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Robledo rechaza persecución contra mineros tradicionales de Arauca

El senador por el Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo rechazó la persecución contra los mineros tradicionales afiliados a la Cooperativa Multiactiva de Paleros Brisas del Río Arauca, quienes desde la semana pasado protestan pacíficamente contra los abusos de avivatos que les están violando su derecho al trabajo con la alcahuetería de la Alcaldía de Arauca y del gobierno nacional.

Los mineros llevan más de 20 años explotando arena de manera artesanal en una playa del Río Arauca, actividad de la que dependen más de 80 familias.

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El senador por el Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo rechazó la persecución contra los mineros tradicionales afiliados a la Cooperativa Multiactiva de Paleros Brisas del Río Arauca, quienes desde la semana pasado protestan pacíficamente contra los abusos de avivatos que les están violando su derecho al trabajo con la alcahuetería de la Alcaldía de Arauca y del gobierno nacional.

Los mineros llevan más de 20 años explotando arena de manera artesanal en una playa del Río Arauca, actividad de la que dependen más de 80 familias.

Sin embargo, personas ajenas a la cooperativa presentaron ante la Agencia Nacional Minera una solicitud de legalización y con fundamento en este trámite les están cobrando una tarifa cercana a los 30 mil pesos por carga de arena.

Este cobro, explicó Robledo, es abiertamente ilegal porque quien ha presentado una solicitud de legalización no puede ceder o arrendar su derecho. Es más, uno de los requisitos para que la legalización proceda es que los solicitantes demuestren que están explotando la totalidad de la mina, requisito que en este caso no se cumple, porque la mayor parte del área está siendo explotada desde hace 20 años por los afiliados a la cooperativa, lo que también les da el derecho a que su actividad económica sea formalizada.

El Ministerio de Minas y el Alcalde de Arauca, Luis Emilio Tovar, conocen la situación pero no han hecho nada por proteger el derecho al trabajo de estos colombianos. En cambio, sí han sido muy diligentes para que la Policía les decomise las herramientas y los capture sin orden judicial. La actitud de la Alcaldía ha sido tan abusiva que hasta ha permitido que quienes cobran estas tarifas instalen un retén privado que obstaculiza el acceso a la playa, práctica ilegal porque las riberas de los ríos y sus playas son bienes de uso público.

El senador Robledo hizo un llamado al Ministro de Minas y al Alcalde para que este conflicto se resuelva de manera democrática y se protejan los derechos de los pequeños mineros tradicionales.

 

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