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PND es un atentado contra el país: Wilson Arias

El Senador del Polo Democrático Alternativo, Wilson Arias presentó, a nombre de su partido, ponencia negativa al Plan Nacional de Desarrollo (PND) del Gobierno Duque por considerar que es una amenaza contenida en 349 artículos que incluyen reformas nocivas para el país: laboral, pensional, agraria, minera, educativa y del Estado.

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El Senador del Polo Democrático Alternativo, Wilson Arias presentó, a nombre de su partido, ponencia negativa al Plan Nacional de Desarrollo (PND) del Gobierno Duque por considerar que es una amenaza contenida en 349 artículos que incluyen reformas nocivas para el país: laboral, pensional, agraria, minera, educativa y del Estado.

Bogotá, mayo 2 de 2019

El Senador del Polo Democrático Alternativo, Wilson Arias presentó, a nombre de su partido, ponencia negativa al Plan Nacional de Desarrollo (PND) del Gobierno Duque por considerar que es una amenaza contenida en 349 artículos que incluyen reformas nocivas para el país: laboral, pensional, agraria, minera, educativa y del Estado.

De acuerdo con Arias este PND que fue discutido a puerta cerrada en salones del Ministerio de Hacienda, no recoge las expectativas, necesidades y derechos de jóvenes, mujeres, minorías étnicas, pueblos afrodescendientes, campesinos, entre otros y el da un portazo al Acuerdo de Paz. Tal como quedó consignado en los artículos 4, 148, 189,190 y 338, entre otros.

El gobierno Duque “entrega el país a los más ricos, a la gran explotación minera, al fracking, pretende legalizar el despojo de tierras que le pertenecen al campesinado y proponen privatizar la gestión catastral en (Artículos 85, 86, 87, 88, 91,329)”, dijo Arias.

Según el Senador Wilson Arias estas son otras razones para negar la propuesta del PND del Gobierno Duque:

1. Este Plan propone una contra reforma agraria que deja sin piso la ley de restitución de tierras y reparación a las víctimas (Artículo 91).
2. Favorece al gran capital y traslada deudas, sobrecargas y desfalcos por corrupción, a la ciudadanía a través de impuestos. Claro ejemplo de esto, el salvamento de ELECTRICARIBE (Todo un capítulo para su favorecimiento: artículos del 310 al 317).
3. Viola derechos laborales: proponen contratar a la gente sin pagarle ni siquiera el salario mínimo, sin salud, sin seguridad (ARL), sin pensión. (Artículos 81, 82,83,197,202, 203, 204, 205, 206, 247, 346)
4. Le resta el presupuesto a la salud pública y los suma a empresas privadas. Abre la puerta para que el Estado pague, con impuestos de la ciudadanía, las deudas generadas por las EPS y su corrupción. Incluye borrón y cuenta nueva para Saludcoop. (Artículos del 234 al 239)
5. Este Plan incumple acuerdos con comunidad educativa, con FECODE y con estudiantes universitarios. Plantea una reforma educativa y afecta la misión del SENA. (Artículos 189, 190, 195, 196, 197, 198, 206)
6. Abre la puerta para privatización de empresas mixtas: Corabastos (Bogotá), Central de Abastos (Bucaramanga), Gran Central de Abastos (Caribe) que sin duda afectará precios para campesinos proveedores, consumidores y el derecho a la alimentación. (Artículo 45).
7. Busca también la privatización de terminales de transporte: Bogotá, Manizales y Pereira. Y la concesión Bogotá-Girardot (Artículo 45).

8. Es generoso con las grandes explotaciones mineras a las que rebaja tarifas de impuestos de regalías: Mineros S.A y Drummond (Artículos 23 y329).
9. Extiende algunas concesiones mineras por otros 30 años (quedarán en 60 años), sin que esto beneficie el presupuesto público y sin tener en cuenta el grave deterioro ambiental. Entrega gabelas a Luis Carlos Sarmiento Angulo, Scotiabank y Argos (Artículos 23 y 26).
10. Impide a las comunidades la consulta previa y les traslada a la gente sus costos (Artículo 338).
11. Abre la puerta a la privatización de los centros carcelarios, que podrán ser construidos, administrados y vigilados mediante la figura de la concesión. Lo anterior es mucho más grave si se tiene en cuenta que según la Asociación Colombiana de Escuelas y Empresas de Vigilancia (ASOCLESVIG), ninguna empresa de vigilancia colombiana cuenta con la experiencia para prestar el servicio, por lo cual las cárceles colombianas quedarían en manos del capital privado extranjero. (Artículo 140)

 

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