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Pese al embate de la derecha internacional y de los monopolios mediáticos, Ecuador ya cuenta con nueva Ley de Comunicación

Con información de El Telégrafo  

No obstante la agresiva campaña mediática tanto nacional como internacional del monopólico sector de dueños de prensa, radio y televisión a nivel continental, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó la nueva Ley de Comunicación.

La derecha internacional encabezada por los decadentes líderes de este sector político en Ecuador y los dueños de medios que históricamente han monopolizado su propiedad han descalificado la nueva norma tildándola de “Ley mordaza” y han generado toda una

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Con información de El Telégrafo  

No obstante la agresiva campaña mediática tanto nacional como internacional del monopólico sector de dueños de prensa, radio y televisión a nivel continental, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó la nueva Ley de Comunicación.

La derecha internacional encabezada por los decadentes líderes de este sector político en Ecuador y los dueños de medios que históricamente han monopolizado su propiedad han descalificado la nueva norma tildándola de “Ley mordaza” y han generado toda una

campaña propagandística para hacer ver al gobierno de Rafael Correa como dictatorial y enemigo de la libertad de prensa.

El cartel de propietarios de periódicos en América Latina, la denominada Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) fundada por la CIA y el conservador gremio de diarios de Colombia, Andiarios, han desplegado toda una estrategia comunicacional para deslegitimar la nueva Ley de Comunicaciones en Ecuador, cuyo elemento esencial es acabar con la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en este país.

Es un paso adelante en la democratización de un sector que en Ecuador ha estado como en el resto de Latinoamérica concentrado en las pocas manos de familias acaudaladas y de banqueros corruptos.

Durante una histórica sesión, la Asamblea Nacional aprobó este viernes 14 de junio el proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, la primera normativa del Ecuador que rige a toda la actividad periodística, puesto que antes solo se regulaba a los medios audiovisuales.

Su aprobación se produjo en poco más de una hora, y en siete partes de acuerdo a los títulos que integran esta Ley. El promedio de votos afirmativos fueron 108. Los títulos V y VI, correspondientes a  Medios de Comunicación Social y Espectro Radioeléctrico, respectivamente, lograron 110 votos.

Mauro Andino, asambleísta ponente del proyecto, señaló que esta norma defiende la “libertad de información, pero con responsabilidad ulterior”.

“Ningún proyecto de ley ha sido tan debatido, tan socializado como el proyecto de Ley de Comunicación”, señaló Andino, quien entregó el jueves el texto final con las últimas observaciones a la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira.

“Que no quepa la menor duda que hay derechos para todos y no solo para un grupo privilegiado como quieren algunos asambleístas de oposición o esa prensa mercantilista que ha comercializado la información”, apuntó.

Precisamente, durante la exposición de Andino, la oposición mostró su rechazo mostrando carteles y tapándose la boca.

Esta normativa (119 artículos, 22 disposiciones transitorias, 6 reformatorias y 2 derogatorias) prohíbe la concentración de frecuencias de radio y televisión. “Nunca más al monopolio, a la concentración de los medios de comunicación en pocas manos”, señaló Andino, que agregó que la ley pretende una distribución “equitativa” del espectro radioeléctrico.

Plantea así la reversión de frecuencias ilegalmente conseguidas y la redistribución de las mismas, de tal manera que exista un 34% de frecuencias asignadas a medios comunitarios, un 33% a medios públicos y un 33% a medios privados.

Para el desarrollo de los medios de comunicación comunitarios, a los cuales la Ley considera indispensables para la democratización de la comunicación, se contemplan acciones afirmativas para que se instalen y sostengan: préstamos para compra de equipos, exención de impuestos para la importación de equipos, capacitación administrativa y comunicacional.

También contiene principios deontológicos y criterios de responsabilidad ulterior, establece el derecho a la rectificación y a la réplica, determina la posición de los medios respecto a los procesos judiciales, y prohíbe la censura previa.

Además, introduce la figura del “linchamiento mediático”, que se produce por medio de la publicación reiterada de informaciones con el fin de desprestigiar o reducir la credibilidad pública de personas físicas o jurídicas.

También crea la Superintendencia de Información y Comunicación, órgano que se encargará de la “vigilancia, auditoría, intervención y control” y tendrá “capacidad sancionatoria” sobre la actuación de medios de comunicación.

 Otro órgano creado por la nueva ley es el Consejo de Regulación de Medios, que tendrá atribuciones en ámbitos como el acceso a la información, contenidos y franjas horarias, elaboración de reglamentos y de informes para la adjudicación de frecuencias, entre otras competencias.

De su lado, la titular de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, agradeció a los legisladores, organizaciones sociales y todos aquellos actores “que se han sumado a que la ley sea una realidad, porque la palabra ya es de todos”, dijo al finalizar la sesión.

 

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