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Nacional

Noventa años del Banco de la República

Por Eduardo Sarmiento Palacio  

El Emisor debe ser reformado dentro de nuevas concepciones que correspondan a la realidad y den prioridad a la producción, el empleo y la estabilidad de la balanza de pagos.

A mediados de la semana el Banco de la República celebró los noventa años de su creación.

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Por Eduardo Sarmiento Palacio  

El Emisor debe ser reformado dentro de nuevas concepciones que correspondan a la realidad y den prioridad a la producción, el empleo y la estabilidad de la balanza de pagos.

A mediados de la semana el Banco de la República celebró los noventa años de su creación.

El personaje central es Kemmerer, quien como director de las misiones asesoró a varios países y elaboró las normas de funcionamiento del Banco de la República en 1923.

La institución se organizó dentro de la ortodoxia mundial predominante de patrón oro, la austeridad monetaria y equilibrio presupuestal. Los primeros años de funcionamiento coincidieron con un período de prosperidad que llevaron a los neoliberales de la época a considerarlo como una verdad revelada e intocable. Tan solo a los siete años quedó al descubierto que el Banco constituía una camisa de fuerza para enfrentar los vientos contractivos provenientes de la gran depresión de Estados Unidos y Europa. Ante el agravamiento de las condiciones mundiales, el presidente Olaya Herrera designó en el primer año de gobierno como ministro de Hacienda a Esteban Jaramillo, quien basado en conocimientos keynesianos adelantó la tarea abierta de desmontar las restricciones de crédito, financiación del gobierno y manejo cambiario.

 Las misiones Kemmerer fueron acusadas de haber contribuido a la recesión y mantener el patrón oro y le significó al influyente profesor el retiro temprano de la escena pública. Sus ideas volvieron a florecer al final del siglo XX con las teorías de la universidad de Chicago que proclaman la neutralidad del dinero, en el sentido de que sus efectos recaen en los precios y no alteran la producción. De allí surgió una visión más radical que sirvió para justificar los bancos centrales autónomos que le dan prioridad a la inflación sobre cualquier otro objetivo. En Colombia adquiere forma en la Constitución de 1991 y luego en la ley del Banco de la República que le da una abierta prioridad a la reducción de la inflación.

La historia se repite. Al cabo de siete años, el Banco de la República, a fin de bajar la inflación y sostener la banda cambiaria con la política monetaria, mantuvo durante dos años las tasas de interés por encima de 50%, ocasionando la quiebra del UPAC y la ampliación del déficit en cuenta corriente a 6% del PIB. Y como lo anticipé en varias columnas y entrevistas, en 1999 la economía se precipitó en la peor recesión del siglo. El producto nacional cayó 4,5%, el desempleo brincó por encima de 20%, el sistema financiero se quebró y la pobreza se disparó. La actividad productiva sólo vino a recuperarse en 2003.

En las últimas tres administraciones (2003-2011) el Banco ha sido parte del andamiaje de la locomotora de la minería, inversión extranjera, firmas de TLC, baja de aranceles y revaluación. El modelo provocó la entrada de divisas, el abaratamiento de las importaciones y el aumento del déficit en cuenta corriente, que en un principio se contrarrestó con la burbuja de explosión del crédito y elevación de los precios de los activos. La economía alcanzó en algunos años elevadas tasas de crecimiento, que no eran sostenibles y presagiaban su pronta caída. En el último año y medio la burbuja se quebró, ocasionando una fuerte contracción de la demanda que sumió la industria en recesión y redujo el crecimiento a menos de 3%.

La lección es clara. En los veinte años del funcionamiento del Banco de la República el país registró los peores índices de desempeño del siglo. Las causas de los insucesos no están en la institución del banco central, sino en que sus poderes e independencia giran en torno a teorías que han sido controvertidas por los hechos y resultan contrarias al interés público. La solución es reformar el Emisor dentro de nuevas concepciones que correspondan a la realidad y le den prioridad a la producción, el empleo y la estabilidad de la balanza de pagos.

El Espectador, Bogotá, 28 de julio de 2013.

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