Plan Nacional de Desarrollo se sustenta en argumentos de la OCDE y el BID que privilegian el agronegocio: Dignidad Agropecuaria

A través de su director ejecutivo nacional, Óscar Gutiérrez Reyes, Dignidad Agropecuaria Colombiana esbozó un primer análisis sobre el alcance del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Santos en materia de política agraria, cuyo contenido es el siguiente:

Una primera consideración que debemos señalar es que diferenciamos varios sectores en el sector agropecuario nacional. De una lado, más de dos millones y medio de familias sobre las cuales descansa la producción agropecuaria nacional.

Están centrados en la producción de alimentos, con formas tradicionales, con pequeños o medianos capitales y, en medio de la arremetida neoliberal, las importaciones de alimentos, la entrega del mercado interno y libre comercio- a través de los TLC- resisten a tan nefasta política y viven en condiciones que rayan con la miseria como bien lo prueba, incluso, la estadística oficial. Producen café y cacao, lo poco que queda de cereales, buena parte de la producción pecuaria, frutas y hortalizas y los llamados productos de pancoger.

De otro lado, existe una agricultura empresarial que atiende importantes sectores de la producción de alimentos en el país, sometida –al igual que la producción campesina y en algunos productos- a la competencia extranjera pero que, en otros productos medio se sostiene exportando bienes básicos. Café, flores, banano o se refugia, aún puede hacerlo, en unos pocos productos que se producen para el mercado interno. Palma Aceitera –en gran parte para los agro-combustibles, Azúcar y otros pocos más. 

En este contexto, el de una agricultura familiar, campesina, escasa en capital, técnica y tierra y el de una agricultura empresarial -vinculada con algún conocimiento y técnica avanzada, con capital de trabajo, producción mecanizada o mano de obra asalariada, se encuentra el agro colombiano. Su principal problema -hoy- está en el proverbial atraso del campo y en la política de apertura del mercado interno y de sometimiento a la competencia con quienes no estamos en capacidad de competir.

El Plan Nacional de Desarrollo se formula en esa realidad, pero no para sacar al campo de esa realidad. Primero porque se insiste en la importación de alimentos, el libre comercio y demás políticas macro-económicas ya señaladas. Pero, además, porque lo que se pretende es perpetuar esa realidad a través de la implementación de dos ejes de política pública que están formuladas, aunque con poca claridad, en el Plan.

Uno, expresado en los artículos 95, el 96 que modifica el artículo 20 de la Ley 160 de 1994, y directamente relacionado con el art. 97, sobre administración de tierras de la nación y con el art. 102 que concede facultades extraordinarias al presidente Santos para que acomode, a la política denominada en el plan: Intervención Integral en Territorios Rurales, el aparato de Estado que a su vez, permita la implementación de las políticas recomendadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Y dos, la entrega de baldíos para la conformación de Zidres, Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico, en las que aspiran a desarrollar grandes explotaciones, o a generar poderosas burbujas de especulación con la tierra algunos monopolios nacionales y extranjeros que si llegaren a producir lo harán, fundamentalmente, para el mercado externo. Algo que ya se ha explicado, con suficiencia, en la enconada discusión y oposición que ha hecho este comité frente al proyecto de Ley 133-Cámara.

En resumen de un lado zonas de concentración de campesinos pobres en territorios en los que se hará intervención integral y de otro lado concentración de poderosos monopolios en zonas de baldíos o de manejo de tierras de la nación, a través de concesiones, arrendamientos o derechos reales de superficie.

La intervención integral de que habla el proyecto de Plan de Desarrollo está documentada en textos del BID y, especialmente, en textos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE. Se trata de hacer inversiones, con el concepto de integrales, en zonas previamente escogidas, en las que además se aplicará una reglamentación especial que expedirá el gobierno nacional, y de ahí las facultades extraordinarias, y en las que se formularan, proyectos productivos ligados a la implementación de productos que en nada compitan o que poco compitan con la producción extranjera que se acepta por el camino de los TLC, es decir casi todos los alimentos. En esas zonas se invertirá en bienes públicos y en el desarrollo de proyectos productivos de economía familiar para paliar o tratar de reducir la pobreza y desigualdad de las poblaciones rurales y según el proyecto para crear clase media rural.

Todo lo anterior, en el marco de las recomendaciones de la OCDE, que se pueden resumir bien en la siguiente frase tomada, en parte, de un texto de este mismo organismo: La OCDE es un foro único para enfrentar los retos económicos, sociales y medioambientales de la globalización. Y en otra de su mismo origen: “Es por ello que los países de la OCDE han impulsado un cambio de paradigma, en sus propósitos de enfrentar estos importantes retos. Las características más representativas de este cambio son el enfoque territorial más allá de una visión sectorial, así como privilegiar las inversiones más que los subsidios.”

Solo queda saber cómo será la reglamentación, presidencial, de la que habla el artículo 96.

Dignidad Agropecuaria participará de la coalición de organizaciones sociales que se está conformando para hacerle frente al Plan Nacional de Desarrollo que en lo agrario perpetúa las condiciones de atraso, somete al libre comercio a los productores campesinos y empresariales, destruye la soberanía alimentaria y entrega nuestro territorio a grandes monopolios nacionales y extranjeros. Para ello organizará foros en las regiones y uno nacional que nos permita enfrentar tan lesiva política. También queremos anunciar que en la reunión de nuestra Dirección Nacional de Delegados -DND- aprobamos impulsar un Acto Legislativo de Iniciativa Popular dirigido a alcanzar la revisión de los TLC y la creación de un marco legal que permita alcanzar la soberanía alimentaria nacional.

Oscar Gutiérrez Reyes
Director Ejecutivo Nacional
Dignidad Agropecuaria Colombiana

Correo electrónico:
dignidadagropecuaria2013@gmail.com

Teléfono 310 451 3923