Marcos y Dianas

Por Alfredo Molano Bravo  

El Consejo Gremial Nacional, una especie de Frente de empresarios, ha puesto sobre el tapete, en buena hora, su posición sobre los acuerdos de paz que se discuten en La Habana. Comienzan por indicarle al Gobierno el carácter humanitario de la negociación. Afirman que no se está negociando entre iguales y por tanto la asimetría debe primar como principio.

En el fondo, es un llamado a liberar al establecimiento de toda responsabilidad de las porquerías que se han hecho a nombre del progreso y de la libertad. ¿Razones humanitarias las de los paramilitares aliados a sectores del Estado y financiados y tolerados por sectores empresariales como ganaderos, palmeros, azucareros? De ahí que, sobre la premisa de que el acuerdo es un generoso paso y no el reconocimiento de la imposibilidad de someter a los grupos guerrilleros, se le fije al Gobierno una directriz: el campo debe ser un territorio para el desarrollo de las empresas, pequeñas, medianas, pero empresas. Nada de campesinos con una cultura particular y un modo de trabajar distinto. Nada. El concepto debe ser borrado de los documentos y dejado para la diversión de historiadores. El acuerdo debe partir del respeto a la propiedad privada, de los empresarios —diría yo—, pero no el de los campesinos, ellos son expropiables para ser convertidos en empresaritos que trabajen para la “consolidación de la clase empresarial”. Es decir, para los gremios de palmeros, azucareros, ganaderos. La misma burra con distinta enjalma. Los empresarios no pueden concebir que haya un mundo distinto al que ellos explotan y del que se benefician. Nada de Reservas Campesinas. El Estado debe, señor presidente —dicen ellos—, promover decididamente la empresarización y la asociatividad como instrumentos de competividad y articulación a los mercados.

Dicho en otras palabras, sólo Alianzas Productivas bajo la égida de los grandes productores, únicos capaces de competir y de producir alimentos, un asunto estratégico. No es difícil entender qué buscan los empresarios, lo que no es fácil de entender es que llamen “humanitaria” esa declaración de exterminio contra los campesinos.

El Gobierno está contento con la declaración gremial porque le parece proclive a la negociación. Pero si se le quita la cáscara del lenguaje políticamente correcto, se está ante una orden de imponer un esquema asimétrico, es decir, autoritario. La pepa de la almendra es la de siempre: no nos toquen nada, los sacrificados son otros, los que siempre sacrificamos. El argumento general del Frente Gremial es el mismo que se alzó contra López Pumarejo en el año 36. No se ha dado un paso: la expropiación por motivos de interés social o de utilidad pública o la extinción administrativa de dominio por incumplimiento de la función social o ecológica de la propiedad… deberá contemplar el debido proceso y la legítima defensa de los propietarios legales de la tierra. Es decir, la “legítima defensa” de los ganaderos dueños de los 40 millones de hectáreas, la mitad ociosas. La expresión “legítima defensa” fue utilizada por primera vez por Aquilino Villegas en el año 38 —gobierno de Eduardo Santos— y se convirtió, junto con el “atentado personal”, en pieza doctrinaria estratégica del Partido Conservador para “hacer invivible la República Liberal”, consigna dada por Laureano Gómez para derrotar la Ley 200, la de la función social de la propiedad.

Punto seguido. Hay cambios, ciertamente. Ya no se matan campesinos a diestra y siniestra como en los 50, ya no se matan candidatos presidenciales como en los 80, ahora el procurador decreta la muerte política de sus eventuales competidores en las justas electorales del 2018: Piedad Córdoba, el señor Petro y ahora, en la mira, el senador Iván Cepeda, por haber osado atacar al senador Uribe en el Congreso transmitiendo testimonios de paramilitares presos en EE. UU. Son las cartas de presentación como candidato presidencial de Uribe, que después de la derrota en Medellín y Antioquia, debe haber cambiado sus goticas naturales por libras de antiácidos y calmantes.

El Espectador, Bogotá.