta de las empresas del Distrito y la defensa de la Reserva Van Der Hammen a nivel ambiental.

Así mismo, Uribe Muñoz participó en una audiencia convocada por la Comisión Accidental de Bogotá para hacer seguimiento a los temas del Río Bogotá y la Minería en Páramos en el distrito, y convocó otra audiencia que se realizó en el municipio de Soacha sobre conflictos ambientales de la actividad minera.

Es de resaltar el permanente trabajo extra parlamentario del Congresista, quien permanentemente participó en foros, seminarios y conferencias sobre diversos temas, en especial sobre el código de policía, proceso de paz, minería en páramos, proyecto de ley sobre pensionados, reforma política entre  otros.

Próxima legislatura

Para la próxima legislatura el Representante Uribe Muñoz, ha anunciado que se concentrará en su labor de control político en temas concernientes a Bogotá y  fuerza pública, así como en la implementación de los acuerdos de paz con la FARC EP y el impulso al proceso con el ELN.
En este sentido realizará junto con otros congresistas un debate de control político en plenaria de la Cámara al Alcalde Enrique Peñalosa, relacionado con los impactos nacionales de las medidas adoptadas por el gobierno Distrital, con respecto al patrimonio público, el medio ambiente, la estabilidad laboral y la corrupción, que afectan la garantía de derechos fundamentales de los ciudadanos.
Desde la oposición, el congresista seguirá apoyando los diálogos de paz, impulsando desde su labor el llamado a la ciudadanía a respaldarlos.

Finalmente Uribe Muñoz anuncia desde ya su participación en los grupos de trabajo sobre las reformas legales y constitucionales que se requieran para la implementación de la reforma política, la creación de la jurisdicción especial de paz, la comisión de la verdad, la unidad especial para la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas y la reforma agraria que requiere el país.

[1] Esta iniciativa demandaría la cifra de1.3 billones anuales que no se encuentran contemplados en el marco fiscal que tiene contemplado el ministerio de hacienda, según respuesta emitida a derecho de petición.