Salvemos el agro

Por Eudoro Álvarez Cohecha  

La estructura agraria en nuestro país, explica de manera clara el porqué de la pobreza rural: el 80% de los predios rurales posee el 18% del área, mientras en el otro extremo, el 1,44%, acapara el 28,3% dela tierra. [1]Ya lo había anotado F. Mosquera desde 1971: un millón de campesinos pobres posee 1.300.000 hectáreas; en el otro extremo 636 grandes terratenientes poseen 7 millones de hectáreas.[2]

Al campesinado en este país se le ha negado la condición que toda democracia exige en lo económico, cual es la de ser actor principal en la conversión de la tierra en factor de producción sacándola de su condición especulativa propia del feudalismo superado por los países desarrollados.

Desde la frustración de la “Revolución en marcha” del siglo pasado, cuando López Pumarejo y Eduardo Santos, finalmente traicionaron al campesinado, enredando en el galimatías de las leyes 100 y 200 de entonces, la reivindicación de dotar de tierras a los productores rurales y privando a la nación de tener una base sólida para su progreso.

El frente Nacional, acuerdo de los partidos responsables del atraso nacional (¿a quién más responsabilizamos de ello cuando a partir la independencia han dirigido esté país desde entonces?), a pesar de media docena de leyes agrarias, tampoco  resolvió el  problema de tierras en nuestra nación. Carlos Lleras en abierta alianza con Ospina Pérez diseñó una reforma agraria para no entregar la tierra al campesinado.

En el último período del transcurrir nacional, el neoliberalismo impuesto desde los 90 del siglo anterior, no solamente evadió resolver la cuestión agraria nacional, sino que pretendió desconocerla y dentro de su lógica de que el mercado lo resuelve todo, pretendió que este también resolvería el problema de la tierra y luego de 25 años de estar desarrollando su modelo, el fracaso del agro nacional está patentizado  en  una crisis cada vez más profunda.

Los tratados de libre comercio (TLC) presentados por sus impulsadores como una especie de panacea, negociados sobre la desigualdad que significa renunciar a las protecciones en frontera (aranceles), sin que nuestros competidores desistan de los altísimos subsidios conque apalancan su producción agraria, han dado como resultado un retroceso espeluznante y la dependencia alimentaria llevada al extremo, de tener que consumir la emblemática “bandeja paisa” atiborrada de productos importados, hecho reconocido hasta por el propio ministro de agricultura actual.

El recientemente realizado Censo Nacional Agropecuario,  mostró lo que muchos venían diciendo: la situación del agro nacional es lamentable; al problema de la tierra se agrega el que estemos dependiendo para nutrir a los colombianos de comida extranjera, que puede ser generada en nuestro territorio; la pobreza rural está muy por encima del promedio nacional el que ya es vergonzante; carecemos de la base rural que nos permita sustentar un desarrollo urbano  industrial y las carencias son el signo protuberante de los habitantes de nuestros campos.

El gran paro agrario de 2013, que según el actual presidente de la república no existió, colocó en el orden de las prioridades nacionales la situación de nuestros labriegos y sus carencias, procuró algunas soluciones de coyuntura y unos acuerdos que en general no se han cumplido: muestra de ello es la situación crediticia de  nuestros agricultores avocados a perder sus patrimonios ante la destemplada e irresponsable inacción del ministerio de agricultura; ni el gobierno ni los garantes de los acuerdos han tenido como prioridad resolver los problemas endémicos de nuestra producción rural y a los campesinos y productores rurales no les queda camino distinto al de mantener sus reivindicaciones vivas, ante la indolencia gubernamental.

Producto de los paros de 2013 y 14, los agricultores, frustrados por los incumplimientos, han decidido dos cosas claves para el futuro de su sector y el de  la nación; primero fue la creación de una organización nacional, Dignidad Agropecuaria Colombiana (DAC) y lo siguiente fue adoptar un programa de acción que recoge los reclamos mínimos para asegurar un futuro diferente,

Dentro de las acciones acordadas por la DAC, además de los  reclamos permanentes que la coyuntura impone para viabilizar su trabajo, se decidió luchar por un marco normativo a nivel constitucional y utilizar un mecanismo de participación, el del referendo, para que en Colombia seamos los ciudadanos como constituyente primario quienes decidamos qué tipo de sector rural vamos a tener en el futuro.

Los atropellos a nuestros campesinos y agricultores, se han facilitado por una carta política proclive a la producción foránea; la propuesta es que mediante consulta directa con los colombianos, a través de un referendo, seamos todos   quienes decidamos, reformando los artículos 64, 65, 66 y 100 de la constitución política nacional, rescatar la soberanía alimentaria nacional, símbolo de dignidad y de viabilidad como nación.

Se necesita que un departamento como el nuestro con vocación rural por excelencia, se alineé con esta tarea patriótica, una más de las necesarias para salvar el agro.

[1] Mejía M.F, Mojica, J. Conocimientos necesarios sobre las tierras rurales en Colombia. OXFAM. Bogotá. 2015.

[2] Mosquera F. Unidad y Combate. Tribuna Roja Editores. Bogotá. 1989.