Los debates de Robledo en el Senado sobre los abusos de la Drummond y los beneficios a las transnacionales mineras en Colombia

A continuación transcribimos 4 de los debates que el senador por el Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo, ha realizado en el Congreso para denunciar los abusos de la empresa Drummond y los beneficios que el Estado colombiano otorga a las transnacionales mineras en Colombia.

Las prácticas contra los trabajadores también se aplican en la gran minería

Intervención del senador Jorge Enrique Robledo en el debate sobre la situación laboral de los trabajadores de la gran minería, Comisión Quinta del Senado,

7 de junio de 2011.

El Polo no se le va a someter al presidente Santos. Que renuncie el ministro de Comercio. Grandes movilizaciones en Marmato e Ibagué contra la Medoro y la Anglogold Ashanti. Persecución a la directora de Cortolima por atreverse a cumplir la ley. Si los trabajadores están mejor, el país está mejor. No existen en la práctica los derechos democráticos. Colombia, el país más peligroso del mundo para la actividad sindical. Las formas de subcontratación varían, desde las Cooperativas de Trabajo Asociado, los contratos de outsorcing, los contratistas y los servicios temporales hasta las bolsas de empleo. El acuerdo entre el gobierno y una central obrera es un engaño. Falso que se vaya a acabar la subcontratación. Desde la cúpula del poder se viene promoviendo la división del movimiento sindical. En las trasnacionales mineras prima la tercerización. En la Drummond, persecución sindical con asesinatos incluidos por cuenta de los paramilitares. Salarios bajos, condiciones inicuas de trabajo. Jornadas de 63 horas semanales. La salud ocupacional deteriorada. Las ARP, iguales o peores que las EPS.

Voy a referirme específicamente al tema de las relaciones laborales en las grandes minas de la Costa Caribe, particularmente a las del carbón, y algo diré también de la mina de Cerromatoso. Miraré en ese contexto el problema de riesgos profesionales y enfermedades y la actuación de las ARP. Y echaré una mirada a las relaciones obrero-patronales en Colombia, porque lo que sucede en la Costa no es una excepción, sino un ejemplo con respecto a lo que pasa en el resto del país.

Pero antes de entrar en materia, voy a hacer un par de comentarios que, dado el carácter político de un organismo como este, caben sin ninguna duda. Lo primero, rechazar por enésima vez que el presidente de la República, el doctor Santos, se empeñe en mantener en la Alcaldía de Bogotá a la doctora María Fernanda Campo Soto, acto absolutamente ilegal, porque viola de manera flagrante el Decreto 1421 de 1993. El hecho es de una gravedad inaudita. Tenemos un presidente de la República que en este asunto no cumple con la ley porque no se le antoja y porque sabe que cuenta con la absolución automática de la Comisión de Acusaciones. La arbitrariedad se la está haciendo al Polo, pero ya se la hizo, en el Valle del Cauca, a quienes tenían el derecho de elegir el reemplazo en la Gobernación. Muy grave que en Colombia nadie diga nada y que siga reinando el imperio de la alcahuetería, la idea dominante de que el doctor Santos pueda hacer lo que se le dé la gana, y más contra el único partido de oposición. Podrá hacerlo, pero no dejaremos de protestar, porque lo que no va a lograr el presidente Santos es arrodillar al Polo Democrático Alternativo. No nos le vamos a entregar. Si él cree que con estas agresiones el Polo le va a pedir clemencia y se le va a someter, se equivoca en materia gravísima.

Lo segundo, no entiendo qué sigue haciendo todavía el doctor Sergio Díaz-Granados como ministro de Comercio. Acaba de ser cogida su señora esposa en contratos con Saludcoop, que el ministro le escondió al país, contratos que le echaban plata al bolsillo al ministro Díaz-Granados. La señora primero fue mucho tiempo funcionaria de planta de Saludcoop y hoy tiene un contrato con Saludcoop, como lo denunció Daniel Coronell el domingo pasado. Es la hora en que ni siquiera ha habido un escándalo al respecto. Y uno de los propósitos del contrato suscrito con la esposa del ministro era alertar al doctor Palacino, jefe de Saludcoop, si se movía alguna posibilidad de que se cambiara una norma que le afectara las ganancias. Otro hecho de una gravedad inaudita, aquí y en cualquier parte del mundo. Y es el segundo ministro (el de Hacienda es el otro) que resulta involucrado en contratos con Saludcoop, un porcentaje asombrosamente alto; que de quince ministros, dos tengan negocios con Saludcoop, y aun así los mantenga el gobierno nacional. Entiendo en parte por qué aquí no está presente el ministro Santa María. Debería estarle dando la cara a este asunto, porque tiene que ver con él.

Aprovecho para señalar que en el campo de la minería ha habido en estos días grandes movilizaciones en Marmato y en Ibagué en contra de dos proyectos mineros. Uno, el de una trasnacional canadiense que quiere destruir el pueblo de Marmato alegando haber encontrado oro debajo de las casas. La iglesia, la alcaldía, las escuelas, todo lo van a tumbar porque unos negociantes extranjeros asociados con unos colombianos, exministros –el exministro de Minas, Hernán Martínez, es de la junta directiva de la Medoro Resources–, quieren tumbar el pueblo para ganarse una plata. ¡Hasta dónde van a llegar las cosas!

Y el viernes pasado hubo una movilización muy grande en Ibagué, organizada por Reclame y otra serie de organizaciones contra la Anglogold Ashanti, en La Colosa. Y les quiero dar un importante dato. Desde 1996, la autoridad ambiental del Tolima, Cortolima, y lo acaba de ratificar la misma entidad, señaló que en la cuenca del río Coello no se pueden dar más licencias de manejo de aguas. ¿Por qué razón? Porque no hay agua, así de simple. Y lo que me informan en Ibagué es que hay una persecución de los organismos de control contra la doctora Carmen Sofía Bonilla, directora de Cortolima, porque tuvo la dignidad de afirmar que a la Anglogold Ashanti también se le debe exigir cumplir las leyes. No puede ser que aquí lleguen los extranjeros a trabajar como en tierra arrasada. No hay agua sino para consumo humano en la cuenca del río Coello, como está legalmente determinado. Luego demando que el gobierno nacional y el Ministerio de Ambiente dejen de acosar a la directora de Cortolima por atreverse a cumplir la ley. Tiene que ser muy arrevesado un país donde los funcionarios empiezan a aparecer como delincuentes por cumplir con la Constitución y con la ley que juraron obedecer. Aunque en este gobierno realmente no me sorprende.

Lo otro que quiero mencionar antes de entrar específicamente en materia es que veo un escándalo inmenso, señor director de Ingeominas, en torno a la descomunal corrupción de ese organismo. Está bien que se persiga la corrupción, pero me hago una pregunta: la escandola para dónde va. Aquí normalmente en río revuelto, ganancia de pescadores. Lo que está saliendo a luz son cosas viejas, que se sabían de años, y entonces por qué ahora la escandola. Abrigo el temor de que se esté organizando en buena medida para seguir persiguiendo a los pequeños y medianos mineros, porque aquí lo más escandaloso de todo es que el país se lo entregaron a la gran minería, y a los pequeños y medianos mineros los están persiguiendo como cucarachas con el cuento de la ilegalidad. Y mucho me temo, senadores de la Comisión Quinta, para que lo miremos, que está escandola apunte a seguir tratando a los pequeños y medianos mineros como delincuentes, mientras el gobierno, como vamos a ver en este debate, le tiende una mano bien ancha a la gran minería trasnacional.

En la práctica, no existen los derechos democráticos

Entrando en materia, tres advertencias. La primera, este no es un debate contra la economía empresarial ni contra la producción empresarial. En el Polo creemos que en Colombia debe haber producción empresarial e incluso inversión extranjera y gran minería. El problema es mirar cómo esa gran minería y esa producción empresarial deben ser respetuosas de una serie de criterios mínimos de lógica democrática, que, como vamos a verlo, no se cumplen en el campo de los derechos laborales, dentro de la idea de que si los trabajadores están mejor, el país está mejor. Esa lógica antediluviana de que cuanto menos ganen los trabajadores, mientras peores sean las condiciones laborales, cuanto más sufran, que dizque al país le va mejor, es una lógica demasiado retardaria. Mediten ustedes cómo en Estados Unidos y Europa el trabajador gana más y los países funciona mejor, porque hay más capacidad de compra.

Enmarco el debate dentro de una visión democrática con respecto a los derechos laborales, horriblemente pisoteados en estas minas. ¿De qué tratan los derechos laborales? Están en la Constitución Política. Primero, el derecho a organizarse. Y resulta que en Colombia apenas el 5% de los trabajadores está organizado en sindicatos. En Colombia es más fácil armar una banda de delincuentes que construir un sindicato. Y se supone que es un derecho democrático fundamental, consagrado por la Constitución y la ley. Otro, la contratación colectiva, es decir, que el trabajador no se mida individualmente con su patrón, sino que sea el grueso de los trabajadores, a través de su organización, el que firme el contrato colectivo. Esta norma se cumple en Colombia en el nada por ciento, prácticamente. El derecho de contratación se sustenta en una lógica y es que el trabajador no quede tan indefenso frente al patrón en una relación de uno a uno. Ambos son principios consagrados por la Constitución y que sin embargo no se cumplen. Y otro derecho elemental de los trabajadores es el de huelga. Si las partes no se ponen de acuerdo en la contratación colectiva, que el trabajador pueda decir que así no contrata y así no trabaja, de la misma manera que un patrón está en el derecho de decidir si un negocio le conviene o no.

Realidades tan elementales de la democracia son en Colombia satanizadas y perseguidas como si se tratara de delitos atroces. Colombia es un país que ostenta un récord espantoso de asesinatos, desapariciones y secuestros de sindicalistas. Con los 51 homicidios de sindicalistas en 2010, es decir, en este gobierno, asciende a 2.857 el total de sindicalistas asesinados en Colombia en los últimos 25 años, y a 218 los desaparecidos. Son cifras de un documento reciente. Colombia es el país más peligroso del mundo para hacer actividad sindical y es en medio de este clima en que viven los trabajadores de la gran minería. Pero hay algo más doloroso aún, si se quiere, y es que los asesinatos y desapariciones de sindicalistas solo se volvieron un problema y materia de debate cuando se le enredó al gobierno el TLC con Estados Unidos. Antes no eran tema ni siquiera de conversación. Sólo se empezó a hablar de estos hechos cuando el clima antisindical amenazó con dañarles los negocios a unos cuantos peces gordos de la economía nacional. Antes era vedado. ¿Qué tipo de país es el que se está construyendo?

Como si fuera poco, la persecución también es de tipo legal y en el marco del libre comercio, lo señalo con toda franqueza. Por ejemplo, son conocidas las prácticas del gobierno y los patronos buscando corromper a los dirigentes sindicales y ponerlos a comer en la mano para que cambien de bando y trabajen en sentido contrario de lo que quieren los trabajadores. Un amigo mío, Francisco Mosquera, fundador del MOIR, decía que “sin mano de obra barata no habrá neoliberalismo que valga”. Y el propósito de abaratar la mano de obra tiene como una de sus bases fundamentales que no haya sindicatos, porque el sindicalismo lo que persigue en últimas es mejorar las condiciones salariales y prestacionales por encima de los mínimos legales. Se han inventado entonces todo un conjunto de normas que en parte explican los desastres en la salud ocupacional, un conjunto de normas que impiden que los trabajadores se sindicalicen. El derecho está en la Constitución, pero las propias leyes facilitan que en Colombia sea más fácil montar una banda de secuestradores que organizar un sindicato. Es una realidad estadística.

¿Cuál es la base de las normas antidemocráticas que estoy denunciando? Lo que los trabajadores llaman tercerización, flexibilización laboral, consistente en que al obrero vinculado con Drummond o con El Cerrejón le inventan algún tipo de intermediario para que, en una práctica falaz y tramposa, resulte que dizque no trabaja con Drummond ni con El Cerrejón ni con Glencore ni con Cerromatoso, sino con otra empresa cualquiera. Las formas varían, desde las Cooperativas de Trabajo Asociado, los contratos de outsorcing, los contratistas y los servicios temporales hasta las bolsas de empleo, todos con el mismo propósito. Aquí hay trabajadores que llevan diez, quince o veinte años en una trasnacional y nunca han figurado como empleados suyos. Tiene que estar muy mal un país donde este tipo de cosas se alcahuetean y promueven. Cómo quieren que Colombia sea un país de gente buena y honrada, si desde el Estado mismo se promueven este tipo de conductas tramposas en contra de los trabajadores, siempre con el propósito de que no puedan crear sindicatos para que no puedan presentar pliegos, para que no se puedan ganar un poquito más y poder defender mejor sus derechos y para que el patrón pueda darles en la cabeza sin contemplaciones. Es evidente que si fueran contra los patronos, hacía mucho tiempo que se habrían erradicado.

Por eso es, señores del gobierno, que en Colombia se habla es del Ministerio de la Desprotección Social. Porque hablar de la protección es como una burla, con un Ministerio que en todas las decisiones siempre se va en contra de los trabajadores, al extremo de que todo lo que estos reclaman se vuelve imposible, empezando porque alcahuetea las prácticas de la tercerización. Y ahora nos andan diciendo que todo se va a arreglar con un acuerdo laboral suscrito entre el presidente Santos, el vicepresidente Garzón y una de las centrales obreras. Cuentos. Los trabajadores no pueden creer en cuentos, porque lo cierto es que el tal acuerdo está montado para que las cosas sigan funcionando de la misma manera, para que la tercerización siga adelante. Primero, lamentable que la cúpula del gobierno, y para eso en buena medida nombraron de vicepresidente a quien nombraron, se haya dedicado a dividir al movimiento obrero. A ustedes les parecerá una astucia, ministro, y me imagino que lo celebrarán entre risas, pero resulta bochornoso en cualquier lógica medianamente democrática que todo el peso del Estado se utilice para desorganizar a los trabajadores y promover su división. Y más para echar el cuento de que con un acuerdo tripartito van a arreglar los problemas, cuando se sabe que no es verdad.

Falso que se vaya a acabar la subcontratación

Me voy a referir un poco a la tercerización y a las cooperativas de trabajo asociado, porque uno de los cuentos que se están agitando en el país es que Santos y Obama decidieron dizque echarlas atrás. No es cierto, no es verdad. No tengo tiempo para mirarlo con todo el detalle, pero así sucede. Las normas que están planteadas no apuntan a acabar con la tercerización. El detalle, en el caso de las cooperativas de trabajo asociado, se limita a establecer que no podrán hacer intermediación laboral, pero las normas están calculadas para que sí lo puedan hacer. Por ejemplo, en casos que el Ministerio conoce, como el de Icollantas-Michelin, cogen a la cooperativa y le entregan en un supuesto comodato las maquinarias de la empresa para aparentar que no hay intermediación laboral, cuando es evidente que sí la hay. Y vamos a ver cómo en el caso de las trasnacionales de la Costa lo que predomina es la tercerización, no la contratación directa, y todo de manera legal. Y vamos a ver, para que los trabajadores colombianos tomen nota, que en la mayor parte de los casos no es con cooperativas de trabajo asociado sino con las demás formas, y que funcionan con el respaldo del Ministerio de la Protección Social, como se han inventado la tercerización.

El doctor Santa María lo confirmó hablando de la ley de primer empleo, que se supone resolvía el problema. Dice el ministro: “No es que se eliminen las cooperativas, sino realmente lo que se quiere prohibir es que se haga intermediación laboral a través de esas empresas”. Pero resulta que así lo había aprobado ya el gobierno anterior con el Decreto 4588, que establece que no podrán actuar como empresas de intermediación laboral. Y la Corte Constitucional, en el 2000, también lo había definido: “Por expreso mandato legal las cooperativas y precooperativas no podrán actuar como intermediarios laborales”. Y ahí están funcionando y actuando, lo demuestran las cifras, ahí está la estadística. Entonces son cuentos que les echan a los trabajadores para no dejarlos sindicalizar y para que los malos patronos procedan contra ellos como les dé la gana.

Lo anterior son los prolegómenos para mostrar cómo lo que está sucediendo en las minas de la Costa, extremadamente grave, no es la excepción sino la regla. Es el marco legal en el que se mueve la gran minería. Mirémoslo ahora parte por parte. Cuando no estoy poniendo el énfasis en la pequeña y mediana minería, no quiero decir que allí no haya problemas laborales graves. Lo que pasa es que el tiempo no me da para mirarlo todo.

Voy a hablar principalmente de El Cerrejón, Glencore, Drummond y Cerromatoso, las cuatro principales empresas mineras de la zona. La utilidad operacional, sumadas las cuatro, es del orden de 2,4 billones de pesos y la utilidad neta, de 1,7 billones de pesos. Estamos hablando de empresas que ganan sumas astronómicas. No es el caso de algún empresario pequeño que pueda tener dificultades. No, aquí estamos hablando de empresas que están pasando además por una bonanza, porque los precios del carbón y del níquel son astronómicamente altos y porque compraron las empresas a precios menores. Están haciendo ganancias inmensas, además, porque los contratos en Colombia, muy malos, no permiten que el Estado se tome para sí una parte de la renta minera cuando se disparan los precios internacionales. Les doy algunos datos: la participación del Estado chileno en la renta minera, 55%; Perú, 25%; Colombia, 16%, la peor del Continente. Chile, el país que debemos imitar, según se nos dice, 55% de participación en la renta minera. Otro dato. La participación de la remuneración de los factores en el Producto Interno Minero es como sigue: capital, 92%; Estado 0,7%, prácticamente nada; y trabajadores, 7%. Un negocio, en resumen, que les genera a estas trasnacionales utilidades fabulosas. Y no tengo tiempo para detenerme en las exenciones tributarias ni en tantas cosas que suceden con las empresas trasnacionales.

Veamos cómo opera la subcontratación en El Cerrejón, perteneciente nada menos que a Xtrata, que es Glencore, HP Billinton y Angloamerican, peces gordos de la economía mundial. Total trabajadores, 9.800, estoy redondeando. Tercerizados, 4.600. Tasa de sindicalización, 30%. El 70% no pertenece a sindicato alguno ni tiene contrato directo. Allí funcionan 300 empresas de contratistas. La ONG danesa, Danwatch, señala que los tercerizados, que no se pueden sindicalizar, ganan el 30% de lo que perciben los obreros de nómina, que sí se pueden sindicalizar. Ahí está el meollo del asunto. Además, cuando en alguna de las empresas de contratistas los trabajadores logran crear excepcionalmente un sindicato, como ocurrió en Sotrans, una empresa transportadora, lo que les cae encima es una persecución tan recia que acaba destruyendo la incipiente organización, con la alcahuetería de la trasnacional. En Chaneme todavía sobrevive el sindicato, pero lo tienen reducido al mínimo y el Ministerio de la Protección Social no protege a esos trabajadores, a quienes tiene la empresa por completo arrinconados.

El caso de Drummond. Total trabajadores, 8.000. Tercerizados, 3.600. Tasa de sindicalización, 40%. El resto carece de sindicato. Empresas contratistas: 3.552 trabajadores. De servicios temporales, 133. Persecución al sindicalismo, la que se quiera. Hace poco hubo una huelga en la que los trabajadores protestaban por la muerte de un compañero en un accidente, producto de la inseguridad laboral. Les costó veinte despidos y una persecución inclemente a 36 directivos sindicales. Si la situación algo ha mejorado es porque las tutelas han logrado recuperar en parte la estabilidad laboral. En la Drummond es tristemente célebre la persecución sindical con asesinatos por cuenta de los paramilitares que siguen campeando en la región. No voy a entrar en detalle, pero miren ustedes lo que dice uno de los sicarios, ya condenado: “Lo que pretendía la Drummond era acabar con el sindicato”. Dice el fallo: “No se puede perder de vista que la causa directa de la muerte violenta del presidente y vicepresidente del sindicato de la Drummond se encuentra inescindiblemente ligada a la lucha sindical por lograr el mejoramiento de un servicio de primera y sensible necesidad como eran los alimentos que estaban recibiendo los trabajadores”. Ya hay detenidos, pero lo que quiero llamar la atención, con independencia de los nombres en juego, es por qué ha sido acusada la empresa en tribunales nacionales e internacionales, porque los matan en represalia por su actividad sindical. Estamos hablando de un país que se mueve en niveles mínimos de civilidad o, al menos, así se supone.

Glencore tiene en la Costa tres empresas separadas. La primera, Prodeco, 3.800 trabajadores, 2.400 tercerizados, tasa de sindicalización 9%. Trabajadores tercerizados por empresas contratistas, 2.300; por empresas de servicios temporales, 39; por cooperativas de trabajo asociado 20, un bueno ejemplo de cómo se puede tercerizar sin necesidad de cooperativas de trabajo asociado (CTA). La segunda, Carbones de La Jagua, tercerizados, 1.022, total trabajadores, 1.400, tasa de sindicalización apenas 24%. Tercerizados en empresas contratistas 929, en CTA, 8. Otra prueba de cómo se puede tercerizar sin necesidad de CTA para que no haya sindicato. La otra, Consorcio Minero Unido, también de Glencore, total trabajadores 1.466; tercerizados 1.123, tasa de sindicalización 4%. Aquí sí que salta a la vista que es más fácil armar cualquier banda delincuencial que construir un sindicato. Las tres empresas de la Glencore: tercerización, 67%; tasa de sindicalización, 12%. Pruebas sobran, señor ministro, del trabajo sistemático de persecución a los sindicalistas. Espero que ahora no nos levanten la teoría de que a los trabajadores no les gusta sindicalizarse porque les aburre ganarse un poco más de sueldo y tener mejores condiciones laborales y que son unos masoquistas a quienes les gusta que las cosas les salgan mal. Glencore se destaca, dicen los dirigentes obreros, por violar el derecho de asociación. En este momento están promoviendo un pacto colectivo, dándoles a los trabajadores una cierta plata para que se desafilien del sindicato. Eso es persecución sindical. Al Ministerio le han dicho lo que sucede y no toma medidas o las que ha tomado son insignificantes. Conozco el caso de empresas productoras de llantas, trasnacionales, que con descaro admiten ante los dirigentes sindicales que les sale más barato pagarle al Ministerio las multas, ridículamente pequeñas, que cumplir la convención colectiva. Inaudito. Está sucediendo en Colombia, mis queridos trabajadores.

Cerromatoso, níquel en Córdoba, 3.000 trabajadores, 1.900 tercerizados; tasa de sindicalización, 20%. Acaban de reducirles en la convención laboral el salario mínimo a cerca de la mitad. Cifras totales de Glencore, Drummond, Cerromatoso y El Cerrejón, porcentaje de tercerización, 53%; tasa de sindicalización, 27%. Está probado que lo que predomina es una política antisindical, de persecución a los trabajadores, de amañar las normas, de utilizar normas reaccionarias para promover concepciones retardatarias. Y nos dicen que dizque Colombia es una democracia profunda. Que un país sea democrático exige muchas más cosas que echar un voto en una urna, y entre ellas, unas condiciones laborales dignas, no inicuas, para los trabajadores.

Salarios bajos y condiciones inicuas de trabajo

Miremos un poco los salarios, porque también se dice que en las minas de las trasnacionales son elevados. Nos tropezamos con un lío porque conseguir la información es de una dificultad inmensa. O el gobierno no la entrega, si es que la conoce, porque el desinterés es completo, o las empresas alegan que es propiedad privada. Sin embargo, en el caso de El Cerrejón se pudo establecer más o menos cómo son las cosas. La empresa aduce que el salario promedio de los trabajadores directos es 4,5 veces el salario mínimo. La ONG Danwatch precisa que los indirectos o tercerizados solo ganan el 30% de lo que perciben los directos. Unas operaciones sencillas dan entonces que el salario por hora es de 4,74 dólares. En Estados Unidos es de 23 dólares la hora, es decir, aquí los trabajadores mineros ganan cinco veces menos que en Estados Unidos, utilizando maquinarias muy parecidas, con niveles de productividad también muy parecidos y el carbón se vende en muy buena medida en Estados Unidos y en los mercados europeos. Se puede afirmar que los salarios supuestamente altos no lo son, entre otras cosas, por un truco que voy a explicar. Si el salario de los trabajadores directos es en promedio de 2.4 millones de pesos, pero el salario de los indirectos bastante menor, el promedio que se termina estableciendo es el que cuenta y el que al final le interesa al patrono. Dicho de otra manera, las trasnacionales hablan todo el día de los trabajadores directos, pero ocultan cuánto ganan los indirectos y cuántos son. Ocultan que el promedio salarial es al final lo que define los costos de producción y lo que a los trabajadores les termina interesando, como clase, es bastante menos de lo que alega la trasnacional. Y lo anterior se hace también con la alcahuetería del Ministerio de la desprotección Social.

La salud ocupacional deteriorada

Lo de la jornada laboral es de una gravedad inaudita y entramos al problema de la salud ocupacional. En Colombia la jornada laboral es de ocho horas diarias y excepcionalmente hay unas horas extras. Pero en las trasnacionales mineras, ministro, y usted ha de saberlo, no es de ocho horas diarias y 48 semanales, como lo ordena la ley, sino que las empresas se han inventado unos sistemas, por ejemplo, en Drummond, con jornadas de doce horas al día por siete días seguidos y tres días de descanso. O jornadas de doce horas al día, siete días seguidos y cuatro días de descanso. Entonces, no se trabajan 48 horas a la semana, sino 63, 30% más que la jornada laboral corriente, pero no de manera excepcional sino todo el tiempo. Lo señalo como un ejemplo. Hay otro caso en el puerto de El Cerrejón, 60 horas semanales de trabajo, 25% más de lo corriente. ¿Qué oculta esta realidad? Porque presentan como un logro trabajar seguido y descansar unos días más, pero esto encierra un truco y es que trabajan muchísimo más de la jornada corriente. Y está además el truco salarial. Un salario de 2,4 millones de pesos, como lo aducen las empresas, suena como alto, pero es por una jornada de 63 horas, de modo que cuando uno le descuenta la sobrejornada, el sobretrabajo, el salario real resulta ser de 1,6 millones de pesos, una vez descontados $720 mil mensuales de las horas mensuales de más. La gracia es ganar más pero con el mismo trabajo, porque si gano un poco más, pero estoy obligado a trabajar 60 horas a la semana, es evidente que se oculta la verdadera realidad salarial y los verdaderos costos de producción. Con un agravante especialmente complicado y es que cuando los trabajadores con la lucha ganaron la jornada de ocho horas era en parte para gastar menos el organismo, para morirse menos rápido. El cuerpo humano es un organismo que se gasta dependiendo de lo que se le exija y la gente se muere más rápido si las jornadas son indeseables. El exceso de trabajo genera daños en la salud, enfermedades e incapacidades, menos vida. Luego el reclamo no es caprichoso. Es a costa de la vida de nuestros compatriotas como se establecen estas relaciones labores. Ahora, para la empresa, buenísimo. En vez de programar tres turnos de ocho horas, funciona con dos turnos de doce horas, finalmente lo que opera en las minas. Disminuyen los costos por ciertos derechos convencionales distintos de los salariales, por ejemplo, en los casos de los préstamos para vivienda, y los costos de administración son menores, porque no es lo mismo manejar tres turnos que dos, y hay menores presiones por alzas salariales, porque el trabajador piensa que gana bien, pero no cae en cuenta de que le están forzando su máquina, el cuerpo humano.

Esta realidad se pega a la otra realidad, un gravísimo problema de salud ocupacional. El Ministerio de la Protección Social, otra vez, ministro Santa María, no les exige a estas empresas lo que debe en salud ocupacional y en control de riesgos. Empiezo por explicarlo así: la Procuraduría, el 16 de diciembre pasado, impetró una acción popular contra El Cerrejón, contra ARP Positiva y contra el Ministerio de la Protección Social por violación de las normas de seguridad social. Está claro que a la Procuraduría le parece que lo que está sucediendo allí es ilegal, porque hay una especie de asociación entre el Ministerio, El Cerrejón y la ARP Positiva para no ofrecerles a los trabajadores la seguridad social a que tienen derecho.

Cuál es el lío de esta gran minería. Que debería estar declarada como actividad de alto riesgo, pero el gobierno no lo hace. En las ocupaciones de alto riesgo los trabajadores se pensionan con menos tiempo trabajo, y en ese sentido se les dan unas ciertas compensaciones. Un trabajador corriente se pensiona en Colombia con 1.300 semanas de cotización-trabajo, pero en oficios de alto riesgo la cotización es de 700 semanas, un reconocimiento a que su vida se gasta más. El que trabaja más y en peores condiciones ve en juego su salud. En el caso de la gran minería hay entonces una serie de problemas que paso a detallar.

Riesgos físicos, vibraciones a cuerpo entero en máquinas que se mueven todo el tiempo, con el consiguiente deterioro del cuerpo. No es lo mismo estar sentados en cómodos sillones, como nosotros aquí, que estarlo en una volqueta inmensa que vibra todo el tiempo, o laborar pegado de un martillo que sacude el cuerpo entero y que genera traumatismos de columna vertebral, dolores abdominales y digestivos, problemas de equilibro, dolores de cabeza y trastornos visuales. Dice el médico experto en salud ocupacional, el doctor Ricardo Álvarez, que los daños ocurren casi que inevitablemente, así no se superen ciertos límites. El deterioro por vibración produce un desgaste de manera inexorable, pero que se agrava si las condiciones son peores. Vibraciones parciales, dependiendo de las máquinas, generan problemas en articulaciones y extremidades y en la articulación sanguínea. Riesgos ergonómicos por posición sedente prolongada y movimientos repetitivos, deflexiones, tensión, rotaciones e inclinaciones de la columna lumbar, daños en túnel del carpo, lesiones en hombros y en columna vertebral. El ruido, un factor de salud ocupacional importantísimo, ruido repetitivo intenso por explosiones y ruido continuo de máquinas suelen causar rotura de tímpanos, daños en el oído interno. Ruido leve y moderado, produce fatiga del sistema ósteo-muscular del oído medio, trastorno del sueño, irritabilidad y cansancio. Riesgos químicos, son miles los productos químicos que se utilizan en las minas y que suelen afectar la salud. El polvillo del carbón: daña los pulmones, pues contiene sílices, una sustancia cancerígena, y genera silicosis, cáncer de pulmón, bronquitis, síndrome de Kaplan, bronqueolitis. El níquel, en el caso de Cerromatoso, otro cancerígeno, causa reacciones alérgicas, rinitis alérgica, rinitis hipertrófica, perforación del tabique nasal, cáncer de los senos nasales, bronquitis crónica, asma y cáncer de pulmón. No son juegos ni asuntos menores, sino materiales y riesgos que se traducen en enfermedad y muerte. Se añaden vapores cancerígenos de benceno, de cadmio, de cromo, de hidrocarburos de la destilación del carbón. Riesgos sicosociales: la gente se enferma también de la cabeza por las condiciones laborales cuando hay sobrecarga laboral, trabajos repetitivos, turnos nocturnos y acoso laboral. Suelen producirse estados de ansiedad, infarto del miocardio, hipertensión arterial. Riesgos biológicos, por la mala atención en los casinos. Lo que estaban reclamando los trabajadores asesinados por los paramilitares era que la comida en los casinos dejaba mucho que desear.

Todos los anteriores riesgos están presentes en cualquier mina del mundo, quiero enfatizarlo, hasta en la mejor, pero aquí se agrava por las pésimas condiciones laborales. Todos los estudios técnicos ponen máximos de exposición que apuntan a que los daños sean menores, a imponer ciertos controles, por ejemplo, a que la vibración no pase de un nivel, que la persona no esté expuesta a la sustancia tanto tiempo. Pues bien, los riesgos se agravan, primero, por las largas jornadas laborales. Todos los estudios del mundo están calculados para trabajos de ocho horas y aun de menos, pero aquí el trabajador labora doce horas, 50% más. Cuando lo que se utiliza en el estándar internacional en países desarrollados son jornadas de ocho horas y de cuarenta semanales, aquí estamos hablando de doce horas y de más de 60 semanales. Si aquí existieran los niveles de protección que rigen en Estados Unidos y Europa, de todos modos los daños se darían. Pero aquí estamos con niveles de protección por debajo y con jornadas más largas, luego los daños son descomunales. Dice un estudio del Ministerio de la Protección Social: “En los casos en que el tiempo de exposición supera las 40 horas semanales pueden existir grandes desviaciones”. O sea que están multiplicándose los factores de riesgo y los daños.

Veamos un caso específico. Un estudio hecho sobre El Cerrejón por el ingeniero Álvaro Duque, un especialista, dice que el valor límite de los estándares internacionales en lo que tiene que ver con la vibración de los equipos es 0,5 m/sec2 y para jornadas de ocho horas diarias y 40 semanales. Y las mediciones encontradas en El Cerrejón se ven en la siguiente tabla:

EQUIPO	ACELERACIÓN ENCONTRADA MTS/SE2 R.M.S
TRACTOR ORUGA CAT-103	1,1322
TRACTOR ORUGA CAT-042	1,4941
TRAÍLLA CAT	1,5639
TRACTOR LLANTAS CAR-203	1,2388
MOTONIVELADORA	1,0260
TANQUERO CAT	0,8374
CARGADOR CAT-206	1,0292
CAMIÓN CAT-416	0,7584

Lo que está diciendo es que la maquinaria está triplicando el nivel máximo tolerado en las normas internacionales. Estamos hablando, no de desviaciones menores, sino de desviaciones supremamente altas. El Ministerio contrató en el 2009 dos profesionales para que visitaran El Cerrejón. Su informe deja ver una situación lamentable, porque lo que hay allí es un desastre. La empresa aduce que hace las cosas bien, pero según los profesionales, eso no se encuentra documentado, como tampoco lo está la efectividad de las medidas tomadas. Una página entera de recomendaciones hacen los técnicos de cosas que deberían ser de una manera y la empresa las está haciendo de otra. Y estamos hablando de especialistas que entienden y saben cómo operan las minas. En estas circunstancias no sorprende que estemos hablando de niveles tan altos de enfermedad, como lo han mencionado aquí los trabajadores que hablaron en esta sesión.

El Cerrejón alega que presentó un nuevo plan de salud ocupacional y el sindicato, Sintracarbón, sostiene que es por completo insuficiente. Hay 714 enfermos, entre ellos, principalmente, ósteo-musculares, 462; respiratorias, 114; cardiovasculares, 41; auditivas, 76. En Drummond están cargando las volquetas con los conductores adentro, unas volquetas descomunales y unas palas enormes, y les tiran el carbón a las volquetas con los conductores adentro, absolutamente inaudito, para ahorrarse unos minutos. En Cerromatoso ocurren los mismos problemas, con un agravante. La empresa está presionando a los trabajadores enfermos para que negocien con la empresa una indemnización y se retiren. Está violando las normas, porque eso está prohibido. Hay por lo menos cien casos documentados y esas conciliaciones las están haciendo, ministro, con los inspectores del Trabajo alcahueteando, unos funcionarios que se supone deberían preocuparse por la suerte de los trabajadores. El caso de Glencore es lo mismo. Los accidentes de trabajo son muy altos en todas sus minas. Por ejemplo, en Prodeco, 455 entre 2001 y 2011, con cuatro muertos. Carbones de La Jagua, 364; Consorcio Minero Unido, 99, entre 2008 y 2011. Drummond, 2001-2011, 4,165 accidentes de trabajo, una situación bastante mala si sumamos lo de las jornadas de doce horas, las de más de sesenta semanales y lo que están diciendo los técnicos y los especialistas.

Las Arp, iguales o peores que las EPS

Miremos el negocio de las ARP, también parte del sistema colombiano de salud. La jefa de la Organización Panamericana de la Salud señaló en estos días, en una entrevista a El Tiempo, que el sistema es un desastre. Dice incluso algo que Sergio Isaza, el presidente de la Federación Médica Colombiana, ha venido planteando: que la corrupción es el síntoma, pero que la enfermedad es el modelo mismo del sistema de salud, una verdad de la que no hemos podido convencer al gobierno y creo que no lo vamos a convencer. Pero nos da la razón la directora de la OPS. Dice que es un sistema montado para el negocio y que en cuanto al negocio probablemente funcione bien, pero en cuanto a la salud de la gente, bastante mal.

Las ARP son empresas constituidas, se supone, para pagar enfermedades profesionales y pensiones de invalidez de cualquier nivel como consecuencia de los llamados riesgos profesionales y accidentes de trabajo. Las ARP funcionan con el mismo problema de base de las EPS, y es que su ganancia depende de lo que no gasten. Los patronos están obligados a pagar una plata por cada trabajador para cubrir los riesgos profesionales, pero en los hechos, porque la norma no es clara al respecto, lo que se ganan es lo que no se gaste en la atención de la salud o de la invalidez de los trabajadores. Las ARP hacen entonces de todo para que no se pague lo que se debería pagar, todo, también, contando con la alcahuetería del gobierno nacional. Y el primer problema que enfrentamos es que Colombia es un país que reconoce muy pocas enfermedades profesionales o muy pocas enfermedades de alto riesgo. En otros países el reconocimiento es mayor. Por ejemplo, aquí solo se incluye la minería de socavón, no la de cielo abierto. Se reconoce como de alto riesgo a los bomberos y a algunos trabajadores de la Aeronáutica Civil, pero realmente es muy poco, porque hay un sesgo contra el trabajador. Volvemos a lo mismo de la estructura de pensamiento. La ley no acepta que muchos oficios son de alto riesgo, para eximir a los patrones de ciertos pagos que tendría que hacer en el caso de que fuera distinto. La cotización del empleador a las ARP aumenta en 10% cuando se trata en ocupaciones de alto riesgo.

El problema presenta un agravante. Admite el ministro de la Protección Social que a partir de 1994, o sea, con la ley 100, “quien determina si las actividades son de alto riesgo para pensiones especiales es el empleador”, que por supuesto está interesado en dejarlas por fuera, porque si no, pierde plata. Y el Estado le entregó la facultad de tomar este tipo de determinaciones. El otro punto es que las ARP, como las EPS, manejan platas que son recursos parafiscales. Lo que le dan al sistema de salud el empleador y los trabajadores, una vez entra ahí se vuelven dineros públicos y son parafiscales que las ARP no se pueden gastar cómo se les dé la gana, porque son dineros públicos de destinación específica. Pero también, como en las EPS, hay toda una rapiña de esas ARP para apropiarse de recursos que no les pertenecen. ¿Se acuerdan del caso, que terminamos ganando al final, de los 630 mil millones de pesos que intentó embolsillarse Saludcoop y que no podía? Aquí también hay un pleito bastante duro, porque las normas son muy claras al establecer que esos recursos son de destinación específica. El pleito principal es que las ARP se han gastado 380 mil millones de pesos, reconoce la Superfinanciera, pagando gastos de corretaje, como se llaman, personas que van por ahí afiliando trabajadores a las ARP. Pues a esos empleados les pagan las ARP con la plata de los parafiscales. Me uno a la idea que tiene el médico Germán Fernández y otros especialistas: no pueden coger la plata para eso. Los gastos de corretaje deben pagarse con el patrimonio propio de la ARP y no con parafiscales, así saquen el cuento de que se trata de gastos administrativos. No, las normas no lo permiten. Está el decreto 1296, y el artículo 81 del decreto 1295 estipula: “En ningún caso dicho costo podrá trasladarse directa o indirectamente al trabajador”, y si se toma de los recursos parafiscales se le está trasladando al trabajador. El superintendente bancario dijo en 1995 que todos los intermediarios pueden ser utilizados para desarrollar esta labor de promoción y asesoría, pero agrega, “naturalmente los costos de ese servicio correrán por cuenta de la ARP que solicite y se beneficie del servicio”. Queda claro que no puede ser por cuenta del trabajador, porque esta plata, los 380 mil millones de pesos, son servicios que no se les prestan a los trabajadores de uno u otro tipo.

Aquí hay dos tipos de problemas de fondo. Uno, una cantidad inmensa de normas, leyes, decretos, resoluciones montadas en contra de los trabajadores colombianos para favorecer a los empresarios y particularmente a los grandes empresarios de la gran minería. Y dos, hay una actitud del Ministerio de la Protección Social contraria a los intereses de los trabajadores, lo que significa que el Ministerio no hace lo que debería. Un solo dato resume el problema de las enfermedades profesionales, las que se dan por el trabajo al cual se ha contratado a la persona: en Colombia por cada cien mil trabajadores se reconocen apenas 138 enfermedades profesionales. Miren los promedios de otros países: Argentina, 180; Finlandia, 300; Alemania, 500. Sin duda que hay diferencia entre un sitio y otro, pero las cifras son elocuentes. Aquí hay una política que apunta a que no se reconozcan esas enfermedades. Y la prueba reina de lo que estoy diciendo es que las enfermedades profesionales reconocidas en el país son 42 patologías, cuando la OIT recomienda 108, que en otros países del mundo se reconocen y cuyos trabajadores reciben las indemnizaciones y pagos del caso. Aquí hay unas normas calculadas para negarles a los trabajadores sus derechos, con el agravante de que cuando se acude a las juntas donde se toman las determinaciones, existe el mismo sesgo. Le exigen por ejemplo al trabajador demostrar cosas que a él le queda imposible por sus limitaciones económicas, mientras que las ARP sí vuelcan en el pleito todo el poder de sus conocimientos y de la plata del Estado para glosarle y negarle y enredar al trabajador y no hacer los reconocimientos.

Surge un problema práctico y es que con el paso de los años, y estas son empresas nuevas, como ya lo dijo Igor Díaz, presidente de Sintracarbón, va aumentando el número de colombianos con enfermedades profesionales, daños de columna vertebral, parálisis, dolores y todo tipo de problemas que de una u otra manera va a tener que asumir el Estado colombiano porque no quedaron cubiertos como se debería si hubiera habido un manejo democrático del sistema. Al final se vuelven un problema de alcaldes, de gobernadores, de colombianos en general, porque alguien tiene que responder o por lo menos ayudar, y están además las familias de estos trabajadores.

En conclusión, estamos ante unas muy malas condiciones laborales en la gran minería. No es cierto, como lo arguye el gobierno y las trasnacionales, que las condiciones laborales de las empresas mineras sean buenas. Es probable que hasta puedan demostrar que hay casos peores y lo puedo aceptar, pero que sean buenas, no. Y menos en el contexto de unas empresas que se ganan toda la plata del mundo, que perciben unas utilidades astronómicas. Me meto en el pellejo de los empresarios. No es lo mismo funcionar con utilidades inmensas que con rendimientos que amenazan incluso la propia subsistencia de la empresa. Aquí no hay, fuera de la codicia, argumento suficiente para este tipo de prácticas. No pueden decir que están acosados por las dificultades. Es la codicia la que las lleva a asumir este tipo de conductas.

Hay una legislación enclenque, débil, floja, diseñada precisamente por quienes están interesados en que las cosas se den de esa forma, grupos supremamente poderosos. Estamos muy mal en el tema de las enfermedades profesionales, un problema que el país debería mirar con seriedad y más si se va a seguir metiendo en minería. Lo que es cierto en minería también es válido para otros sectores de la economía. Lo de las ARP es horrible. Porque actúan como parte del gran poder para negar los derechos ciudadanos.

Desde ya anuncio que el semestre entrante vamos a presentar en el Polo Democrático Alternativo un proyecto de ley al que, con franqueza les digo, si su suerte dependiera de esta Comisión sería más optimista, pero como tiene que pasar por todo el Congreso, no le auguro muchos éxitos, salvo que los trabajadores desaten una gran movilización. El proyecto de ley apunta a que se reconozcan más patologías como enfermedades profesionales. Pensamos que deben ser por lo menos 115 y que haya un trámite expedito de reconocimiento, es decir, que la norma no esté calculada para negarle el derecho al trabajador, sino que sea de carácter democrático, que apunte a que el trabajador, que deja su vida en una mina y que termina enfermo, lisiado, hecho trizas, reciba por lo menos unos pesos que en algo le compensen, porque nada compensa del todo una enfermedad grave ni un daño de columna vertebral ni enfermedades de ese corte.

A las trasnacionales les está yendo muy bien, y no solo por todo lo que acabo de exponer, sino también por unas regalías bajísimas, unos impuestos bajísimos y todo tipo de garantías y gabelas. En cambio, a los trabajadores y a Colombia les está yendo mal, porque finalmente los trabajadores son Colombia. Decir como conclusión esta frase que repito mucho en los debates de minería: ¡minería sí, pero no así! En Colombia hay una riqueza minera y hay que ver cómo se extrae, pero en una lógica democrática. Que paguen lo que deben pagar por regalías, que paguen los impuestos que deben pagar, que haya gran minería, pero también pequeña y mediana minería, no solo trasnacionales, que se cuide el medio ambiente, que donde no se pueda hacer un proyecto minero no se haga, que a los trabajadores se les reconozcan sus derechos y reclamos y que la legislación avance y se desarrolle con el propósito de atender los problemas. Lo otro es seguir haciendo una minería en muy buena medida depredadora, dañina, donde los únicos que ganan son los que mañana se van, hacen los daños, se embolsillan los dólares o los euros y adiós el amigo, dejándonos el hueco.

Decirles principalmente a los trabajadores: si no hay una gran movilización, si la reivindicación por mejores salarios y condiciones laborales no se vuelve un reclamo general, una lucha democrática, civilizada, si no logramos crear un ambiente de debate, y en eso llamo a todos los sectores políticos, para ver cómo encontramos soluciones, el problema no se resolverá.

Réplica a la intervención del ministro

Antes de comentar la intervención del ministro Santa María, expresar, primero, mi coincidencia con lo planteado por la senadora Maritza Martínez, señor director de Ingeominas, en el sentido de que sí cabe la comparación. Los indígenas wayúu de La Guajira, que sacan la sal a pala, entre el agua y con un sol canicular, pagan regalía de 12,5% y la gran minería del oro solo de 4%, que realmente es de 3,2%, si se mira con más detenimiento la norma. Creo que la comparación sí cabe. Y esta situación es absurda. Los indígenas no deberían pagar regalías, porque estamos hablando de una pobreza enorme. Yo he estado ahí. En contraste, a las trasnacionales les cobran unas regalías bajísimas llenas de exenciones, tantas que al final les regalan el producto. Estoy seguro de que a esos pobres indígenas de La Guajira no les rebajan un centavo y tienen que pagarlo todo.

El director de Ingeominas dice que también en otros países hay regalías bajas. Estoy seguro de que sí, es más, hay países donde no hay regalías. Pero uno no debe seguir el mal ejemplo, señor director, porque en todo el mundo también hay unos poderosos intereses sometiendo a los Estados y finalmente, este es un debate que busca definir si los bienes de la nación tienen precio o no. Esa es la discusión. El oro que está en nuestro subsuelo, ¿no tiene precio? ¿O su precio es apenas del 4% y hay que tender a ponerlo en uno o en cero por ciento? Claro, esos son los intereses de las trasnacionales de la minería. Pero pregunto: y los intereses de las naciones, y aquí incluyo a los australianos y a los que usted quiera citar, esos intereses quién los tiene en cuenta, ¿nadie? Les pregunto a las trasnacionales que pugnan porque no haya regalías o porque sean muy bajas, qué de lo que ellas tienen lo regalan. Que tal que uno se fuera a El Cerrejón a pedirle a la empresa un regalo cualquiera, aun cuando fuera una llanta vieja. Y resulta que el patrimonio de los pueblos, de los países, y de Colombia, y del mundo entero, sí quieren sacarlo gratis o casi gratis.

Lo segundo, el caso de Greystar, la trasnacional que intentó hacer minería de cielo abierto en el Páramo de Santurbán. La ley prohíbe minería en páramo tanto de cielo abierto como de socavón, en eso no se pueden equivocar los santandereanos ni nadie. Ellos pueden aspirar a minería de socavón en otro sitio del territorio nacional, pero no en el páramo. Y dos, está haciendo carrera que toda minería que no sea en páramo se puede y eso tampoco es cierto. Porque hay que tramitar licencias ambientales y aun cuando no sea en páramo, puede ser inconveniente por otras razones otorgar una licencia ambiental. Por ejemplo, si en un proyecto de minería de socavón por fuera del páramo de Santurbán, la Greystar amenaza las aguas de los acueductos de Cúcuta y Bucaramanga, pues no se puede hacer el proyecto y punto. Es el caso de La Colosa en el Tolima. Ya dijo la autoridad ambiental que no hay agua para ese proyecto minero, ni para nada, a duras penas para lo que hay ahora. Entonces no se puede adelantar ese proyecto, aunque no sea en páramo.

Con respecto al doctor Santa María, resultó cierto que fue el último que llegó y el primero que se fue. Él dirá que es mucha gracia, porque nunca había venido, pero anotemos el hecho, en un debate que es de gran importancia, sobre las pésimas condiciones laborales que rigen como norma en Colombia, sobre todo en estas trasnacionales de la minería, donde hay problemas supremamente graves.

Saludar la actitud de la Comisión Quinta del Senado. Definitivamente, me complace estar en una Comisión que está pendiente de este tipo de problemas. Y aun cuando tengamos diferencias en otros temas, en este somos capaces de coincidir y hablar con franqueza y eso sin duda es importante. Dice el ministro Santa María que el país va bien, y que la prueba es que los extranjeros dicen que va bien. Yo quisiera que fueran los colombianos los que lo dijeran, porque que lo digan los extranjeros, cuando les estamos regalando los recursos, no tiene mucha gracia. El señor León Teicher, vocero de El Cerrejón, afirmó un día que con Uribe le había ido bien, y que con Santos se les había vuelto a aparecer la Virgen. No dudo que sea así, les está yendo de maravillas. Pero que lo reconozcan El Cerrejón y las trasnacionales no quiere decir que el país vaya bien. Y dice Santa María, y esto me interesa rebatirlo, lástima que se fue, que en una reunión la directora de la OPS intentó insinuar que la salud en Colombia iba como bien, después de todo lo que está pasando. Pues bueno, esa directora dio una entrevista a El Tiempo y lo que expresó fue exactamente lo contrario. Es probable que en privado le haya dicho alguna cosa al ministro, no lo sé, pero las posiciones que interesan de los funcionarios son las públicas, como es obvio. Y lo que afirma la directora es que el sistema de salud de Colombia es un desastre. Y añade una verdad que venimos repitiendo: la corrupción es apenas el síntoma, la enfermedad es el propio sistema y el modelo de salud que el ministro Santa María infortunadamente sigue defendiendo, hasta el punto, como me acaban de informar, que ya el gobierno respaldó al ministro de Comercio, cuya esposa resultó estar a contrato con Saludcoop. Ya tenemos dos ministros cogidos en contratos con Saludcoop. Luego mis esperanzas de que este gobierno acepte que hay que hacer un cambio de fondo son iguales a cero. Porque es evidente que les gusta el sistema y el modelo, y si hay contratos para quienes están gobernando a Colombia, me imagino que más sonreirán.

En Colombia hay un debate y es si el gobierno está haciendo cambios de fondo con respecto al gobierno anterior o apenas cambios menores, cosméticos, para lograr los mismos fines. Creo que es lo segundo. El propio presidente ha dicho que hay varias maneras de hacer un cocido, y pienso que es así. Una es como se hacía en el gobierno anterior y otra como se hace en este, pero el cocido es el mismo. Y si ustedes miran a la carrera pensarán que el ministro Santa María acaba de ofrecer mucho, pero si lo miran con detenimiento verán que ahí no hubo nada. Les llamo particularmente la atención a los trabajadores que nos escuchen algún día. ¿Qué fue lo que dijo en concreto? Que iba a haber un nuevo Ministerio del Trabajo, pero eso no significa un cambio de fondo en la política. Usted puede estar de acuerdo en que haya ministerio especial, pero si ese despacho no tiene otra orientación, ahí no cambia nada. Segundo, que iban a nombrar más inspectores, lo que puede ser útil o no serlo. Mencioné aquí cómo en Cerromatoso están atropellando a los trabajadores con la bendición de los inspectores. Los inspectores a duras penas son unos puestos y para manejar clientelas deben de ser una buena cosa, de eso no tengo la menor duda, pero que me diga que porque hay más inspectores se van a arreglar las cosas, me da pena, pero no lo puedo creer. Porque si la ley no es buena o la orientación del gobierno no es buena, los inspectores se vuelven una figura decorativa, que puede ser útil en los asuntos del clientelismo, pero no para dar solución a las quejas que se presentan. Dice el ministro: “Tenemos compromisos en lo laboral y particularmente en lo de las cooperativas de trabajo asociado (CTA)”. Pero, ojo, este gobierno ya aprobó una reforma laboral aquí en el Congreso, donde cuenta con mayorías amplias. Y la reforma, como lo expliqué en detalle, no resuelve el problema de las CTA. Es en esencia lo mismo ya aprobado en el gobierno anterior, e incluso cité ambas normas. Es lo mismo que dice la Corte Constitucional y es que esas cooperativas técnicamente no pueden hacer intermediación laboral, pero hay maneras de evadir la prohibición y trucos y cosas. Traje un caso, el de Michelin, donde se inventan que las maquinarias se dan en comodato a la cooperativa y entonces ya no hay intermediación laboral, aun cuando sea evidente que sí la hay. El gobierno no puede alegar que ha resuelto el problema y me tomé el trabajo de enfatizar que la tercerización, la flexibilización, el que los trabajadores no sean trabajadores directos de las empresas, sino indirectos, no se logra solo con las CTA. Hay otros mecanismos, de subcontratación, como el outsourcing, que producen el mismo efecto aun cuando no se llamen CTA. Ahora que estuve en Medellín, un trabajador se acercó a contarme que ya se inventaron otra forma, con otro nombre distinto, para producir el mismo fin. Luego no hay ninguna modificación sobre la que uno pueda certificar que el ministro se comprometió a nada en serio. Él lo que tenía que decir aquí es que se va a acabar la tercerización laboral y que va a presentar un proyecto de ley que eliminará cualquier tipo de tercerización, y eso no lo dijo. Es que a la gente hay que mirarla por lo que dice y también por lo que no dice.

En segundo término, el otro tema que nos ocupaba aquí, lo de las enfermedades y las pensiones por invalidez y el funcionamiento de las ARP. El ministro dijo que le preocupaba. Es probable que sí, yo ni sé, pero y eso qué. Los trabajadores esperaban que hubiera dicho que va a acabar con esa guachafita que hay montada allí, que va a ampliar el rango de enfermedades profesionales, que va a cambiar la manera de tramitar las pensiones de invalidez, que les va a dar dientes a los trabajadores para que las normas se cumplan, que va a poner a raya a las ARP para que no sigan haciendo ganancias con la plata de los trabajadores. Nadie oyó al ministro Santa María decir eso, no me lo estoy inventado, y habría querido que lo hubiera dicho. Entonces, no se puede decir, como él lo dice, estén tranquilos, muchachos, y una sonrisa, cuando realmente las cosas siguen iguales y lo que tenemos en el movimiento obrero son unas condiciones laborales tremendamente complicadas. Si el gobierno hubiera querido, habría podido incluir medidas en el Plan Nacional de Desarrollo, tramitado como la selva de los micos, medidas que apuntaran a resolver los problemas. No las pusieron porque no quieren.

No nos vengan entonces a decir aquí que porque el vicepresidente Angelino fue algún día sindicalista y abraza por ahí a algún sindicalista y se sacan fotos y el doctor Santos hace promesas, se están arreglando de verdad los problemas. Me da pena, quisiera que se estuvieran arreglando, pero no es así. Y mi deber mínimo aquí, y creo que el deber de la Comisión Quinta del Senado, es hablar con franqueza y decirles a los trabajadores que aquí no está habiendo soluciones. Entre otras cosas, para insistirles que luchar porque cambien las cosas es un derecho que les asiste. Si algo me irrita es decirle a la gente que las cosas van a cambiar cuando no es así, porque es desmovilizarla, es quitarle ese mínimo derecho. Un enfermo de Drummond tiene el derecho a seguir luchando mientras no le resuelvan su problema, y hoy aquí la ganancia, senadora Daira, está en la actitud de la Comisión Quinta del Senado, que sigo pensando que es una Comisión que no solo en este caso, sino en otros, en el caso de la leche cruda, para poner otro ejemplo, asume posiciones democráticas, aun cuando en otros temas tengamos diferencias. El avance es que esta Comisión es sensible a la problemática que vive la gente.

Nos le vamos a poner al corte a este asunto para que se cumplan las normas mínimas de la civilización en los negocios mineros de este calibre, donde las ganancias son astronómicas. Solo la mezquindad de las trasnacionales puede explicar que las cosas se traten tan mal.

Entonces nos toca seguir luchando, dele que dele, cada uno en la medida de sus posibilidades, para ver si logramos que haya transformaciones de fondo.

LOS ATROPELLOS DE LA GRAN MINERÍA EN LOS GOBIERNOS DE URIBE Y SANTOS

Intervención del senador Jorge Enrique Robledo en el debate al ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado Noriega, sobre la política minera, Comisión Quinta, 14 de septiembre de 2010.

Que renuncie Felipe Muñoz. Prácticamente no hay auditoría a las trasnacionales mineras. Bienvenida la inversión extranjera si es beneficiosa y respeta la soberanía de Colombia. El interés nacional y el extranjero pueden llegar a ser antagónicos. Una tragedia como la de Amagá, en otro país, tumba de inmediato al gobierno. Paro cívico en Segovia y Remedios. Marmato, un pueblo entero que va a ser arrasado. Santurbán, de páramo a desierto. AngloGold Ashanti amenaza las aguas del Tolima. Taraira, las trasnacionales contra la pequeña y mediana minería. Despojo en el río Suárez. Acoso a pequeños mineros de Caucasia. Drummond y Glencore, los amos del Cesar. Salarios de tercerizados, 70% inferiores. Cunden las enfermedades profesionales. Regalías escandalosamente bajas. Exenciones descomunales de impuestos. Pésima la auditoría. Hay poderes extranjeros que le imponen a Colombia las condiciones. La auditoría es indelegable. No meter en el mismo saco a mineros informales y a narcotraficantes.

