¿Por quién doblan las campanas?

Por Octavio Quintero  

“Nunca hagas preguntar por quién doblan las campanas: doblan por ti”: John Donne

El que menos autoridad moral tiene para pedirle la renuncia al magistrado Jorge Pretelt, es el fiscal general, Eduardo Montealegre, quien, si tuviera decoro, debió haber renunciado al cargo cuando se destapó el escándalo del robo a la salud en el que, Saludcoop, asesorada por Montealegre, resultó ser el Alí Babá…

Si alguien ha utilizado el cargo para escudarse de sus andanzas como magistrado y abogado, quizás fungiendo al mismo tiempo como uno y otro, y persiguiendo desde la Fiscalía a todo el que no esté con él, es Montealegre.

Si los cuestionamientos que se le vienen haciendo al magistrado Pretelt, lo primero que concitan es su renuncia, entonces junto con él debieran renunciar todos los magistrados porque todos están o han sido cuestionados en su proceder ético, por ejemplo, en el trámite de la fallida reforma a la justicia que el presidente Santos tuvo que echar abajo al estilo Sansón…

La corrupción evidenciada en la actividad pública y privada del magistrado Pretelt no es, digamos, un caso sobreviniente en el ámbito de las altas cortes, ni por supuesto en la administración de justicia en Colombia; es, por el contrario, la metástasis de un grave mal que ya por los años 80 del siglo pasado –hace 34 años– un folclórico presidente dijo que había que reducir a sus justas proporciones.

Si nos fuera dado recopilar todas las opiniones serias que sobre el avance de la corrupción nacional se han divulgado en los medios de prensa, radio y televisión; los libros que se han escrito y todos los estudios que se han hecho, y sobre todo, las disposiciones constitucionales y legales que junto a los buenos propósitos de los gobiernos de turno se vienen haciendo, digamos desde el año 2000 en adelante, no tendríamos espacio, ni siquiera mental, para concebir la magnitud de la advertencia del camino al abismo que venimos recorriendo, ya sin retorno, tal como avezados analistas han empezado a admitirlo.

Bajándole el tono ceremonioso a esta nota, y no encontrando más forma de decirlo escuetamente, digamos que el Estado colombiano está para barajar y volver a repartir.

Es lo que los académicos llaman “Estado fallido” o “inviable”. Han hecho agua todas las instituciones, todas: la Presidencia, el Congreso, la altas cortes; los organismos de control y vigilancia: Procuraduría, Fiscalía y Contraloría, y de ahí hacia abajo, pues, resulta obvio todo lo que se piense, diga, denuncie o esté sucediendo.

Tiene razón el magistrado Pretelt cuando en su destape advierte que si cae él, caen todos. Puede que no se llegue allá porque a un corrupto como él, hay de por medio “millones” de razones para acallarlo.