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Representante Alirio Uribe denuncia falta de garantías para el retorno y reparación a las víctimas

El representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo, Alirio Uribe Muñoz, denunció en el marco de un debate de control político de la Comisión de Derechos Humanos, al que fueron citados Paula Gaviria, directora de la Unidad Nacional de Víctimas; Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras; Francisco Solano, gerente del Banco Agrario; y Aurelio Iragorri, Ministro de Agricultura, que faltan garantías para la reparación y el retorno de las víctimas en condiciones de dignidad, según lo ordena la Ley de víctimas y restitución de tierras.

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El representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo, Alirio Uribe Muñoz, denunció en el marco de un debate de control político de la Comisión de Derechos Humanos, al que fueron citados Paula Gaviria, directora de la Unidad Nacional de Víctimas; Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras; Francisco Solano, gerente del Banco Agrario; y Aurelio Iragorri, Ministro de Agricultura, que faltan garantías para la reparación y el retorno de las víctimas en condiciones de dignidad, según lo ordena la Ley de víctimas y restitución de tierras.

Uribe Muñoz señaló que en materia de indemnizaciones administrativas que son un componente de la reparación integral, se evidencia poco avance en la respuesta efectiva, según lo corrobora el reciente informe presentado por la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la ley 1448,  que indica que en promedio se ha avanzado sólo en un 7.7% de la implementación de esta medida en el territorio nacional, lo que permite concluir que a cuatro años de vigencia de la ley, no se ha avanzado en la proporción debida conforme a su vigencia

Para el caso de Bogotá, esta situación es aún más grave según el informe, de 612.134 víctimas residentes en la capital, de las cuales 525,264 son víctimas de desplazamiento, sólo 15.833 han recibido la indeminización administrativa, es decir el 2.59%.
 
A esto se le suma, la desfinanciación global de la ley que incide en la falta de recursos para cumplir con las indeminizaciones, como lo demuestran las propias cifras: entre 2012 y 2015 se pasó de 110.584 víctimas indemnizadas a 22.188, lo cual coincide con los recursos asignados, que se redujeron de 704.448 millones de pesos en 2012 a 96.162 millones en 2015.
 
En cuanto al derecho a la vivienda digna en el sector rural, el congresista del Polo denunció que pese a que la ley establece un acceso preferente de la población víctima a programas de subsidios de vivienda en las distintas modalidades promovidas por el Estado, hay serios retrasos en su cumplimiento.

“A cuatro años de vigencia de la ley, sólo se ha materializado la entrega de 516 viviendas, a pesar que han sido asignados  4.393 subsidios de vivienda de interés social rural por parte del Banco Agrario, lo cual es muy grave pues la disponibilidad efectiva de la vivienda es un factor que incide tanto en la intención de retorno como en la materialización del mismo”, manifestó el representante a la Cámara.
 
Frente al derecho al retorno o la reubicación en condiciones de dignidad, seguridad y voluntariedad, Uribe Muñoz cuestionó el hecho que además de no existir planes de retorno en todos los municipios del país, los que hay, no cumplen ni con la necesidad, ni con la satisfacción de las personas.

Dijo que “algunos de los predios asignados para las víctimas no ofrecen las condiciones de seguridad adecuadas, a lo que se le suma que el tiempo que demanda la implementación de todas las fases de retorno es largo, debido en parte a la inoperancia de los escenarios interinstitucionales y al incumplimiento de compromisos de las entidades competentes para la atención de estos procesos, en particular de los entes territoriales”.
 
Finalmente el congresista manifestó su preocupación, ya que al cruzar los datos de la Agencia Nacional de Minería, con los de la Unidad de Restitución de Tierras, se encontró que de los 12 millones de hectáreas en las que se está implementando la restitución (área microfocalizada), hay casi un millón de hectáreas que tienen título minero vigente, lo que cuestiona si realmente las víctimas van realmente a ser restituidas en estos territorios.
 
No se debe olvidar además que el Plan Nacional de Desarrollo imposibilita la restitución en predios donde haya grandes proyectos de infraestructura, mineroenergético, entre otros (PINES), sustituyéndola por la compensación, es decir que en estos casos las víctimas no volverán a sus tierras, sino que deberán ser reubicadas o recibirán dinero, perdiéndose así la esencia de  lo que significa el retorno. 

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