Antes de entrar en materia, quisiera señalar un par de puntos. Hay otra vez un escándalo nacional por el tema de las actuaciones ilegales del DAS en contra de mucha gente, entre ella, dirigentes del Polo Democrático Alternativo y este senador. Insisto en que para el Polo Democrático Alternativo es absolutamente inaceptable que se mantenga en la dirección del DAS al doctor Felipe Muñoz. El doctor Muñoz es el mismo director que viene de la administración anterior y, aunque en los nuevos hechos del anterior fin de semana vuelve y sale acusado de haber actuado de manera indebida en los casos delictivos ocurridos en el DAS, el presidente Santos decide mantenerlo en el cargo, lo que para nosotros es absolutamente inaceptable. No puede hablarse de garantías a la oposición cuando se mantiene en ese cargo a una persona señalada por varios testigos de haber procedido violando la Constitución y la ley.

En segundo término, debe decirle, señor ministro, que las respuestas al cuestionario apenas me llegaron anoche, lo que conduce de manera inevitable a que no me vaya a referir a ellas por razones obvias. Pienso que se cae de su peso que no se puede comentar unos temas que no hubo tiempo suficiente de analizar.

Voy a hacer un debate que espero nos resulte útil a todos y confío en ser capaz de resumir con la suficiente velocidad unos asuntos que pueden ser de interés para el Ministerio y para todos los colombianos. Me propongo hacer como una especie de vuelo de pájaro de un cúmulo de situaciones que vienen ocurriendo en la minería colombiana, como un popurrí, casos de uno u otro tipo, en pequeñas y grandes minas, impuestos, conflictos sociales, asuntos laborales y ambientales, que me llevan a concluir que la minería está funcionando supremamente mal. Ante el hecho de que cobra cada vez mayor importancia, parece haber llegado la hora de asumir con seriedad una serie de modificaciones necesarias, advirtiendo que por razones del método me voy a referir a lo no petrolero, aun cuando los hidrocarburos sean también minería. Espero entonces, señora presidenta, poder resumir con la suficiente rapidez para dar una visión general que le permitan a los delegados de la Contraloría y a la Procuraduría, a quienes invité muy especialmente a esta sesión y cuya presencia agradezco, mirar, ojalá con el Ministerio, qué correctivos se van a tomar hacia adelante en mucho de lo que está pasando de todo orden y desde hace mucho rato, sin que se tomen las medidas pertinentes. Pongo de presente, para empezar, algo que he venido martillando desde hace no sé cuantos años denunciando que no hay auditoria seria del Estado colombiano en el control a las trasnacionales de la minería y a los contratos de gran minería. Y eso se denuncia y se denuncia, y salen cifras y datos, y la Contraloría y todo el mundo dice, ministro, corrija, pero no se corrige. Estamos limitándonos a aceptar informaciones de buena fe. En el capitalismo y en el mundo de los negocios, les pregunto, quién acepta relaciones en las que el uno afirma lo que quiera y el otro está obligado a creer por buena fe.

El interés nacional y el extranjero pueden ser antagónicos

Antes de entrar en materia, dos menciones que vale la pena hacer, pues el presente debate va a hacer expresa referencia a las relaciones del país con el capital extranjero. Reafirmo por enésima vez que no abrigo una posición de principios en contra de que en Colombia haya capital extranjero. Pienso que la inversión foránea puede ser bienvenida a Colombia siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos mínimos: que sea beneficiosa para el desarrollo nacional; que no se lesione la soberanía del país, o sea, que ese capital extranjero no venga a imponernos relaciones gravosas en beneficio de sus propios intereses; que no sean relaciones corruptas las que existan entre los funcionarios del Estado colombiano y los inversionistas, y además, que no se pierda de vista que no son idénticos los intereses del capital extranjero y los del el desarrollo nacional. Pueden coincidir o pueden no coincidir e incluso ser antagónicos, dependiendo de las circunstancias. Sostener que siempre y en todos los casos la inversión extranjera es bienvenida resulta una deformación. Hago en segundo término otra advertencia. No soy de los que piensan que no debe existir la minería. El mundo no puede funcionar sin proyectos mineros de uno u otro tipo. Lo que hay que ver es, ministro, dados los grandes impactos de estos proyectos mineros, cómo se resuelve el problema medioambiental, que viene agravándose, qué sucede con los derechos laborales, si las empresas pagan las regalías y los impuestos que deberían pagar, si se respeta la soberanía nacional y, nuevamente, si no hay corrupción y si no se estimula la corrupción de los funcionarios públicos.

Señalo un hecho preocupante y es el tamaño del territorio adjudicado a inversionistas extranjeros. Para mencionar un solo caso, la Anglo Gold Ashanti tiene concesionadas 690 mil hectáreas, en números redondos, un territorio inmenso con impacto sobre asuntos políticos y económicos y que explica buena parte de las contradicciones que se están viviendo en el mundo de la minería y que tienden a agravarse. Es el conflicto entre un sinnúmero de ciudadanos colombianos, pequeños, medianos, artesanales, de origen campesino, que quieren estar en el negocio de la minería y no pueden hacerlo porque el país está concesionado a las trasnacionales. La situación está creando todo tipo de fricciones, de roces, de enfrentamientos, y no veo que el país esté asumiendo con seriedad que y que nos pueden traer gravísimas complicaciones. Prima otra vez la lógica de privilegiar el capital extranjero sobre los intereses de los nativos de estas tierras, lógica que por supuesto no comparto.

Vamos a los casos. Del primero que quiero mencionar, los cerca de setenta muertos de la mina de carbón en Amagá, algo se habló en Colombia, pero rápidamente fue olvidado por los medios de comunicación. El hecho tiene como una de sus causas el mal funcionamiento de la economía minera, porque no de otro modo se explica que en pleno siglo XXI sucedan catástrofes como estas cuando hay todo tipo de controles y medidores. Solo puede entenderse porque fallaron las medidas de precaución de los propietarios de la mina y porque fallaron los controles del Estado. En otro país del mundo esto solo, setenta ciudadanos pobres muertos, tumba al ministro. Aquí hubo dos días de menciones y se acabó el asunto y traigan otros nuevos para que siga operando la mina. Lo señalo como un hecho grave que el país dejó pasar sin que realmente se asumieran las consecuencias respectivas.

Paro cívico en Segovia y Remedios

Hoy somos testigos de otro problema grave relacionado con minería, el paro cívico que se desarrolla en Remedios y en Segovia, nordeste antioqueño, por cuenta de un conflicto entre los trabajadores de la Frontino Gold Mines, el gobierno nacional y unos compradores que terminaron quedándose hace poco con la mina. El paro refleja una contradicción bien grave. Los trabajadores sienten que las decisiones que tomó el gobierno de venderle la mina a una trasnacional canadiense se hizo atropellando sus derechos de propiedad y consideran además que fue un mal negocio por las reservas estimadas de oro, sobre las que se tiene alguna idea, no precisa del todo, y porque terminó vendiéndose la onza de oro a unos cuarenta dólares, cuando en el mercado internacional está costando 1.269 dólares. El hecho genera de entrada un llamado de atención y una actitud de repulsa por parte de quienes sienten que esos son sus intereses, y voy a explicar por qué los trabajadores lo ven así. Como si fuera poco, los que hoy están quedándose con la mina, unos canadienses, entran barriendo y echando a todos los trabajadores. Esto tiene origen en una liquidación previa de la empresa que acaba con la personería jurídica del sindicato y a su vez con el sindicato. Raro sería que no protestaran los trabajadores, porque si ellos ven que la mina es suya y que se vende a menos precio en contra de su opinión y que además la primera decisión que se toma es echarlos a la calle y reenganchar a algunos en condiciones salariales inferiores, el repudio es apenas lógico.

Este es un pleito viejo. Hace muchos años, los místeres propietarios de la Frontino Gold Mines, digámoslo así para simplificar las cosas, terminan arruinándose con el negocio. Y les pagan con la mina a los trabajadores, de acuerdo con una escritura firmada en el consulado de Colombia en Nueva York. Les dicen, señores trabajadores, las acreencias laborales que ustedes tienen páguenselas con la mina. El proceso es larguísimo. La mina está intervenida por la Superintendencia de Industria y Comercio hace mucho rato y desde el año 2004 se empieza a impulsar la decisión de vender la mina. Los trabajadores dejan en claro en ese momento que son ellos quienes tienen que decidir si se vende o no se vende, porque ellos son los dueños. El gobierno esgrime argumentos jurídicos que no voy a detallar aduciendo que el gobierno está en pleno derecho de hacer lo que está haciendo. No voy a entrar en discusiones jurídicas al detalle. Los trabajadores sostienen que sus derechos son suficientes y lo mismo sostiene el gobierno, pero aquí hay un problema de sentido común y es que cuando los extranjeros entregan la mina en dación de pago a los trabajadores, resulta fácil entender que son los trabajadores los que quedan con los derechos sobre la propiedad. Pero al final es el gobierno el que decide. Digo entonces que, o la mina es de los extranjeros, de quienes fueron propietarios por mucho tiempo, o es de los trabajadores, pero lo que no entiendo es cómo se recurre a argucias legales para volverla de propiedad del Estado para que sea el Estado el que defina. Hay normas suficientes, señor ministro, por ejemplo, la Ley 222 de 1954 o la 550 de 1999 que le permiten al gobierno nacional, en este caso al del presidente Uribe, haberles entregado la empresa en dación de pago a los trabajadores y que fueran ellos quienes hubieran resuelto qué se hacía. Como la propia Superintendencia lo señala en documentos, el gobierno hubiera podido proceder así y no lo hizo, a mi juicio atropellando un derecho, lo que nos ha conducido hoy a un paro cívico en las dos poblaciones y a un problema complicado que afecta negativamente los derechos de los trabajadores. Es otro caso más en que, como suele suceder en Colombia, cada vez que entran en contradicción los intereses de las gentes del común y los del gobierno y particularmente los de las trasnacionales, la cuerda se revienta por lo más delgado y son los trabajadores los que terminan siendo sacrificados. El paro ya lleva varios días y, hasta donde entiendo, el gobierno nacional no se apersona de un problema que hay allí y que se ha convertido en dificilísima solución porque el gobierno ha venido tomando decisiones y ha venido imponiéndolas sobre esos compatriotas.

Marmato, un pueblo entero que va a ser arrasado

Un segundo caso es el de Marmato, Caldas, bien distinto del anterior pero que también clama al cielo. Cuál es la historia. Marmato es una comunidad multiétnica donde hay gente de ascendencia blanca, indígena y negra. Allí se extraía el oro aun antes de llegar los españoles y lo que hoy llamamos Marmato funciona allí como un establecimiento minero desde hace 470 años. Hay de por medio entonces todo un fenómeno cultural, pues el municipio fue declarado incluso por el Comité Técnico de Monumentos Nacionales como patrimonio de la nación. El casco urbano, con su iglesia, sus colegios, su alcaldía y varios miles de habitantes, forma una configuración urbana algo curiosa, pero digamos que ese es Marmato. Desde 1954 se estableció que El Cerro del Burro, donde queda la población, era para pequeña minería y la parte baja para gran minería. Desde hace unos años se aparecieron por allí unas trasnacionales, particularmente la Colombia Goldfield, también canadiense –aquí nos están apareciendo los canadienses, ministro, con malos comportamientos por todas partes en estos asuntos de la minería–, y deciden empezar a comprar las minas de los pequeños mineros. Y van comprando minas, y mina que compran, mina que cierran. Terminaron comprando más de cien derechos, en medio de unos discursos alarmistas que apuntaban a meterle miedo a la gente para bajar los precios. Y no solo van cerrando las minas, sino también los molinos, unas máquinas californianas, o sea, los mineros que no venden también se van quedando sin donde moler su mineral.

Aquí hago el primer gran reclamo. Marmato es un pueblo donde todo el mundo vive de la minería. La actividad agropecuaria es escasísima. Cómo se le permite entonces a un inversionista extranjero llegar a un municipio, adquirir las únicas fuentes de trabajo y después cerrarlas con el cuento de que allí se va a hacer una explotación minera a cielo abierto. Y mientras la explotación aparece, ¿de qué vive la gente? Pero no solo eso. Cuando sobreviene la crisis del 2008, la Colombia Goldfield cierra las labores de explotación que estaba adelantando y se vuela, debiéndole plata a todo el mundo. Eso quedó ahí tirado, ministro. Hoy se aparece otra empresa, la Medoro Resources, la misma que se quedó con la Frontino, y algunas labores de exploración se han empezado a acometer, pero la crisis social sigue siendo de proporciones inmensas. Repito mi reflexión: ¿sería posible que alguien llegara al municipio de Saldaña, en el Tolima, una zona arrocera, y comprara todas las fincas y clausurara toda la producción simplemente porque se le dio la gana o porque el negocio no le funciona? ¿No se supone que en condiciones como estas deben respetarse las fuentes de empleo? ¿Podría yo llegar a Bogotá y comprar el Transmilenio y al otro día cerrar todo el sistema de transporte alegando que es mío? Pues justamente eso fue lo que se hizo en Marmato y ¿quién protege a los marmateños? Uno de los líos es que el manejo minero de Caldas lo detenta la Gobernación de Caldas y de la peor manera. Es otra cosa que se debería revisar, porque lo que allí está sucediendo es inaudito.

Hay otro problema no menos grave que en Marmato ha generado gran zozobra. Los inversionistas extranjeros, los anteriores y los nuevos, quieren tumbar el casco urbano para montar el proyecto de gran minería. Aducen ellos que debajo de la alcaldía y de la iglesia y de las casas hay mucho oro y que entonces hay que tumbar el pueblo. Y andan presionando a la Gobernación de Caldas para que construya en unas casitas en unas condiciones ambientales muy malas, para poder desterrar a viejos marmateños de su municipio. Y por si fuera poco, las dos trasnacionales, la anterior, sobre todo, afirma que es el gobierno el que va a pagar el traslado. Aquí aparece entonces la otra discusión. Se levantan además el cuento de que el pueblo se va a caer. No se ha caído en 470 años y ahora sí le dio al gobierno nacional por preocuparse de que pobrecitos los de Marmato, que de pronto el pueblo se les cae encima, todo finalmente para ir amarrando los perros, como se dice, para que el día en que tumben el municipio para abrirle camino a la gran minería de cielo abierto, no solo suceda esa desproporción, sino que sea el gobierno nacional el que tenga que pagar el traslado.

Como usted ve, ministro, soy supremamente sucinto, pero este es un caso realmente monstruoso, porque además ¿qué terminó sucediendo? Que mucha gente, en su desesperación, se lanzó a ocupar las minas cerradas, y ha aparecido un nuevo nombre, el de guacheros, así les dicen en Marmato, la gente que se mete a hacer explotaciones en condiciones técnicas tremendamente malas. Como no les venden los explosivos que necesitan, están haciéndose ellos mismos explosivos artesanales. Me informan de heridos y gente mutilada. Hay en Marmato un caos económico y social por cuenta de unas trasnacionales que han hecho lo que se les ha dado la gana. Y están ya preparando el puntillazo: tumbar el propio casco urbano. ¿Y sabe cuál va a ser la regalía que van a pagar las trasnacionales, por lo menos en la parte de la pequeña minería que han comprado? De menos del 1%, porque van a gozar de unos descuentos que eran para pequeña minería. O sea, ni siquiera el 3,2% propio de la minería del oro, ochenta sobre el 4 por ciento, sino menos del 1 por ciento, el 0.96. Uno entonces se pregunta: y además de todo este desastre que causan estas compañías, ¿qué otra cosa nos están dejando?

Santurbán, de páramo a desierto

Hay un cuarto caso que debiera tener conmocionado al país, colombianos, otro negocio de otra trasnacional canadiense, la Greystar, esta vez en el Páramo de Santurbán, próximo a Bucaramanga, nada menos la zona de donde sacan el agua esa ciudad y Cúcuta. Son palabras mayores. Bueno, la trasnacional se empeña en montar ahí un proyecto de minería de cielo abierto, con el impacto que trae aparejado. Se está todavía en el litigio y en el alegato y podría suceder que el día de mañana la trasnacional, con toda su leguleyada, todas las presiones, todos los poderes moviéndose, consiguiera imponer sus puntos de vista en el Ministerio de Ambiente y montara en tierras de páramos un proyecto de esas proporciones, o mejor, de esas desproporciones, perfectamente escandalosas. Lo cierto es que el riesgo está allí. El área de intervención se sitúa entre los 2.600 metros y los 3.450 metros, en las difíciles condiciones de la Cordillera Oriental, como lo ha certificado el Instituto Humboldt. Ahí no puede hacerse esa explotación, y mucho menos de cielo abierto, de acuerdo con las leyes colombianas.

Quiero llamar la atención aprovechando el caso de Bucaramanga para detenerme un poco –me precisa el senador Durán que es el área metropolitana, un millón ochocientas mil personas– sobre un par de informes presentados en los últimos días en El Tiempo por el exministro Manuel Rodríguez sobre la minería, que es el gran debate. Él cuenta cómo el Parlamento Europeo prohibió el uso del cianuro en la explotación minera que se adelante en la Unión Europea. Lo que pasa es que los comisionados, que son como el gobierno, no han puesto en práctica la decisión del parlamento. Pero llamo la atención, la prohibición ya es un hecho legal en Alemania y en la República Checa y en Hungría. Estamos hablando de líos que en el mundo entero se están discutiendo como problemas graves. Dice el informe del exministro Manuel Rodríguez que son muchas las motivaciones que hay en contra de la utilización del cianuro. Entre ellas, señala: alta toxicidad, con un impacto puede ser catastrófico, porque el cianuro tiene fama de ser un veneno de los más poderosos. Han ocurrido en el mundo 30 accidentes de la mayor gravedad en los últimos 25 años. Las mineras llegan y dicen que todo está bajo control, que todo lo están haciendo muy bien, que allí no pasa nada, y entonces vienen las tragedias. Y después sucede como con esos perros que se comen al niño: el dueño del perro dice que es el primero que se come y se supone que no podía hacerlo. Lo mismo ocurre con estos accidentes y por supuesto que las trasnacionales no responden. Sigue Rodríguez: contaminación de las cuencas hidrográficas y aguas subterráneas sin cómo controlar a las mineras. La verdad es que ni en Europa ni en Estados Unidos ni aquí hay cómo ponerles el cascabel a esos gatos y controlarlas para que actúen como debe ser. Comenta Manuel Rodríguez que estos asuntos son especialmente graves en tierras del trópico y en tierras de montaña. La minería de cielo abierto no es lo mismo en tierras planas y desérticas que en tierras de cordillera y en páramos que abastecen acueductos como el de Bucaramanga y Cúcuta. Y menciona también el doctor Rodríguez, una especie de clamor que ha aparecido en Estados Unidos, firmado por científicos importantes, pidiendo hacer una moratoria en la explotación a cielo abierto y en montaña. ¿De qué impactos estamos hablando? Porque aquí hay un fenómeno nuevo que ha de ser estudiado. Es bueno informarles a los colombianos que de pronto nos estén escuchando y no lo saben: la minería de socavón es aquella donde se hace un hueco y se extrae el oro como con pinzas. La de cielo abierto consiste en destapar todo el yacimiento, mover millones de toneladas de roca para extraer el mineral mediante unos procesos industriales complejos. El impacto ambiental de la minería de cielo abierto es absolutamente descomunal. Si uno no lo viera, pensaría que no puede ser cierto.

AngloGold Ashanti amenaza las aguas del Tolima

Mencionemos un quinto caso, el de La Colosa, en Cajamarca, Tolima, otro proyecto de gran minería que amenaza un nudo de aguas fundamental para la agricultura del departamento y para el acueducto de la propia capital, Ibagué. Como lo venían pidiendo hacía rato la Procuraduría del Tolima y Cortolima, el Ministerio de Ambiente acaba de sancionar a la AngloGold Ashanti por haber violado las normas ambientales al haber excluido una zona protegida para poder hacer la exploración. El gobierno les da la razón y la sanciona, pero al mismo tiempo le permite avanzar en todos estos temas que se vienen ventilando. El exsenador Mauricio Jaramillo, tolimense, denunció en la plenaria del Senado, con documentos de la propia AngloGold Ashanti en la mano, que entre los gastos de la compañía en 2008 aparecen 330 mil millones de pesos gastados en gobernabilidad. Mauricio Jaramillo, que fue de esta Comisión, se preguntaba y yo también qué diablos quiere decir gobernabilidad. Piensa mal y acertarás, y de pronto se puede saber de qué se trata. Vuelvo a invitar a la AngloGold Ashanti a que le explique a Colombia qué quiere decir 330 mil millones de pesos en gobernabilidad, porque es sabido que las trasnacionales se mueven muy duro en las regiones buscando ganarse el respaldo ciudadano mediante prácticas que a mí me parecen absolutamente indeseables, por ejemplo, repartiendo plata para cuadrar medios de comunicación y para acomodar hechos en beneficio de sus puntos de vista en estas discusiones.

Taraira, trasnacionales contra pequeños y medianos mineros

Hay otro caso que quiero mencionar, para que se vea como es de diverso y enredado este asunto, el de Taraira, en Vaupés, y me gusta ponerlo como ejemplo, porque es de esas zonas ultraolvidadas sobre las que nadie sabe que pasa. Cuál es la historia. Es una zona rica en oro y en 1990 la Asociación de Mineros de Taraira le pidió a Ecominas que le diera un par de áreas en concesión. Ocho años después, Minercol les notificó que no se podía, porque el gobierno iba a mantenerla de momento como reserva especial. En 2003, trece años después, Minercol les niega definitivamente la petición, justo cuando ya había aparecido una ley que les permitía inventarse una teoría para hacerlo. ¿Qué adujo? Que como el Estado había hecho allí algunas inversiones, había que sacar la concesión a licitación, a una especie de concurso que garantizara que quien lo ganara le pagaría al Estado lo que hubiera invertido allí. Es algo llamado Zona de Inversión Estatal. En julio de 2007, no ya Minercol sino Ingeominas abre la licitación pública y en menos de un mes la adjudica a una trasnacional canadiense, la Cosigo Frontier. Ahí sí les entró el afán. Lo que duró décadas con unos compatriotas pobres se volvió rapidísimo cuando apareció la empresa canadiense interesada. Con un agravante. De acuerdo con las certificaciones oficiales, el gobierno había invertido 500 mil dólares, que debían ser recuperados en la licitación. Pues la Cosigo Frontier apenas pagó 196 millones de pesos. Cuento algunos detalles para que se vea cómo se mueven estos negocios, que con toda razón indignan a nuestros compatriotas a quienes finalmente se convierte en una especie de criminales simplemente porque son pobres y son viejos y no tienen cómo protegerse de decisiones arbitrarias.

La explotación está además situada sobre la zona de reserva forestal de la Amazonia. Hay que excluirla entonces para que se puedan adelantar allí proyectos mineros. Hago corto el cuento. Primero, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico ordena suspender la exploración. Segundo, Ingeominas ratifica y ordena que se suspenda la exploración. Tercero, una Comisión del Ministerio de Ambiente conceptúa que lo que están haciendo es indebido. Y cuarto, el año pasado Ingeominas levanta la orden de suspensión de las actividades y echa un cuento y las cosas siguen como si nada porque la empresa sólo había construido campamentos y vías para hacer los estudios de impacto ambiental. Otra historia aberrante más de este popurrí de atropellos.

Despojo en el río Suárez

Hay otro caso escandaloso que puede terminar convirtiéndose en un problema extremadamente grave. Sucedió en el río Suárez, departamento del Cauca, y ha sido bastante reseñado por los medios de comunicación. Cuál es el caso. Se trata de de unas minas que se están explotando desde hace 374 años, inicialmente por unas comunidades religiosas y después, cuando en 1851 llega la liberación de los esclavos, por los esclavos negros, los Carabalí, los Lucumí, los Balanta, que las venían trabajando. Estos compatriotas se quedan ahí durante décadas y décadas en labores de minería y agricultura artesanales.

Años después se construye la represa de La Salvajina, que les inunda las tierras y cultivos y parte de las minas, daños jamás indemnizados como se debería, y al final estos compatriotas se terminan refugiando en las minas de oro y ahí se quedan viviendo pobremente. En el 2002 se disparan los precios del oro en el mercado internacional y arranca toda esta feria de concesiones mineras en buena medida en beneficio del capital extranjero. Es una especie de borrachera, al punto que se concesionan 44 en Parques Nacionales y 1.800 en la sola Amazonia, una locura. Y aparece un señor de nombre Jesús Sarria con una concesión sobre las tierras de los negros de Suárez, por supuesto, saltándose el derecho a consulta previa del que gozan esas comunidades. Al final el Ministerio del Interior reconoce que sí tiene que haber consulta previa. Pero entonces ahora se alega contra ellas una leguleyada, que la consulta previa cabe en la explotación pero no en la exploración. ¿Qué hay en estos momentos? Un grave problema de orden público, porque ya, como cosa curiosa, aparecieron las Águilas Negras, una banda paramilitar, amenazando a los pobres. Es, ministro, una especie de bomba de tiempo prendida allí en esa zona del país.

Acoso a pequeños mineros en Caucasia

El caso más reciente, hoy mencionado en los periódicos, es el de Caucasia. Caucasia, Zaragoza y El Bagre, en el Bajo Cauca, es una zona llena de conflictos por el mismo lío de tierras concesionadas a grandes empresas y a pequeños y medianos empresarios, como también a barequeros. Uno de los peores aspectos del Código Minero de 2001 es que desconoce la existencia de un fenómeno social, la pequeña y la mediana minería y la de los barequeros. El gobierno lo está tratando como un problema de orden público. Hay incluso un documento de Ingeominas titulado “Erradicar la minería ilegal”. Opiné en su momento: ¿erradicar? Uno erradica las cucarachas. Para mí, más que minería ilegal, lo que hay es minería informal o popular, no sé cómo llamarla. Un campesino que se está muriendo de hambre en su parcela se consigue una pica y una pala y hace un hueco a ver cómo saca un tomín de oro. El país está lleno de eso. Hay pleitos a millares por la extracción de material de río, también de pobres. Y se aplica una política punitiva, policiva, no de tipo social a ver qué se hace con esos compatriotas. Y cómo se cuida el medioambiente, porque el medioambiente debe tenido en consideración.

El fenómeno se enfrente con operativos policiales contra la llamada minería ilegal y se convierte la norma en política policial que lleva a que se decomisen 34 máquinas y se encarcele a 40 personas, aun cuando, según entiendo, ayer ya un juez de garantías los soltó porque no había mérito. Pero me preocupan los ciudadanos de bien metidos en el negocio, porque el cargo que se les está haciendo es que dizque todas esas minas son del narcotráfico y de “Macaco”. Les hago un llamado a la seriedad, ministro. Por supuesto que hay que perseguirlo el narcotráfico allí donde esté, pero lo que no se puede hacer es echar todos los problemas en el mismo saco para facilitar las cosas. No. Aquí hay un problema complicado de carácter social, e incluso de orden público, que guarda estrecha relación con una serie de contradicciones mineras en unas áreas. Es probable que haya negocios ilícitos en el mundo de la minería, como los hay en el mundo de la banca y de la industria y del comercio. Lo que resulta entonces inaceptable, y es sobre lo que quiero llamar la atención, es que se utilice una cosa como pretexto para proceder en otra y que no se proceda como lo ordenan la Constitución y las leyes, porque la última reforma al Código de Minas, entre otras cosas, dio dos años para legalizar las explotaciones mineras. Y los dos años siguen vigentes y están apenas corriendo. Fue una norma que al gobierno del presidente Uribe no le gustó, pero lo cierto es que ahí quedó, y está vigente y tiene que ser cumplida con toda seriedad.

Drummond y Glencore, los amos del Cesar

El caso del Cesar clama al cielo. Voy a leer un documento, un tris largo para estos menesteres, pero que resume tan bien lo que yo quisiera decir que me parece más sensato simplemente leerlo. Es un artículo que apareció en El Tiempo, redactado por la periodista Salud Hernández-Mora. Ella ha hecho un trabajo de campo allá y conoce la región, la ha caminado, la ha visto y hace una descripción sobre que les pido poner cuidado, porque buena parte del lío queda plasmado en este artículo, que es además valeroso. Se titula así: “Complot para devastar y robar”. Durísimo. Y agrega: “Es un concierto para delinquir. Un complot para desaparecer ríos, anegar campos, arruinar proyectos de vida, devastar una región y enriquecer unos pocos bolsillos. La minería del carbón a cielo abierto es un delito de lesa humanidad, un desastre natural de enormes proporciones. El juicio implacable del tiempo mandará al paredón de la infamia a todos los dirigentes nacionales que promovieron y pusieron su firma en las concesiones; a los políticos locales corruptos que las aceptaron con el único fin de enriquecer su patrimonio; a los empresarios que no pensaron sino en sus ganancias inmediatas y ni siquiera tuvieron la decencia de cumplir con las exigencias medioambientales, demasiado laxas para los daños que causan (…) El dinero fácil del carbón todo lo compra.

“Un día no lejano (…) el verde Cesar, una de las regiones más bellas y productivas de Colombia, será un secarral como la Alta Guajira. Aprenderán a beber carbón licuado y a pastorear cabras entre los cactus y los pedregales que es lo que les quedará cuando la Drummond, Glencore y demás depredadores acaben por completo con las fuentes hídricas que aún quedan.

