Polémica sobre la cuestión agraria con Hommes

Por Aurelio Suárez Montoya  

Rudolf Hommes se refirió a un cara a cara –entre él y yo– que hizo en su último número (aún en imprenta) la revista Banca y Economía sobre ‘¿qué hacer con el campo colombiano?’. Su propuesta tiene dos premisas: un fondo de tierras para arrendarlas a campesinos y pequeños productores, y desmontar la UAF para permitir la inversión de grandes capitales, en especial en la Altillanura. Más allá de si coinciden con el Estado Social de Derecho, vale mirar si ambas pueden recuperar el agro de su indignante estado de postración.

No sorprende lo que se está conociendo de la realidad rural. La desigualdad en la estructura de la propiedad, el predominio de cultivos tropicales y la participación superior de la ganadería en el área agropecuaria eran verdades sabidas, y comprobadas por el Censo. Si se añade que el país importa el 30% de sus alimentos, el cuadro no puede ser peor.

Ese resultado no es fortuito, es fruto de las políticas económicas y sectoriales que han regido. Si se parte de que la pequeña propiedad es más productiva, el aumento de su participación en la agricultura nacional, empezando por la que cuenta con tamaños y recursos básicos, dependerá de la “demanda efectiva por sus alimentos o productos” (Bejarano, 1998) y del acceso a bienes necesarios para su fomento, asistencia técnica, recursos de capital, etc. Es decir, tan indispensable como la dotación es el consumo doméstico, hoy entregado, en gran proporción, a géneros extranjeros importados con dumping, como lo ha comprobado Woodrow Wilson International Center (2010) para el caso mexicano.

Ahora bien, que la tierra sea propia o arrendada no es asunto menor. Está demostrado que la propiedad es elemento de control de los demás recursos productivos, crédito, infraestructura y tecnología, y la concentración de la tierra conlleva “mantener un dominio diferencial” en dichas áreas (Bejarano, 1998). Por otra parte, arrendarla a los pequeños y entregarla a potentados, sin límite ni control, no solo ahonda la iniquidad, sino que lleva implícito un “costo social de preferencia” (Deininger K. y Byerlee, BM, 2011), definido como “expansión en lugar de la intensificación, y comúnmente dejan a las comunidades locales con muy pocos beneficios, y (…) a menudo con efectos negativos sociales y ambientales”. En otras palabras, esa gran propiedad así abierta es más especulación que producción, está documentado en procesos del ‘acaparamiento’ global que se ha desatado.

Ello no puede servir para excluir a la genuina agricultura empresarial, que en Colombia existe y debe perdurar. Su lógica económica es distinta a la de la campesina, pero su desarrollo depende de que el empresario rural recupere el capital invertido en insumos, equipo, salarios, así como el costo de oportunidad de la tierra más una tasa de ganancia y una renta adicional de la tierra por unidad producida (Suárez, 2007).

¿Garantizan las políticas actuales dicho ingreso al capitalismo del campo? Me temo que no, con los fertilizantes de altísimos costos, la pérdida en precios relativos en energía y combustibles y un IPP creciente, de más de 40 puntos desde el 2005. Todos son factores, junto con la pérdida del mercado interno, ligados a las fullerías del ‘libre comercio’ contemporáneo en países como Colombia, cuyo capitalismo adolece de desarrollo suficiente y con baja capacidad nacional de competencia.

Con pena, debo decir que no me “es posible tender el puente y la visión de compromiso” que me propone Hommes, ya que sus formulaciones llevan implícitas las mismas políticas que dieron al traste con el campo, y, como tales, no solucionan los problemas estructurales, los ahondan. No es ideología, son criterios básicos de economía de la agricultura.

@AurelioSuarez

Portafolio, Bogotá.