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Oxfam, Polo Democrático y Dignidad Agropecuaria lideran oposición a proyecto de ley de baldíos que profundizaría concentración de la tierra

El Espectador  

Un movimiento en contra del proyecto de ley 133 de 2014, que regula el acceso a los terrenos baldíos y crea zonas de interés de desarrollo rural y económico, se viene gestando alrededor de la ONG internacional Oxfam.

El pasado jueves 6 de noviembre en Bogotá se realizó un encuentro para dar a conocer los principales reparos a la política del Gobierno en esta materia, por considerar que apunta a la concentración de las mejores tierras del país en manos de grandes empresas nacionales e internacionales.

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Un movimiento en contra del proyecto de ley 133 de 2014, que regula el acceso a los terrenos baldíos y crea zonas de interés de desarrollo rural y económico, se viene gestando alrededor de la ONG internacional Oxfam.

El pasado jueves 6 de noviembre en Bogotá se realizó un encuentro para dar a conocer los principales reparos a la política del Gobierno en esta materia, por considerar que apunta a la concentración de las mejores tierras del país en manos de grandes empresas nacionales e internacionales.

El evento estuvo presidido por Aída Pesquera, directora de Oxfam Colombia, el economista Eduardo Sarmiento Palacio, la exfuncionaria del Incoder Jhenifer Mojica y el dirigente de Dignidad Agropecuaria, Óscar Gutiérrez. El evento fue concertado por organizaciones defensoras de derechos humanos como el Cinep, Planeta Paz y Codhes, entre otras. También asistieron los senadores del Polo Democrático Iván Cepeda, Jorge Robledo y Alberto Castilla.

Los principales reparos a la iniciativa consisten en que, según Sarmiento Palacio, es falsa la premisa de que la economía campesina no es productiva. “El asunto es que buscan incentivar la economía a escala, en donde el productor con mayores extensiones y mayor músculo tendrá muy buena rentabilidad, mientras los pequeños productores no podrán competir. El resultado va a ser el monopolio”, explicó el economista, para quien este proyecto contradice los acuerdos de La Habana entre el gobierno y las Farc.

El otro cuestionamiento lo presentó Pesquera al afirmar que con este proyecto se rompe la espina dorsal de la Ley 160 de 1994, que sostiene que los baldíos deben ser entregados a campesinos. “El proyecto apunta a permitir el acaparamiento de tierras por parte de grandes empresas y legalizar la adquisición irregular que han hecho de terrenos en la Orinoquia”. Finalmente, Oxfam mostró su preocupación por que sea el Estado quien defina unilateralmente las zonas de interés de desarrollo rural y económico.

El Espectador, Bogotá.

 

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