“Como le midieron el aceite al Gobierno y se dieron cuenta de que podían hacer lo que les diera la real gana, las carboneras abren carreteras por donde les conviene, no dedican espacios alrededor de la explotación minera a reserva forestal; maman gallo a las comunidades que deberían reubicar a fin de ganar tiempo, dividirlos y ahorrar costos; trocean explotaciones para pagar menos regalías; incumplen licencias ambientales, las acomodan a su antojo, a sabiendas de que eso no les impide que les otorguen nuevas concesiones (…) Y reciben exenciones fiscales como premio a destrozarnos el entorno, elevar a niveles desmedidos la corrupción y perpetuar el subdesarrollo.

“En qué cabeza cabe que un gobierno nacional apruebe el desvío de nueve ríos y medio centenar de caños de la Serranía del Perijá para que abran gigantescos cráteres que desertizan las tierras y asfixian las aguas subterráneas. O que consienta que levanten en las sabanas cerros de millones de toneladas de tierra estéril, o que inunden el aire con polvo de carbón, o que sedimenten la gran ciénaga de Zapatosa (…) “

También es inocultable que no desterraron la miseria, que los pueblos siguen sin acueducto, las calles destapadas, la prostitución rampante, la educación deficiente. Con todo, no es lo más grave. Lo peor, la plaga que asolará la región, son las sequías que se avecinan, así como cambiar una cultura agrícola y ganadera por una economía minera que los convertirá en rentistas” (El Tiempo, Mar.07.10).

Palabras mayores de una persona que ha estado allá y que cuenta bien contado cuál es el drama. El solo caso del Cesar daría para un debate y coger uno cada frase y analizarla y ver este horror que está sucediendo, aun cuando cosas parecidas podrían decirse de muchas otras explicaciones mineras. Cuando uno las saca a la luz, no falta quien replique: sí, senador Robledo, podría ser, pero y el empleo que están dando y las regalías. Voy a mirar entonces estos dos aspectos a ver cómo nos va.

Cunden las enfermedades profesionales

En el campo de las condiciones laborales, ministro, hay un problema de extrema gravedad, sobre el cual el gobierno nacional poco o nada mira. Ya mencioné el caso de Amagá, un problema finalmente de garantías laborales. Son muchas las historias, pero me voy a detener en la gran minería del carbón en el Cesar y La Guajira y en Cerromatoso y Drumond. La norma en esas empresas es que están llenas de trabajadores indirectos, lo que los obreros conocen con el nombre de tercerización. En El Cerrejón, el 46% de los trabajadores no aparecen vinculados a El Cerrejón, sino a contratistas, y en la Drumond, el 64%. Cuál es la lógica que impera. Que los trabajadores no puedan sindicalizarse ni obtener las garantías laborales de quienes sí logran sindicalizarse. ¿Para qué? Para bajar el costo promedio de operación de las empresas, una política fríamente calculada, con la alcahuetería del Ministerio de la Protección Social, para arrebatarles a los trabajadores unos cuantos centavos, ganados en trabajos durísimos. Según un reporte de Danwatch, la diferencia entre los trabajadores directos e indirectos por el mismo trabajo puede ser del orden del 70% en los salarios. Ahora, cuando las trasnacionales hablan de los salarios mencionan por supuesto los de los trabajos directos, salarios que presentan como si fueran muy altos. Pero hay de por medio un truco que también se debería mirar con detenimiento, ministro. La jornada normal es de 12 horas, 50% más de la normal en la legislación colombiana, de la jornada normal conquistada por los trabajadores del mundo desde hace casi un siglo.

La jornada de ocho horas está relacionada estrechamente con la salud ocupacional. Si manejando un simple mouse de un computador, una secretaria termina con un síndrome de túnel carpiano laborando ocho horas, ustedes se imaginan lo que es pegarse a una máquina gigantesca doce horas seguidas. Le cuento, ministro, que en Estados Unidos y en Europa y en los países desarrollados, la norma para este tipo de labores es de seis horas y solo excepcionalmente ocho y aquí tenemos como norma doce. Es una manera de poner a esos trabajadores a trabajar con salarios inferiores tras el espejismo de que el salario no es tan malo. Pero claro, se les olvida que trabajan 50% más. En vez de funcionar en tres turnos de ocho horas con buenos salarios, las trasnacionales los ponen a trabajar en dos turnos de doce y en unas condiciones laborales horribles. De aquí se genera un problema muy grave y es que las enfermedades ocupacionales de esas empresas son muy altas. Según dato certificado por el Ministerio de la Protección Social y lo denuncia Sintracarbón, el número de enfermos en El Cerrejón es del orden de 714. En Drummond existe incluso una Asociación de Trabajadores Enfermos. Y cuando uno va y mira las enfermedades que certifica el Ministerio de la Protección, lo que descubre es que hay unas enfermedades que son profesionales, porque guardan estrecha relación con el tipo de trabajo que desarrollan los obreros, por ejemplo, fibrosis, neumoconiosis y silicosis, producidas por el polvillo del carbón. Y las empresas se niegan a reconocerles a los trabajadores que trabajar con carbón genera esas enfermedades y tampoco el Código Laboral. Segundo tipo de enfermedades dominantes: lumbagias y hernias discales. Causas: vibraciones de cuerpo entero y ergonómicas. Es que si a mí me meten en una volqueta doce horas, obligado a manejar 800 kilómetros al día, no puedo menos de terminar con problemas de columna vertebral. En los países civilizados a este tipo de tareas no se les asignan jornadas superiores a seis horas, porque se sabe lo duras que son. Entonces, a estos trabajadores se les destruyen sus vidas con el cuento de que “ganan mejor”, entre comillas. Y el país se nos va a terminar llenando de inválidos, tirados en las  zonas carboneras una vez se hayan ido las explotaciones. ¿Quién termina cargando con los costos? La nación. Ojo con la otra: traumas psicológicos por presiones laborales. Hay unos sistemas inicuos, casi de ponerles marcadores a los trabajadores para controlarlos vía satélite y si el trabajador se queda medio quieto, suena un pito para llamarle la atención. Que tal que a los senadores nos pusieran esas cosas, pitarían todo el día. Son las realidades que deben enfrentar los trabajadores.

La persecución sindical llega a grados extremos en el caso de El Cerrejón. Ya les expliqué cómo los tercerizan y cómo no se pueden afiliar al sindicato. Pero ha habido trabajadores que han creado sindicatos, por ejemplo, los de Sotrans y Chaneme, y son perseguidos de inmediato. A los de Sotrans no solo les acabaron el sindicato, sino que les sacaron a los promotores y algo parecido está sucediendo en Chaneme. Cómo hablar de democracia en un país donde los trabajadores no se pueden sindicalizar ni presentar pliego de peticiones ni gozar del derecho a la contratación colectiva y en los negocios de las trasnacionales, Glencore, Drummond, etc., los negocios de los ricos del mundo. Son condiciones por completo inaceptables. Y a todo lo anterior se suman las ARP, y hay que señalarlo con nombre propio. Si algo se ha convertido en una desvergüenza en el sistema de salud en Colombia son las ARP, sacan y sacan plata y no responden por nada de lo que debieran.

Drummond lleva dieciséis trabajadores muertos por accidentes de trabajo en diez años. Cuando pereció el último, los trabajadores hicieron un paro e incluso el Ministerio de la Protección Social sancionó a la trasnacional. Hoy Drummond los está despidiendo. Bueno, van veinte despidos, porque protestaron mediante un paro por la muerte de uno de sus compañeros de trabajo, que no habría debido morir si hubiera habido garantías mínimas de seguridad industrial.

Regalías escandalosamente bajas

Miremos lo de las regalías. He dicho aquí en más de una ocasión que son bajísimas y me sostengo en lo dicho. Como lo certifican el BID y la Corporación Andina de Fomento, CAF, las del petróleo son bajísimas, del orden del 8% promedio. Pero las del carbón también lo son, las del oro son escandalosas, reales del 3,2%, cuatro por ciento nominal pero sobre el 80% del precio del oro en el mercado mundial. Estos impactos no los pagan estas explotaciones. Quiero detenerme en este punto y llamar a la Contraloría y a la Procuraduría, porque se trata de informes de la Contraloría, que ha venido haciendo un buen trabajo en este sentido. Cosas graves que están pasando: por ejemplo, en el contrato de Cerromatoso, la Contraloría, apoyada en una auditoría hecha por BDO Audit Age S.A., señala que allí están embolatados entre el 2004 y el 2008, por las maneras de liquidar de lo que podríamos llamar las regalías que le tocan a la nación, no voy a entrar en muchos detalles, 23.188 millones de pesos. Pero si esto se lleva a los años anteriores, la suma puede ascender a 210 mil millones de pesos en pesos de 2005. ¿Por qué? Porque hay una mala liquidación, dice la Contraloría, apoyada además en una empresa extranjera de auditaje, 210 mil millones de pesos en pesos de 2005, embolatados en ese solo aspecto.

Otro hecho todavía más grave y que compete a la actual administración. Ingeominas aceptó que este caso, que por supuesto la trasnacional no acepta, se fuera a tribunal de arbitramento, ministro, y no cabe tribunal de arbitramento. El artículo 294 del Código de Minas es muy claro en señalar cuándo caben y cuándo no tribunales de arbitramento. Ahí la autoridad minera es Ingeominas y la decisión es la decisión y se acabó el cuento. Insisto en que el artículo 294 del Código lo deja claro. Entonces aquí le hago un reclamo al Ministerio de Minas, cómo se le acepta tribunal de arbitramento que no cabe a una trasnacional. No. Que paguen, porque nadie puede violar la Constitución y la Ley. De paso digamos que existe también una auditoría contratada por Ingeominas, según la cual no debe prorrogarse como está el contrato de Cerromatoso. Aquí ya tuvimos alguna discusión sobre una prórroga que quiere Drummond en el Cesar. Nuevamente le solicito formalmente, ministro, que no se adelanten renegociaciones de contratos sin previa explicación a esta Comisión de qué es lo que se va a hacer. La situación hay que ponerla por encima de la mesa: ¿los contratos se renegocian para bien de la República de Colombia o para mal? ¿Se renegocian de cara al país o lo renegocian unos funcionarios cómo se les antoja? Y los demás lo único qué podemos hacer es quedarnos mirando, cuando estamos encontrando problemas así de graves como el que estoy mencionando.

Exenciones descomunales de impuestos

El caso de algunos impuestos que no pagan, y no los pagan porque así se lo autorizan los contratos, con unas exenciones descomunales. Por ejemplo, no pagan industria y comercio, no tampoco predial, y ya solo ahí estamos hablando de sumas descomunales. Digamos que en el solo caso de la gasolina que se consume en los proyectos mineros de las zonas de frontera no pagan los impuestos a los combustibles que debemos pagar los demás colombianos. Sobre las exenciones en el impuesto de renta se habla, incluidas las petroleras, de que pueden llegar a 4 billones de pesos en lo relacionado solo con reinversión de utilidades. Pero le voy a dar este dato, también certificado por la Contraloría, yo no uso sino cifras oficiales –es bueno que eso se sepa, no tengo la capacidad en general para producir cifras–, que entre 1995 y el 2007, en solo doce años, en el contrato 078-88, la Drummond no pagó por compensaciones y devoluciones 919.896 millones de pesos, 920 mil para ponerlo en números redondos. Para que ustedes se hagan una idea de cuánta plata es con respecto a ese negocio, representa el 76% de lo recaudado por regalías, según cifras de la Contraloría General de la República en informes que tengo aquí y que son documentos públicos que cualquiera puede mirar.

Hay otro caso reciente que tiene origen en este documento que usted conoce, ministro, un documento originado a su vez en una carta enviada por el Departamento Nacional de Planeación sobre el contrato de Prodeco en Calenturitas y que apunta a unas liquidaciones equivocadas. Hubo un cambio en el contrato, que ojalá hubiéramos podido mirar antes, y a partir de entonces liquidaron mal durante un tiempo la regalía básica, la compensación por ingreso bruto y la regalía adicional. No voy a entrar en detalles, aquí está el documento de Departamento Nacional de Planeación que explica bien lo que estoy diciendo. Y estamos hablando de pérdidas por 417 mil dólares, unos 78 millones de pesos. Simplemente lo pongo como otro ejemplo más del desgreño predominante. Es inaudito que se cometan errores tan obvios, pues un cambio en un contrato solo empieza a operar desde ese momento y no antes, no puede ser de otra manera.

Pésima la auditoría

Voy a leer varias partes de un informe de la Contraloría General de República, de diciembre de 2009, mirando el caso de Ingeominas, la autoridad minera encargada de proteger los intereses de la nación en estos contratos. Entonces le hacen una auditoría a la auditoría de Ingeominas para saber qué tanto está cumpliendo la entidad con el papel de cuidar los intereses de Colombia. Recordémosles a los colombianos que los operadores y los dueños de todas estas minas son las trasnacionales y lo que le pagan a la nación depende de sus costos y otra serie de factores, luego aquí hay una serie de cuentas por hacer. A qué precio se vende el carbón, cuánto pesa, qué calidad tiene, todo eso cambia los precios. Y dependiendo de los precios, porque las regalías suelen ser porcentajes del negocio, se afecta la nación. Es decir, si el carbón tiene un precio equis y las trasnacionales nos informan que lo vendieron a menos, ahí hay una pérdida para la nación. Lo mismo con el peso y con la calidad. Son cosas de los negocios. En el caso del ferrocarril que transporta el carbón, Drummond nos cobra los costos de funcionamiento y entonces cada balinera, cada tornillo, se vuelve aquí una discusión. Ese ferrocarril funciona con gastos presuntos, es decir, la Drummond presume que operar el ferrocarril vale tanto y la nación colombiana debe pagar en proporciones inmensas. Cuando uno lo entra a mirar en detalle, colombianos, se queda aterrado de quienes representaban el interés nacional en estos negocios. Ahí sí que cualquier empresario levanta la mano o cualquier trasnacional y dice, déjeme hacer negocios con el gobierno de Colombia, que con esos negociadores es maravilloso, porque ahí no hay quien defienda bien los intereses de esa nación.

Miren lo que dice Contraloría. Voy a leer textualmente: “Ingeominas no ha realizado desde el 2004, cuando asumió sus funciones de Autoridad Minera delegada una evaluación sistemática y pormenorizada del contenido contractual de cada uno de los contratos clasificados como de Gran Minería, así como de los proyectos de interés nacional PIN”. No ha hecho una revisión sistemática de cada uno de los contratos, entre otras cosas para saber si se renegocian, o si no se renegocias, en qué términos, etc. Y agrega: “Lo cual dio lugar a incumplimientos de cláusulas contractuales y términos de ley, así como deficiencias en la constitución de pólizas y amparos, situación que a la fecha no se ha subsanado a pesar de las observaciones de la CGR”. Este es un cargo de una gravedad inaudita. Lo que está diciendo es que Ingeominas no conoce de verdad los contratos que se supone está auditando y en ese sentido los auditados tienen la posibilidad de hacer lo que les convenga. Y continúa: “Ingeominas como autoridad minera no ha efectuado un estudio de carga laboral que permita contra al servicio minero, y en especial a la Subdirección de Fiscalización y Ordenamiento Minero, SFOM, con el número adecuado y los perfiles requeridos de sus profesionales para desempeñar a cabalidad y suficiencia las labores de seguimiento, control y fiscalización de los contratos de gran minería, así como de los denominados proyectos PIN”, lo que implica que “un contratista o un funcionario deba atender varios contratos a la vez”. Esto es bien prosaico. El número de funcionarios que tiene Ingeominas para hacer la vigilancia es demasiado pequeño frente al número de contratos, contratos bien complejos, redactados además para que nadie los entienda. Con franqueza debo decir que estos abogados de minas son expertos en redactar contratos que nadie entienda para que cada párrafo se vuelva una discusión y una interpretación y un lío. Ingeominas, según entiendo, cuenta con algo así como con doce funcionarios para cumplir la tarea, una locura. No es posible hacerla con rigor y con seriedad, y es la plata de la nación.

He dicho aquí que cualquier empresa privada, Drummond, Glencore, cualquiera, se gasta un porcentaje grande de sus costos en auditoría, usted lo sabe, ministro, no sé, el 7, el 8, el 10, el 12 por ciento, dependiendo de los negocios, cuidando que los funcionarios no tumben a la empresa, asegurándoles a los dueños que sus gerentes no les atropellan las ganancias. Bueno, si los dueños de las empresas no confían en los gerentes de las propias empresas, por qué el gobierno de Colombia sí. No es un problema de buenos modales ni moral, sino que en el mundo de los negocios todo es demostrándose. Ese es el mundo de los negocios. En el banco a uno le entregan mil pesos y antes de salir de la cajilla los cuenta. No es que uno desconfíe del cajero. Y al revés, cuando uno le entrega la plata al cajero, él no la recibe y dice: ah, senador Robledo, cuánto me dio, mil pesos, ah, gracias. No, el cajero los cuenta. Y si no los cuenta lo echan del puesto, porque no está cumpliendo con su deber.

Dice además la Contraloría: se presenta una “alta rotación de personal contratista, así como un reducido número de funcionarios especializados en planta (…) una alta volatilidad del conocimiento y experiencia en manos de personal de contrato (…) una marcada debilidad operativa para adelantar eficientemente la gran cantidad de labores que debe atender la Subdirección de Fiscalización”. Lo que está afirmando es que los trabajadores de planta que ejercen la fiscalización no son los suficientes y hay una gran rotación, y por ello el conocimiento se pierde. Una de los aportes claves de la estabilidad laboral en cualquier empresa es permitir que en los trabajadores se acumule el conocimiento. En los funcionarios está la sabiduría de la empresa. Si se están cambiando y rotando y son contratistas, la experiencia se termina perdiendo.

Y miren como concluye: “La información proveniente de los titulares mineros en el tema de regalías es en alto porcentaje de buena fe, por cuanto la autoridad minera (Ingeominas) no cuenta con elementos suficientes desde el punto de vista técnico o legal para controvertir o rechazar las liquidaciones de producción y cálculo de regalías que reportan los titulares mineros, lo cual representa una seria debilidad y un riesgo permanente para los intereses del Estado y las regiones beneficiarias de las regalías mineras”. Agrega algo muy  clave, ir a las minas a ver cómo operan las cosas: “Ingeominas en sus visitas de campo no cuenta con equipo propio ni lleva instrumentos y técnicos para efectuar las mediciones que le permitan confrontar y verificar la veracidad y consistencia de la información de regalías que reportan los titulares”. Para los intereses del Estado y de las regiones beneficiarias, que son los interesados, en este caso municipios, departamentos, etc. O sea que estamos en el peor de los mundos. No pagan las regalías que se deberían, no pagan los impuestos que deberían, no se auditan.

En estos días El Espectador entrevistó al señor León Teicher, presidente de El Cerrejón (Sept.08.1010) y miren lo que dice, una frase que me dejó preocupadísimo. Le pregunta el periodista: ¿Le seguirá yendo bien al sector en la era Santos? Y dice Teicher: “Así como el país fue afortunado de tener al presidente Uribe durante tantos años, también lo somos de tener al presidente Santos como gobernante (…) Yo creo que se nos volvió a aparecer la Virgen”. Y creo que tiene razón para estar contentísimo, porque en el gobierno del doctor Uribe a las mineras les fue de maravilla, se la ganaron toda. Y también creo yo que con Santos se les volvió a aparecer la Virgen. Se lo digo además con cariño a quienes piensan que las cosas de verdad están cambiando, que yo no creo. Estoy cada vez más convencido de que en estos asuntos de economía Santos I es lo mismo que Uribe III, como lo consideran los dueños de El Cerrejón. Para ellos la Virgen el doctor Santos, lo mismo que el doctor Uribe. Cosas graves pienso que le pueden seguir pasando a este país si no logramos modificarlas.

Unas cuantas conclusiones breves. Creo que el problema del sector es muy serio. Con un agravante y es que está muy mal manejado, con una minería creciendo, porque es evidente que la minería está creciendo. Los precios internacionales del oro, el petróleo, el carbón presagian que aquí va a haber más actividad minera, además porque están convirtiendo la minería en la fórmula para mantener vivo el modelo neoliberal y el libre comercio en Colombia. Muy grave, porque es una actividad medio descuadernada, medio caótica, sin los controles suficientes, sin los problemas sociales, con traiciones de todos los tipos, con líos ambientales extremadamente complejos que no se están cuantificando como se debería y con anomalías que no se deberían permitir, con problemas laborales especialmente complicados y tampoco se están atendiendo como se debería ni en unas ni en otras minas. El tratamiento a los medianos y pequeños empresarios me parece absolutamente repudiable, porque ahí hay un problema social. Millones de compatriotas que no tienen trabajo en el agro, ni en la industria, ni en el comercio, con capitales insignificantes, dos palas y una retro, si mucho, y no hay una política para los pequeños mineros distinta de la planteada por el documento de Ingeominas, que habla de erradicar la minería ilegal y anuncia un tratamiento de policía, que sería como darle tratamiento de policía a los vendedores ambulantes y quienes venden minutos de celular. Y del otro lado, una actitud de favoritismo y corrupción, manifiesta en estos hechos que vienen sucediendo. Regalías bajísimas, algunas absolutamente ridículas, las del oro, una vergüenza. Es probable que ahora nos digan que hay peores, y sí, es probable que haya peores. Estoy seguro de que cualquier fenómeno, por malo que sea, es susceptible de empeorarse, pero espero que ese no sea el argumento que me den, que hay países donde es peor la condición. Lo de los impuestos es un desastre, lo de la auditoría probablemente sea lo peor que nos esté pasando. No puedo creer que sea solo un problema de negligencia, no puedo creer que el Estado colombiano no consiga entender que debe hacerse auditoría. No puede ser solo negligencia, ahí tiene que haber trasfondos bastante más graves. La violación de la soberanía nacional salta también a la vista, porque al final lo que hay son poderes extranjeros imponiendo unas condiciones de explotación de los recursos mineros completamente inconvenientes para el interés nacional.

Uno esperaría entonces que hubiera cambios de fondo, pero con franqueza debo manifestarles que no he visto por ninguna parte que se estén planteando cambios de fondo. No encuentro que el nuevo gobierno nacional esté impulsando cambios de verdad. Termino haciéndoles un llamado muy cordial a la Contraloría y a la Procuraduría y a la Comisión Quinta para que convirtamos este asunto de la minería en un caballito de batalla, que no sea que pase el debate y no se vuelva a hablar de él hasta dentro de dos años. Pensemos a ver cómo le montamos una labor de persecución, incluso exigiéndole informes periódicos al Ministerio de Minas para que nos informe si le parece que todo está perfecto o si hay que introducir cambios, y si hay que hacerlo, miremos cuáles son y entre todos los auditemos. Porque o si no, estos debates se terminan convirtiendo en una perdedera de tiempo, en que el ministro sabe que viene a media hora de tortura aquí en la Comisión Quinta y después se va para la casa y se olvida del asunto y quedamos todos más o menos de la misma manera. No. De lo que se trata es de que intentemos que las cosas caminen.

Réplica a la intervención del ministro

Para empezar, senadora Maritza Martínez y senador Manuel Guillermo Mora, quisiera acompañarlos en esas proposiciones. Desde los tiempos de Troya se usa mucho una frase que dice: temed a los regalos de los griegos. Ustedes se acuerdan. Bueno, parecido le sucede a uno con frases almibaradas de los ministros, porque después de que sueltan la frase almibarada sale un “pero”, y en mi caso, siendo como lo soy medio veterano en estas lides, le toca a uno como prepararse para el disparo en la nuca, lo digo en sentido figurado, por supuesto. Pero además debo decirle con franqueza, ministro, que no le puedo aceptar la tesis central de su frase de que yo exagero. Creo que no exagero. Me he esforzado por hacer una descripción bastante precisa en las cifras, en los datos, en los hechos, y uso figuras. Soy de los que creen, y fui profesor de tiempo completo casi toda la vida, durante casi 30 años, que una imagen vale más que mil palabras, y más en estos debates en donde el tiempo es muy escaso y toca intentar ilustrar a las personas. Pero bueno, seguiremos en el debate y los hechos irán clarificando los distintos temas.

No lo dijo usted, pero creo que lo de la Agencia Nacional de Minería va a ser parte de las facultades extras al presidente de la República en lo relacionado con la reorganización de los ministerios. En ese sentido, le expreso con toda franqueza que no estoy de acuerdo. No creo que el Congreso, elegido por la ciudadanía como un poder distinto al del Ejecutivo, deba resignar sus funciones otorgándole facultades extras al primer mandatario, porque precisamente se eligen ambos poderes para que cumplan funciones diferentes. En general, en el Polo tenemos una posición de principios frente a las facultades extras. Pienso que los nuevos ministerios que se quieren crear, con lo que estoy de acuerdo, como también la Agencia Nacional de Minería, deberían pasar por el Congreso como un proyecto de ley y no por facultades extras y que fuera el Congreso el que tomara la determinación de si es o no correcta la idea y cómo se aplica en detalle.

Segundo, aquí va a haber en los próximos días un debate sobre la Agencia Nacional de Hidrocarburos, al parecer el modelo de la Agencia Nacional de Minería, y tengo la certeza, por lo oído aquí en la Comisión, que va a haber una montaña de críticas al funcionamiento de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, sustentadas con cifras y con números. Ya aquí hemos oído cifras, no aportadas por el senador Robledo, sino por congresistas de la coalición de gobierno, con gravísimas críticas a la Agencia Nacional de Hidrocarburos. A eso le llegará su día y también llegará el día de analizar el caso de la Agencia Nacional de Minería.

No me gusta que la auditoría para los proyectos mineros y de hidrocarburos, sobre la cual he venido insistiendo, se pretenda contratar con algún tipo de empresa privada, una trasnacional, muy seguramente. Pienso que esas labores, como la justicia, por ejemplo, deberían ser indelegables. Pienso que se debería tomar una suma importante de los recursos de las regalías y ponerla en algún tipo de entidad pública, sea en la propia Agencia Nacional de Minería, o Ingeominas, o la Contraloría, como una sección especializada, caben muchas posibilidades, pero que sea el Estado colombiano el que audite a unas firmas por norma trasnacionales. Porque con toda franqueza le digo que no me suena la idea de que trasnacionales auditen a trasnacionales. El caso escandaloso de la trasnacional que auditaba a Enron, la Andersen, es un caso a la mano de cómo, allá arriba, el capital financiero trasnacional se toca de muchas maneras. A mí la propuesta, realmente, no me da confiabilidad. Cumpliendo esa función prefiero técnicos nacionales bajo la orientación de funcionarios nacionales con un equipo técnico y científico lo suficientemente bueno, que hay de sobra con que pagarlo. Puede haber ideas distintas, pero el punto es que se garantice que haya los recursos suficientes para esa auditoría se dé, porque soy un convencido de que el Estado colombiano no está percibiendo, por fallas de auditoría, los recursos que debería.

Les hago un llamado cordial al Ministerio y al gobierno a separar con precisión la minería informal de lo que puede llamarse minería ilegal, porque revolver los dos términos me parece inaceptable. No me pueden echar en el mismo saco a un minero pequeño o mediano funcionando de pronto sin títulos suficientes y la actividad de un mafioso que para lavar una plata se introduce en esta actividad, así sean técnicamente ilegales las dos cosas. Digámoslo sin tapujos, también en la banca hay lavado de dineros. Todos los dineros que se lavan en el mundo pasan por las instituciones bancarias, pero ahí también hay que separar unos casos de otros. No son lo mismo un banquero que se equivoca en algún negocio y un banquero lavador de dinero. Entonces el problema de las palabras aquí se nos vuelve muy importante. Me preocupa lo que acaba de suceder en el Bajo Cauca. Quiero entonces llamar la atención sobre el hecho de que son actividades distintas y se deben juzgar de manera diferente. Un vendedor ambulante es una persona que probablemente esté violando las normas municipales cuando se para en una esquina a vender sus productos. Pero llamarlo ilegal me parece una desproporción, aunque cuando técnica y legalmente tal vez sí lo sea. Lo mismo digo con el pequeño minero o con el señor que vende minutos. Llamo la atención porque ese revoltillo que armó el gobierno nacional ayer de meter en el mismo saco a mineros informales y a narcotraficantes me parece absolutamente inaceptable. Pienso que es un problema de pulcritud y hay que separar unas cosas de otras. Aun cuando políticamente sea muy rentable meter a todo el mundo en el mismo saco, ese tipo de cosas, insisto, no se deben hacer. Y le hago un llamado muy directo al director nacional de la Policía para que no proceda de esa manera. No puede ser que se cree una confusión que desconoce un fenómeno social que usted, ministro, de alguna manera reconoce que existe. Es un lío que hay en muchas zonas del país, un problema social y legal y político y de todos los órdenes.

