Isagén contra el nuevo país

Por Mauricio Cabrera Galvis  

La venta de Isagén va en total contravía frente a los pilares del gobierno Santos y frente a los propósitos del Plan de Desarrollo ‘Todos por un nuevo país’, en particular contra el objetivo de construir una Colombia equitativa, es decir una sociedad sin marcadas diferencias de ingresos y oportunidades, que pone en peligro la existencia del mismo sistema democrático.

Es imposible construir equidad sin disminuir la escandalosa concentración de la riqueza en muy pocas manos que impera en Colombia. Nunca habrá verdadera igualdad de oportunidades si no se distribuyen mejor los activos que generan riqueza, es decir si no se democratiza la propiedad. Como lo ha mostrado Piketty, el problema no es solo la distribución del ingreso sino también la distribución de la riqueza.

Además, la promoción de un país de muchos propietarios es un mandato constitucional en Colombia. El artículo 60 de la Carta Política establece la obligación del Estado de promover el acceso a la propiedad y, como una obligación específica, la democratización de la propiedad accionaria cuando venda empresas del Estado. Para ello exige que las acciones en venta sean ofrecidas en condiciones especiales a los trabajadores y al sector solidario. No cumplir con este mandato es otra de las grandes equivocaciones de la privatización de Isagén.

El gobierno se puede defender de esta grave acusación arguyendo que cumplió todos los requisitos establecidos en la inútil Ley 226 de 1995, que reglamentó el mencionado artículo 60, y que ofreció primero las acciones de Isagén a los trabajadores en condiciones especiales. Es cierto.

Pero que haya cumplido la letra de una ley mal diseñada y peor aplicada, no significa que haya hecho un verdadero esfuerzo por democratizar la propiedad, como lo demuestra el hecho de que en esa primera vuelta solo vendió el 0,1% de las acciones ofrecidas, porque las condiciones no eran atractivas y porque el mismo gobierno impuso condiciones que hacían imposible que el sector solidario o los trabajadores adquirieran la totalidad de la empresa.

No es que el Ministerio de Hacienda no tenga la imaginación ni la capacidad técnica para estructurar un mecanismo de venta que hubiera facilitado la verdadera democratización de la propiedad accionaria. El problema es la falta de decisión política para hacerlo, pues el verdadero objetivo de la venta de Isagén no es cumplir el mandato constitucional sino el criterio fiscalista de maximizar los ingresos y vender al mayor precio posible, aún a costa de promover la concentración de la riqueza en los grandes grupos empresariales nacionales o extranjeros que pueden pagarlo.

La Constitución se obedece pero no se cumple. Los objetivos del Estado Social de Derecho se sacrifican ante el becerro de oro del mayor precio. Así ha sucedido en todas las privatizaciones de empresas del Estado que se han hecho en los últimos 25 años, con excepción de algunos procesos de capitalización de empresas públicas que si han sido diferentes. La diferencia es que este gobierno, a diferencia de los anteriores, si se ha planteado la equidad como uno de sus pilares y objetivos prioritarios. Y lo está incumpliendo.

“O Colombia atiende las disparidades sociales, o pone en riesgo su propio futuro”, dice el documento del Plan. Para lograrlo hay que democratizar la propiedad accionaria como ordena la Constitución y la forma como se está haciendo la privatización de Isagén implica perder una de las últimas oportunidades de hacerlo, pues en el pasado ya se han feriado la mayoría de las empresas del Estado.

¡Vendiendo a Isagén no se construye un nuevo país!