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Préstamos educativos: dulce envenenado

Por Rodolfo Arango  

La educación superior no es un bien meritorio, al que puedan acceder sólo los mejores. Tampoco es un producto financiero que se pueda transar en el mercado.

Se trata de un derecho fundamental cuyo acceso debe garantizarse por el Estado a todas las personas que terminan su bachillerato en el país.

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Por Rodolfo Arango  

La educación superior no es un bien meritorio, al que puedan acceder sólo los mejores. Tampoco es un producto financiero que se pueda transar en el mercado.

Se trata de un derecho fundamental cuyo acceso debe garantizarse por el Estado a todas las personas que terminan su bachillerato en el país.

Estas son las razones de fondo para considerar que el programa de créditos condonables “ser pilo paga” es un error político y, si se generaliza, una violación de la constitución y de los derechos fundamentales de millones de jóvenes.

Lo anterior no significa que en mi condición de docente universitario no vaya a consagrar todos mis esfuerzos a apoyar a los 10 mil beneficiarios de los préstamos condicionados del Icetex, mal llamados becas por muchos, incluso funcionarios del Gobierno. En mí tendrán todos los y las estudiantes un aliado para defender sus derechos y coronar con éxito sus carreras. De hecho, en vacaciones ya recibí las primeras quejas de uno de los “afortunados” que, con consternación, se dolía de la reducción sorpresiva e inconsulta por parte del Gobierno de las cuotas de sostenimiento destinadas a los universitarios.

La educación en general, y la superior en particular, es el principal factor generador de equidad en una sociedad. Por eso no deben acceder a ella sólo los que pueden pagar o los mejores estudiantes de su promoción sino todos los bachilleres. El altruismo de una sociedad debe manifestarse en la forma en que ella se reproduce material y simbólicamente. Esto vale para el proceso de socialización que, cuando es exitoso, profundiza los sentimientos de pertenencia, gratitud y reciprocidad, y viabiliza el trabajo mancomunado y colectivo para el bien de todos. En contravía con esta visión, los enfoques antidemocráticos y economicistas prometen individualismo, resentimiento y conflictividad.

Lo que puede pasar con el programa es previsible. La mitad de los pilos cumplirían con las condiciones y serían beneficiarios de la condonación de sus deudas. Hoy del 45% al 50% de los estudiantes universitarios desertan a mitad de camino, más si se trata de personas de escasos recursos donde las limitaciones materiales, la marginalidad y el clasismo confabulan en su contra. Podría perfectamente pasar que estudiantes sisben 3, con menores tensiones, logren la meta, mientras otros en peores condiciones terminen siendo deudores del sistema financiero. Si el programa no quiere fracasar estruendósamente, tendría que incluir la muerte de familiares cercanos, el desempleo de los padres o la calamidad económica de la familia, entre las causales de no penalización financiera en caso de suspender los estudios.

Existe un detalle del programa sobre el cual no se ha puesto suficiente atención. Los dineros que lo financian son públicos. Eso significa que los y las beneficiarias son “estudiantes públicos”, de visita en universidades privadas. Estas reciben los dineros de todos y no pueden distraerlos para objetivos diferentes a garantizar la satisfacción del derecho fundamental en cuestión. Como dineros públicos, su vigilancia corresponde a la Contraloría General de la República. Las universidades se tornan ahora en empresas prestadoras de educación (EPE) por encargo y, como tales, deben utilizar todos los recursos recibidos, salvo costos de administración, al éxito de la “inversión social”.

Si el gobierno no hubiera burlado el debate democrático, luego del fallido intento privatizador de la educación superior en el Legislativo, y no hubiera impuesto su idea vía decreto, quizás se habría percatado del dulce envenenado que regalaba a algunas universidades privadas.

El Espectador, Bogotá.

 

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