Plan de Desarrollo que presentará gobierno, profundiza desigualdades y factores que llevaron al conflicto: Alirio Uribe

Un contundente pronunciamiento sobre los alcances del Plan Nacional de Desarrollo que el gobierno de Juan Manuel Santos presentará para su aprobación en el Congreso de la República, hizo el representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo, Alirio Uribe Muñoz.

El congresista del Polo llama la atención sobre el componente de Paz en dicho Plan y afirma que el mismo “propende por la entrega de las tierras a grandes empresarios del agro y crea el “Derecho Real de Superficie”, profundizando las desigualdades y factores que llevaron al conflicto”.

Igualmente, Uribe Muñoz señala que “la caída del petróleo y el deterioro de la estructura productiva a causa de la minería, muestran que solo este año el déficit a financiar es de 22.9 billones que el Gobierno pretende financiar con mayores impuestos a los colombianos de a pie,  aumentando el IVA del 16% al 18% (Incluyendo la canasta familiar) y reduciendo transferencias territoriales, tal y como propone la OCDE.

Infortunadamente, agrega el parlamentario del Polo, “en el Plan Nacional de Desarrollo el actor principal en la construcción de la paz y la equidad, serán  los empresarios y la cooperación internacional y no las comunidades y los ciudadanos en general”.

“En el tema educativo, -agrega en su pronunciamiento el congresista del Polo – se adoptarán las recomendaciones de la OCDE, que profundiza la inequidad, poniendo a las instituciones educativas en competencia por los recursos que financian un derecho social mediante la adopción de bolsas concursables.

La declaración pública del representante Uribe Muñoz sobre los verdaderos alcances del Plan Nacional de Desarrollo de Juan Manuel Santos es la siguiente:

Este viernes 6 de febrero, el Gobierno Nacional en cabeza del Ministro de Hacienda, entregará al Congreso de la República el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, para su estudio y aprobación. No obstante la expectativa y a pesar de tener un título sugerente: “Paz, Equidad y Educación”, el PND genera  varias  preocupaciones y dudas sobre el contenido y financiación de las políticas que cimentarán el desarrollo nacional.

La primera preocupación es sobre la financiación de las políticas públicas, pues el escenario macroeconómico y el panorama fiscal no son los mejores, esto ante la caída estrepitosa del precio del petróleo y la desaceleración de la economía.

De acuerdo con algunos analistas, así como por parte de la Contraloría General de la República, el gobierno nacional tendría un déficit anual superior a los 17 billones para los próximos cuatro años, que tendrían que ser financiados con más impuestos y mayor endeudamiento[1]. Al respecto, vale la pena mencionar que de acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el déficit a financiar, solo para este año, será de 22,9 billones de pesos[2], que se pretende subsanar con mayor endeudamiento y con una reforma tributaria estructural, que de seguir los lineamientos regresivos de la OCDE, sería pagada por los trabajadores del país, aumentando el IVA del 16% al 18% y reduciendo las transferencias a los entes territoriales.

En segundo lugar, está la visión misma del desarrollo nacional contenida en el Plan. Respecto al componente de Paz, por ejemplo, en el texto de las bases, el PND no hace alusión a políticas concretas que apunten a tal pretensión. Al contrario, profundiza las desigualdades y factores que llevaron al conflicto. Por ejemplo, en materia de desarrollo rural, el texto de las bases propende por la entrega de las tierras a grandes empresarios del agro y crearía el denominado “Derecho Real de Superficie”, que en el contexto de despojo violento del que han sido víctimas los habitantes rurales y el acaparamiento irregular de tierras que ha acontecido en los últimos tiempos, representa una barrera adicional para la construcción de una paz estable y duradera.

Es de destacar que éste Derecho Real de Superficie, fue excluido del proyecto de Ley que terminó convirtiéndose en la Ley 1448 de 2011 o Ley de víctimas. Con este derecho, un predio tendría dos propietarios: el dueño del predio (que es el derecho real de propiedad) como tal y el dueño de todo lo que haya en su superficie (el derecho real de superficie), es decir, plantaciones, edificios, construcciones, etc. En la discusión de la Ley de víctimas, mediante este mecanismo se pretendía que la tierra despojada en cuanto a propiedad reposara en el dueño (la víctima), pero que el despojador o comprador de buena fe, mantuviera cultivos por períodos que por lo general van de 40 a 60 años y es además transmisible por herencia (es perpetuo de hecho).
Este derecho real lo ha planteado también el gobierno nacional, para entregar en arrendamiento a grandes empresarios por 60 o 100 años los predios baldíos de la nación, que según la constitución  deben servir para facilitar el acceso a la propiedad a campesinos sin tierra[3].
En tercer lugar, ante la caída del precio del petróleo, la baja producción y la no compensación de la revaluación, el componente de equidad (producto del crecimiento económico, y de la facilidad de acceso a recursos por parte de los entes territoriales) en el PND no  se evidencia.  De hecho el actor principal, no es como se esperaría las comunidades y los ciudadanos, sino, tal como lo expresa el documento de bases del plan, los empresarios y la cooperación internacional. Así, paz y equidad, se conciben como productos del crecimiento económico.

Es tal la fe del círculo virtuoso paz-crecimiento-desarrollo, propuesta en el PND, que se estima que al firmar la paz, según algunos estudios citados en el documento de bases del plan, la tasa de crecimiento económico sería anualmente superior al 4,4% adicional. Vale anotar que la tasa de crecimiento de largo plazo de Colombia es 5%, por lo que la paz duplicaría esta tasa.

Sin embargo, este círculo en realidad no es tan virtuoso, dado que Gobierno en el PND sigue estructurando el desarrollo en megaproyectos mineros, y en una política comercial que privilegia los Tratados de Libre Comercio, que está demostrado son causantes de la debacle de la industria nacional

Por último está la educación, que falta ver con cuántos recursos se financiaría en el cuatrienio. Del documento se nota el privilegio a la financiación por la demanda, y en particular el crédito subsidiado, que en el caso de la educación superior se canalizarían por medio del ICETEX. Al respecto, todo parece indicar que se adoptarán las recomendaciones de la OCDE, que establecen que la financiación se otorgará de acuerdo a resultados, a lo que se proponen bolsas concursables en las que competirían las instituciones educativas, profundizando así en la inequidad, y limitando seriamente la posibilidad de materializar la educación como derecho.

A todo lo anterior están los miedos por los potenciales micos que se cuelen, bien sea por parte del gobierno o de los legisladores, esto teniendo como precedentes las anteriores leyes de plan de desarrollo.

Ojalá estas preocupaciones sean despejadas en la radicación del proyecto por parte del gobierno, y en verdad se propenda por una sociedad en la que su economía pueda crecer y el desarrollo vaya de la mano y en congruencia con un ideal de paz y justicia social. Si esto no ocurriera, no queda otra opción a los sectores democráticos del país que oponerse a esta iniciativa.

[1] Véase: http://viva.org.co/cajavirtual/svc0432/articulo05.html (revisado por última vez: 2 de febrero de 2014).
[2] Véase: http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/saladeprensa/12292014-abc-plan-financiero-2015 (revisado por última vez: 2 de febrero de 2014).

Sobre las pretensiones de esta figura, que fue excluida del proyecto que terminó convirtiéndose en la Ley 1448 de 2011, véase: http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2011/Diciembre/Paginas/20111202_09.aspx (revisado por última vez: 2 de febrero de 2014).