La desastrosa delimitación del páramo de Santurbán y la inmediata respuesta ciudadana

Por Alberto Castilla Salazar  

Después de varios años de espera, el gobierno nacional por fin emitió su decisión acerca de la delimitación del páramo de Santurbán. Tal definición ha estado rodeada de cuestionamientos planteados por organizaciones campesinas, ambientalistas y pobladores de la región.

En primer lugar, preocupa que la delimitación reduce el área del páramo. El páramo pasó de tener 129.743 a solo 98.954 hectáreas protegidas, lo que significa una reducción del 24% frente a lo determinado por el instituto Humboldt en virtud de la Ley 1450 de 2011 y la Resolución 937 del mismo año expedida por el Ministerio de Ambiente.  En las casi 30.000 hectáreas donde se elimina la protección se establecen las llamadas zonas de restauración y zonas de uso sostenible, zonas que en la práctica permiten la actividad minera. Esta sustancial reducción del área protegida se debe a la modificación de la cota del páramo que pasó de 2.800 a  3.100 metros sobre el nivel del mar. Tal redefinición es un evidente retroceso en el cumplimiento de los deberes constitucionales e internacionales del Estado colombiano en cuanto a la protección de los ecosistemas estratégicos.

En segundo término, la reducción del páramo también se hace de manera indirecta, ya que se desnaturalizó el sentido de los derechos adquiridos. Lo anterior implica que incluso se podría permitir que continúe o se inicie la actividad minera en las 98.954 hectáreas supuestamente protegidas.  Lo anterior se deriva de la validación de los títulos mineros y las licencias ambientales otorgadas hasta febrero de 2010.  Sin embargo, esta clara permisividad con la minería se echa de menos en lo agropecuario porque los campesinos de la zona sí serán obligados a “reconvertir” sus esquemas productivos.

En tercer lugar, la totalidad del páramo terminó siendo atacada con la disposición de pago por servicios ambientales, una herramienta con la que se afirma proteger el medio ambiente, aunque realmente resulta “comercializando su flora, su fauna, su capacidad para retener y almacenar agua, su significado cultural y de vida. Además del impacto que esto genera sobre la naturaleza y la vida misma de quienes habitan estas zonas o sus áreas de influencia, también repercute sobre los territorios y los derechos de propiedad que hay sobre estos; en lo concreto, estos territorios pasan a ser de quienes hacen la compensación, todo esto con el aval del Estado y su economía neoliberal aplicada a los recursos.”[1].

Un cuarto punto: la decisión gubernamental entrega el control y vigilancia del páramo enteramente a las Corporaciones Autónomas Regionales –CAR-. Aunque tal entidad sea competente para hacer tal control y vigilancia, las organizaciones sociales y ambientalistas del departamento de Santander han lanzado profundos cuestionamientos a la Corporación Autónoma, ya que ha facilitado en muchos casos las actividades de la gran minería en la región. En este punto también debe analizarse el cambio de jurisdicción de 6.000 hectáreas que hasta la delimitación eran responsabilidad de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) y que ahora están bajo la vigilancia de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS).  Esta última entidad no participó de ninguna manera en el proceso de delimitación, así que la recepción de esta nueva responsabilidad fue inconsulta. Ahora bien, están perfectamente claras las carencias de la institucionalidad ambiental en Colombia. De hecho la misma Contraloría General habla de ausencia de institucionalidad en su informe sobre minería de 2013; estas carencias afectan también, y de manera grave, a la CAS.  De esta manera se configuró un escenario donde se recarga de manera inconsulta una gran responsabilidad sobre una entidad endeble y sin recursos.

Un quinto punto es la evidente carencia de participación de la sociedad en el proceso de delimitación. Todo el proceso de la delimitación estuvo teñido de secretismo, se desarrolló con diálogos a puerta cerrada, se excluyó a buena parte de las organizaciones sociales del departamento, y se ignoró el clamor del pueblo santandereano que lleva varios años defendiendo su agua y su páramo.  No es casual que el día del anuncio de la delimitación, el viernes 20 de diciembre, la CDMB estaba militarizada de manera nunca antes vista.

La cuestión de Santurbán lleva ya varios años desarrollándose y el episodio de la delimitación es el más reciente de una larga cadena de hechos.  Por lo anterior, esa misma ciudadanía que ha defendido el agua y el páramo ha reaccionado frente a la delimitación, proponiendo iniciativas como la Gran Movilización Nacional Contra la Minería, el Fracking y Rechazo a la Delimitación de los Páramos de Colombia, programada para principios de marzo del presente año. Salta a la vista que esta movilización no trata de manera exclusiva sobre Santurbán, pues aborda problemas nacionales como la gran minería y el fracking.  Esto es signo de una cualificación en la lucha por la defensa del territorio que se adelanta en Santander y en toda Colombia.

Durante los primeros años de la defensa del páramo, la posición preponderante al interior de ese movimiento ciudadano era la de abogar exclusivamente por Santurbán y sus aguas.  Esto rindió magníficos frutos en su momento y permitió la consecución de resonadas victorias para el campo popular, como la negativa de la licencia ambiental pedida por la minera Greystar, hoy Eco Oro, para iniciar la explotación del páramo. Tal decisión administrativa se dio en marzo de 2011 después de que Bucaramanga y Santander enteros le dejaran perfectamente claro a todos los niveles de gobierno que no se iba a permitir la destrucción del páramo.  No obstante, el gran capital minero-especulativo trasnacional prosiguió su ofensiva en pos de la destrucción de Santurbán y es así como se llega al actual escenario de la desastrosa delimitación.

Este revés de la delimitación, en consuno con muchos otros factores, ha concienciado a la ciudadanía sobre un aspecto crucial: el problema no se resuelve mientras a nivel nacional sigan imperando el extractivismo y los intereses de las grandes mineras.

La defensa del agua y la vida en Santander, Colombia y el mundo entero es un camino largo y tortuoso, pero cada paso adelante es una señal de esperanza y a pesar de los retrocesos que vengan, esta lucha no cesará hasta la construcción del otro mundo posible, uno donde la relación entre la raza humana y el resto de la naturaleza no se halle mediada por la irracionalidad egoísta del mercado, sino por la inteligencia y el espíritu constructivo del ser humano.

[1] PORRAS, Alejandra y DÍAZ, Freddy.  Pago por Servicios Ambientales PSA: otra falacia extractivista. CEDINS. (http://cedins.org/index.php/proyectos-mainmenu-50/tierras-y-territorios-mainmenu-69/566-pago-por-servicios-ambientales-psa-otra-falacia-extractivista).