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Oscar Gutierrez Reyes

Los servicios públicos y la reversión de las concesiones

Por Óscar Gutiérrez Reyes

Hace dieciocho años se aprobó la Ley 142 de servicios públicos domiciliarios. Esa fue la orden de partida dada -por los neoliberales- para comprar o conseguir en concesión, y a menos precio, las empresas de servicios públicos.

Desde esos días hasta hoy, es mucha la experiencia adquirida

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Por Óscar Gutiérrez Reyes

Hace dieciocho años se aprobó la Ley 142 de servicios públicos domiciliarios. Esa fue la orden de partida dada -por los neoliberales- para comprar o conseguir en concesión, y a menos precio, las empresas de servicios públicos.

Desde esos días hasta hoy, es mucha la experiencia adquirida

por los colombianos sobre el manejo de las empresas, el valor y, la calidad del servicio, la continuidad en la prestación, los subsidios que recortados se entregan a los usuarios de menores ingresos y las contribuciones creadas para que los usuarios con “mayor capacidad adquisitiva” subsidien a los “más pobres”. De esa manera el estado, se niega a poner los recursos para aligerar la carga de los más débiles económicamente. Y, también conocen, del papel jugado -o dejado de jugar- por las comisiones de regulación, la superintendencia del ramo y los comités de desarrollo y control social. Vasta es la experiencia adquirida en todos estos años.

Puede afirmarse que los ciudadanos del país tienen hoy un acopio de conocimiento que les permite elevar juicios de valor sobre las empresas y sobre el esquema de prestación de los servicios públicos que la Reforma Constitucional del 91y la Ley 142 les impuso, sin que millones de ciudadanos se dieran cuenta.

Desde el nacimiento mismo de las empresas, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, se realizaron movimientos sociales que -entre otros hechos- aclararon que para una buena prestación de los servicios, era inevitable su estatización. Esos hechos están ampliamente dilucidados en los textos de historia. Por eso se concluyó excluir la participación del capital privado en la propiedad y en el manejo de las empresas de servicios públicos.

Pero, aunque esto fue así por más de 75 años, las decisiones del imperio y demás potencias que, acosadas por la crisis de superproducción, se acordaron en el “Consenso de Washington”, echaron atrás la rueda de la historia y devolvieron al capital privado, esta vez, al de las multinacionales del capital financiero, el manejo y la exacción de la riqueza de la nación y de los pocos recursos de los usuarios.

Varias fueron, en la legislación, las formas que acordaron los gobiernos apátridas para acometer la tarea privatizadora en el país. De una parte, usaron la venta -a menos precio- de los activos estatales y de otra, entregaron en concesión, también a menos precio, primordialmente los servicios de saneamiento básico. Una forma más fue la de asociarse con el capital público abrogándose el derecho, incluso teniendo minoría accionaria, de manejar y administrar las empresas. Quienes permitieron y facilitaron la expropiadora política, lo hicieron alegando la lucha contra la corrupción y la politiquería. Otros lo hicieron en nombre del progreso, la eficiencia del capital privado, la transparencia en las tarifas o la solución del endeudamiento externo y la reducción del déficit fiscal de la nación.

Empieza, por estos años y continuará en los próximos, el vencimiento de los contratos de concesión que, sobre los activos estatales, hicieron muchísimos municipios y algunos departamentos. Buen momento para adelantar balances, estudiar resultados, sacar conclusiones, explicar las componendas de los que vendieron o concesionaron y emprender luchas sociales, democráticas y civilizadas que se propongan alcanzar la reversión de las concesiones, mejorar la prestación de los servicios, crear nuevamente empresas estatales y recuperar el manejo de los servicios básicos de acueducto, alcantarillado y aseo. Esta debe ser una tarea que promuevan las ligas y las organizaciones que hacen parte de la Unión Nacional de Usuarios. 

La tarea, claro está, debe contar con el respaldo de la población, de las organizaciones sindicales de las empresas, allí donde aún existen, de organizaciones de usuarios, cívicas, políticas y sociales y, sobre todo, con estudios que expliquen la conveniencia de revertir las concesiones. Debe contarse también, hasta donde sea posible, con concejales, diputados, gobernadores y alcaldes que estén dispuestos rescatar a sus poblaciones y pobladores de las garras de monopolios que, abusando de su posición dominante, hacen utilidades imponiendo elevadas tarifas a los usuarios.

Alguien podría pensar que lo que está pasando hoy en Bogotá, cabría en este llamado a los usuarios. Sin embargo, lo sucedido alrededor de la prestación del servicio de aseo en la capital no ha concluido. El pulso entre los empresarios privados y la administración distrital no está resuelto. Faltan aún desenlaces que permitan analizar, con cabeza fría, las acciones adelantadas por el gobierno nacional, algunas de las cuáles condenamos. Pero también habrá que esperar la valoración de lo actuado por el gobierno del distrito. Saber si lo acontecido tenía como finalidad la recuperación de la prestación del servicio de aseo para la ciudad o si, lo que se trataba, era de un forcejeo alrededor de cómo repartirse el ponqué.

Esperemos el desenlace en Bogotá pero, reafirmemos, que lo que proponemos es sencillo, reversar las concesiones. Avanzar hacia la prestación estatal de los servicios públicos domiciliarios.    

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