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Salario mínimo

Por Eduardo Sarmiento Palacio  

La discusión del salario mínimo no ha salido del ritual en que los empresarios proponen subirlo en el mismo porcentaje de la inflación, los trabajadores solicitan una cuantía mayor y al final el ajuste se determina por el consenso entre trabajadores y empresarios o por decisión unilateral del Gobierno.

Luego de varios años de aplicación se plantea el interrogante de si el sistema ha logrado los objetivos deseables. ¿Cuál ha sido su incidencia en la distribución del ingreso y el empleo?

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Por Eduardo Sarmiento Palacio  

La discusión del salario mínimo no ha salido del ritual en que los empresarios proponen subirlo en el mismo porcentaje de la inflación, los trabajadores solicitan una cuantía mayor y al final el ajuste se determina por el consenso entre trabajadores y empresarios o por decisión unilateral del Gobierno.

Luego de varios años de aplicación se plantea el interrogante de si el sistema ha logrado los objetivos deseables. ¿Cuál ha sido su incidencia en la distribución del ingreso y el empleo?

El sistema fue concebido para que los ajustes del salario mínimo correspondan a la inflación más el aumento de la productividad del trabajo. Basta una mirada retrospectiva para advertir que la política no evitó la caída de la participación del trabajo en el PIB, que es una de las principales causas del deterioro y la distribución del ingreso en los últimos 20 años. Parte de la explicación está en que el cálculo de productividad se basa en un indicador que la subestima. Así, en los cálculos oficiales se encuentra que disminuyó el año pasado, lo cual es contraevidente, porque implicaría que el aumento del ingreso per cápita de 1,5% se origina y debe recaer totalmente en el capital. En el fondo es una argucia para trasladar la mayor capacidad de producción del trabajador a los empleadores. Otra explicación está en que el ajuste del salario genera efectos compensatorios que tienden a debilitarlo.

La prioridad de la política laboral no podría ser distinta a la de la rectificación de la tendencia declinante del trabajo en el producto nacional y la ampliación de las brechas salariales. Sin embargo, la tarea no puede realizarse en un momento de desbordamiento de la inflación ocasionado por los desaciertos del manejo cambiario. Por ahora no se podría ir mucho más lejos que en un ajuste igual a la inflación más el aumento de la productividad del trabajo bien calculada, lo que da lugar a un incremento cercano a 8%.

De nuevo queda al descubierto el despropósito de haber provocado una devaluación de 60% con una meta de inflación de 4%. De hecho, tenía que generar una inflación superior y un impacto mayor sobre el salario. Si bien en el momento actual el Consejo de Concertación se ve asediado por la inercia inflacionaria, convendrá algún pronunciamiento. El organismo está en mora de explicar las causas de la caída de los ingresos del trabajo y la manera de revertirlas en el futuro.

La rectificación de la tendencia declinante de la participación del trabajo en el producto nacional requiere una política laboral más agresiva. Mal puede recaer totalmente en el salario mínimo. Los trabajos de diferente habilidad y preparación son altamente sustitutos. El alza del salario se extiende a todos los niveles de ingresos laborales. Sin embargo, al mismo tiempo induce una sustitución de trabajo por capital que reduce el empleo, y si bien se trata de un efecto en general pequeño, puede darse en forma considerable en los trabajadores de baja calificación y acentuar la informalidad. Esta es una razón para acompañar al salario mínimo de un subsidio a la contratación de trabajadores informales.

Uno de los grandes desafíos de la sociedad colombiana es la construcción de una organización laboral que detenga el deterioro de la participación del trabajo en el producto nacional y acorte la brecha de ingresos laborales. La política requiere acciones de diferente tipo, pero las más importantes son el salario mínimo, el establecimiento de un subsidio a la contratación de trabajadores informales y la racionalización de las remuneraciones de altos funcionarios empresariales.

El Espectador, Bogotá.

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