Ley Zidres viola abiertamente la Constitución

El día de ayer, la edición electrónica del diario La República publicó un resumen del discurso del Superintendente de Notariado y Registro, Señor Jorge Enrique Vélez, en el seno del Segundo Congreso Agroindustrial de la ANDI. En dicho Congreso, el Superintendente afirmó que las Zonas de Interés de Desarrollo rural, Económico y Social (ZIDRES) podrán establecerse en todos los departamentos del país. Según el mencionado diario, Vélez afirmó que las Zidres  “solo deben cumplir con la condición de encontrarse alejados por lo menos una hora de una carretera principal, lo que abre el rango, aunque aún deben llenar otros requisitos como tener una baja densidad poblacional y altos índices de pobreza”.

La intervención del Superintendente Vélez es una muestra de la mala fé del gobierno nacional en el debate sobre el modelo agrícola. Al inicio del debate legislativo sobre las Zidres, el gobierno nacional en cabeza del Superintendente Vélez afirmó que dicha figura territorial solo se aplicaría en al altillanura colombiana. Posteriormente, en respuesta a una petición enviada por mi despacho a la Superintendencia de Notariado, dicha entidad aceptó que las Zidres podrían constituirse en otros lugares del territorio nacional. Ahora el Superintendente Vélez acepta abiertamente lo que siempre sospechamos en la bancada del Polo: que dicha figura territorial, a nuestro juicio contraria a la constitución colombiana, no se diseñó solo para la altillanura, sino que podría aplicarse a lo largo y ancho del territorio nacional. 

Las declaraciones del Superintendente muestran la mala fe del gobierno nacional, que de manera calculada le mintió al país durante el debate parlamentario. Siempre supimos que el gobierno quería extender las Zidres por todo el país, pero el gobierno no quiso aceptar sus verdaderas pretensiones. Esperaron a que la ley se aprobara y se reglamentara para aceptar su verdadero propósito, mostrando su mala fe en el debate agrario.           

Tenemos buenos argumentos que demuestran que hay aspectos de la ley Zidres que violan abiertamente la Constitución, como la regresividad que la ley representa en  materia del derecho de acceso a la tierra, la violación del principio de autonomía territorial y una serie de violaciones a los derechos de los campesinos y campesinas, particularmente el derecho a la libertad de asociación. Por ello, junto con mis colegas Iván Cepeda, Alirio Uribe, Ángela María Robledo e Inti Asprilla, y de la mano de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, interpusimos una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1776 de 2016, la cual recibió importantes apoyos ciudadanos y de organizaciones campesinas, organizaciones de derechos humanos, organizaciones que respaldan las luchas campesinas y académicos, entre otros. 

La Corte nos ha convocado a una audiencia pública el próximo 15 de septiembre, para que tanto demandantes como el Gobierno le presentemos nuestros argumentos frente a la norma. A pesar que es un litigio pendiente, sobre el que la Corte aún no se ha pronunciado, el Superintendente aseguró que se encuentra confiado frente al rumbo que pueda tomar la ley en la Corte Constitucional, y por ello anuncia que habrá Zidres en todo el país. Nosotros estamos atentos al desarrollo de la audiencia y al fallo de la Corte, y nuestra confianza reside en que nos acompañan argumentos jurídicos y la jurisprudencia de la Corte en materia de tierras baldías y derechos campesinos. El Superintendente debería entonces ser más cauto, pues es probable que su pretensión de llevar el modelo Zidres a todos los departamentos encuentre un freno nada más y nada menos que en la Constitución. 

Alberto Castilla Salazar

Senador de la República

Polo Democrático Alternativo