La economía de mercado como fenómeno de corrupción

Por Carlos Gaviria Díaz  

Existen razones estructurales en el diseño y la concepción del Estado que contribuyen al incremento de la corrupción. Una de ellas puede ser la idea del neoliberalismo según la cual el Estado debe reducirse al máximo. A este fenómeno, por el contrario, se lo debe combatir fortaleciendo las instituciones y evitando el tráfico de intereses particulares en la gestión pública.

Una de las críticas más frecuentes contra el modelo económico imperante en Colombia se expresa en el calificativo de “neoliberal”. Aquello que puede ser descrito con esta palabra aparece en ciertos contextos, especialmente los de la izquierda colombiana, como algo negativo. Y en efecto lo es.

Sin embargo, hace falta entender un poco mejor cuales son las razones por la cuales esta crítica resulta razonable y fundamentada. El fenómeno de la corrupción y la incidencia que tiene la perspectiva del modelo económico respecto a este fenómeno puede ser una de ellas.

Usualmente, el problema de la corrupción se asocia a razones de tipo moral o ético, perspectiva desde la cual la única solución posible se asocia a una recomposición o pedagogía de los funcionarios públicos. Sin embargo, este fenómeno y su solución no se reducen a este asunto. Existen razones estructurales en el diseño y la concepción del Estado que contribuyen a su crítica situación. Un estudio reciente de la Contraloría General de la Nación sostiene que una de las causas por las cuales el tema de la corrupción es relevante hoy en Colombia se encuentra en la concepción misma que desde los 90s domina en lo económico al país. Desde aquella década, Colombia suscribió el denominado consenso de Washington dentro del cual una de las principales premisas consistía en que el Estado debía reducirse al máximo para dar espacio a la economía de los particulares y las leyes del mercado.

Ese fundamento hace parte de las características del denominado neoliberalismo y cae en un error básico que consiste en pensar que la gestión de los particulares es siempre mejor, entre otras cosas, por que no contribuye a aumentar la corrupción. De acuerdo con un estudio de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, el Departamento Nacional de Planeación y la Universidad de Pittsburg en el año 2003 la corrupción implicó un deterioro para el estado de tres billones de pesos ($3´´000.000´000.000), cifra alarmante en un momento en el cual llevábamos casi 10 años de instauración de medidas dirigidas a fortalecer el libre mercado. Si a ello se suma que de acuerdo con la Vicepresidencia de la República el 76% de los empresarios y el 70% de los funcionarios participan en sobornos, se puede concluir que una política dirigida a reducir al máximo el Estado termina generando un sistema dentro del cual son los propios particulares los que causan la corrupción.

MEDIDAS PARA ATACAR EL PROBLEMA

Es necesario atacar este flagelo de manera contundente para lo cual vale la pena tener en cuenta las siguientes medidas, algunas de las cuales, son sugeridas por la propia Contraloría: En primer lugar, el Estado se debe fortalecer en sus instituciones y no reducirse a su mínima expresión (de acuerdo con la Contraloría es precisamente en países donde el Estado es grande y fuerte donde los índices de corrupción son menores, por ejemplo, Canadá, Dinamarca, Finlandia y Suecia). En segundo término, es necesario contribuir al fortalecimiento de los órganos de control (Procuraduría y Contraloría), que de la mano de mecanismos participativos de la población como las veedurías ciudadanas, deben tener la capacidad de canalizar y hacer realmente efectivas las denuncias de los ciudadanos. En tercer lugar, es importante ampliar y hacer más fuertes las sanciones fiscales y penales no sólo contra funcionarios públicos sino también contra los particulares que utilizan el soborno como mecanismo de acceso a los recursos públicos. En cuarto lugar, se debe garantizar que la financiación de las campañas políticas sea estatal y exista un límite riguroso del monto de donaciones particulares, con el fin de evitar que a través de estos medios los funcionarios elegidos popularmente beneficien los intereses de particulares que financian sus campañas. Y finalmente, es necesario fortalecer la carrera administrativa de tal forma que los cargos de libre nombramiento y remoción, y los contratos de prestación de servicios, no se conviertan en el mecanismo más adecuado para pagar cuotas políticas.

Julio de 2005.