Pronunciamiento del senador Alberto Castilla sobre libertad de integrantes del Congreso de los Pueblos: prevaleció la justicia

Sobre el falso positivo judicial que buscó montar el gobierno de Juan Manuel Santos contra 11 jóvenes dirigentes populares pertenecientes al Congreso de los Pueblos sindicándolos de haber sido los autores de las explosiones en Bogotá ocurridas en julio pasado, el senador del Polo Democrático Alternativo, Alberto Castilla emitió la siguiente declaración pública:
 
Como integrante del movimiento campesino y parte del movimiento social colombiano, saludo la libertad de los 11 jóvenes, integrantes de esta organización social, que fueron retenidos de manera ilegal, el pasado 8 de julio y privados de la libertad durante dos meses.

Demando  que se den las retractaciones públicas a lugar, que se garantice el debido proceso mientras continúa la investigación, así como exijo protección en la vida, honra y bienes de estas personas, de sus abogados defensores y de todos los integrantes del Congreso de los Pueblos. 

Desde la detención producida el pasado 8 de julio, los abogados(as) defensores señalaron irregularidades en el proceso y denunciaron persecuciones por ejercer el  derecho constitucional a la defensa y el debido proceso.

El pasado viernes 11 de septiembre del presente año, el juez 44 de control de garantías ordenó la libertad de los integrantes del Congreso de los Pueblos detenidos por hechos que aún son materia de investigación. El mencionado juez consideró que no se estableció la inferencia razonable de la participación de cada uno de los imputados, y que las anteriores decisiones judiciales que llevaron a la detención de estos jóvenes, tenían graves problemas de fundamentación jurídica.  La reciente decisión judicial parece corregir los errores cometidos por otros operadores judiciales.   

Estas personas debieron enfrentar  un duro trance durante dos meses de injusta prisión desde el 8 de julio, cuando fueron ilegalmente detenidos. La juez de primera instancia avaló tal ilegalidad y tomó una decisión que brilló por su carencia de motivación imponiendo medida de aseguramiento. Por otro lado, la juez de primera instancia no analizó la situación jurídica de cada una de las personas acusadas,  sino que incriminó a todo el grupo como si se tratara de un solo individuo, vulnerando principios mínimos del debido proceso. Esta carencia de motivación y justificación dio lugar a que el juez 44 decretase la nulidad de la medida. Por lo anterior, a estas personas se les vulneró el derecho al debido proceso y de defensa, también se vulneró el derecho a la libertad personal de acuerdo a la jurisprudencia colombiana, un derecho fundante para cualquier democracia.

Las decisiones judiciales que determinaron el encarcelamiento de los integrantes del Congreso de los Pueblos coincidieron en el tiempo con la detención de defensores de derechos humanos integrantes de la Fundación DHOC y la Marcha Patriótica, con la publicación de reportajes difamatorios contra pueblos indígenas, movimientos sociales y organizaciones de oposición. A todo este tinglado represivo se suman las graves acciones de intimidación contra Alexandra Bermúdez y Eduardo Sanabria, integrantes del Congreso de los Pueblos que han sido víctimas de seguimientos, acoso, amenazas e incluso de retenciones ilegales.

Una vez más hago un llamado a que se proteja al movimiento popular colombiano,  con el cual se debe mantener una actitud abierta y de diálogo constructivo, que contribuya a la construcción de una paz duradera y  una Colombia democrática.
 

ALBERTO CASTILLA SALAZAR
Senador de la República