Renuncia llena de enseñanzas

Por Rodolfo Arango  

Ha renunciado el Embajador de Colombia en Washington. La presión sobre el Gobierno aumentó hasta hacerse insostenible mantener al diplomático luego de las documentadas denuncias hechas por los congresistas Wilson Arias y Jorge Robledo. Con la renuncia, como consecuencia

de actuaciones pasadas que requieren explicación judicial, el país ha aprendido la lección y empieza a ser un mejor lugar donde vivir. Es el caso más significativo de control político por el cual ha sido llamado a responder un funcionario público de alto rango. Si el control político serio y fundado se amplía, como es deseable, podría convertirse en crucial instrumento contra la corrupción y la politiquería. Sin duda los medios de comunicación y las redes sociales han jugado un papel vital para el feliz desenlace. Queda ahora por definirse la juridicidad de los actos cuestionados y por evitarse la expedición de leyes retroactivas que pretendan sanear posibles ilegalidades pasadas.

La dolorosa lección para abogados y diplomáticos de ocasión es experiencia valiosa para la educación democrática. El mensaje central del affaire Urrutia es que en una democracia nadie está por encima de la ley. La realidad que vivimos día a día no ayuda a reconocer y aceptar esta enseñanza. Los contraejemplos son múltiples, demasiados. La burla a las normas jurídicas es tan generalizada, incluso entre funcionarios de máximo rango, que la mayoría de ciudadanos y ciudadanas es escéptica respecto de la participación política. No obstante, cuando el ejercicio de la misma conlleva resultados positivos como el comentado, renace la esperanza en que es posible construir un país mejor, donde la responsabilidad sea un principio efectivo en la regulación de las interacciones sociales.

Una de las mayores causas de incredulidad hacia el derecho es la convicción de que los servidores públicos no son responsables por sus acciones y omisiones. La crisis de legitimidad del Estado se agrava aún más por la ausencia de justicia pronta y eficaz. La recuperación de la confianza en el derecho pasa, por lo tanto, por la recuperación de la política y por el saneamiento de la rama judicial. Las reformas política y judicial son una prioridad para el país, incluso o con mayor razón, en la etapa del posconflicto. Una democracia funcional, contestataria, exige garantías para la oposición y eficaces mecanismos de control político. Por su parte, ninguna sociedad puede superar la violencia sin institucionalizar una justicia imparcial, autónoma y rápida en la tarea de responsabilizar a autoridades y particulares por sus actos y omisiones.

El control político serio, esto es, informado y sustentado en razones objetivas y comprobables, es consustancial a la democracia. Para que tenga éxito no exige que cada grupo o sector de la sociedad esté representado en el Congreso. Basta que los partidos políticos con ideologías diversas y representatividad de la sociedad civil se organicen democráticamente, sean coherentes y disciplinados. Sin instituciones políticas sólidas no es posible el ejercicio de la razón pública basada en el respeto y la responsabilidad. Por ello alegra tanto ver que, pese a las precarias y desfavorables condiciones en que se desempeñan los partidos minoritarios y de oposición en el país, cosechen triunfos tan importantes para el aprendizaje de una vida en democracia.

El Espectador, Bogotá, 25 de julio de 2013.