Conozco el caso de Marmato porque vengo de esos lados del país. Aquí hay un punto clave, ministro, que usted tiene que mirar. En Colombia hay más de mil municipios y diría que en todos hay inmensos problemas de riesgo. La historia de Colombia es una historia llena de riesgos, por mil razones que no es del caso analizar, y me parece entonces muy extraño que en el único municipio de Colombia donde se decide trasladar el casco urbano, porque los demás municipios en riesgo ahí se van a quedar por los siglos de los siglos y si el casco urbano se les cae encima, problema de ellos, para qué estaban ahí, y entonces, repito, no deja de llamarme la atención que en el único casco urbano donde casualmente una trasnacional necesita erradicar al pueblo para sacar oro, sea preciso el único que al gobierno nacional se le ocurra mover. En esas casualidades no creo. El traslado del casco urbano de Marmato, si se termina determinando, con lo cual no estoy de acuerdo, porque es un atropello a esos compatriotas que han vivido allí durante centurias, puede valer 40, 50 ó más millones de dólares. Si se hace por riesgo geológico, lo paga el Estado colombiano. Si se hace por negocios de la trasnacional, lo paga ella. Aquí hay que ser muy cuidadoso con las cosas, porque aparece como muy científico decir que están en riesgo. Le digo además esto, y cuando quiera hacemos el debate completo, los niveles de riesgo del casco urbano están exagerados y lo puedo demostrar con documentos de Corpocaldas, que ha hecho los estudios de lo que verdaderamente sucede. Pero le llamo la atención, ministro, cada palabra que usted diga puede terminar siendo usada en contra del Estado colombiano si se llega al momento de trasladar el casco urbano. Y si vale 40 millones de dólares, quién paga. La trasnacional va a levantar la bandera de que sacándolos les están haciendo un favor a los marmateños, porque se les va a caer la iglesia encima, y que entonces pague el gobierno nacional. Pero si el traslado se termina dando es porque la trasnacional ha logrado imponer su proyecto de minería a cielo abierto y porque se va a ganar una plata y no por necesidades de esos colombianos.

En Marmato hay otro pleito, un estrellón durísimo entre la Medoro Resources y los mineros de Echandía y Cienpesos, en torno al suelo y al subsuelo, sobre el que no me voy a detener. Medoro es una trasnacional que llega a desconocer una serie de realidades económicas y políticas y a esos compatriotas hay que atenderlos con la debida diligencia.

El tema de las regalías. El ministro me replica que tan malas como las de aquí son las de otras partes. Es un poco la teoría que se plantea. Bueno, si son tan malas las de allá como las de aquí, pues hay que bregar a cambiarlas en todas partes, pero a mí me preocupan las de aquí. No me pueden ustedes decir que es razonable una regalía del oro del 3,2 por ciento, con todo el impacto que eso tiene y todos los desastres que produce, ni que haya sitios como Marmato donde pueda valer el 0,96%. Porque en la idea del Goverment Take y del State Take hay un truco, ministro, y es que para inflarle la cifra, a uno le suman el impuesto de renta con la regalía. Ya sabemos, y usted en cierto sentido lo reconoció, que lo que está sucediendo en impuestos es malísimo, porque las exenciones son todas. Un señor que pone cualquier negocio, una fábrica de camisas, por ejemplo, sin el impacto ambiental de la minería, está obligado a pagar el impuesto de renta que debe pagar. Entonces al final unas regalías tan bajas a duras penas lo único que logran es medio compensar inmensos impactos ambientales. Pregunto: en el Cesar, cuando Drummond se vaya, qué va a ser de ese departamento. Drummond se va y queda el desierto. Y a mí tratan de convencerme de que eso se está pagando con esas regalías. No lo creo, me lo tendrían que demostrar. No creo que la destrucción agropecuaria de ese departamento se esté pagando con las regalías. Aquí hay toda una discusión. Es más, si es un problema global, hay que volver global este debate. Y en ese sentido, el gobierno de Colombia tiene el deber de oponerse a ciertos proyectos porque el riesgo es inaceptable y se acabó el cuento. Si el riesgo es intolerable, no se puede hacer el proyecto. Porque si el análisis del costo-beneficio no da, ministro, cómo adelantarlo. Ahora, no olvidemos que estas regalías ridículas son parte de la herencia colonial del mundo. Esas trasnacionales de la minería están operando desde los tiempos de la Colonia, cuando, además, no pagaban nada. Aun cuando cometían todo tipo de tropelías, lo presentaban como una especie de favor que nos hacían. Pues bueno, necesitamos construir un mundo mejor y una Colombia mejor y tenemos reclamos que hacer.

Lo que hoy sobra en el mundo no son los recursos. Lo que sobra hoy es el dinero. Estas trasnacionales no pueden pavonearse por aquí diciendo: no, es que nosotros tenemos los dólares para hacer el proyecto. Pues sí, pero es que dólares hay en todas partes. En la Reserva Federal de Estados Unidos no se apaga la máquina de hacer billetes desde hace como tres años. Aquí lo que esta depreciado, devaluado, no saben qué hacer con ella, es la plata. Lo que escasean son los recursos. Y si se trata de hacer negocios, pues hagámoslos buenos y valoremos lo que nosotros poseemos, que son justamente los recursos. A qué llamo valorarlos. A cobrar las regalías que deben ser, a cobrar los impuestos, a cuidar el medio ambiente, a respetar a los trabajadores, etc. Este es un debate más largo, simplemente se lo dejo planteado, porque no le puedo aceptar la tesis de que como lo de Colombia es malo, pero lo de los otros también malo e incluso un poco peor, entonces lo de Colombia está más o menos bien. No estoy de acuerdo.

(Interviene el ministro de Minas replicando que si subimos las regalías las trasnacionales dejarían de venir).

Contesta el senador Robledo: No creo que dejen de venir, porque lo que sobra es la plata.

(Vuelve el ministro a replicar: No son malas, sino competitivas).

Robledo: Esa es una palabra que usted tiene derecho a escoger, pero creo que es un eufemismo. Es como cuando a uno le flexibilizan el contrato laboral, lo que equivale más o menos a que lo echan del puesto. No, creo que son malas. Una regalía de 3,2% en un proyecto minero de oro, como el de La Colosa o el de la Greystar en Bucaramanga, con todos los inmensos riesgos que acarrean ambos proyectos, me parece una desproporción. Porque además, en economía cuando aumentan los riesgos se supone que aumenta la ganancia. O sea, se compensa el riesgo con ingresos mayores. Pues bien, aquí eso no sucede por ninguna parte, porque estamos hablando de proyectos mineros con regalías establecidas cuando aún no existía la minería de cielo abierto. Estamos hablando de condiciones de riesgo absolutamente distintas, pero eso lo podemos discutir otro día, simplemente comento lo que usted ha planteado.

El tema de las regalías. Me uno a la preocupación de la senadora Maritza Martínez. No se puede seguir aduciendo o insinuando o permitiendo incluso que se piense, que las regalías solo les llegan a los departamentos productores. No. Hay una parte muy grande de las regalías, del orden del 40%, que le llega al gobierno nacional y que él la distribuye por el país, a puertos y este tipo de cosas. El ministro dice que van a volver a mirar y que van a dar las cifras, y eso me alegra. Es una petición que hemos venido haciendo, que esto se haga con todas las cifras en la mano para que sea el debate lo más claro posible.

El tema del ahorro. Ahí seguimos con la discusión. En general, todos estamos de acuerdo con ahorrar. Se supone que se ahorran excedentes, no los recursos mínimos. Puse aquí un ejemplo un día: decirle a un hijo que no va a estudiar para poder garantizar que estudie el nieto, con el cuento de la solidaridad intergeneracional, es bien discutible. Pero ojo, senadores, eso de las regalías que el ministro dice que van a ser de los departamentos, la norma establece que las va a manejar el Banco de la República. Y el Banco de la República en Colombia es autónomo de todo el mundo menos del Fondo Monetario Internacional. Esa es una ideología, toda una concepción teórica. Podría ocurrir que esos recursos de las regalías no les entren a las regiones sino cuando el Banco lo considere, de acuerdo con un cierto tipo de conveniencias que uno puede compartir o no compartir.

(Replica el ministro: va a quedar escriturado).

Robledo: No se trata solamente de si el Estado colombiano decide escriturar, sino de un problema de la decisión del gasto. Porque si me quedan escrituradas, pero yo no tengo el derecho a decidir sobre el gasto, entonces en qué consiste la garantía. Es un poco la reflexión que hago sobre lo que usted dice: no es que administrará, sino que recaudará. Quisiera que ese tipo de afirmaciones se fueran poniendo en letras de molde en la norma y fueran parte de la reforma planteada para que la podamos mirar con detenimiento.

Otro debate de fondo. Saber si va a haber o no gastos “chichigüeros”, como los ha llamado el ministro de Hacienda. Claro, usted no ha usado esa palabra. Yo he dicho que un gasto “chichigüero” es como considera el rico el gasto de un pobre, pero que para el pobre por supuesto de “chichigüero” no tiene nada. Una escuela en una vereda, por ejemplo.

Finalmente, insisto en que deben ponerse todas las cifras sobre la mesa, como lo hemos venido pidiendo, y que en la norma aparezca todo escrito para discutir sobre lo escrito. Cómo es una u otra cosa y discutimos todo lo que haya que discutir, en eso no tengo ningún inconveniente. Pero como está la propuesta hoy es indeseable, a mi juicio. Que en el transcurso de los debates se termine modificando, pues ya veremos y lo iremos analizando en detalle.

El tema de la Forntino Gold Mines, el paro de Segovia y de Remedios, ahí hay un problema social que ojalá usted mire. Los mineros vinieron y se reunieron con el doctor Angelino Garzón y de ahí realmente no salió nada práctico. Esas comunidades están en paro, hay un problema social ahí supremamente grave que el gobierno debería atender. A mi juicio, lo que el gobierno viene haciendo está mal planteado. Hago el llamado para que se entienda que allí hay un problema bien complicado, que pido atender con una actitud democrática de escuchar a las partes y de buscar arreglos.

Por último, me quedo con una preocupación muy grande con respecto a lo que pueda suceder en el futuro. Realmente no encuentro cambios en la concepción de las políticas. Hay un problema de concepción, y eso lo podemos discutir otro día, no solo de esta administración sino también de la anterior. La frase del señor Teicher, de El Cerrejón, que considera que con Santos se les volvió a aparecer la Virgen, me parece terrible. Si se les apareció la Virgen, como afirma el señor de El Cerrejón, es porque las cosas van a seguir básicamente como están y soy de los que creen que como están, están muy mal. Así interpreto yo la frase.

El cargue del Carbón de la Drummond en barcazas en Santa Marta debió desaparecer desde 2010

Sesión de la Comisión Quinta en Santa Marta, 15 de noviembre de 2007

Intervención del senador Jorge Enrique Robledo en el debate sobre la problemática de los puertos carboneros

García Márquez y Gossaín terminaron tiznados. Un problema pésimamente manejado. Graves problemas ambientales, de salud y laborales. Las trasnacionales no pagan lo que deberían. Como para Ripley que se haya montado minería de carbón en una zona declarada turística desde 1972 y un muelle carbonero en la bahía más bella de América. Hay una contradicción innegable entre carbón y turismo. Inaceptable que a las trasnacionales toque sacarles a la brava el cuidado del medio ambiente. ¿Podría la Drummond montar un puerto carbonero en las playas de Miami?

Voy a hacer un esfuerzo de síntesis para permitirles a los demás senadores y a los habitantes de la región dar sus opiniones. Espero que no me quede demasiado resumido, porque soy de los que piensan que este es un país muy mal gobernado, no solo ahora sino desde siempre. Y espero que cuando ustedes oigan la historia de este caso coincidan conmigo en que ha sido muy mal manejado. Si el propósito de los gobiernos ha sido manejar mal el tema del carbón y el problema ambiental, diría que lo han logrado a la perfección. Hay que ponerles cinco aclamado, porque terminó convertido en un enredo de dificilísima solución.

Pensé que iba a haber más gente de las altas instancias en Santa Marta hoy aquí con nosotros. Saludo a quienes se dignaron acompañarnos, pero lamento que no haya un interés mayor en un tema de tanta importancia para la vida de la ciudad y de la región. No sé si tenga que ver con la idea de que es un tema que se les debe dejar a los samarios y no a los cachacos. Reconozco que la región es de la gente de aquí, pero con todo cariño me permito decirle a la gente de Santa Marta que este es un solo país y que es muy grande el afecto que los cachacos tenemos por la Costa.

En mi caso particular, y puede ser el de otros senadores, conocí el mar aquí en Santa Marta. La primera vez que vi el mar en la vida es una imagen que tengo grabada en mi cerebro, y fue aquí en Santa Marta. He vuelto en tren, en flota y a dedo, cuando estudiaba en la universidad, y después he venido en carro particular, y he dormido en carpa, en hoteles, en apartamentos. Conocí el Parque Tayrona cuando ir a las playas de Cañaveral o de Arrecifes era una hazaña, porque los medios eran extremadamente precarios, y he nadado en las frías aguas de los ríos que vienen de la Sierra. Santa Marta es tierra de todos, y en ese sentido pienso que podemos reclamar el derecho, no solo legal sino también sentimental, a opinar sobre lo que está ocurriendo aquí, a mi juicio algo demasiado grave.

Quiero aclarar, porque las cosas se manipulan, que aquí no se está discutiendo si en Colombia debe haber o no explotación de carbón, ni si en Colombia debe exportarse o no carbón. Si Colombia terminó embarcada en el gran negocio del carbón, que mueve sumas y recursos inmensos –estamos hablando de exportaciones de más de 100 millones de toneladas y de arrancarles a decenas de miles de hectáreas las capas superiores del suelo, un impacto ambiental descomunal–, esforcémonos por hacerlo bien. Absurdo persistir en este disparate en el que estamos montados.

Gravísimos problemas

¿Cómo se resuelven tantos y tan gravísimos problemas? Tenemos en primer término problemas laborales inmensos. Apenas por ahí la mitad de los obreros gozan de derechos laborales, porque a los demás les han inventado un sistema de contratación para escamotearles sus ingresos salariales. Hay problemas de salud ocupacional también gravísimos, que no se están atendiendo, en especial daños de columna vertebral, para no hablar de la contaminación del aire, que afecta a todos los trabajadores.

Hay un inmenso problema ambiental desde el Cesar hasta la Costa. El ferrocarril también ha creado problemas ambientales y auditivos gravísimos en las poblaciones por donde pasa. Hay pueblos prácticamente partidos en dos y en donde ir de un lado a otro se ha vuelto imposible. La vibración de los trenes sobre las casas está causando daños estructurales. Las minas son de tajo abierto y abren huecos monstruosos de 300 metros de profundidad en áreas descomunalmente grandes en que se arranca, para hallar el carbón, toda la capa vegetal y además lo que se llama materia estéril. Y el gobierno está por concederle a una de estas mineras 60 mil hectáreas en el Cesar. Se afirma que las mineras hacen el hueco y después lo tapan, bueno, pero el daño del hueco no lo arregla nadie e incluso taparlo es un decir.

El Cerrejón ha destapado más de 9.400 hectáreas y apenas ha recuperado 2.300. Drummond ha excavado más de mil hectáreas y ha recuperado apenas 123. Prodeco ha barrido 147 hectáreas y solo ha recuperado 17, o sea, es evidente que no se están cumpliendo las normas ambientales. Tenemos además el lío aquí en la Costa de pescadores que han perdido varias de sus zonas de faena.

Trasnacionales no le pagan lo justo al país

A uno le dicen entonces, bueno, senador, claro que hay líos, pero es que la plata es mucha y el país gana mucho. He estado muy dedicado últimamente a mirar qué tan cierto es que las trasnacionales nos están pagando lo justo. No es el tema de hoy, pero lo voy a mencionar. Las regalías son ridículas. Todos los demás países productores ganan más plata que Colombia en el negocio del carbón. Aquí es mejor sacar el carbón, transportarlo, revenderlo, intermediarlo, asegurarlo. En lo que tiene que ver con las regalías, cualquier cosa es mejor negocio que ser el dueño del carbón.

He estado mirando con detenimiento si pagan los impuestos que debieran pagar. Drummond, por ejemplo, tiene una exención en IVA a la gasolina que vale 150 mil millones de pesos en los últimos años. En estos días el presidente Uribe explicaba cómo para el caso de estos puertos se va a poder utilizar la idea de las zonas francas independientes. Pues ese solo hecho les bajaría el impuesto de renta del 34% al 15%. Imagínense de cuánta plata estamos hablando. La renta que pagan está en promedio en 25%, contra el 34, que debiera ser. O sea, hay toda una discusión para establecer si es verdad que el gran daño nos lo están pagando bien, suponiendo que ese daño irremediable pudiera pagarse.

Me preocupa también el ocultamiento de la realidad. Les voy a dar un dato para mostrarles cómo hay una especie de conspiración del silencio, que afortunadamente se está rompiendo. El 8 de agosto pasado, Drummond perdió con el Estado colombiano un Tribunal de Arbitramento que le cuesta a la trasnacional 37,5 millones de dólares y yo pregunto: ¿alguien vio esa noticia en alguna parte? A los estudiantes de periodismo les enseñan que no es noticia que un perro lo muerda a uno, sino que uno muerda al perro. Entonces, señor ministro, debiera ser noticia que Colombia le gane un pleito a una trasnacional en el que probablemente sea el único caso que haya sucedido, y sin embargo no se sabe. Menos se sabe incluso que ya Drummond notificó que no le gusta el fallo y que lo va apelar ante el Consejo de Estado y entonces fácilmente la plata va a terminar embolatándose en los retruécanos de la justicia.

Dejo planteado el problema general, sobre el cual esta Comisión y los colombianos deben poner los ojos, no para que no haya minería del carbón, sino a ver cómo hacemos para que resulte beneficiosa a la nación.

Turismo y carbón

Lo otro que quiero mencionarles, mis queridos samarios, y me parece inaudito, es que hayan podido montar minería del carbón sobre una zona eminentemente turística. Es como para Ripley que se haya podido montar una exportación de carbón desde la propia Sociedad Portuaria de Santa Marta, un muelle enclavado en la bahía más bella de América, y todo porque alguien se va a ganar unos, y aquí si cabe la expresión, miserables dólares. Un muelle carbonero en una bahía relativamente pequeña y que, sin embargo, lleva ya muchísimos años. Probablemente pase a la historia.

Quiénes han dirigido esta ciudad, pregunto, y cómo la han dirigido para que puedan suceder cosas como estas. Y pregunto también con toda cordialidad, ¿y las fuerzas vivas de esta ciudad donde han estado mientras sucedían tantos desmanes? No olvidemos la canción, que tal vez pueda ser exagerada, pero tiene su fondo: “Si no fuera por las olas, Santa Marta moriría”. Son hechos que nos debieran hacer reflexionar.

El desorden es inaudito, ministros. Yo no sabía, senador Name, de los cinco muelles carboneros en Barranquilla ni de los cuatro que hay aquí en Santa Marta, o sea, nueve puertos de exportación de carbón en menos de cien kilómetros, nueve fuentes de contaminación y de problemas, probablemente otro récord mundial, porque obvio que la actividad debiera estar centralizado en un solo puerto o en dos, a lo sumo. Mi impresión es que aquí se les están abriendo las compuertas a las audacias de un poco de propietarios de tierras adyacentes al mar, que utilizan sus poderes y sus influencias para construir un puerto allí donde a cada uno de ellos se le dé la gana, con tal de ganarse unos miserables dólares sin considerar el interés de la nación y de la sociedad.

Es demasiado grave, porque cualquier análisis técnico elemental indica que estas cosas se deberían resolver de otra manera. Es evidente la contradicción existente entre la vocación de la región, en el caso de Santa Marta en especial, y la situación que viene presentándose. Se emplazó un muelle carbonero precisamente en lo que desde 1972 está definido por decreto presidencial como zona turística. No estamos hablando de cualquier sitio, sino de una región definida legalmente desde 1972 como zona de desarrollo turístico. Lo que crea derechos, senadores. En una zona de desarrollo turístico empieza a aparecer una infraestructura de hoteles y apartamentos, una actividad de negocios inmobiliarios a los que no les puede clavar encima, como está sucediendo, cualquier cosa que los destruya.

En el plano se puede ver de qué estamos hablando. El extremo norte del Terminal Marítimo es la propia bahía de Santa Marta, luego está el casco histórico de Santa Marta y hacia abajo, entre la carrilera y la carretera y el mar, en amarillo, viene todo lo que es la zona de desarrollo turístico. Y precisamente allí se pueden ver, después del aeropuerto, el puerto de Prodeco, el de Drummond y más abajo el de la Sociedad Portuaria de Ciénaga. Los puntos negros son los barcos y barcazas en las cuales se transporta el carbón desde la Costa hasta los barcos, un proceso llamado de cargue indirecto, porque el barco no se puede arrimar hasta la playa.

En el puerto de Santa Marta, hace un par de años, creo, ya fue establecido el sistema de cargue directo, y el barco grande se arrima hasta el muelle, uno de los líos que estamos enfrentando. Se discute si hay o no problemas y hay incluso estudios según los cuales aquí no hay contaminación.

Voy a leer entonces algunos testimonios, primero, el de un gerente hotelero: “El hotel se encuentra en una situación calamitosa de contaminación en sus playas” y añade que ellos hacen grandes esfuerzos por mantener limpias sus habitaciones.

Antonio José Caballero, periodista de RCN, muy conocido, escribe un análisis que titula con una frase bien dura, “La bahía más sucia de América”. Y quiero llamar la atención a los samarios. La frase puede ser o no cierta, pero crea fama. Es como está percibiendo alguna gente el asunto. Juan Gossaín escribió un artículo memorable en la revista Diners, que ojala leyeran todos aquí en esta región, donde él cuenta lo que le pasó hace unos meses, yendo en tren hacia Aracataca con Gabriel García Márquez y Caballero. Lo voy a leer porque además es bonito y creo que ilustra lo que está sucediendo. Dice:

“De súbito, antes de que ganáramos la estación de Pozos Colorados, en las últimas calles de la ciudad, el certero reportero Caballero –periodista en verso– me miró aterrado, despepitó los ojos y me hizo unos ademanes extraños, simulando que se pasaba la mano por la frente, pero sin suspender su transmisión de radio.

“–¿Qué te pasa? –le pregunté, mientras la emisora ponía unos avisos comerciales.
“–Que tienes la cara negra –me contestó.
“Me limpié los cachetes con la palma, que me quedó tiznada. Gabito, a nuestro lado, levantó la mano para saludar por la ventanilla agrietada el gentío que lo vitoreaba desde los ranchos. La manga de la camisa, que media hora antes relucía de blanco a causa del almidón, tenía ahora esa coloración plomiza y oscura de la pólvora cruda.

“Ahora que tengo tiempo de pensarlo, debí haber puesto una cara de espanto como la de Camus en medio de los estragos de la peste, porque la cuñada de García Márquez, que iba también en el tren, que es samaria y estaba sentada frente a mí, se sintió obligada a revelar el secreto. ‘Es el carbón’, me dijo.”

(Lástima que no esté aquí el doctor Lozano, ministro del Ambiente, y esperemos que ya haya leído el artículo).

“–Es el carbón –me dijo con un acento de terror, el maldito carbón.
“–¿Cuál carbón? –dije yo, que ya sentía los ojos colorados de la irritación.
“–Cuál va a ser –gritó el turco George, desde la última banca, con su vozarrón de centella.
“–El que exportan por los muelles de Santa Marta, el que vuela en el aire, el que está matando a la gente, al turismo, a los pescados.
“Sentí el cuello pegajoso y le solicité a mi mujer que me mirara.
“—Tienes en el pescuezo un caldo negro —respondió la mujer de Gossaín—. De sudor y carbón.”

Son palabras mayores, y alguien podrá alegar que no es cierto o que sí, pero es de lo que se está hablando. Por si las dudas, voy a mostrarles a lo más furibundos partidarios del gobierno lo que dice al respecto el propio presidente Uribe. Dice: los de los hoteles se quejan de que la volatilidad del carbón, ministro, produce una película en las carpas de los turistas, en las mesas de los turistas, en las habitaciones de los turistas. Son las palabras del Presidente de la República.

Sí existe la contradicción

O sea, aquí sí hay un problema. Me limito a señalarlo, porque en más de una ocasión he oído decir que se lo están inventando. Incluso si fuera inventado, debo decir con franqueza que las percepciones generan realidades y es algo que se ha vuelto una realidad.

El Ministerio de Ambiente curiosamente me responde a una pregunta que le formulo que la presunta contradicción entre turismo y carbón radica en que hay quienes indican que las dos actividades son incompatibles. Lástima que no esté aquí el doctor Lozano, pero le digo que la contradicción no es presunta, la contradicción existe, es un hecho objetivo. Yo llegué ayer a Santa Marta y nos fuimos con unos amigos a inspeccionar la playa de la Drummond. Más nos demoramos en bajarnos cuando encalló una lancha a ver que andábamos haciendo. Nos pararon unos tipos. Señores, no se puede pasar por ahí, no se puede pescar ahí, no pueden moverse lanchas turísticas dentro de los puertos del carbón. Y esa dizque es una “presunta” contradicción.

¿Será también presunta la contradicción del tren que pasa por debajo de las camas de los hoteles? ¿O presunto el polvillo del carbón? En esto hay que ser precisos, ministro.

Ahora, que la contradicción sea antagónica o no es la discusión en la que estamos. Que la contradicción existe es innegable. ¿Cómo resolverla? Esa es la discusión. Se puede resolver sobre la base de cerrar los puertos carboneros y que no se exporte mineral desde allí, o se puede resolver multiplicando los puertos del carbón y acabando el turismo. Hay una tercera manera de resolverla, y es en la que yo pienso, aspirando a que puedan coexistir las dos actividades, hasta donde sea posible. Pero reconozcamos, ministros, que la contradicción existe. El problema es si somos capaces de encontrarle la solución, porque ya esto lo convirtieron en un enredo de tal calibre que no va a ser fácil, en buena medida por la irresponsabilidad con la que se han venido tomando las decisiones.

¿Se antagonizará la contradicción? Esa es la pregunta. ¿Se tendrán que ir los hoteles? Esa es también la pregunta. Uno quisiera siempre tener en estos debates más tiempo para estudiar a fondo los problemas. Pero la percepción que yo tengo, por las respuestas del Ministerio de Ambiente, es que la actitud de los puertos no es a mi juicio una actitud positiva. La idea que a mí me queda después de leer la información es que todo lo que han hecho las trasnacionales en beneficio del medio ambiente ha tocado sacárselo a la brava, con sanciones, con amenaza de sanciones, con peloteras. Es lamentable y es una parte gravísima del problema. Aquí tenemos la codicia de los puertos carboneros, enfrentada a una serie de realidades económicas que también son ciertas y que están ahí pendientes de solución.

Que bajen la pila del carbón, que le echen agua, que laven la tractomula, que pongan cargue directo, toda una cantaleta del Ministerio bregando a que los puertos cuiden el ambiente, algo inaudito y más cuando se trata de extranjeros. Se lo digo a ustedes con toda la tranquilidad y la cordialidad. Está bien que las trasnacionales vengan y se ganen unos dólares, no me opongo, pero no puede ser a costa de atropellar a este país, de agredir a un país que les ha sido hospitalario, que les facilita las cosas, de volverlo todo un enredo, de poner a sus abogados, y los tienen de sobra, a cuestionar cada inciso, y todo lo pagamos con la propia tragedia de los colombianos. Me parece absolutamente inaceptable. No podemos aceptar que por la vía del carbón vayamos a volver a la Colonia.

Vamos a volver a la Colonia y ver otra vez a Rodrigo de Bastidas recorriendo estos territorios, pero con otro nombre. Las respuestas que acaba de dar en la televisión el gerente de la Drummond me parecen inauditas. Aquí hay un problema grave, que debe ser atendido porque está afectando negativamente al país.

Pienso que tampoco se pueden exagerar las cosas. Aquí hay problemas graves, pero no creo que sean irreversibles. Santa Marta continúa siendo Santa Marta y las playas siguen siendo bellísimas, una potencialidad que está viva para seguirla disfrutando, pero si el problema no se resuelve, la contradicción se puede volver insoluble en el sentido en que termina desapareciendo el turismo. Es el lío que tenemos. Estamos a tiempo de resolver el problema para que no se llegue a una situación en que el carbón acabe con el turismo.

Estamos hablando de una actividad fuertemente contaminante y que además se está desarrollando en cantidades astronómicas. En el corto plazo Colombia va a estar exportando 110 millones de toneladas de carbón y por lo menos la mitad se va a producir en el Cesar y a terminar exportándose por estas costas, o sea, estamos hablando de un lío de proporciones inmensas. Se afirma que hay casi 2 mil millones de toneladas de carbón. Si calculamos 50 millones de toneladas de carbón saliendo por aquí, estamos hablando de exportaciones durante 40 años y entonces alguien me replicará, no, senador Robledo, la contaminación no es mucha, pero yo digo, bueno, y sumada durante 40 años, ¿cómo es? Aquí estamos hablando de un impacto ambiental de proporciones descomunales, como suelen serlo las fuerzas tecnológicas y económicas que padece o disfruta –como se quiera decir– el mundo en los últimos años.

