Senador Alberto Castilla denuncia talante autoritario del gobierno al pretender subordinar los territorios y comunidades a exigencias de transnacionales mineras

El congresista del Polo Democrático Alternativo, Alberto Castilla, dejó una constancia en la plenaria del Senado de la República del pasado 10 de mayo, en la cual denuncia a la Agencia Nacional Minera por las presiones que ejerce sobre los gobiernos municipales para que a través de procedimientos expeditos faciliten el accionar de las transnacionales minero-energéticas.

De esta manera, afirma el congresista del Polo, “el gobierno de nuevo muestra su talante autoritario en lo que respecta al ordenamiento del territorio, el cual quiere subordinar a las exigencias de empresas mineras nacionales y extranjeras, y no a los proyectos de vida que las comunidades han construido en sus territorios”.

El texto completo de la constancia del senador Castilla es el siguiente:

Desde inicios del año, la Agencia Nacional de Minería ha estado enviando una carta a varios alcaldes del país, en la que se les informa sobre la existencia de distintas propuestas de concesión minera que existen en sus jurisdicciones. Asimismo se les invita, a través de un procedimiento expedito, arbitrario e impositivo, a participar en dicho trámite. La autoridad minera argumenta en la carta que dicha comunicación tiene como fundamento la parte resolutiva de la sentencia C-123 de 2014 de la Corte Constitucional, cuando en realidad desconoce ese fallo y burla el derecho a la participación que tienen los entes territoriales en la titulación minera.

Uno de los mandatarios que recibió la mencionada comunicación es el alcalde de Salento, en Quindío, quien alertó sobre la solicitud de realizar proyectos mineros en el Valle del Cocora, que alberga a la icónica palma de cera, uno de los símbolos nacionales. Esta situación generó el rechazo inmediato de la autoridad municipal, respaldado por miles de ciudadanos y expertos ambientalistas, quienes han expresado su desacuerdo con el desarrollo de proyectos mineros en esa región. De la misma manera, decenas de alcaldes y alcaldesas del país han expresado su preocupación y su rechazo por el envío de dichas comunicaciones. 

Dicho rechazo recae en que la carta carece de fundamentos legales y constitucionales, y constituye un desconocimiento abierto del principio de autonomía territorial y del derecho a la participación que tiene la ciudadanía en asuntos tan trascendentales como la extracción de recursos de  nuestros territorios.

En la sentencia C-123 de 2014, que el gobierno cita como referente de su carta, la Corte ordenó que el procedimiento de titulación minera incluyera a un nuevo actor, excluido por el Código de Minas: los entes territoriales. A través del decreto 2691 de 2014, conocido como el “Decreto Navideño”, el gobierno pretendió desconocer dicho fallo al imponer a los municipios un procedimiento que no garantizaba la participación de los entes territoriales y que los subordinaba a meros tramitadores de solicitudes ante la autoridad minera. El Consejo de Estado suspendió provisionalmente dicho decreto, al encontrar que también violaba el principio de autonomía territorial y al encontrar que el gobierno estaba imponiendo un procedimiento administrativo a los municipios, lo cual es contrario a la Constitución.

La carta que la Agencia Nacional Minera está enviando a alcaldes en Antioquia, Huila, Santander, Boyacá, Nariño, Cauca, Quindío y otros municipios del país, reproduce el procedimiento del decreto navideño que el Consejo de Estado suspendió, y por lo tanto desconoce la sentencia de la Corte que la misma agencia cita. 

Lo que la autoridad minera quiere hacer con dicha carta es dar por sentada la participación de entes territoriales en la titulación minera, pero en realidad está impidiendo una discusión abierta en la que los municipios, concejos municipales y quienes habitan los territorios, tomen parte activa en las discusiones sobre la política minera. Con esa carta, el gobierno de nuevo muestra su talante autoritario en lo que respecta al ordenamiento del territorio, el cual quiere subordinar a las exigencias de empresas mineras nacionales y extranjeras, y no a los proyectos de vida que las comunidades han construido en sus territorios.

ALBERTO CASTILLA SALAZAR
Senador de la República
Polo Democrático Alternativo