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Libertad inmediata para activistas del Congreso de los Pueblos que están siendo víctimas de un montaje judicial, exige senador Alberto Castilla

Ante la captura de 15 personas, el pasado 8 de julio, once de las cuales son activistas del movimiento Congreso de los Pueblos, a quienes la Fiscalía acusa de ser supuestos integrantes de la insurgencia del ELN y como tales haber intervenido en los atentados ocurridos en días recientes en Bogotá, el senador del Polo Democrático Alternativo, Alberto Castilla expidió la siguiente declaración pública:

El jueves 9 de julio se dio inicio en Paloquemao a las audiencias de legalización de allanamiento y captura de once líderes sociales del Congreso de los Pueblos, por ser supuestamente responsables de los atentados ocurridos recientemente en la ciudad de Bogotá.

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Ante la captura de 15 personas, el pasado 8 de julio, once de las cuales son activistas del movimiento Congreso de los Pueblos, a quienes la Fiscalía acusa de ser supuestos integrantes de la insurgencia del ELN y como tales haber intervenido en los atentados ocurridos en días recientes en Bogotá, el senador del Polo Democrático Alternativo, Alberto Castilla expidió la siguiente declaración pública:

El jueves 9 de julio se dio inicio en Paloquemao a las audiencias de legalización de allanamiento y captura de once líderes sociales del Congreso de los Pueblos, por ser supuestamente responsables de los atentados ocurridos recientemente en la ciudad de Bogotá.

Estas audiencias, que procesalmente se desprenden de las detenciones realizadas el día 8 de julio en contra de nuestros compañeros y compañeras, tienen como finalidad legalizar lo ilegalizable.

En una estrategia usual de la justicia colombiana, se está realizando un montaje judicial que tiene una doble finalidad: mostrar resultados ante la opinión pública y estigmatizar al movimiento social para frenar su acción política.

Es por ello que hemos mencionado que estos líderes están siendo víctimas de “falsos positivos judiciales”, para expresar que estamos ante montajes que persiguen la presentación de resultados positivos en la labor investigativa, aunque para ello se tengan que valer de información falsa y de la violación de derechos. Para ello han tomado como objeto a personas de reconocida trayectoria social y política, muchos de los cuales han trabajado de la mano conmigo en la construcción de poder popular y de un proyecto de transformación política y social.

Las once personas que están siendo procesadas son defensores y defensoras de los derechos de los pueblos, reconocidos líderes sociales que luchan por la construcción de vida digna y por transformaciones que conduzcan a una paz con cambios.

Paola Salgado, Sergio Segura, Lorena Romo, Heiler Lamprea, Víctor Orlando Ariza, Daniel Eduardo Hernández, Luis Daniel Jiménez, Andrés Felipe Rodríguez, Yerson Alexander Yacumal, Liceth Johana Acosta y Jhon Fernando Acosta, son líderes reconocidos y reconocidas por su labor con el movimiento estudiantil, feminista, campesino, y por su aporte a la construcción del Congreso de los Pueblos.

Además de los montajes judiciales, a nuestros compañeros y compañeras se les han violado todo tipo de derechos. La presunción de inocencia y el debido proceso en tanto el gobierno y los medios ya dan por cierto, sin que haya mediado una investigación judicial, que estas personas son responsables de los hechos de los que se les acusa.

El derecho a la intimidad y al buen nombre en tanto los medios de comunicación han utilizado de manera indebida información privada para señalar y estigmatizar a nuestros compañeros y compañeras. El derecho a la movilización, a la organización y a la protesta, en tanto estas acciones buscan aminorar el liderazgo social y político que cada una de estas personas ha demostrado en distintos espacios.

Como Senador de la República, como dirigente social y campesino y como vocero del Congreso de los Pueblos, rechazo categóricamente esta persecución en contra el movimiento social y denuncio la violación de derechos de la que están siendo víctimas estas once personas.

Exijo garantías para nuestros compañeros y compañeras y su libertad inmediata, además del restablecimiento de todos sus derechos para garantizar que cesen las estigmatizaciones en su contra y las amenazas de las que ya, algunos de ellos, eran víctimas desde antes de la realización de las capturas.

Estos hechos, que suceden cuando se avanza hacia una solución negociada al conflicto, demuestran la necesidad de que el Gobierno brinde reales garantías al movimiento social y a sus líderes y lideresas para el ejercicio de sus derechos. Solo así será posible una paz con cambios. Y esta última requiere de una paz con libertad.


Alberto Castilla

Senador de la República

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