Los tres problemas ambientales más graves

Voy a precisar tres problemas a mi juicio muy graves que urge resolver, y me limito solamente a la parte ambiental en lo relacionado con el turismo, porque el lío laboral es otro, el lío de las regalías es otro. Los líos ambientales de todo tipo también son muy graves. Estoy seguro de que los niños del centro de Santa Marta tienen los pulmones negros por la tierra que levantan las tractomulas y el carbón, al igual que los de la Jagua de Ibirico, una vergüenza nacional. Pero así de esto no se hable, me voy a limitar, repito, al asunto del turismo.

Problema ambiental número uno, el de las tractomulas. Hay 1.200 tractomulas que van y vienen desde el Cesar hasta aquí y veo que también hacia Barranquilla. El daño de las vías es inmenso, porque no están diseñadas para este tipo de transporte. En los países civilizados existen vías especiales para llevar la carga de las minas. Ojalá los senadores tengan tiempo de ir ahora más tarde a las afueras de Santa Marta, aquí no más, donde el polvero es tal que uno no ve ni el sol. Los vecinos cuentan con nube propia estacionada ahí todo el tiempo. Los estudios muestran que tráfico promedio diario por esta vía en diciembre fue de 6 mil vehículos al día, una locura, el caos, porque de este total, 2.800 son vehículos pesados. Las tractomulas se accidentan a menudo, con muertos y heridos, y pregunto: ¿cuáles son las soluciones que se están ofreciendo?

Se dice que con el tren van a salir de Santa Marta unas 700. Bueno, quedan 500, ya de por sí un lío grande. Y son tractomulas que están llegando hasta el centro histórico de Santa Marta, porque el Terminal Marítimo queda casi en la Plaza de Bolívar, o casi sin el casi. Están diciendo que en parte el lío se va a resolver con un tren, que va a crear otro lío distinto. Pero entonces miren ustedes cómo son de complicadas las cosas, y lo hablábamos ayer con los conductores. Si desaparecen 700 tractomulas, son 700 empleos que se pierden, más el impacto social y económico de todas las actividades indirectas que generan las tractomulas, como los montallantas y las bombas de gasolina. Como la vía sigue siendo inadecuada, así pongan el tren a funcionar, entonces se viene hablando de otra vía, ahí se ve en el mapa. Vean la línea amarilla y a la derecha otra más oscura que termina entrando hasta el Terminal Marítimo. Están entonces en la idea de hacer una vía que alejaría las tractomulas del corredor turístico.

Problema dos, una cosa a la que han llamado el megatrén. Otra vez la canción: “Santa Marta tiene tren…”, y es cierto, aquí hay un tren viejísimo, de los tiempos de la Zona Bananera. Y entre paréntesis, López Michelsen cuenta en una entrevista que la moderna corrupción entró en esta región y en el resto de Colombia por la vía de la United Fruit Company. Bonita la historia, ministro. Que no resulte que estemos ahora repitiendo esas mismas hazañas, ya no con banano sino con carbón.

¿Cuál es el lío del tren? (Señala el mapa con el puntero). Por aquí llega el tren, da la vuelta por aquí y entra hasta la Sociedad Portuaria. Lo que hoy tenemos es un tren simple y relativamente pequeño, porque pasa como una vez al día. Yo ayer comprobé que pasa literalmente casi que por debajo de las camas de los hoteles y de un poco de apartamentos que hay en el corredor turístico, marcado aquí en amarillo. Hay incluso un hotel partido en dos por el ferrocarril y usted, ministro, debe conocerlo también. Bueno, ese tren pequeñito se vuelve como parte del paisaje y no es tan grave y pinta hasta bonito, pero lo que va a suceder es que se pretende cambiarlo por una cosa a la que han llamado el megatrén, cada convoy de cien, 120 vagones y dos kilómetros de largo y cada uno cargando 60 toneladas. Y va a pasar ocho veces al día despejando la vía con el pito. Como se ve, el capital no duerme, senador Reyes, extrayendo día y noche la plusvalía. ¿Cuál es el negocio de Prodeco, o sea, de Glencore, suiza, una de las grandes trasnacionales de la minería, los mismos de Xtrata, los dueños del Cerrejón, donde también están haciendo su negocio? La ganancia para ellos con el llamado megatrén va a ser monstruosa. Me dicen que van a disminuir el precio por tonelada en 8 dólares y estamos hablando de 5 millones de toneladas, o sea, estamos hablando de ahorros de 40 millones de dólares al año.

La contradicción es evidente y uno no entiende cómo autorizaron ese llamado megatrén en una zona llena de hoteles y apartamentos y definida por decreto como turística. Quisiera saber quién lo aprobó y cómo. Yo a ratos pienso que a quienes lo aprobaron se los debiera condenar, cuando arranque el megatrén, a vivir un año en uno de los apartamentos del corredor turístico. Sería un buen escarmiento.

Han planteado una solución y es un paso a desnivel por ahí cerca del Decamerón. No creo que resuelva nada ni siquiera en ese punto, ministro, y en el resto, ni pensarlo. El gobierno también ha dicho que hay la posibilidad de pasar el megatrén por aquí, más o menos por donde va la carretera. Sin embargo, miré con mucho cuidado el comunicado del gobierno y ahí aparece muy claro que el gobierno “acompañará”, y quisiera que alguien me explicaran qué quiere decir acompañar en este caso. Ahí, en un solo tramo, hay 18 cruces de vías sobre el tren, un problema realmente grave, repito, y le planteé al ministro una preocupación: ¿no será que ese megatrén, cuando empiece a entusiasmar a los inversionistas, no terminará entrando hasta la propia bahía? El ministro me asegura que no, pero yo dejo planteada la duda, porque es que el entusiasmo es grande, 8 dólares por toneladas es un billete con una inmensa capacidad de persuasión.

El polvillo del carbón

Problema tres, otro, el que a mi juicio puede terminar siendo el más grave, y es el del polvillo del carbón, el que le tiznó la cara a Gossaín. Todo tira partículas, me responde muy orondo el Ministerio de Ambiente, el carbón en el tren tira partículas, el carbón en el camión tira partículas, el carbón en las barcazas tira partículas y el carbón en esos arrumes inmensos tira partículas, o sea, es una especie de lío omnipresente.

¿Cuál es la solución que el gobierno quiere dar al problema de las partículas, especialmente en el caso de los puertos? Es lo que ha llamado el cargue directo, que los barcos se arrimen hasta la costa. Al no haber barcazas, se supone entonces que haya menos contaminación. Realmente no sé cuánta menos haya. En un boletín de prensa de la Sociedad Portuaria se dice, después de hacer el cargue directo, que ha disminuido de manera considerable el impacto ambiental en la bahía. No es que haya desaparecido, sino que se mitiga. Siguen trabajando, dicen ellos, por disminuir más el impacto, ha disminuido drásticamente la emisión del polvo.

Lo que quiero dejar en claro, pues en el análisis parte de mi deber es informar, es que el cargue directo no elimina el problema, sino que lo mitiga o lo reduce. ¿En qué porcentaje? Es discutible. El día en que a alguien le dio una condecoración a la Sociedad Portuaria –se la dieron a EU, claro, que después el gerente de la Drummond dijo que las vendían a mil dólares, y me parece desobligante el término–, informó El Tiempo que el cargue directo disminuye la contaminación en 23%, no sé si sea suficiente o no, pero me estoy deteniendo en esto, porque el gobierno nacional acaba de tomar una decisión estableciendo que solo hasta el 1° de julio del 2010 podrá haber cargue con barcazas y a partir esa fecha empezará el cargue directo en todo el proceso carbonero. A mí la fecha ya me llama la atención, porque coincide con el cambio de gobierno. No me gusta la fecha, le digo con franqueza, ministro. Informa también el gobierno que Prodeco tendrá que desaparecer en el 2009, no porque el gobierno quiera, no es una concesión, sino porque se le vence la licencia, y queda la duda de si se la vayan a renovar.

Son hechos sobre los que les llamo la atención a los samarios. Este puerto debe desaparecer en el 2009, una fecha relativamente cercana, y aquí ya el senador Name hizo la pregunta. ¿Entonces fue que le invirtieron toda la plata del mundo al megatrén para después irse? El cargue de carbón de la Sociedad Portuaria de Ciénaga debe desaparecer en el 2013, porque también se les vence la licencia. Son seis años más con las tractomulas y todo el lío que tenemos aquí. La Sociedad Portuaria creo que tiene licencia hasta el 2017 y tiene hoy cargue indirecto, y Drummond está hasta el 2023. Digamos entonces que en el corto plazo Prodeco debe desaparecer y con ella todo este lío, pero son seis años y surge una pregunta de fondo: como Drummond va a hacer cargue directo, y alguien que conoce de estas cosas me lo certificó ahora, deberá invertir 250 millones de dólares, porque el suelo marino no es muy profundo y habrá que hacer toda una obra inmensa de ingeniería: ¿quién lo paga, cómo va a ser el asunto, cuáles son los dientes del gobierno nacional para imponerla? Es una pregunta que la Comisión Quinta tiene que hacerse. El cargue directo ¿se va a concretar o no?

Hay un problema de proporciones enormes y cualquier solución que se tome va a generar otra carga de contradicciones. Pasar a cargue directo puede generar pérdidas y despidos de trabajadores, porque las barcazas generan empleo, es decir, hay todo un enredo.

Yo no tengo, les digo con franqueza, claridad absoluta sobre lo que hay que hacer aquí, porque, como se ve, es un enredo, un lío mayúsculo, pero hay algo que sí tengo más o menos claro. Fue el gobierno nacional el que creó el embrollo, con la alcahuetería de no pocos dirigentes samarios, hay que decirlo con franqueza, y el gobierno nacional tiene el deber de tomar medidas que conduzcan a resolverlo en forma definitiva, comenzando por hacer aportes económicos.

Lo de la vía de aquí y la del ferrocarril valen un montón de plata y el gobierno nacional debería asumir responsabilidades, porque finalmente este no es un asunto local de Santa Marta sino un asunto de interés nacional. Me comentan también que esta vía debiera conducir a Venezuela y que en ese sentido el problema no compete solamente a las gentes de Santa Marta sino a toda la nación, como es de interés nacional la propia exportación carbonera.

Y piensa uno que las trasnacionales deben asumir una actitud de colaboración. Ellas son las que se están enchapando en oro. Ejemplo clásico es el del megatrén, un lío nuevo, con el que las transnacionales se van a ganar toda la plata del mundo. Entonces uno de inocente pensaría que ellas debieran asumir una actitud de buena voluntad para intentar resolver el asunto.

Hago por último un llamado muy cariñoso a las gentes de Santa Marta para insistirles en que aquí hay un caso muy complicado, pero diría que el problema más grave es que no veo a la gente de Santa Marta organizada en función de cuidar sus intereses. Uno pensaría que la gente de Santa Marta, y estoy hablando de la gente en el negocio del turismo, las organizaciones de trabajadores, los ambientalistas, los vecinos y copropietarios de la zona del corredor turístico, toda la gente de buena voluntad, debiera ya estar organizada, para que le puedan plantear con fuerza sus peticiones y reivindicaciones al gobierno nacional, porque de otra manera lo que va a seguir sucediendo es que la ciudad y la región van a continuar sometidas a los hechos cumplidos.

Aquí se toman decisiones de impactos descomunales que no se le consultan a nadie o por lo menos no se consultan como se debiera. A la gente no la oyen y la ciudadanía no tiene la suficiente fuerza para participar e impedir que estos problemas se perpetúen. En lo que a mí respecta, creo que la actitud de la Comisión es la de colaborar, primero, en la divulgación, en que se sepa qué está pasando y que el país se interese y se le busquen las soluciones a los problemas. Y por supuesto, en acompañar todos los reclamos democráticos que se hagan en función de resolverlos. Pero no puede seguir convirtiéndose el carbón, no tanto en una fuente de ingresos para el país, como en una fuente de desgracias y tragedias de toda índole, como si estuviéramos en el siglo XVIII, problemas todos que si se trataran correctamente, se podrían resolver sin generar los líos tan graves que la región viene padeciendo.

Pregunta el senador Jorge Enrique Robledo

…al doctor Araújo, una pregunta: doctor Araújo, ¿Drummond está ya tomando medidas para lograr en el 2010 el cargue directo de sus buques?

Responde Alfredo Araújo, representante de la Drummond

Obviamente, el decreto salió hace muy poco. El presidente de Drummond y las autoridades máximas de Drummond han estado reunidos con el gobierno y son ellos los encargados de analizar las medidas que se tomarán frente a esta disposición del gobierno y, obviamente, mientras esté vigente, nosotros la acatamos y la respetamos.

Preguntas del senador Robledo al ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego

Hubiera querido, señor presidente, esperar a la intervención de cierre para sacar mis conclusiones, pero como el ministro está que se va, pienso que toca. Son tres cosas muy breves, señor ministro. La primera, creo que aquí hay una cantidad de gente que quiere oír de manera precisa si el gobierno se mantiene en la idea de que el megatrén arranca a funcionar por el corredor turístico y cuándo. Entiendo que la decisión tomada es que arranca apenas se haga una obrita ahí al frente del Decamerón. Sería entonces bueno que usted le aclarara a la gente si sí o si no.

Segundo, usted se refirió con precisión a todos los puertos, haciendo referencia al de Prodeco con algún detalle, y usted ratificó el comunicado de Presidencia al respecto, que dice: la exportación de carbón por la Sociedad Portuaria de Santa Marta solo se sostiene hasta el 2013. Bueno, pero eso usted ahorita no lo dijo, no sé si por olvido, y ojalá lo ratificara. Por sobre todo les quiero hacer este planteamiento: no entiendo, ministro, después de lo que ha dicho, cómo puede estar de acuerdo con el punto 2 del Comunicado, a mi juicio lamentable, que expidieron la Gobernación y la Alcaldía, que dice: “Permanencia de la actividad portuaria” y agrega: “Dada la importancia de esta para la ciudad y el país y el crecimiento de la explotación carbonífera (o sea, estamos hablando de la sociedad portuaria carbonífera), se considera conveniente la continuidad de la operación de todos los terminales de la zona portuaria de Ciénaga y Santa Marta”. Ministro, lo anterior contradice lo que usted acaba de afirmar (el ministro niega). Por supuesto que sí, porque gobernador y alcalde están pidiendo que se mantenga la exportación carbonera por todos los puertos de la zona y usted ha dicho en cambio que la Sociedad Portuaria no va hacer esas exportaciones y que el puerto de Prodeco se va.

Pero además agrega esto, ojo, ministro, “con las modalidades establecidas en las licencias ambientales” y resulta que hoy están exportando con las modalidades contenidas en las licencias ambientales, luego no se necesita cargue directo. Y cuando esto lo firma Drummond y oímos la respuesta bastante resbalosa del señor de Drummond aquí con respecto a si iban a hacer cargue directo, yo si le sugeriría que usted nos dijera con absoluta claridad que ese segundo punto no lo comparte. Porque, pues si lo comparte, entra a mi juicio en contradicción con buena parte de lo que acaba de decir.

Responde el ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego

Yo le respondo, señor presidente, muy precisamente el tema. En primer lugar, doctor Robledo, la variante de que hablaba el doctor Mamatoco debe estar por tardar en el 2010, eso es lo contractual, por tardar.

Segundo las condiciones de los terminales de Ciénaga y Santa Marta deben cumplir las condiciones de licencia ambiental, licencia ambiental de la Sociedad Portuaria y condiciones contractuales de la Sociedad Portuaria van hasta el 2013 en el avance que hemos tenido, en el entendimiento para la expansión portuaria que debe comprender para el desarrollo del sector productivo la zona franca y aquí está el representante legal de la Sociedad Portuaria, es que acordamos que la actividad carbonera de la Sociedad Portuaria iría máximo hasta el 2013 y que en el caso de que el equipamiento por la inversión que se hizo de cargue directo fuera aprovechada por Carbosan, en el puerto de cargue directo, en Ciénaga si se trasladaba, se aceleraba la salida del carbón de la Sociedad Portuaria.

Segundo, Prodeco tiene licencia hasta el 2009. La permanencia, como lo dice el punto 2, es en las condiciones de las licencias ambientales, es hasta el 2009. Después del 2009 no estará Prodeco. Entonces esa permanencia es actual solo hasta el 2009, no tengo que ver incompatibilidades en las 2 cosas. Y tercero, la decisión del Estado y tiene que expresarse también en las licencias ambientales, en todo tipo de licencia ambiental, incluyendo las de los yacimientos, es de cargue directo. En Ciénaga no habrá puertos cargando carbón después del 1° de julio del 2010 que no sea con cargue directo. No le veo incompatibilidad a eso y mientras consulte esta condición, nosotros acogemos la solicitud de estas sociedades. Yo sí les ruego el favor de que me permitan, el Congreso de infraestructura es como un Viernes Santo y desde las 2 de la tarde. Sí, el tren está decidido y no tenemos que ocultarlo para evitar o aplausos o silbidos. El tren irá cumpliendo la condición del paso de desnivel de las vigilancias de los accesos, de los 8 accesos que se han establecido y se verá inmediatamente si cumplen esos requisitos.

Conclusiones del senador Robledo

Voy a hacer un par de comentarios y una propuesta a la que ojalá le echemos ojo y miremos con detenimiento, porque pienso que si no se le pone el debido cuidado, podemos terminar en un enredo que dificulta encontrar una buena solución.

Comienzo resaltando la gravedad del lío ya creado por el mal gobierno, pero ahí está. Ahora, las soluciones que se están planteando generan rebotes y problemas graves. Por ejemplo, el desempleo que se viene con el lío de las tractomulas que ya mencioné. Además, el tal megatrén va crear otro conflicto en el corredor turístico y no me sorprendería que terminara conduciendo a costosas demandas contra el Estado.

Quiero hacer referencia a la intervención del señor gobernador, que me parece lamentable, lástima que se haya ido. No voy a repetir lo primero que él dijo. No le voy a hacer ese mal a Santa Marta…

Ah, sigue aquí (el gobernador). Bueno, me alegra, gobernador. Estoy seguro, gobernador, de que cuando sus amigos vean en la televisión su intervención, le van a decir, gobernador, eso puede hasta pensarse pero no se dice. Voy a comentar entonces el documento que firman la el gobernador, el nuevo gobernador, el alcalde, el director de Corpomagdalena –increíble–, Corpomar, el Dagma, el Comité Intergremial, la Asociación de Empresarios, Cotelco, increíble, y por supuesto, las embarcadoras, las dueñas de los muelles, Carbosan, la Sociedad Portuaria de Santa Marta, la Sociedad Portuaria del Río Córdoba y Drummond.

El comunicado es a mi juicio equivocado. Hubiera querido, primero, que el punto 2, el que yo le discutí al ministro, y lástima que él sí se haya ido, afirmara de la manera más clara que los firmantes están de acuerdo con que en el 2013 desaparezca el embarque de carbón por el propio puerto de Santa Marta, que hubiera dicho de manera clara que están de acuerdo con que Prodeco deje de exportar carbón desde donde está a partir del 2009 y que hubiera dicho de manera enfática que los firmantes están de acuerdo con el cargue directo, el punto ambiental en discusión. Pero nada de eso lo dicen.

El comunicado no lo dice tampoco en ninguna parte y sí contiene una redacción montada para que sea de libre interpretación. Yo me temo, señor presidente y señor ministro, que lo que están anunciando aquí estas sociedades portuarias son demandas contra el Estado, para oponerse o al fin de su exportación o por lo menos al cargue directo. No tengo claridad que sea lo que viene, pero me da la idea porque todo esto es inspirado por Drummond y por los demás puertos. Todos ellos están anunciando que van a oponerse a las determinaciones anunciadas por el gobierno nacional. Esa es mi impresión.

Lo que dijo el vocero de Drummond, no sé si todavía esté aquí, es una respuesta evasiva. Hubiera querido oírlo informando que ya Míster Gary Drummond había dicho en Estados Unidos que vamos por el cargue directo valga lo que valga, y eso no fue lo que usted dijo. Me asalta entonces una preocupación. Seguramente ahora vamos a escuchar al gobernador, cuando avance en su intervención, sacar a relucir el tema de las regalías. No sé si todos hayamos entendido lo mismo, pero lo que él sugiere es que cambiar el sistema en los puertos golpea las regalías de Santa Marta y que allí hay una plata de cierta importancia. Bueno, es sobre esto sobre lo que yo quiero hacer la propuesta.

Es evidente que si los puertos salen de Santa Marta, va a haber en Santa Marta menos regalías por carbón, tema al que los dueños de los puertos estarán dándole china, como se dice coloquialmente en Caldas, para que las autoridades se pongan del lado de ellos y los puertos no se muevan. No voy a poner en duda la importancia de esa suma, así sea pequeña, a mi juicio.

¿Cuál es entonces mi propuesta? Que el gobierno nacional, con la bancada mayoritaria en el Congreso, trabaje un proyecto de ley que apunte a señalar que si los puertos salen del municipio de Santa Marta, se le compensen al municipio esos dineros mediante algún mecanismo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de impedir que con el alegato de las regalías se haga aquí causa y cauda en contra de la movida de los puertos. Lo de las regalías es un argumento muy efectista, yo lo sé. Cualquier politiquero se puede ir para un barrio de Santa Marta donde la gente se está muriendo de hambre y levantar la teoría de que si se reforma técnicamente la actividad en el puerto, todo el mundo en el barrio va a acabar de morirse de hambre.

La propuesta específica que les hago a los samarios para que ojalá se popularice es que se muevan los puertos, se atienda el problema ambiental y se establezca el cargue directo y, paralelamente, se compense de alguna manera al municipio por el abandono de esos cargues desde aquí. Estamos hablando de una suma relativamente pequeña que, en el conjunto de las regalías del país, sería relativamente fácil de conseguir.

Llamo al gobernador y al alcalde a que encabecen esta propuesta, que le resuelve el ingreso al municipio de Santa Marta y le permite también a esta ciudad reafirmar su vocación, que es absolutamente evidente y no debiera ni discutirse.

Insistir en el llamado que ya hice a las gentes de Santa Marta para que se organicen y busquen consensos y formas de expresión que permitan opinar oportunamente sobre temas tan vitales para el medio ambiente y sobre el carbón y otra serie de asuntos que a mi juicio no están siendo bien atendidos porque quienes han venido dirigiendo esta ciudad. Nosotros los senadores, y creo expresar la opinión de todos mis compañeros de la Comisión Quinta, estamos en una actitud positiva frente a esta problemática, entendiendo la gravedad del lío y buscándoles soluciones, pero intentando que sean soluciones ciertas. No se trata de inventarse cualquier cosa para poder decir que hay solución.

Compensarle a Santa Marta cualquier reducción de sus ingresos por las decisiones con respecto a sus puertos en el tema del carbón nos permitiría unirnos a todos en la idea de que el problema se atienda técnica y razonablemente. Les diríamos además a las trasnacionales que es muy bueno que ganen, pero que también los colombianos tenemos derecho a existir, derecho a que este país funcione en una lógica medianamente decente. Termino preguntando: ¿este caos que tenemos aquí existe en algún país civilizado? Y hago una pregunta directa: ¿podría la Drummond montar un puerto carbonero en las playas de Miami? Pongámonos entonces todos de acuerdo y breguemos a que esto funcione bien.

EL CONTRATO DEL CARBÓN CON LA DRUMMOND
Y LAS DESCOMUNALES GABELAS QUE SE ENTREGAN
AL CAPITAL FORÁNEO

Intervención del senador Jorge Enrique Robledo en el debate sobre minería en la Comisión Quinta del Senado, 6 de junio de 2006

Gran minería del carbón, en manos de trasnacionales. Disminuyen impuestos al capital extranjero. Gobierno cambia contratos en perjuicio de Colombia. ¿Quién fiscaliza a Drummond? Pobreza abrumadora y desalojo de la población. Lo que dice Contraloría sobre el contrato. El caso aberrante del transporte. El precio del carbón. Todo en el contrato conspira contra el interés nacional. Daño ambiental de enormes proporciones. Las huelgas en Drummond y Glencore. Irregularidades en la asistencia médica. Proposición

Este es un debate relacionado en lo fundamental con la minería del carbón. Pero antes de entrar en materia, me propongo señalar que inicialmente, cuando fue convocado en marzo, tenía yo la idea de abordar la minería del carbón, la del oro y la de las salinas de Zipaquirá, sometiendo a examen la política general. Pero por hechos que aparecen en la investigación y que ustedes van a tener ocasión de oír, en especial un estudio aún no conclusivo de Contraloría con el que me tropecé en el camino, el debate se fue en buena medida convirtiendo en un análisis de un caso específico de la minería del carbón, el del contrato de la Drummond, en la explotación que hace esta empresa trasnacional en el Cesar. Como si fuera poco, hay en este momento una huelga de los trabajadores de Drummond y también de los de Glencore, otra trasnacional que explota carbón el Cesar.

Gran minería del carbón, en manos de trasnacionales

Este debate de la minería, lo mismo que el del petróleo que hicimos la semana pasada, tiene mucho que ver con la presencia del capital foráneo en Colombia. Porque prácticamente toda la gran minería del carbón está en manos del capital extranjero. Ya el Estado colombiano, que era socio, fue sacado de todos los negocios. Ese hecho me obliga entonces, tal como hace ocho días, a empezar mi intervención dejando sentados unos cuantos criterios. Dado que con cierta frecuencia, en mi caso y en el de otros colombianos, ponemos los ojos sobre la inversión extranjera en Colombia y sobre los negocios con las trasnacionales, hay quienes sacan la falsa conclusión de que nosotros estamos en contra de todo trato con los extranjeros. Y resulta que esa es una visión que no obedece a la realidad. Estamos es en contra de los malos negocios con los extranjeros. Si Colombia hace un buen negocio en un acuerdo internacional o en un contrato de minería o en industria con cualquier capital foráneo, pues bienvenido sea. El problema es que cuando esos negocios no son buenos para el país, uno debe caer a investigarlos. Y si esa clase de negocios resultan ser tan a menudo lesivos para el interés nacional, y leoninos los contratos, no puede uno menos de tropezarse con esa realidad y denunciarla.

No me opongo por principio a que haya inversión extranjera. Pero, y le pongo un pero, siempre y cuando sea positiva para el país. Nadie podría compartir una inversión que actúe en Colombia con una lógica de corrupción para favorecer sus propios intereses en contra del interés nacional. Nadie aplaude la corrupción ni de los nacionales ni de los extranjeros. Como tampoco una inversión extranjera que le haga daños graves al medio ambiente o que maltrate las relaciones laborales con los trabajadores colombianos o que no pague los impuestos que debe pagar. Son realidades que hay que mirar no solo en el caso de los extranjeros, porque tampoco vamos a aceptar que haya nacionales que no paguen los impuestos que debieran pagar o que maltraten a los trabajadores. El fenómeno se agrava en el caso de las trasnacionales, porque tienen no solo un peso muy grande en la economía de estos países, sino también una capacidad inmensa para incidir en sus legislaciones y para influir a los propios jefes políticos y gobernantes, llevándolos a tomar decisiones inconvenientes. Hace ocho días, y hoy la vuelvo a leer, citaba a Carlos Lemos Simmonds, que llegó a ser Presidente de la República de Colombia después de una carrera muy larga, y él menciona la corrupción en estos términos: “Como se ha demostrado en infinidad de oportunidades, es el interesado en ganar la licitación el que se aproxima al funcionario y engrasa la mano con la mordida y con la comisión. Esta ocurrencia es particularmente frecuente en la corrupción trasnacional. Muchas de las grandes multinacionales reservan en sus presupuestos una cuantiosa partida destinada a gestionar influencias y a comprarlas muy bien.” Esto es de público conocimiento. Abundan los libros, los análisis. Ha habido incluso momentos, en algunos países, en que la corrupción es deducible de los impuestos, cosa casi increíble pero definitivamente cierta.

Disminuyen impuestos al capital extranjero

El otro hecho que vale dejar sentado y que también planteé la semana pasada hace referencia a una actitud muy frecuente en las trasnacionales cuando invierten en países como los nuestros. En la Revista Cepal, número 82, de abril de 2004, de la Cepal –una institución internacional vinculada a los poderes del mundo y a la que nadie puede señalar como de izquierdista o de oposición–, el señor Andrew Mold señala cosas como esta: “La rentabilidad de los negocios de la empresas extranjeras que invierten en regiones pobres, es extraordinariamente alta”. Y hace un análisis cuidadoso sobre el caso de los impuestos, qué tanto tributan las trasnacionales en estos países, un asunto que por supuesto nos tiene que interesar. Cuenta cómo las empresas de Estados Unidos en Colombia han logrado disminuir sus impuestos. En 1983 pagaban el 59,7% por renta, y en 1999 estaban pagando el 32,3%, una caída bastante alta en sus tributos. Revela incluso el señor Mold que las tasas impositivas de las trasnacionales en los países desarrollados son superiores a las de los países subdesarrollados, hecho más o menos normal dentro de su lógica, pero que a nosotros nos causa problemas. Y señala que si las trasnacionales pagaran en los países del Tercer Mundo las mismas tasas de tributación que pagan en sus países sedes, los ingresos para el total de los países como Colombia aumentarían en 35 mil millones de dólares al año. Estamos hablando de enormes sumas de dinero, sumas que pueden marcar la diferencia entre el desarrollo y el subdesarrollo, en número de escuelas, hospitales, vías, por una evasión o una disminución de ingresos fiscales de 35 mil millones de dólares al año. Añade este especialista, señor Andrew Mold, que se presenta una descomunal evasión de impuestos por subfacturación y sobrefacturación en las cuentas de las trasnacionales. En distintas palabras, inflan los gastos y disminuyen los ingresos. Hay toda una manipulación en libros, dice él, y estos son hechos conocidos. Agrega que el manejo de los precios de transferencia, de esa importación y exportación, “se ve facilitado por el gran volumen de transacciones transfronterizas que tienen lugar en los sectores de la minería y el petróleo”. Minería y petróleo son dos sectores sobre los cuales recomienda echar ojo el señor Mold, porque allí, según dice, son bien frecuentes tales prácticas. Señalo lo anterior para darle piso al hecho de que cuando ponemos el ojo en estos contratos no lo hacemos por un mero capricho, sino porque hay muchos y funestos antecedentes que nos obligan a mantener la guardia en alto.

