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Santos pretende arruinar la industria nacional de licores: Robledo

Proyecto de ley promovido por el gobierno de Santos otorga concesiones que van más allá de los TLC; se suprime ilegalmente el monopolio público de licores; viola la Constitución y atenta contra la industria y el empleo nacionales.

La industria de licores de Colombia es un monopolio público de orden constitucional (artículo 336 de la Constitución) que el gobierno Santos pretende acabar en contra del empleo y la producción nacionales, explicó el senador del Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo. En el Congreso de la República, agregó el senador, y con autoría de los ministros Mauricio Cárdenas y Cecilia Álvarez, se tramita el proyecto de ley 152, que siguiendo imposiciones de la OCDE, facilitará la privatización o la quiebra de las licoreras regionales.

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Proyecto de ley promovido por el gobierno de Santos otorga concesiones que van más allá de los TLC; se suprime ilegalmente el monopolio público de licores; viola la Constitución y atenta contra la industria y el empleo nacionales.

La industria de licores de Colombia es un monopolio público de orden constitucional (artículo 336 de la Constitución) que el gobierno Santos pretende acabar en contra del empleo y la producción nacionales, explicó el senador del Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo. En el Congreso de la República, agregó el senador, y con autoría de los ministros Mauricio Cárdenas y Cecilia Álvarez, se tramita el proyecto de ley 152, que siguiendo imposiciones de la OCDE, facilitará la privatización o la quiebra de las licoreras regionales.

En los TLC con Estados Unidos y con la Unión Europea, señaló el congresista del Polo, el país se reservó el derecho de mantener el monopolio de licores. Sin embargo, en esos acuerdos se cedió la reducción de los impuestos a los licores extranjeros, contraviniendo, incluso, criterios de salud pública impulsados por la Organización Mundial de la Salud, OMS. Hoy los foráneos pagan más porque, en su mayoría, superan los 35 grados de alcohol. Entretanto, el licor nacional, inferior a los 35 grados, paga menos. Esa reducción de impuestos, que solo favorece a las multinacionales, intensificará la competencia en condiciones de extrema desigualdad en contra de las industrias departamentales, explicó Robledo.

La ley de iniciativa del gobierno, recalcó el congresista, no se limita a regular el monopolio, sino a suprimirlo de facto: a los departamentos se les impondrán una serie de criterios hechos a la medida de las compañías extranjeras para que éstas puedan producir, introducir y distribuir casi sin restricción, violando el principio de autonomía territorial. Esta es una imposición de la OCDE, organismo que se opone al monopolio de licores nacional y con el que Colombia no tiene compromisos que le obliguen a acatar sus recomendaciones.

Propiciar la ruina de la industria licorera nacional es por completo inconveniente, expresó Robledo, y señaló que está de acuerdo con que se legisle el monopolio del sector, pero esto debe hacerse bien, cuidando las conveniencias nacionales y no a costa de violar la Constitución, golpear la industria y el empleo, cediendo ante las presiones de las grandes multinacionales que controlan el comercio mundial de licores.

Este estilo de legislar por parte del gobierno Santos, en el que solo se impulsan leyes a la medida de los intereses de las potencias, es por completo inadecuado y para nada contribuye a resolver los problemas de Colombia, puntualizó Robledo.

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