Neo-paramilitarismo: principal amenaza para la paz territorial

Por Catalina Serrano Pérez / Razón Pública   

No son apenas “BACRIM”, como las llama el gobierno. Son organizaciones armadas que repiten la historia del paramilitarismo e impedirán que haya paz en Colombia. El acoso del pueblo Zenú en el sur de Córdoba es una muestra dramática. 

Del sueño a la realidad 

Mientras los medios nacionales debaten los últimos puntos de la agenda de La Habana o analizan los resultados de las llamadas “últimas elecciones en medio de la guerra”, en regiones como el sur de Córdoba las organizaciones herederas del paramilitarismo consolidan su control territorial y amenazan con torpedear la tan anhelada “paz territorial” y la participación política de las poblaciones vulnerables. 

Este es el caso del pueblo indígena Zenú del Alto San Jorge, que habita en los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré en el sur de Córdoba. Hoy por hoy este pueblo sigue sufriendo amenazas y ataques directos de grupos armados surgidos con posterioridad  a la desmovilización de las autodefensas, como son el Bloque Gaitanista y el conocido como “Clan Úsuga”.

Según voceros de la comunidad, esas organizaciones armadas se han fortalecido durante el último año y son causantes de incontables amenazas, desplazamientos y asesinatos selectivos, además de haber institucionalizado la extorsión sobre ganaderos, grandes comerciantes, mineros artesanales y hasta moto-taxistas.

Las pruebas presentadas por los líderes Zenú dan cuenta de 49 asesinatos a partir de 2008. Los últimos hechos violentos se produjeron entre junio y agosto de este año y acabaron con la vida de tres jóvenes menores de 25 años de edad. De los 49 casos, apenas 31 se han denunciado ante la Fiscalía y solamente uno se encuentra en investigación.

En palabras de la gobernadora local del Resguardo Zenú del Alto San Jorge, (Montelíbano), “el 17 de junio llegaron 2 hombres a mi casa, me dijeron que yo patrocinaba muchas cosas y que iba a tener muchos problemas, a las dos semanas asesinaron a un joven que hacia parte del proceso de Consulta Previa. También tuvimos que sacar al secretario del Cabildo, que fue declarado objetivo militar. Por acá hay una violencia grande, ahora estamos obligados a pagar una vacuna (…) el que no paga “se va de cajón” nos dijeron anteayer”.

Testimonios como el anterior fueron recolectados durante la Mesa de Trabajo y Seguimiento a la Situación en Derechos Humanos del Pueblo Indígena Zenú del Alto San Jorge, que sesiono el pasado 8 de septiembre en el Municipio de Montelíbano.

La situación resulta aún más preocupante cuando los líderes indígenas aseguran que dichos actores armados patrullan calles y caminos utilizando prendas de uso privativo de la Fuerza Pública.

La guerra sigue

Al contrastar las declaraciones de la población local con los registros del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (CINEP/PPP) resulta claro que el conflicto armado no  solo no ha cesado sino que ha tenido momentos de mayor intensidad tras la desmovilización de las AUC en este mismo territorio, que ocurrió  hace 10 años.

La última edición de revista Noche y Niebla, dedicada a difundir los hallazgos del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP alerta sobre el aumento de las amenazas de estos grupos contra los defensores de derechos humanos en todo el país. El contenido de estas amenazas, así como el de panfletos y comunicados de aquellos grupos armados muestra un grado creciente de sofisticación ideológica y organizacional, que cada vez los aleja del fenómeno de bandas criminales o “BACRIM” – como el gobierno insiste en denominarlos- para acercarse a lo fue el paramilitarismo.

Sin protección

En todo caso, para las poblaciones locales el paramilitarismo sigue siendo un hecho subvalorado por el gobierno. Esta actitud se traduce en la desprotección de las víctimas y particularmente de las comunidades organizadas de la región.

Frente a la situación del pueblo Zenú del Alto San Jorge la única entidad del Estado que ha intervenido hasta ahora es la Unidad Nacional de Protección (UNP), a través de medidas aisladas en materia de transporte, teléfonos celulares  y chalecos antibalas para algunos de sus líderes. Y estas medidas por supuesto son insuficientes ante amenazas tan bien organizadas.

Aunque desde 2013 la UNP firmó un acuerdo con las autoridades indígenas para ofrecer protección  al pueblo en su conjunto, las respectivas medidas no se han llevado a la práctica. Según la asesora de la Dirección General asignada a esta región, el retraso se debe a la ya anunciada crisis financiera de la institución.

Por otro lado, la estrategia conocida como de “zonas de consolidación territorial” presenta fallas muy serias.  Incluso en su documento diagnóstico se cometen errores, como ubicar el resguardo Zenú de San Andrés de Sotavento en inmediaciones del Nudo de Paramillo, confundiendo a la población indígena costera de los municipios de Tuchín y Tolu Viejo con sus hermanos del sur. Este desfase de 150 kilómetros es muestra del desconocimiento por parte del Estado de la realidad que vive el pueblo indígena Zenú del Alto San Jorge.

Como están las cosas, el sur de Córdoba se perfila como una de las regiones más difíciles durante el posconflicto. La firma de la paz y la consecuente desmovilización sin un adecuado manejo integral por parte del Estado pueden llevar a repetir los hechos del pasado: reacomodamiento de fuerzas que se disputan el control del territorio sin que disminuya o se acabe la victimización de la población civil y de las organizaciones sociales y étnicas.

La situación es grave y hasta ahora ninguna entidad pública central, regional o local ha mostrado ser capaz de proteger a las comunidades. La persecución sistemática del pueblo Zenú del Alto San Jorge despierta serias dudas sobre las garantías de seguridad de toda la región y frente a la participación en el escenario público de las poblaciones más vulnerables del departamento.

Razón Pública, Bogotá.