Se viene otra reforma tributaria. Está prácticamente lista, y vamos a ver en que momento la pasa el presidente Uribe. Una reforma que ha sido calificada como estructural y que, todos lo sabemos, consistirá en bajarles los impuestos a monopolios y trasnacionales y, para compensar, subirles el recaudo por IVA y por retención en la fuente a los salarios. Bajarles los impuestos a los ultrapoderosos del mundo y de Colombia y subírselos a los pobres y a las capas medias.

Voy a hacer una mención brevísima al caso de las Salinas de Zipaquirá, porque está cerca de vencerse la concesión que la ha venido explotando. Es un tema sentidísimo entre los zipaquireños, entrañablemente ligado a su propia historia. Hay un proyecto de ley en trámite, y esperemos que corra con suerte, para que se garantice que la salina va a quedar bajo el control del municipio de Zipaquirá y de sus trabajadores. Que no termine en manos de alguna trasnacional o de algún monopolio nacional, porque pensamos que lo conveniente y lo mejor para los habitantes de ese importante municipio de Cundinamarca es que siga beneficiándolos a ellos antes que a nadie. Sería una especie de absurdo que terminara por fuera del control de quienes deben ser los legítimos beneficiarios. Pero en Colombia estamos.

Gobierno cambia contratos en perjuicio de Colombia

Paso a mencionar un aspecto que iba a ser el tema central del debate, aunque apenas voy a tocarlo de pasada. Tiene que ver con los cambios en los contratos del carbón a raíz de la ley 685 de 2001. Hay unos cambios que se originan en estudios del Banco Mundial y de la Cepal, lo dijo el viceministro de Minas, doctor Manuel Maiguashca, en la respuesta que me dio al cuestionario, estudios según los cuales, “nuestro país no era competitivo en minería a nivel mundial y latinoamericano”. Lástima que no haya venido ninguno de los señores del gobierno, ni el ministro ni el viceministro ni ningún funcionario, porque uno se formula una pregunta: ¿habrá algo que valga la pena en Colombia que no sea decidido según el punto de vista de la banca internacional o del capital extranjero? ¿Se les ocurrirá algún día hacer alguna cosa por cuenta propia? Dice entonces el Banco Mundial que el país no era competitivo en minería a nivel mundial y de Latinoamérica. ¿Qué quiere decir que no era competitivo? Que los negocios no eran lo suficientemente buenos para el capital extranjero, que ha montado una competencia global para ver quién le ofrece más garantías, o, en otras palabras, quién le vende más barato nuestros recursos y nuestras posibilidades, o si no, no viene a estos países.

La ley 685 eliminó las asociaciones como aspecto fundamental de la política minera. Ahora es el capital privado el que actúa solo. E igualó los derechos y los intereses de los nacionales y los extranjeros. A mí la medida me parece terriblemente perniciosa. Un país puede tener trato con los extranjeros, pero igualar a estos con los nacionales no resiste el análisis, porque definitivamente no son lo mismo. La ley 685 es una norma fundamentalmente diseñada para estimular la gran minería, impidiendo por ejemplo que se la grave con impuestos especiales. Ese es su enfoque. Su lógica no es respaldar la minería pequeña y mediana del país, incluso la de empresarios relativamente importantes en Colombia, sino que trata de adecuar a Colombia para la gran minería de los grandes conglomerados internacionales que controlan el sector en el mundo entero. Los contratos y los yacimientos, y hasta el subsuelo, se entregan prácticamente a perpetuidad, porque se van a suscribir contratos a treinta años prorrogables por otros treinta, o sea, sesenta años de explotación, y además, podrá haber una tercera prórroga en la que tendrá preferencia el titular, de modo que fácilmente vamos a soportar contratos de un siglo.

Las regalías las bajaron del 15 a entre el 5 y el 10 por ciento, una merma considerable. Quiero llamar la atención sobre las regalías, porque esa es una palabra que se oye y que la gente no entiende bien. La regalía no es más que el nombre que se le da al precio del recurso. Quien detenta una explotación minera cualquiera debe pagar impuesto de renta, como lo paga cualquier actividad económica, pero también pagar por el recurso, porque el petróleo, el carbón, el oro, están en la tierra y son de la nación colombiana. La regalía es entonces lo que esa persona le paga a la nación por el recurso. Cuando a uno le dicen que en explotaciones de menos de tres millones de toneladas, el recurso vale el 5%, uno concluye que el país está al borde de regalarlo. Porque el resto del ingreso, que es impuesto de renta, lo paga el que pone una panadería o una fábrica de camisas, en las que el Estado no da nada. Aquí el Estado pone nada menos que el recurso y por él las trasnacionales le están pagando sumas insignificantes. Sumas que uno, en la pequeña y mediana minería, podría entender como una manera de estimular la actividad nacional. Pero cuando a mí me dicen que a una trasnacional se le entrega el recurso por el cinco o por el diez por ciento, yo concluyo que se le está regalando. Y en petróleo sucede algo similar, porque si uno compara el State Take del orden del 50% y renta del 38,5%, resulta que el recurso está valiendo el 11,5%. Hace poco me informaban los analistas de mi oficina que el contrato soñado por el neoliberalismo es el contrato petrolero de la plataforma continental inglesa, en que el recurso vale cero pesos, es decir, se regala. A mí alguien me tiene que explicar cuál es la razón para que el recurso, petróleo, carbón o lo que sea, termine vendiéndose a precios insignificantes o se regale. A cuenta de qué, si aquí a nadie le regalan nada. Y resulta que a estos superconglomerados prácticamente se les regala el recurso. Y como si fuera poco, el impuesto de renta es cada vez menor, no solo por la tasa que se les impone, sino también por la rebaja oculta producto de las exenciones, inmensas para el caso de la gran minería, sobre las cuales infortunadamente no tuvimos la información suficiente para poder analizarlas. Pero sabemos que hay descuentos a la reinversión de utilidades, descuentos en IVA, descuentos a importaciones, etc. Al final terminan es entonces montando sus empresas casi con la plata de la nación, con la plata del míster, podríamos añadir.

¿Quién fiscaliza a Drummond?

El viceministro me acepta en las respuestas que estoy en lo cierto, pero que, eso sí, “el mayor énfasis de aquí en adelante lo pondrá el Estado en la fiscalización de las obligaciones a cargo de los particulares”. El Estado se sale del negocio. A partir de ahora solo cobrará regalías e impuestos y no actuará como empresario. Dicen, no estaremos como empresarios, pero, eso sí, fiscalizaremos en serio. Y ahorita vamos a examinar cómo es que fiscalizan en serio, porque resulta que tampoco fiscalizan, tal como lo veremos en el contrato de la Drummond. Caemos entonces en el peor de los mundos.

Hablando de la fiscalización del Estado, dice el documento de Contraloría al que hice antes referencia, documento aún no definitivo: “Es ineficiente y permite poner en riesgo los intereses de la nación, por cuanto no realiza procedimientos de control mínimos como la exigencia de un seriado de facturas que podrían representar eventualmente un detrimento fiscal de gran magnitud”.

No puedo dejar de mencionar, así sea muy brevemente, el caso de El Cerrejón Zona Norte. Recordemos que el Estado colombiano fue socio de la Exxon en el montaje de esa inmensa empresa y Colombia invirtió cerca de mil seiscientos millones de dólares. Al final, cuando vendió, entre cuatrocientos y quinientos sesenta millones de dólares –se discute la cifra–, no recuperamos ni lo invertido. Lo que el Estado cobró por la venta de la parte nacional ni siquiera pagó las deudas que tenía Carbocol. Llamo la atención sobre cómo, curiosamente, Colombia termina saliéndose del negocio justo en el preciso momento en que el negocio del carbón se pone mejor que nunca. Es de lo más extraño. Colombia se mete en el contrato, muy discutible en su momento, porque le dicen los analistas, los gringos, que es el mejor negocio del mundo. Y apenas se mete, le dicen que no, que ya el negocio no es tan bueno, y entonces tiene que salirse. Colombia se sale y vende a menos precio sus bienes, pero apenas se sale, el negocio vuelve de pronto a ser el mejor del mundo. Y todas son casualidades que se van presentando, pero en la sucesión de las casualidades siempre a Colombia le va mal.

Estos proyectos no han dejado de ser muy discutidos. Recordemos que Luis Carlos Galán hizo sonoros debates sobre el primer contrato de El Cerrejón. El contrato de Drummond y de Glencore en el Cesar también fue objeto de grandes discusiones en el Cesar. Pero estos debates, como el que hoy tenemos con el TLC, siempre son despachados con un simple argumento, y es que esas minas son la redención del país, la redención de las regiones, y aquel que se oponga o critique es un enemigo del progreso. Queda entonces la controversia más desbalanceada del mundo. Los partidarios del proyecto, por malo que sea, son los que llegan a Chiriguaná, a Barranca, a Fonseca, a prometerle a la gente que por fin va a salir de la pobreza. Y los que están advirtiendo que se van a tumbar la plata, que el negocio es muy malo, que así no debe ser, quedan fichados como enemigos del progreso.

Pobreza abrumadora y desalojo de la población

Esta semana que pasó estuve tres días en La Guajira y el Cesar mirando este asunto. Y cualquier cosa podrá decirse menos que el carbón de La Guajira y el carbón del Cesar son la redención de ambas regiones. La pobreza, el atraso y la miseria que uno ve son escalofriantes. En Riohacha, la capital de La Guajira, ni siquiera hay acueducto. Las empresas trasnacionales son enclaves de riqueza dentro de un medio que vive en condiciones paupérrimas. Cerrejón tiene para sus técnicos una especie de Miami instalado en la mitad del desierto, rodeado de cercas y policías y donde solo ellos pueden estar. Pero un paso más allá se ve a unos niños en una miseria tal, que dan ganas de llorar. Lo del Cesar es terrible. En las vías, cada hueco parece un cráter lunar, destruido por las propias volquetas que transportan la riqueza carbonífera. Es un espectáculo horrible ver un tren cargado con cien vagones que viaja disparado hacia Bahía Portete, cargado de riqueza, y al lado los wayúus en la total miseria mirándolo pasar, sin agua, sin nada, con tres chivos. Quiero entonces llamar la atención sobre un hecho grueso: no es cierto que esos proyectos sean la redención de ambas regiones. Repito, fui allá y me bajé, miré, conversé con la gente.

Voy a denunciar otro hecho a mi juicio muy grave. Yo no lo sabía y me imagino que el grueso de los colombianos también lo ignora, y es que la mina se ha montado sobre el inmenso desalojo de multitud de compatriotas que vivían en esas tierras, muchos de ellos indígenas y otros muchos de comunidades negras, todos desalojados en una especie de alianza macabra entre las autoridades locales y departamentales, la policía y el ejército y los dueños de la mina. Tengo en mi poder numerosas denuncias. Han desalojado poblados enteros como Manantial, Zaraíta, Roche, Patilla, Oreganal, Chancleta, Tabaco, Espinal y Caracolí. Algunos de ellos han logrado sostenerse y pelear, pero a la mayor parte los han sacado. La entrada a uno de esos poblados es una carretera que el Cerrejón Zona Norte cierra a las seis de la tarde. Es como una cárcel. El que no entre o salga antes de la seis ya no lo puede hacer. Esta sola denuncia daría para un debate. Porque uno entiende que se haga la explotación, pero lo mínimo que uno exige es que la gente que tuvo la desgracia de poseer allí mejoras o propiedades sea tratada con consideración. Hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia, del año 2002, que ordena la “construcción de la estructura comunal y el desarrollo de un plan de vivienda para la comunidad de Tabaco”. Se trata de una decisión del máximo tribunal de Justicia de Colombia, que ordena que los habitantes de Tabaco, el poblado en mención, deben ser atendidos en sus reclamos y relocalizados en condiciones similares a las que tenían antes. Pero la norma no se cumple. Hay una tutela de la Corte Constitucional, la 528, que ordena proteger la integridad de las personas de Espinal y Caracolí, indígenas y negros, y tampoco se cumple. El abogado que defiende a estos ciudadanos ha terminado preso. Son hechos supremamente serios. Con un agravante: se sabe más de ellos en el exterior que en Colombia, situación de común ocurrencia con las tragedias nacionales. Esperemos que la denuncia sirva para ver si se le da salidas a dicha situación, que sigue sucediendo y que puede agravarse porque viene la ampliación de los contratos y un mayor número de personas van a estar amenazadas con nuevos desalojos por haber cometido el crimen de estar localizadas donde el capital extranjero ha puesto el ojo.

Lo que dice Contraloría sobre el contrato

Entremos a examinar el contrato de Drummond. Cuando estaba preparando el debate sobre la minería en su conjunto, me tropecé por el camino con un borrador de análisis de la Contraloría General de la República, que desglosa con mucha minuciosidad el contrato 078-88 suscrito entre el Estado y la Drummond, una compañía gringa cuyos negocios están aquí en un noventa por ciento y que explota el carbón en los municipios de Chiriguaná, El Paso (corregimiento de La Loma) y La Jagua de Ibirico, empresa que, según se dice, está muy conectada con el doctor Fabio Echeverri Correa, asesor muy cercano al Presidente de la Republica. Es la misma empresa a la que en estos días le otorgaron también la concesión del petróleo en el subsuelo debajo de los mantos de carbón. La administración del doctor Uribe Vélez le acaba de entregar a la Drummond una concesión petrolera en medio de un pleito escabroso con otra empresa, la Llanos Oil. Lástima que uno no tiene tiempo para mirar todas las cosas que valdría la pena analizar, pero hay aquí un enredo que por lo menos llama a curiosidad. Y los gringos están negociando otro contrato para ampliar el área. Pero más grave aún, y sobre esto quiero llamarle la atención a la Comisión, se está discutiendo todavía a qué precio va a pagar la Drummond el carbón de los últimos cinco años. Se halla todo tan al garete, que desde hace cinco años esa trasnacional está pagando el carbón a un precio provisional y en la actualidad hay una especie de alegato para definir de una vez a cómo va pagarlo. Voy a presentar al final una proposición para que esta Comisión vigile ese negocio. Porque, como vamos a verlo, de entrada está perfectamente mal planteado y es contrario al interés nacional.

¿Qué es lo que dice el contrato? Procedamos a desglosarlo. Lo primero que llama la atención es que se firma en 1988, pero ya en 1994 llevaba cinco grandes modificaciones. Más se demoran en firmar que en empezar las grandes modificaciones, que, según dice el estudio de Contraloría, se hicieron sin estudios previos. Y muestra de entrada el negocio una cláusula con la que uno no puede estar de acuerdo. En el momento en que el carbón llega a la boca de la mina, la Drummond lo controla y hace con él lo que se le da la gana, como si fuera de ella, y no lo es, porque la parte de las regalías sigue siendo de la nación. Drummond transporta el carbón desde la boca de la mina hasta el puerto, le cobra a la nación esos costos, pero la nación no tiene ninguna injerencia sobre los costos que ocurren entre la boca de la mina y el puerto. El carbón aparentemente se vuelve de la Drummond en la boca de la mina, pero la verdad verdadera es que no es así. No se vuelve de la Drummond en la boca de la mina, sino tan solo al final, cuando termina el proceso. Y esto le cuesta bastante a la nación.

En el contrato inicial no se estableció una exportación mínima de carbón. Se necesitó un otrosí, una ampliación del contrato, para que se estableciera que la Drummond tenía que hacer una exportación mínima, obligación que era del interés de Colombia, porque no da lo mismo exportar una u otra cantidad, porque las regalías cambian. Y hay una última denuncia, también gruesa, sobre lo que llamo criterios básicos del contrato, y es algo casi increíble. El contrato de la mina vence en el 2019, pero el contrato con el tren, clave en el negocio, porque sin tren no hay negocio, vence en el 2021. A cualquiera le llama la atención que haya un desfase de dos años y medio entre el contrato del tren y el de la mina. ¡Cómo es posible! Es obvio que la nación queda sometida al chantaje que le quiera poner la Drummond, porque sin tren no hay mina. No es posible que la nación rescate la mina para su interés, cualquiera que sea, si la Drummond se le queda esos dos años y medio con el tren. Es una pregunta que me voy a hacer aquí todo el tiempo. Quienes aceptan cláusulas de este tipo lo hacen, digo yo, por corrupción, primera posibilidad; otra posibilidad, porque son bobos; otra posibilidad, por negligencia; cuarta, una combinación de todas estas. Pero llama muchísimo la atención el desbarajuste y no tengo criterios para probar qué es lo que sucede. Lo cierto es que o hay corrupción, o hay estupidez –que yo descartaría, porque a esos niveles nadie es estúpido, o no hubiera llegado ahí–, o unos grados de negligencia también bastante increíbles.

El caso aberrante del transporte

Ya expliqué que Colombia tiene que pagar el costo del transporte, pero en buena medida su utilidad, su regalía, depende de lo que valga el transporte. Luego en este negocio el problema del transporte se torna crucial. Pero miren ustedes lo que me contesta al respecto el Viceministro de Minas. Me dice que en La Loma y en El Cerrejón Zona Norte, “estas tarifas (del transporte) están pactadas de manera contractual, lo que implica que no necesariamente son los costos del transporte reales, sino los estipulados para reducirlos del precio FOB para el cálculo de las regalías”. Es decir, el Ministerio informa que los precios del transporte pueden no ser los reales, pero en todo caso no los cobran. Vamos a ver las graves implicaciones que ello trae consigo. Nosotros le hacemos también al ministro una pregunta específica sobre las condiciones del transporte, no solo del férreo, sino del vial y del marítimo. Responde que no hay problema, que todo está funcionando muy bien, pero guarda silencio sobre un hecho que ha causado un escándalo en la región: ¿quién paga los daños de la carretera La Jagua de Ibirico-La Loma-Santa Marta? Allí hay un problema de extrema gravedad, y cualquiera que la haya recorrido lo sabe. Es la misma carretera que va de Bogotá a Santa Marta, y esta destruida desde La Loma hacia allá, porque estamos hablando de quinientas tractomulas descomunalmente grandes que transportan carbón, no de Drummond, porque Drummond lo saca por tren, sino de Glencore. Y el viceministro no habla nada de eso. Uno se pregunta por qué en los contratos no se contempló la estabilidad de la carretera, pese a los daños inmensos causados por esas tractomulas, que simplemente se limitan a pagar un peaje, como un ciudadano más.

Detallemos lo del transporte, un asunto que clama al cielo. La mina queda en el Cesar y hay que llevar el carbón hasta el puerto en Ciénaga, cerca de Santa Marta. Inicialmente la ruta por tractomula salía de La Loma, iba hasta el río Magdalena o a una ciénaga cercana, allí se embarcaba, se iba por el Canal del Dique y llegaba a Cartagena. En Cartagena lo montaban en planchones a unos buques y los buques se lo llevaban al exterior. Es una ruta de 465 kilómetros y sobre ella se calculó el negocio, a pesar de que ya se estaba hablando de otra posible ruta. La que terminó utilizándose fue esta segunda, toda terrestre, en tren 20 km desde la mina hasta la red férrea que va de Bogotá a Santa Marta, 172 km por esa red férrea hasta Santa Marta, y de ahí un kilómetro hasta el puerto que tiene la Drummond en la capital del Magdalena. El trayecto se rebajó de 465 km a 193 km. 2,4 veces más larga la primera que la segunda, seis movimientos contra cuatro movimientos, y esto último cuenta, porque encarece mucho los fletes estar bajando de un medio a otro, de la tractomula al río, del río a no sé qué, trasteos supremamente costosos. ¿Y qué pasó? Cualquiera diría que el cambio se hizo para abaratar los costos y que salió beneficiada la nación. Pero los analistas comentan que los precios de los fletes subieron de manera notoria, del orden del 30%. La ruta quedó 272 km más corta, se hace por tren, sistema de transporte más barato que el de camiones y, sin embargo, nos sale 30% más costoso.

Esos costos los han separado de cero a 6 millones de toneladas transportadas y de seis a diez millones de toneladas. De cero a 6 millones, en la primera ruta valía 13 dólares y en la segunda 17. Y de 6 a 10 millones, se pasó de 12 a 15 dólares, aumentos del 31,6 y del 32 por ciento, respectivamente. Cualquiera se pregunta entonces para qué se cambió la ruta, si ahora es más costoso. Y si desde el principio se sabía lo de la segunda ruta, para qué se inventaron la primera, superenredada. De entrada era una ruta que echaba el carbón hacia el sur, alejándolo del puerto, para no hablar de contaminación, tema al que más tarde haremos referencia. Es el tipo de cosas que enturbian el contrato. El viceministro nos dice que no importa el precio del flete, pero resulta que no lo están cobrando. Ingeominas denuncia que “en estos informes no se encuentran certificaciones sobre inversiones realizadas en infraestructura para transporte, manejo y trasiego desde la mina hasta el embarque”, pero lo que nos dice el viceministro es que eso no importa. ¿Tampoco importa el detrimento patrimonial? De acuerdo con los analistas que he venido citando, en el caso del transporte se habla de un posible detrimento patrimonial de 21,9 millones de dólares.

El precio del carbón

Cómo se fija el precio del carbón, la otra variable clave. Aquí hay un problema de costo, cuánto vale extraer el carbón, y hay otro, no menos importante, a cuánto se vende, porque de eso dependen las regalías para Colombia. Lo primero que llama la atención es que, de acuerdo con el contrato, solo se valora el carbón por el grado de BTU, una medida relacionada con la posibilidad de elevar un grado Fahrenheit un litro de agua. El punto es que los carbones valen en parte por el BTU. Cuanto más calor produzcan, más valen, por razones obvias. Entonces un punto vital en este negocio es la calidad del carbón, porque de ella depende el precio por tonelada. Curiosamente, el contrato solo considera el BTU, pero resulta que los carbones no solo valen por el BTU, sino por otros factores como las kilocalorías, los azufres, las cenizas, los sulfuros y la humedad, y que no se incluyen en el contrato. Por supuesto que Drummond sí los usa, como vamos a verlo más adelante. Los tiene que usar.

Pero como si fuera poco lo anterior, el precio del carbón, y es algo para mirar con detenimiento en la comisión que nombremos, no se fija de acuerdo con unas normas claras de precios internacionales, sino que se halla atado al de Cerrejón Zona Norte, y el contrato dice que de acuerdo con un “grado similar”, cláusula que también llama la atención, porque si por algo no puede pecar un contrato es por ser indeterminado. ¡Qué diablos significa grado similar! No está definido en ninguna parte. Queda entonces un hueco abierto que se presta para cualquier tipo de interpretación. Con un agravante. En la actualidad ya no está vigente este factor, porque la nación salió del negocio de Cerrejón Zona Norte. Lo habían atado al de La Guajira, porque decían, como la nación es socia, eso nos da cierta garantía en lo del precio. Pero llama la atención que en el momento en que se hace el contrato, ya se estaba hablando de que la nación iba a salir del negocio del Cerrejón Zona Norte, como efectivamente salió. Y así, desde el 2001, desde cuando dejó la nación de ser socia, viene la Drummond fijando a su arbitrio el precio del carbón, provisionalmente, y en este momento la Drummond y el Estado colombiano están negociando para saber a qué precio nos van a pagar el carbón. ¡Cinco años sin definir el precio! Parece increíble, pero es lo que está sucediendo. Es un desgreño absoluto. Pero además, hasta donde llegan mis informes, Drummond está diciendo que el precio que se fije no va a ser con retroactividad al 2001, sino hacia el futuro. No. Lo primero que hay que establecer es si el pago hecho del 2001 para acá sí fue el adecuado, porque no vamos a aceptar lo que a la Drummond se le antoje.

Sobre el precio, dice exactamente la cita de los analistas de la Contraloría: “El precio internacional para los carbones de la zona debe… ser el referente obligado para la liquidación de regalías”. Lo obvio es fijar a precios internacionales, no de manera exacta, porque hay particularidades, pero ese sí tiene que ser el referente y no ponerse a inventar otros. El borrador de Contraloría también dice que “no existen condiciones contractuales para que las condiciones se estén dando” en la fijación de ese precio.

Hasta donde va el análisis, todo parece indicar que el precio no se está fijando como precio del día, sino como contratos a futuro, y las diferencias son considerables. Nadie entiende por qué se están fijando precios a futuro. Digamos, a futuros, el precio es 42 dólares tonelada y a hoy es 64 dólares, o sea, estamos hablando de una diferencia de casi veinte dólares por tonelada. Con un agravante, y es que le apareció al negocio un contratista, un intermediario, a la hora de vender el carbón. La idea era que Drummond vendía el carbón, y de pronto, en algún momento, resulta que Drummond le vende es a Interocean Coal Sales, una subsidiaria de la Drummond, como todo parece indicar, en alguna de esas islas paraíso de Las Antillas. Y resulta que ni el contrato 078-88 ni ningún otrosí hablan de la existencia de ese contratista y de ese intermediario. Drummond además no explica por qué cambia las condiciones ni por qué apareció el intermediario. Por definición, un intermediario, así fuera el más pulcro, genera aumentos en los costos de comercialización y disminuye el ingreso de la nación. Con otro agravante. A la Drummond le puede hacer Colombia algún tipo de vigilancia, según el contrato, pero cómo se la hace a Interocean Coal Sales, si resulta que esta empresa no tiene ningún contrato con la nación.

Dice el borrador del que estoy hablando: “La única explicación de este hecho –un hecho monstruoso en el contrato–, reside en el hecho de que Drummond le pudiera ‘dar manejo al precio de venta’ sin opción de fiscalización por parte del Estado”. Y todo ha ocurrido con el silencio y la alcahuetería de la autoridad minera. Que primero fue Ecocarbón, luego Minercol, ahora Ingeominas. Dice el análisis que estoy citando: “El silencio de la autoridad minera ha permitido la figura de la comercializadora, y también ha permitido que los precios de venta de la Drummond a la misma, los cuales son inferiores a los precios internacionales, afecten los intereses del país”. Estamos hablando de hechos bochornosos, escandalosos.

Interpela el senador Serrano:

Senador, para que el país sepa, el problema es de precios, un deducciones y tiene que ver finalmente con los precios FOB en las deducciones con las regalías. ¿Usted cree que al país no le han pagado las regalías a los cuales tiene derecho y usted reclama para el país mayor atención en lo que tiene que ver con las regalías?

Para allá vamos, senador Serrano.

Regresando al tema del BTU, quien certifica la calidad del carbón es una empresa llamada CGC de Colombia. No es la autoridad minera. También esta tiene un contratista, que se supone envía los informes, porque la explotación minera es una actividad que tiene que estar chequeándose continuamente. Pero no es Ingeominas la que recibe directamente los resultados, pues le llegan a través de la Drummond. Y Drummond los manda sin sellos siquiera y sin papel membreteado de SGS, es decir, Drummond le cuenta a Colombia lo que se supone que dice SGS. Los análisis de la SGS los traduce o los copia o los modifica la Drummond. ¿Y saben quién le paga a SGS, que se supone que es la que le hace una especie de interventoría? Le paga la Drummond.

Añade el análisis de Contraloría que a una firma extranjera, JT Boyt, cuando miró lo de los BTU en 1987, le daban BTU de 12.076. Drummond, en algún documento, habla después de BTU de 11.700. Los analistas sacan el promedio, reportado a partir de cifras de Drummond, y obtienen solo 11.564. Entonces surge la pregunta: ¿cuántos son los BTU de ese carbón, el único factor que se está teniendo en cuenta para avalar el precio? Hay otro hecho escandaloso, porque se certifica no solo calidad sino peso, ¡y es que faltan 152 facturas entre el 23 de enero de 2004 y el 14 de septiembre de 1005! ¡Faltan 152 y Minercol confiesa que no sabe dónde están, y no solo no lo sabe, sino que en últimas lo que dice es que tampoco le importa! De acuerdo con promedios que dan estos analistas, las 152 facturas podrían representar once millones de toneladas. El desgreño absoluto.

