Congresistas Víctor Correa y Alberto Castilla alertan sobre violación de derechos humanos por desalojos en zona donde se ejecuta megaproyecto Hidro-Ituango

Una alerta por los desalojos que se realizan durante este viernes 27 de marzo en el municipio antioqueño de Toledo, en el sector conocido por La Arenera, como consecuencia del megaproyecto Hidro-Ituango, lanzaron los congresistas por el Polo Democrático Alternativo, Víctor Correa Vélez y Alberto Castilla.

“Como lo alertamos en el informe preliminar de la Comisión de Verificación de Violaciones a derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario y DIH por el Megaproyecto Hidroituango, la falta de garantías para las poblaciones que se ven afectadas por la construcción del mencionado megaproyecto no quieren ser suplidas por las autoridades administrativas”, expresó el congresista del Polo.

Correa Vélez explicó que este 27 de marzo hacia las nueve de la mañana la señora Lucia Carmona, Inspectora del municipio de Toledo y el inspector de policía Gabriel Agudelo se presentan en el lugar conocido como La Arenera de la vereda La Cascarela y le advierten a la comunidad que tenían dos horas para desalojar el lugar, de lo contrario procederían al uso de la fuerza con el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional.

Es de resaltar que la comunidad había llegado a un acuerdo con la administración municipal y departamental para que dichos desalojos se realizaran con la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con la intención de que no se presentaran vulneraciones de Derechos Humanos, la delegada de la mencionada oficina nunca fue informado de este desalojo.

El desalojo lo ejecutan la administración del municipio de Toledo, la Policía Nacional y el Ejército Nacional, por lo que “hacemos responsables a estas entidades y el Estado colombiano en general por la violación a Derechos Humanos que se puedan presentar”, señaló el representante Correa.

“Como lo incluimos en el informe preliminar, de esta comunidad hacen parte menores de edad, adultos mayores e integrantes del Registro Único de Víctimas y advertimos que este tipo de acciones pueden configurar hechos de revictimización”, agregó.

La población afectada ha decidido abandonar el lugar para evitar confrontaciones con la fuerza pública, pero los encargados del desalojo no les ofrecen una alternativa clara de a donde los van a dirigir.

“Insistimos en la necesidad de construir un protocolo concertado con las comunidades afectadas para este tipo de diligencias y que las autoridades administrativas generen las alternativas necesarias para garantizar la integridad de los derechos humanos de los afectados”, puntualizó el congresista del Polo.

Por su parte, el senador Castilla coincidió con su colega Correa en el sentido de llamar la atención de las autoridades para que se garanticen los derechos de la comunidad en esa región del departamento de Antioquia.