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Locomotora minera de Santos destruye el ambiente y apaga la vida, concluyó foro organizado por senador Alberto Castilla

El modelo extractivista que en Colombia es impulsado por la “locomotora” minero-energética del gobierno de Juan Manuel Santos, genera graves y negativas consecuencias ambientales en los territorios, fomentando además injusticia tributaria, y los riesgos que entrañan las nuevas modalidades de explotación de hidrocarburos mediante fractura hidráulica (práctica conocida como fracking). Esta fue una de las conclusiones del foro contra la “locomotora” minero-energética.

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El modelo extractivista que en Colombia es impulsado por la “locomotora” minero-energética del gobierno de Juan Manuel Santos, genera graves y negativas consecuencias ambientales en los territorios, fomentando además injusticia tributaria, y los riesgos que entrañan las nuevas modalidades de explotación de hidrocarburos mediante fractura hidráulica (práctica conocida como fracking). Esta fue una de las conclusiones del foro contra la “locomotora” minero-energética.

Situación y alternativas al modelo extractivista, promovido por el senador del Polo Democrático Alternativo, Alberto Castilla en el Congreso de la República, el cual contó con la participación de personas expertas en temas petroleros y medioambientales.

El grupo de panelistas estuvo conformado, entre otros, por Álvaro Pardo, director de Colombia Punto Medio, quien centró su intervención en la discusión sobre la gran minería en relación con los recursos públicos y la tributación, mostrando como el actual régimen impositivo beneficia de manera especial a las grandes transnacionales mineras. Alejandro Pulido, de la Corporación para la Educación Popular, Instituto Nacional Sindical (CED-INS), quien se refirió a las características del modelo extractivista y los debates que se tejen en torno a ese modelo e hizo énfasis en los graves problemas que causa el extractivismo como la desdemocratización, destrucción de la naturaleza, desplazamiento, modificación de la estructura social y cultural, acaparamiento del agua y contaminación de los suelos. Óscar Vanegas, profesor de la Universidad Industrial de Santander, quien se refirió a la situación de la política pública sobre hidrocarburos, resaltando la desigual distribución de riqueza que propicia la actual política petrolera. También participó el profesor de la Universidad Nacional, Daniel Libreros, quien explicó la relación que existe entre extractivismo y el capital financiero en contextos de crisis. El abogado y ambientalista Enrique Viale se refirió a los riesgos de la explotación de hidrocarburos por fractura hidráulica (fracking), destacando sus graves impactos ambientales, económicos y sociales.

El foro también incluyó intervenciones sobre las posibles alternativas al extractivismo impulsadas por los movimientos sociales. Dentro de estas intervenciones se destacan los aportes de Edwin Castaño, presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), quien mostró las iniciativas de su sindicato para defender los derechos de las y los trabajadores de la industria del petróleo. La abogada  Diana Rodríguez, investigadora de Dejustica, explicó de qué se trata el principio de precaución y sustentó la propuesta de moratoria al fracking. Francisco Castillo, integrante del Coordinador nacional minero-energético, habló de las propuestas y alternativas de política pública para la regulación de la minería y los hidrocarburos. Dora Lucy Arias, defensora de derechos humanos del Colectivo José Alvear Restrepo, presentó la campaña La gran minería envenena, eres tú quien la frena” impulsada por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.

El senador Castilla una vez más cuestionó la política minero-energética del presidente Santos y planteó la necesidad de pensar alternativas al modelo, las posibilidades de una agenda conjunta desde los movimientos sociales para pensar una transición que logre sacarnos del extractivismo, así como la urgencia de persistir en la defensa de los territorios y el ambiente.

Indicó además que es preciso que, antes de que el Gobierno autorice la nueva etapa de la fractura hidráulica, se hagan verdaderos estudios ambientales para evitar desastres ambientales y sean tenidas en cuenta las recomendaciones que hicieron los panelistas, así como las experiencias de países como Alemania donde ha sido prohibida esta actividad por ocasionar serios riesgos ambientales.

El senador Castilla reiteró que seguirá abriendo espacios que posibiliten la participación de las comunidades, en dirección a plantear alternativas que permitan la defensa del territorio y de la soberanía nacional.

 

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