Todo en el contrato conspira contra el interés nacional

¿Cómo es lo de la solución de controversias? Dicen los analistas que el proceso no es claro ni ordenado, que es confuso. Son unos contratos curiosamente redactados para que se presten a mañas. Había dentro del contrato un tribunal de arbitramento según las leyes de Colombia, y resulta que Colombia terminó afectada en un tribunal internacional en París por el pleito de la Drummond con Fenoco, cuando nada tenía que ver Colombia con Fenoco.

Hay otros puntos que llaman la atención. Dice uno que si Drummond decide vender su parte y si en 60 días Colombia no objeta la venta, queda aceptada por silencio administrativo. Cualquiera se hace la pregunta: ¿y en 60 días quién valora un negocio de estos?

El proyecto se hizo exento de IVA, con tasa de cambio preferencial, con exenciones a las importaciones, con Plan Vallejo, condicionado a régimen de inversión extranjera en la gran minería, con licencias de medio ambiente y transporte garantizadas, en una palabra, el Estado se sometió a todas las condiciones que la empresa quiso poner. Los solos reintegros de IVA valen 259 mil millones de pesos. En la exploración, de acuerdo con el contrato, el Estado solo tiene acceso a información sobre ella en los tres primeros años, y resulta que ahí hay carbón para toda la vida. Inicialmente la Drummond debía preferir a los nacionales en igualdad de condiciones con los extranjeros, preferencia que se termina embolatando. Algo hay sobre formación de trabajadores que no resulta claro. Las llamadas inversiones sociales, unos pocos dólares que dio Drummond por ahí para hacer demagogia en la zona, se hicieron cinco años después de la fecha en que estaban estipuladas. El Estado puede supervisar, pero no tiene la obligación de adelantar una auditoría seria. Se intentó inicialmente ponerle un interventor al proyecto, pero la Drummond no aceptó y lo que terminó habiendo fue un representante técnico con bajísimos poderes. Y hay otra serie de aspectos sobre los que ejerce el control la Drummond y que afectan el interés nacional.

Es el Estado el que tiene que dar la autorización para aumentar la exportación. Y el Estado no aprovechó el cambio de volumen exportado para mejorar el contrato, como es lo natural y lo obvio. Si vamos a pasar de 13 millones a 14,5 ó de 5,5 a 13 de toneladas, presionemos a la trasnacional y volvamos a examinar qué es lo que esta pasando con este contrato, tal como lo hubiera hecho cualquier empresa privada si la circunstancia fuera al revés.

Otro capítulo bochornoso es el de unas supuestas ganancias para la nación. El contrato establecía como atractivo para Colombia que, además de las regalías, en ciertas condiciones aparecía una ganancia, que se daba con relativa facilidad: de cero a 20 millones de toneladas de exportaciones, el 2%; y de 20 a 40 millones, el 9%. Casi con nada, por ese 2% inicial, ya había algo de ganancia para la nación. Pero esta es la hora en que por ese concepto no le ha entrado a la nación ni un centavo de ganancias, y repito, no estoy hablando de regalías, sino de ganancias, una figura diferente. Y las exportaciones han pasado de 4 millones doscientas mil toneladas en 1995 a 20 millones ochocientas mil toneladas en el 2004, un aumento de 519 por ciento. Y los precios se han movido de 44,77 dólares la tonelada a 78,70 en diciembre de 2004 y a 66,78 en mayo de 2005, lo que equivale a aumentos entre el 76 y el 50 por ciento. Y con ese aumento de exportaciones y precios, porque hay una bonanza carbonera en el mundo, producto de la bonanza petrolera –bonanza para unos y quiebra para otros–, de la que algo le tocaba al país, no aparece un centavo de ganancia. Los analistas sopesaron el asunto y descubrieron que los supuestos que se hicieron en el contrato original para decirle al Estado colombiano: es que usted se va a ganar una plata en ciertas circunstancias, se calcularon de manera mañosa para que no se pudieran cumplir y fuera imposible que apareciera la ganancia, porque los precios tendrían que ser tales y los volúmenes tales, que resultaba imposible lograr dicha ganancia.

Lo de los supuestos es tan bárbaro que, de acuerdo con ellos, Drummond debe de estar perdiendo sumas del orden de 50 millones de dólares, y sin embargo, dispara la producción. Lo anterior, para que veamos cómo son de amañados los supuestos en beneficio de la trasnacional. Agregan los analistas: “Dado que este valor es muy alto (el precio base, y yo no voy a entrar en demasiados detalles porque nos volvemos muy largos) en el momento de hacer el cálculo de la ganancia, esta no resulta posible; y más aún, conlleva a que teóricamente no existan ganancias para la multinacional, y por ende para la nación”. Concluyen: “Drummond percibe ganancias millonarias, mientras presuntamente obtiene pérdidas”. En los hechos está ganado plata, pero si se aplicaran las tablas de las que estamos hablando, tablas que le abren el camino a la ganancia colombiana, estaría obteniendo pérdidas. El país es engañado en el contrato. Esto nos puede valer, como presunto detrimento fiscal, 43 millones ochocientos mil dólares.

El detrimento probable del costo del transporte, más el detrimento de la ganancia, más otro detrimento que aparece, relacionado con la ganancia en el transporte, suma todo 77,6 millones de dólares. Y no entro a calificar, porque los hechos son suficientemente gruesos.

Daño ambiental de enormes proporciones

Paso a referirme a un asunto del que vine muy preocupado en la reciente visita a La Guajira y el Cesar. Se está produciendo un daño ambiental de proporciones gigantescas. El polvillo del carbón, más el polvo que levantan las tractomulas, viene haciendo graves daños, no solo en la bahía de Santa Marta y en toda la zona turística, muy importante para la economía, sino también de ahí hasta Ciénaga, daños graves en Bahía Portete y daños graves por todas partes.

Voy simplemente a leer un artículo que salió el 14 de mayo en el periódico El Tiempo: “Por el polvillo del carbón hay problemas respiratorios” es el antetítulo. “Nube negra cubre a La Jagua”, el título. La Jagua de Ibirico es un lugar clave en el negocio de Drummond y de Glencore. “Siete de cada 10 pacientes de este municipio del Cesar (…) acuden al médico por problemas en el sistema respiratorio”. “La estela de carboncillo que liberan las más de 500 tractomulas” que se mueven por ahí. “Una nube oscura lo ahoga todo. En ella se confunden los restos de carbón con el polvo de la carretera”. Cuando van a consulta médica “las 22 personas que cada día, en promedio, buscan atención médica por problemas respiratorios agudos”, “el motivo más frecuente de la consulta: la bronconeumonía”. ¿Los más afectados? “Los niños menores de 2 años y los ancianos”. Dice el médico Luis Roberto Padrón: “Casi es imposible encontrar una placa (radiografía) normal”. “Lo peor es que cuando los casos se complican, los enfermos deben ser remitidos”, porque el centro de salud, el hospital que hay no sirve. Dice la médica de La Jagua: “Hay pacientes a los que en la autopsia se les encontraron los pulmones negros, cuando en vida jamás se fumaron un cigarrillo”. La noticia agrega al final que el doctor Augusto Jiménez Mejía, presidente de la Drummond, dice que todo está perfecto y que ellos lo tienen todo bajo control.

El estudio de los funcionarios de Contraloría del que he venido hablando señala que en el propio contrato lo del medio ambiente se planteó desde el principio terriblemente mal. Primero, porque prácticamente nada se estableció para la fase de exploración y de montaje, y segundo, porque prácticamente nada se dijo sobre restitución y compensación. Aquí estamos corriendo el riesgo de que haya un daño ambiental supremamente grave con grandes costos para la nación y para la gente, y que no haya cómo caer sobre la Drummond para que responda por los daños que está causando.

Las huelgas en Drummond y Glencore

Paso a hacer, por último, una mención breve sobre las relaciones laborales. Este debate lo habíamos citado en marzo, y coincide ahora con que hay una huelga en Drummond y en Glencore. Por razones obvias, este asunto merece también atención especial. Y encontré varias situaciones que me preocupan. Se trata de unas relaciones obrero-patronales tremendamente deterioradas, porque la actitud de la empresa es, precisamente en el momento en que están haciendo unas ganancias inmensas y en un contrato tan desastroso para el país, caerles a los trabajadores. Estamos hablando de unos quince mil trabajadores en números redondos. Cerca de la mitad no están enganchados directamente ni por Cerrejón Zona Norte ni por Drummond ni por Glencore, sino que son vinculados por medio de contratistas, llámense como se llamen. Por ejemplo, Cerrejón Zona Norte tiene cerca de trescientos contratistas. Un sistema de enganche que, como todos lo sabemos, tiene un solo propósito verdadero, y es que esos trabajadores no aparezcan como empleados de sus auténticos patronos. Es un fenómeno bien conocido. Lo miramos aquí en el caso de los corteros de la caña y los ingenios, donde, les cuento, decidieron mecanizar el corte de la caña, un hecho nuevo que tenemos que examinar algún día, pues aquí nos dijeron que lo del alcohol carburante había que hacerlo por los trabajadores, y resulta que ya tomaron la decisión de mecanizar el corte, luego van a echarlos a la calle. Pero, bueno, al punto al que quiero ir es que con el sistema de contratistas meten un intermediario entre el auténtico patrón y los asalariados, de forma tal que estos no puedan constituir sindicato y queden en estado de suma indefensión en sus reclamos. El gran negocio. Porque no hay nada más débil que un trabajador solo como individuo contra una empresa gigantesca. Es Pedro Pérez o Juan Rodríguez contra el señor Drummond, uno a uno. Imposible mayor indefensión que esa. Donde se imponen los contratistas, no hay organización sindical, no hay pliegos de peticiones, no hay contratación colectiva, no hay huelga, no hay nada. Lo que muestran las cifras son unas diferencias abismales entre los salarios de los trabajadores enganchados por las empresas y los salarios de los que figuran a sueldo de los contratistas. Con un agravante que se da por razones obvias, y es que hay una permanente presión de las empresas por reducir cada vez más el número de trabajadores contratados directamente y por aumentar el de contratistas. Los que están enganchados directamente tienen sobre ellos todo el tiempo una espada de Damocles, una enorme presión, porque el patrón los mantiene entre ceja y ceja para ver cómo les cambia las condiciones de contratación o los despide.

Se escuchan numerosos reclamos de que la Drummond ni siquiera cumple las normas sobre procesos de despido. Hay trabajadores que son despedidos a las dos de la mañana, en el turno de la noche. Los tiran en una carretera, sacados por la seguridad de la empresa. Hay graves denuncias sobre el grado de explotación a que están siendo sometidos los aprendices del Sena, que como son aprendices, parece suponer la trasnacional, entonces están trabajando casi por la sola comida. Uno podría entenderlo en el caso de las pequeñas empresas, pero aquí estamos hablando de empresas descomunales y con unas utilidades astronómicas. Como si fuera poco, la ley 789, en mala hora aprobada por este Congreso a propuesta de la Presidencia de la República, les golpeó durísimo los salarios a estos trabajadores, porque les rebajó el porcentaje por horas extras y trabajo nocturno, y por dominicales y festivos. Pregunté en cuántos empleos aumentó la contratación para compensar la baja de los salarios, porque en su momento ese fue el pretexto para aprobar la ley, y, por supuesto, no aumentó en nada el empleo, porque son unas empresas altamente mecanizadas. Vuelvo entonces a denunciar lo que dijimos oportunamente. La ley se dirige es a favorecer a sectores que no necesitaban en nada de ese nueva gabela para hacer actividad nueva.

Irregularidades en la asistencia médica

Hay un problema de salud sumamente grave, que también clama al cielo. Se trabaja con unas máquinas inmensas, bien modernas sin duda, lo que no significa que no sea un trabajo supremamente duro. Es más, esa minería de cielo abierto está clasificada como riesgo 5, el máximo riesgo, claro que no para pensiones, que son las cosas curiosas de la legislación colombiana. Para pensiones deja de ser riesgo cinco y se vuelve de riesgo común y corriente, pues la ley solo incluye en riesgo 5 la minería de socavón. Son trabajos durísimos. Por ejemplo, se ve mucha afectación de columna vertebral, porque en una de las minas están estableciendo un procedimiento absurdo, y es que no trituran lo suficiente las grandes piedras antes de echarlas a la volqueta, sino que las tiran, las descargan, y esas piedras descomunalmente grandes caen al volco con el chofer dentro de la cabina. Es tan fuerte el remezón que produce la piedra al caer sobre la volqueta, que termina afectando negativamente la columna. Se habla también, y aquí tengo las cifras, de un número grande de trabajadores con problemas osteomusculares, con afecciones respiratorias, con líos en los pulmones. Y con un agravante, y es que parece haber, hasta donde logré investigar, una especie de contubernio entre la empresa, las EPS y las ARS, que son las que pagan las incapacidades por enfermedades profesionales o accidentes laborales, de forma tal que enredan al trabajador. La una dice una cosa, la otra dice otra y en los hechos al trabajador no lo atienden ni le pagan lo justo. Algunos trabajadores, cuando se ven seriamente afectados en su salud, prefieren renunciar o negociar con la empresa cualquier tipo de retiro, y están con algún grado de incapacidad que no se les reconoce. Todo indica que existe, hasta donde pude averiguar, una especie de alcahuetería, razonable para la empresa, porque cada trabajador de planta que logre sacar y reemplazar con un contratista le representa otro excelente negocio, por las diferencias salariales tan notorias y porque los trabajadores viejos ganan más que los nuevos, inclusive, en el caso de los de planta. Le resulta otro muy buen negocio cambiar trabajadores veteranos por trabajadores jóvenes.

Me parece a mí bochornoso que un monopolio de ese tamaño y poder, venido a un país que lo recibe, como ya lo hemos visto, despilfarrando el interés nacional, se meta a quitarle al trabajador cada centavo que se gane. Esa es la razón de la huelga, que fundamentalmente tiene que ver con este lío de los contratistas, con las relaciones obrero-patronales y con las condiciones de vida de los alrededores, supremamente malas, un mar de riqueza por un lado y una miseria que escandaliza, por el otro.

Hay otra denuncia que me lleva a pensar, definitivamente, que la codicia es una cosa seria. Ha venido la Drummond estableciendo la siguiente práctica: cuando un trabajador se accidenta, no lo incapacita, sino que lo pone a hacer un oficio que no riña con la incapacidad. Pongo un ejemplo. Si se le machuca un dedo de la mano derecha, le pone una tarea para la mano izquierda. Y entonces no aparece como incapacitado. Lo que tiene un encanto para las empresas, porque le bajan los costos generales de afiliación y de atención en salud. Chichipatos diría alguien, tirándole al centavo, cuando si uno mira el tamaño de las operaciones y el número de los trabajadores, en este como en los demás negocios del capital financiero, ve que se mueve mucha plata.

Proposición

Concluyo presentando una proposición para que le nombremos un comité de seguimiento a este lío de la renegociación de los precios del carbón de la Drummond, a la deuda que tiene Drummond con el Estado colombiano desde el año 2001, deuda contraída con la alcahuetería del Estado colombiano, es cierto, pero que está ahí.

Pienso que hay que insistir en que los precios, y diría que todos, deben fijarse de acuerdo con precios internacionales y de una manera sistemáticamente clara, que no permitan interpretación. Cómo es posible que haya cláusulas en este contrato tan absolutamente escandalosas, que parecen redactadas por niños de quinto de primaria. El pago debe ser retroactivo al 2001. Aquí no nos puede salir Drummond con el cuento de que hacia atrás pagaron el precio que se les dio la gana y Colombia les tiene que decir que sí. No. Lo que hay es una deuda grande con la nación, por un monto que es lo que debe establecerse, y si la deuda existe, está obligada la Drummond a pagarla. ¿O será que cuenta con los rábulas suficientes que tienen ya la coma o el punto y coma o las comillas que les permiten evadir la obligación? Nos montaron un negocio en el que Colombia va de buena fe, pero cuál es la buena fe de la Drummond. Estoy seguro de que el señor Drummond, dueño del consorcio, gasta centenares de millones de dólares al año en auditoría a sus propios funcionarios para que no le tumben la plata. Así es como funcionan todas las empresas grandes. Después de que alguien logra crecer en el negocio y llega a contratar a cientos o a miles de empleados, tiene que montar auditorías. Y las trasnacionales gastan sumas inmensas en auditoría. Pero resulta que Colombia no gasta en auditoría lo que debiera gastar y entonces no entiende uno por qué Colombia confía a ciegas en los empleados de la Drummond, en los que no confía ni siquiera el señor Drummond. Es otra paradoja de este contrato, que Colombia maneja de manera manguiancha y a la loca, como salga. Se nos dirá que el señor Drummond y sus gerentes son los más honrados del mundo. ¿Por qué entonces el señor Drummond gasta sumas astronómicas en auditorías sobre sus empleados? Porque así funciona el capitalismo. En el capitalismo, nadie confía en nadie. ¿Por qué el Estado colombiano sí confía en la trasnacional? ¿No debiera gastar sumas enormes de esos contratos en auditoría, revisándolos en nuestros propios laboratorios, midiendo con nuestras propias pesas? No hay gente, como me lo explicaba un especialista. En el caso del petróleo hay ingenieros de Ecopetrol, no sé con que detalle pero los hay, marcando a ver si es verdad que están sacando el petróleo que las trasnacionales dicen que sale. Esto no ocurre aquí. Es obvio que en estas condiciones, absolutamente indeseables, no son convenientes los contratos con el capital extranjero. A mí alguien me tiene que probar que sí lo son, me tiene que explicar por qué son deseables este tipo de contratos.

El problema medioambiental que se está creando es de proporciones mayúsculas. ¿Quién lo va a pagar? Cuando la Drummond y la Glencore y la Exxon se vayan, dentro de treinta, sesenta o cien años, además del hueco, ¿qué nos va a quedar? ¿Los pulmones destrozados de millones de colombianos? ¿Nuestras playas del Caribe convertidas en basureros por el hollín del carbón? Y quién lo paga. ¿Ellos? ¿Después de que se vayan?

El caso de los desalojados clama también al cielo. Un maltrato a unos indígenas y a unos negros pobres, paupérrimos. No resultaría muy costoso colocarlos en condiciones similares a las que tenían, respetándoles su comunidad, sus relaciones familiares, sus casas, que son parte esencial de la vida.

Y está el maltrato a los trabajadores, a los asalariados. Aquí digamos una cosa con toda franqueza. Ese carbón estaba ahí desde hace millones de años, y solo se volvió plata, dólares, riqueza, el día en que las manos de la gente lo sacaron a la superficie. Antes no valía nada. Lo menos que uno espera, en una actitud democrática, es que esos trabajadores sean contratados directamente. ¡No más sistema de contratistas, por inicuo! Qué diríamos los senadores de la República si nos establecieran un sistema de contratistas y nos dijeran que ya no somos empleados del Estado colombiano, para escamotearnos una parte de nuestros ingresos. Pues eso es precisamente lo que está sucediendo allí. Dejo constancia de la gravedad de los hechos con los que me tropecé en este análisis. Y dejo constancia de que no me sorprendería que los demás contratos fueran iguales o peores. Sería interesante mirar en detalle lo de Glencore en La Jagua y lo del Cerrejón Zona Norte.

Segunda intervención

Primero, expreso mi acuerdo con las constancias que ha dejado el senador Hugo Serrano. Me inclino a creer que la política petrolera de este gobierno y de los anteriores ha sido un desastre, una política equivocada que nos a llevar inexorablemente a un desabastecimiento y a perder la suficiencia petrolera. Es un hecho inexorable y eso le va a causar tragedias inmensas al país.

Segundo, el negocio del gas de La Guajira fue un pésimo negocio. Y eso que logró mejorarse con nuestros debates. Pero usted pide fórmulas, senador Manssur. Es que no se oye sino lo que interesa. Por ejemplo, y lo hemos mencionado no sé cuántas veces, en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) hay cerca de mil millones de dólares en el exterior a tasas de interés del uno y dos por ciento anual, suma que podría estar invirtiéndose en las necesidades petroleras del país. El ministro volvió a decir hace ocho días que Ecopetrol tiene su capacidad de endeudamiento absolutamente intacta, casi virgen, pero el problema, dijo también, es que no se pueden utilizar esos recursos, ni el del FAEP ni la capacidad de endeudamiento de Ecopetrol, por realidades fiscales. Yo lo traduzco a lenguaje normal y digo, porque el Fondo Monetario Internacional no deja, lo prohíbe, porque al FMI le parece que es lo mismo invertir en una refinería que invertir en whisky para una parranda. En el fondo termina siendo así esa triste realidad. El FMI  tiene un interés oculto, porque representa a quien representa y para ellos es mejor que la refinería no la haga Ecopetrol, sino el capital extranjero. Esas son realidades. U ordeñen un poco menos a Ecopetrol. Hay muchas cosas que podrían hacerse. No es que no se puedan hacer, sino que la lógica del capital extranjero no permite hacerlas.

Quiero hacer una mención sobre el tema de la seguridad jurídica, que algún día de pronto discutimos con despacio, el asunto. El senador Serrano nos está planteando un debate interesante. Él dice, aquí los contratos petroleros se hicieron con petróleo a un precio, beneficiando en materia bien notoria a las trasnacionales, pero los precios reales han sobrepasado de lejos esos cálculos y podrían sobrepasarlos todavía mucho más, y hasta podrían terminar quintuplicando los que se usaron en los análisis para el peor contrato petrolero del mundo para Colombia, y el mejor para las trasnacionales. A mí no me parece de ninguna manera una desproporción que el senador Serrano diga que planteemos una nueva manera de distribuir. Se nos replica que no, por lo de la estabilidad jurídica. No, la estabilidad jurídica, entendida como la importancia de que los inversionistas tengan garantías, no se nos puede convertir en el dios del manejo de la economía nacional. Aquí el único criterio no puede ser la seguridad de los inversionistas. Aquí tenemos un país, una gente, una serie de necesidades que estamos obligados a atender. Cuando las cosas se ponen al revés y el contrato no funciona para los inversionistas, ¿qué sucede? El inversionista se retira o pide la renegociación del contrato. Y ahí si no importa la seguridad jurídica. Pero cuando se trata del interés nacional, la seguridad jurídica se nos vuelve absolutamente sacrosanta. Quiero llamar la atención sobre el hecho de que hay un cambio en las realidades, y lo elemental sería que tuviera consecuencias jurídicas. Ahora, si seguimos armando un mundo en que lo único que importa es el interés de las trasnacionales vamos a terminar regalando nuestros recursos minero-energéticos sin cobrarles ni impuestos, y para allá vamos. Pero ese mundo es inviable, por lo menos en lo relacionado con los intereses del común de la gente. En ese mundo, senador Manzur, tres o cuatro podrán vivir como príncipes y otros podrán ahí sostenerse en una vida más o menos decorosa alrededor de esos príncipes. Pero el común de la gente va a quedar sin ninguna posibilidad de desarrollo.

Con respecto al asunto energético, quiero hacer una mención. Es un debate que sería más de fondo y más de principios. Pienso que el país ha rodado con suerte, entre comillas, porque fue tal el daño que el neoliberalismo le hizo a la economía nacional y tal el estancamiento en cerca de una década, que no fue necesario hacer nuevas inversiones en energía eléctrica. Y ahí vamos tirando, digamos, pero con el riesgo que señala el senador Serrano, muy cierto, de que si llega a haber una falta de lluvias y de milagro un pequeño crecimiento de la economía, fácilmente caemos en una crisis. Esa es una realidad que está ahí latente, ojo con eso. No hemos caído en una crisis de energía eléctrica es porque hemos estado en una crisis económica peor. Ahora, a favor de que no haya tanta urgencia de construir una nueva generación milita el que con la destorcida de la economía mundial que ya estamos viendo venir y con el TLC, va a haber tantos daños al aparato productivo que es probable que con esa capacidad de energía con que ahora contamos, senador Serrano, podamos pasar los próximos veinte años, pero no porque la política sea sana, sino porque el desbarajuste es tal que al fin y al cabo ni energía se va a necesitar.

Porque la actual política de privatización encierra un problema: es casi imposible que un inversionista privado invierta en generación de energía, salvo que sea en térmicas, inversiones relativamente bajas y de corto plazo. Una contradicción que hay que mirar. ¿Quién está invirtiendo en generación hoy en el país? EPM, que no está obligada a funcionar con la lógica de los inversionistas privados. Pero, repito, la política de privatización tiene esa contradicción insoluble, que es la pregunta de siempre: y quién va a construir la generación. Si Colombia fuera más sensata, no avanzaría en la privatización de Isagen ni en la de ISA, ni en la de EPM, con el propósito de que queden esas empresas como una especie de colchón de amortiguamiento para el día en que haya en que hacer inmensas inversiones en generación hidráulica, que es donde debe hacerse la principal inversión, aun cuando sea a pérdida, y pongo a pérdida entre comillas. Es que la racionalidad de la economía de un país no se puede analizar con la racionalidad del inversionista privado. En este sentido un país tiene el deber, senador Manzur, de mantener inversiones a pérdida, entre comillas, en el sector energético, así sea para prevenirse de un desastre mayor más adelante. El día en que el Estado solo actúe con la lógica del inversionista privado y que solo haga lo que sea rentable de manera inmediata, no habrá posibilidad de que la economía funcione. Y estoy hablando de la economía del capitalismo, porque hay sectores de la economía del capitalismo adonde no va el capital privado, porque el riesgo es muy alto o la tasa de utilidad muy baja, pero que la sociedad necesita. Esto es parte del debate de fondo, en nuestro caso, contra las concepciones de la privatización, que son cortoplacistas y que no se meten en este tipo de asuntos, porque al final les importa un pepino si el país se apaga, como le importa una higa a la Drummond que en el Cesar se muera la gente de hambre. La ganancia privada no se mueve en estos terrenos, pero los países, las naciones, si están en la obligación de hacerlo.

Aquí se mencionó que hay un error grave en la ley 685, o Código Minero, porque se están otorgando licencias de acuerdo con el criterio de primer llegado, primer despachado, es la frase. Primero en el tiempo, primero en el derecho. Al que llega de primero le dan el área. Eso es parte del Código aprobado por este Congreso, en una época en que yo no hacía parte de él, dejo constancia. Y aquí ya se sugirió que el responsable es el representante Petro, porque él señaló unos argumentos, lo dijo el ministro. Es el mundo al revés. El representante Petro hace cuatro años, cuando se aprobó el Código, era de la minoría, de la oposición. Entonces decir que la ley quedó como quedó porque el doctor Petro dio cualquier opinión sobre un artículo u otro, no tiene sentido, porque finalmente los proyectos los aprueban son las mayorías. Y que el doctor Mejía, que lleva cinco años en el Ministerio y que según creo tuvo que ver con el trámite de la ley, pretenda zafar su responsabilidad, me parece una desproporción. No quise antes referirme al doctor Mejía en este debate, porque él no estaba y quería darle la posibilidad de que se defendiera en otra oportunidad, pero digámoslo, senador Manssur: todo este desastre de Drummond, que lleven cinco años con precios provisionales, es responsabilidad precisa del señor ministro de Minas. Es en su cartera en la que sucede este desgreño. Repito, no lo había mencionado como una consideración amable, dado que el ministro no estaba. Pero ya que se trata el tema, y se pretende echarle la culpa a un representante de la oposición por un artículo que no funciona del Código Minero, entonces reabramos el debate, porque es una desproporción afirmar que la calidad de las leyes de la República dependa de un solo congresista de la oposición y no de la mayoría y del gobierno, que, como todos lo sabemos, es el que hace aprobar las leyes.

Con todo gusto voy a dar a quien lo solicite la copia del documento sobre el cual hice este debate, porque pienso que es importante que el país lo conozca. Lo debe conocer. Y al mismo tiempo le pido formalmente al señor Contralor General de la República que lo finiquite, que saque la versión definitiva, con las glosas que haya que hacer y los cambios, pero que salga. He llamado borrador a este primer documento, pero realmente no lo es. Es un primer documento de Contraloría, codificado como Scmin13, del 30 septiembre de 2005, hecho por funcionarios de Contraloría. Llevamos ya casi medio año y el documento definitivo no sale, un documento clave y más en el momento en que se está negociando lo que se está negociando con la Drummond.

Y expreso también mi solidaridad con la carta que le envía el senador Serrano al doctor Hernández Gamarra. El Contralor no nos puede venir a decir, diecisiete meses después de ese desbarajuste y de esa pérdida de más de cien millones de dólares en Ecopetrol, por los errores de esta administración, como también se denunció aquí oportunamente, que no ha tenido tiempo de estudiar el asunto. Eso no lo puede afirmar un Contralor. Que diga cualquier otra cosa pero no eso, y en ese sentido me sumo a la carta del senador Serrano.

Por último, voy a leer la proposición, que puede ser una conclusión práctica de este debate. Proposición: solicito a la honorable Comisión del Senado de la República, se conforme una comisión de seguimiento a los precios de referencia con los que se liquidan las regalías del Contrato 078 de 1988, celebrado entre la Nación y la Drummond, mediante el cual se explota el carbón de las minas del Cerrejón, en La Guajira, y de La Loma, en el Cesar. Tal comisión deberá contar con el apoyo técnico de la Contraloría General de la República. Firmo yo y los senadores que quieran firmar.