Programa de rehabilitación social y sólida política ambiental urgen Buenaventura y región de la Orinoquía, afirma Clara López

Buenaventura requiere de un programa de rehabilitación social urgente no solo para enfrentar el problema de orden público sino para atender con políticas efectivas la pobreza extrema de la mayor parte de sus habitantes, dijo Clara López Obregón, candidata presidencial del Polo Democrático Alternativo, al pronunciarse sobre la grave tragedia humanitaria en que actualmente se debate el principal puerto colombiano sobre el Pacífico.

“En mi gobierno tenemos que hacer presencia institucional directa para atender problemas tan serios como los de Buenaventura, cuya principal causa de desquiciamiento social es la pobreza extrema que dispara los fenómenos de violencia”, dijo López Obregón al señalar que lo  urgente es atender las causas objetivas del problema y simultáneamente enfrentar con las autoridades los espeluznantes casos de desmembramiento de cuerpos que vienen ocurriendo de tiempo atrás, el desplazamiento forzado, la inefectividad de la Policía y el accionar cada vez más violento de los grupos paramilitares. 

“En mi gobierno tragedias humanitarias como la de Buenaventura recibirán un tratamiento al más alto nivel, garantizando alternativas de vida, protegiendo los derechos fundamentales de la gente, solidarizándose con su situación mediante la atención efectiva del Estado. Ese es mi estilo de gobernar”, dijo la aspirante presidencial al recordar que así lo hizo cuando se desempeñó como Secretaria de Gobierno de la capital y luego como Alcaldesa de Bogotá, propiciando el diálogo y la concertación en la toma de decisiones, por ejemplo, con la Minga Indígena, los estudiantes universitarios, los desplazados, las barras bravas del estadio El Campín, entre otros actores de la vida social. 

La institucionalidad tiene y debe ser capaz, agregó López Obregón, de frenar cuanto antes el atroz fenómeno de las denominadas “casas de pique” en las que se descuartizan seres humanos en el puerto del Pacífico, y donde según la investigación de la organización Human Rights Watch, es el lugar del país con más víctimas de desplazamiento por la generalización de la violencia. 

“Durante mi administración gubernamental, -enfatizó la dirigente política-, pondremos en acción todos los instrumentos del Estado para conjurar la crisis humanitaria que está asolando al principal puerto sobre el Pacífico, para lo cual y si es necesario solicitaremos el acompañamiento de organismos de derechos humanos. Se trata en primer término de comenzar por garantizarles unos mínimos de dignidad en su diaria sobrevivencia a los habitantes de Buenaventura que hoy, y eso es muy grave, no tienen esperanza”, recalcó.

Política para enfrentar consecuencias de la crisis climática

La candidata presidencial del Polo también se refirió a la crisis ambiental en la región de la Orinoquía, afectada por una grave sequía que ha cobrado la vida de veinte mil animales entre chigüiros, tortugas y ganado, especialmente en el departamento de Casanare. Dijo que esta grave situación amerita que el país en forma urgente diseñe una coherente política pública en materia ecológica.  

En ese sentido dijo que el Plan de Desarrollo de su gobierno pondrá énfasis especial en una política ambiental capaz de enfrentar los rigores de la crisis climática que, en el caso de esta región del oriente del país, es generada por las petroleras, las empresas mineras y la ganadería extensiva, como lo han demostrados varias investigaciones.

En efecto, la candidata del Polo citó los estudios que sobre el particular ha realizado la Asociación de Protectores de la Fauna Colombiana y del Medio Ambiente para señalar que las actividades petroleras, mineras y ganaderas han afectado en grado superlativo el medio ambiente de la región, cambiando los cauces de los ríos, contaminando sus reservorios y generando una  emergencia ecológica de grandes proporciones. El Estado, puntualizó López Obregón, tiene que intervenir para regular y controlar las prácticas de  transnacionales y grandes empresarios del sector minero-energético, y de esta manera, frenar las graves consecuencias del impacto medioambiental.