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Medidas cautelares para periodistas del Valle amenazados solicita senador Alexander López

El caso de los periodistas amenazados del departamento del Valle será llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en busca de garantías para su integridad, anunció el congresista del Polo Democrático Alternativo.

El senador Alexander López Maya acompañará la solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, para exigir al Gobierno Nacional, garantías que posibiliten preservar la integridad y la misión periodística de ocho comunicadores del Valle del Cauca que fueron

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El caso de los periodistas amenazados del departamento del Valle será llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en busca de garantías para su integridad, anunció el congresista del Polo Democrático Alternativo.

El senador Alexander López Maya acompañará la solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, para exigir al Gobierno Nacional, garantías que posibiliten preservar la integridad y la misión periodística de ocho comunicadores del Valle del Cauca que fueron

amenazados esta semana y declarados objetivo militar a través de panfletos de la banda criminal auto denominada “los Urabeños”.

“La amenaza a los periodistas por parte de grupos paramilitares en Buenaventura y Cali, es inaceptable y el Gobierno Nacional está en la obligación de garantizar la libertad de prensa y la integridad de los comunicadores sociales en el Valle del Cauca. Esto es una muestra más de la crisis generalizada que vive Buenaventura, a lo cual hay que encontrar soluciones inmediatas” señaló el senador López Maya.

Cabe recordar que en el caso de las amenazas se trató de un panfleto firmado por “Los Urabeños” contra ocho periodistas que trabajan en Cali y la ciudad portuaria de Buenaventura, como corresponsales de Caracol Radio, Q’Hubo Radio, El Tiempo y el Noticiero Más Pacífico del canal regional Telepacífico.

El senador López Maya indicó que el país, la opinión pública y el Gobierno Nacional  no pueden permitir que a través de las amenazas y la intimidación criminal se quiera callar a la prensa y evitar que se conozca la realidad de lo que se vive en Buenaventura.

 

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