“Nuestros muertos”

Por José Arlex Arias Arias  

Nunca se pondrán de acuerdo en cuantificar las personas que han perdido la vida de manera trágica en Colombia en los últimos cincuenta años. La mayoría son víctimas de la violencia indiscriminada; otros, del crimen organizado, la inseguridad urbana y rural, de desastres naturales y miles en accidentes laborales. Los datos son tan disímiles que muchos opinan que se podría llegar a la asombrosa cifra de medio millón de personas, que juntas daría para formar una capital de un departamento.

Sin entrar a profundizar en sus causas –donde tampoco hay acuerdo– lo más terrible es que la situación no se detiene y los muertos siguen apareciendo, siendo casi siempre humildes trabajadores del campo o la ciudad, gente que vive en la más absoluta miseria y que cada día amanece con la ilusión de sobrevivir.

Los colombianos no nos reponíamos de una nueva tragedia por la muerte de 17 trabajadores que perecieron ahogados en el socavón de una mina, que en Riosucio (Caldas) fue inundada por las aguas del río Cauca, cuando al amanecer del pasado 18 de mayo –justo un año después de que un bus se incendió produciendo la muerte de 33 menores de edad en Fundación (Magdalena)– una avalancha de la quebrada La Liboriana, en Salgar (Antioquia), deja 84 muertos, aún sin contabilizar los desaparecidos y heridos, por lo que la trágica cifra será mucho más elevada. Como siempre, las acciones gubernamentales son más un “cántico a la bandera” que las soluciones estructurales e integrales que la población necesita.

Los medios de comunicación publicaron: “Tragedias por minería ilegal han causado casi mil muertes. Según la Agencia Nacional Minera entre 2004 y 2013 murieron 819 en 662 accidentes. Solo en 2014 perecieron 80, pero deja claro que existe mucho sub-registro, por lo cual la cifra debe ser superior. Con la política del gobierno nacional que convierte a Colombia en un país “minero”, se han aprovechado los accidentes para estigmatizar a los mineros informales, a quienes señalan como ilegales, que como en el caso de Riosucio habían pedido a las autoridades la formalización de su actividad sin obtener respuesta favorable. Sin soslayar que sí existen grupos armados ilegales ejerciendo esta actividad, el gobierno lo que busca es entregar los mejores yacimientos a las trasnacionales y en esa política aprovecha para criminalizar a los más humildes de los muertos. La Procuraduría General aseguró que de un total de 3.295 solicitudes de legalización de títulos, solo el 9,74% fueron aceptadas y el 82,88%, archivadas. De 8.500 solicitudes de formalización minera tramitadas, solo una fue aprobada y el resto están archivadas o en evaluación. Además, no obstante los éxitos que se han dado en materia de operativos en contra de la minería ilegal (operativos en 510 minas, con 831 capturas y 500 retroexcavadoras y dragas destruidas), no se ha dado hasta el momento ninguna judicialización”.

El grave problema del país es una dirigencia que, en su inmensa mayoría, gobierna en provecho propio, por lo cual adopta el modelo económico que más le conviene. ¡Las políticas de Estado son simples quimeras para las víctimas!

arlexariasarias@hotmail.com

Cartagena de Indias.