POLO DEMOCRÁTICO VOTA NO AL DESMONTE DE LA JEP Y A LA DESTRUCCIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ

– Solicitamos a la Corte Penal Internacional que se preste atención urgente al caso colombiano, se tome en cuenta la gravedad del trámite del presente proyecto de ley y en consecuencia se establezca la admisibilidad del caso colombiano y se proceda a realizar las investigaciones correspondientes, puesto que el Estado Colombiano continúa imposibilitándose de manera deliberada para hacer justicia

– Solicitamos a la Corte Penal Internacional que se preste atención urgente al caso colombiano, se tome en cuenta la gravedad del trámite del presente proyecto de ley y en consecuencia se establezca la admisibilidad del caso colombiano y se proceda a realizar las investigaciones correspondientes, puesto que el Estado Colombiano continúa imposibilitándose de manera deliberada para hacer justicia

El Senador Alexander López, vocero del Polo Democrático Alternativo, anuncia su voto negativo en contra del Proyecto de Acto Legislativo 24 de 2018, discutido en la Comisión Primera de Senado, por medio del cual el Centro Democrático pretende establecer la total impunidad para los miembros de la Fuerza Pública que se sometan a la JEP, obstaculizando el derecho a la verdad para las víctimas del conflicto armado e impidiendo que la sociedad colombiana conozca la verdad acerca de los máximos responsables por la violencia de Estado en Colombia.

El discurso empleado por el Centro Democrático a lo largo del debate fue mentiroso, queriendo desinformar tanto a los integrantes de la Comisión Primera como a la sociedad en general, indicando que los tratamientos especiales ante la JEP para los miembros de la Fuerza Pública no habían sido incluidos en el Acuerdo de Paz, cuando en realidad desde el acuerdo del 9 de noviembre de 2016 se acordó la presentación de la Ley de Amnistías e Indultos, hoy ley 1820 de 2016 que en su título IV establece los “tratamientos especiales diferenciados para agentes del estado”.

Agregó el vocero del POLO “Tanto el gobierno del presidente Santos, en acuerdo con los altos mandos militares, como el Centro Democrático se han ocupado de garantizarle a los miembros de la Fuerza Pública elevados niveles de impunidad y beneficios que riñen con la verdad y la justicia a la que tienen derecho las víctimas, ejemplo de ellos son las CONDICIONES CONCURRENTES que se deben cumplir para establecer la responsabilidad del mando, la privación de la libertad en unidad militar o policial, la posibilidad de continuar desempeñando sus cargos en la Fuerza Pública debido a la renuncia a la acción penal, no estar obligados a indemnizar a su víctimas y el hecho de que la JEP este impedida para investigar la estructura y funcionamiento de la organización criminal, los patrones macro criminales, el plan criminal y los móviles de dicho plan, en claro desconocimiento de la historia de Colombia y como una burla frente a las víctimas de las Fuerzas Armadas”.

En consecuencia, consideramos que la decisión adoptada por la Comisión Primera Constitucional el día de hoy, en el sentido de establecer la vinculación de un número mayor de Magistrados ante la JEP elegidos por entidades nacionales que actualmente no gozan de autonomía respecto del Gobierno Nacional, ocasionará la selección de jueces parcializados que obstaculizarán la búsqueda de la verdad y la justicia respecto de los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública.

Así mismo, entendemos que la decisión de restar contundencia a las confesiones de quienes se sometan a la JEP, tiene como único objetivo evitar que los militares, que eventualmente decidan decir la verdad, puedan revelar quienes fueron los determinadores de cientos de crímenes cometidos por la Fuerza Pública con objetivos de carácter político o económico.

Por lo anterior, solicitamos a la Corte Penal Internacional que se preste atención urgente al caso colombiano, se tome en cuenta la gravedad del trámite del presente proyecto de ley y en consecuencia se establezca la admisibilidad del caso colombiano y se proceda a realizar las investigaciones correspondientes, puesto que el Estado Colombiano continúa imposibilitándose de manera deliberada para hacer justicia frente los crímenes cometidos por sus agentes.