Recorte fiscal

Por Eduardo Sarmiento Palacio  
 
El Gobierno anunció una reducción del 10% de la inversión pública y la baja del gasto total en términos reales para la vigencia de 2016. La determinación constituye una modificación drástica del plan de desarrollo que fue divulgado hace menos de seis meses y de los programas prioritarios.

El Gobierno anunció una reducción del 10% de la inversión pública y la baja del gasto total en términos reales para la vigencia de 2016. La determinación constituye una modificación drástica del plan de desarrollo que fue divulgado hace menos de seis meses y de los programas prioritarios.

La decisión del Gobierno no responde a una reflexión planificada, sino a la reacción a los desaciertos reiterados de la política económica. El modelo de la minería, la revaluación y el tipo de cambio flexible configuraron un déficit creciente de la balanza de pagos, que llegó al 4% del PIB en noviembre del año pasado y brincó al 6% con el alza de los precios del petróleo. El descuadre se ignoró durante diez años y sólo vino a reconocerse cuando sus efectos destructivos se manifestaron en los índices de producción. Más aun, el Gobierno y los centros de estudio afines proclamaron que se trataba de un fenómeno temporal que se corregiría con la devaluación. La prescripción falló. En la última columna mostré cómo la monumental devaluación del último año no ha logrado reorientar la producción hacia las exportaciones y la sustitución de importaciones. En contradicción con las previsiones del Banco de la República, el déficit en cuenta corriente llegó a 7% del PIB en el primer trimestre y continuará aumentando en el segundo semestre.

Si a la reducción de los ingresos tributarios, causada de suyo por el déficit en cuenta corriente, se le agrega la baja de recaudos provenientes de la menor actividad productiva, es natural que el Gobierno enfrente una seria estrechez de recursos. En la práctica se encuentra entre configurar un déficit fiscal cercano al 5% del PIB o proceder a recortar el gasto en forma drástica.

El remedio resultará peor que la enfermedad. La contracción del gasto fiscal acentuará la caída de la actividad productiva reduciendo las utilidades y el margen de maniobra las empresas para movilizar la oferta hacia las exportaciones. La economía queda a merced de un ajuste recesivo por la vía de la reducción de la producción y el empleo para que el público no pueda adquirir las importaciones.

Todo esto significa un cuestionamiento al Congreso que aprobó el plan de desarrollo sin un diagnóstico sólido del contexto externo. No advirtió la vulnerabilidad del modelo de minería, los efectos devastadores de la revaluación acumulada durante diez años y el irrealismo de los precios que sirvieron para sustentar los proyectos petroleros. Ahora, en un momento de acelerada caída del producto nacional, se encuentra contra la pared aprobando un presupuesto para 2016 de corte recesivo.

La reducción de la inversión pública anunciada y la que vendrá adelante deja sin piso muchos de los programas oficiales. En particular, no es fácil imaginar qué sucederá con los programas de carreteras que se verán seriamente encarecidos por la devaluación. A estas alturas los proyectos de la primera ola no se han cerrado en términos financieros y los indicadores de cemento y obras revelan un lento avance de la inversión vial.

En fin, la economía evoluciona dentro de una rápida caída del crecimiento económico, el desbordamiento de la devaluación y la ampliación del déficit en cuenta corriente. La solución no está en acentuar el deterioro de la actividad productiva para que los inversionistas y consumidores no puedan adquirir las importaciones. Lo que se plantea es crear las condiciones comerciales, cambiarias y fiscales para orientar la estructura productiva hacia las exportaciones y la sustitución de importaciones. Hay que intervenir el tipo de cambio, darles un tratamiento distinto a los bienes industriales y agrícolas, al igual que a las importaciones, y ampliar el déficit fiscal.