Conecta con nosotros

Nacional

Peñalosa solo respeta la ley del embudo

Por Aurelio Suárez Montoya  

Bogotá está atónita. El alcalde Enrique Peñalosa, además de arrojar sus opiniones en el estilo “¿Usted no sabe quién soy yo?”, adopta decisiones y promueve acuerdos en el Concejo induciendo a graves errores legales a los concejales. En sólo cuatro meses, algunos casos brindan evidencia de su disposición a pasar por encima de todo ordenamiento para concretar lucrativos planes privatizadores, casi todos bajo la carpa de las APP.

Él mismo se eximió de impedimento alguno para tomar decisiones sobre el metro y Transmilenio, y nada le importaron sus compromisos y vínculos económicos por más de una década –que solo deshizo entrado enero de 2016– con las grandes corporaciones y entidades internacionales que empujan por todo el planeta el modelo de los buses pegados y que a la vez afrentan a los sistemas férreos.

Publicado

en

Por Aurelio Suárez Montoya  

Bogotá está atónita. El alcalde Enrique Peñalosa, además de arrojar sus opiniones en el estilo “¿Usted no sabe quién soy yo?”, adopta decisiones y promueve acuerdos en el Concejo induciendo a graves errores legales a los concejales. En sólo cuatro meses, algunos casos brindan evidencia de su disposición a pasar por encima de todo ordenamiento para concretar lucrativos planes privatizadores, casi todos bajo la carpa de las APP.

Él mismo se eximió de impedimento alguno para tomar decisiones sobre el metro y Transmilenio, y nada le importaron sus compromisos y vínculos económicos por más de una década –que solo deshizo entrado enero de 2016– con las grandes corporaciones y entidades internacionales que empujan por todo el planeta el modelo de los buses pegados y que a la vez afrentan a los sistemas férreos.

Según él, casi medio millón de dólares recibidos por sus buenos oficios ni rozan lo dispuesto por la Ley 1437 de 2011, que prescribe en su artículo 11, numeral 16, que podrá ser recusado el servidor público que “Dentro del año anterior, haber (haya) tenido interés directo o haber actuado como representante, asesor, presidente, gerente, director, miembro de Junta Directiva o socio de gremio, sindicato, sociedad, asociación o grupo social o económico interesado en el asunto objeto de definición”.

La misma lógica aplicó para desairar cualquier impedimento del secretario de Planeación, Andrés Ortiz, acerca de sus actuaciones oficiales en el caso de la Reserva Van Der Hammen, ya que le pareció “un porcentaje irrelevante” la sumatoria de sus propiedades dentro de ella, las de su familia, las de funcionarios cercanos y, sobre todo, las de sus clientes por 26 años en la firma Contexto Urbano. Un claro reemplazo de las normas constitucionales por la ley del embudo, que le encanta.

No menos arbitrario es el que haya ejecutado, en nombre del “orden”, la “limpieza laboral” de miles de vendedores ambulantes. Asombra que todo un alcalde de la ciudad capital desconozca las sentencias de la Corte Constitucional que defienden el derecho al trabajo y a la subsistencia y que advierten que tales “desalojos” sólo podrán efectuarse si antes no se han desarrollado planes efectivos que restablezcan la búsqueda del sustento en iguales o mejores condiciones. Son más de 30 sentencias desde 1992 y en las cuales siempre se invoca la confianza legítima del ambulante para “tener derecho a la reubicación”. Las decisiones de la rama judicial poco o nada le importan a la administración actual.

Al Concejo también llegaron los gazapos legales de Peñalosa. En primer término, el trámite de lo que algunos han llamado “el revolcón en la salud”, que no lo es tanto ya que el propio secretario de Salud afirmó que se trataba de “institucionalizar lo que había dejado Petro”. En efecto, apenas faltando 48 horas para que los ponentes respectivos presentaran sus criterios, aparecieron 1.400 páginas de estudios, hechos en la administración anterior, para sustentar el célebre “revolcón”.

Violando normas procesales y el mismo reglamento, el Concejo le dio debate y aprobación, porque el tiempo apremiante para el equipo de Peñalosa primó sobre cualquier consideración, por legítima que sea. No sirvieron ni los recursos de aplazamiento ni los de reposición, presentados por algunos ponentes para hacer valer el artículo 79 de la Ley 1437 de 2011, también botada por el peñalosismo al cuarto de San Alejo de la juridicidad colombiana.

Algo parecido ocurrió con el proyecto que se propone crear la empresa Metro. Le puso un puente elevado tanto a la Ley 1483 de 2011 como al Decreto 2767 de 2012, taxativos en que la aprobación de vigencias futuras para proyectos de infraestructura solo pueden ser para aquellos que cuenten con “estudios de reconocido valor técnico”, “de detalle” y que tengan valoración suficiente de todos los aspectos involucrados. Nada de esto ocurre con el “esbelto” y diminuto metro que propone como un alimentador más de Transmilenio en el suroccidente. El error es de tal tamaño que 15 concejales, entre ellos varios de los más veteranos, se vieron forzados a votar en contra y 6 lo hicieron dejando constancia de que lo hacían para el metro que ya cuenta con estudios. Un enredo con posibles repercusiones en pérdidas de curules.

Aunque ya habrá tiempo de ocuparse del Plan de Desarrollo, su trámite, torcido de entrada, provocó una carta del Presidente de la Comisión de Hacienda solicitándole a la Administración sacar al menos 12 artículos, entre ellos, la venta de la ETB, pues les resulta ilegal que a nuevos impuestos y contribuciones, que configuran en la práctica una reforma tributaria, y a la propuesta de la ya nombrada enajenación, se les dé curso por otra comisión como la del Plan, cuando requieren acuerdos especiales según el reglamento, que es el Acuerdo 348 de 2008, y como lo fijan sentencias de la Corte Constitucional respecto tanto a competencias de cada instancia como a unidad de materia de los proyectos.

Y como el subordinado aprende del jefe, el presidente de la ETB, Jorge Castellanos, violando las disposiciones de los tribunales y de la Procuraduría, no solo profiere a diario toda suerte de denuestos contra la Empresa –hasta llegar a equipararla con “unos zapatos viejos”–, sino que se resiste al control político del Concejo, negando información pertinente e irrespetando la Sentencia T-181 de 2014 de la Corte Constitucional, que ratificó el carácter público de la Empresa. Va por el camino de Saúl Kattan, de la época de Petro, quien por lo mismo fue sancionado disciplinariamente.

Todo lo anterior demuestra que es la ley del embudo la que está imperando en Bogotá en el año 2016: Lo ancho para Peñalosa y los suyos y lo angosto para el resto de los capitalinos.

El Espectador, Bogotá.

Continúe leyendo
Click para comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *