Senador Alberto Castilla rechaza judicialización y represión a maestros y maestras de ASOINCA

Como Senador de la República, y como campesino integrante del movimiento social, expreso mi rechazo a la represión que han sufrido las manifestaciones y protestas de los maestros y maestras del Cauca articulados a la ASOCIACIÓN DE INSTITUTORES Y TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL CAUCA – ASOINCA.

Los maestros y maestras se encuentran en un paro indefinido que completa ya casi 15 días. Su movilización está orientada a la exigencia de departamentalización de la salud, buscando avanzar hacia la transferencia directa de recursos para obtener la administración del servicio médico asistencial por parte del magisterio caucano. Cabe resaltar que esta jornada de movilización ya es su segunda huelga del año, pues a pesar de haber llegado a un previo acuerdo, hasta ahora los maestros afirman que no ha habido una respuesta positiva del Ministerio de Educación y del Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones. 

El día de ayer, 17 de agosto de 2016, después de una jornada de movilización, los maestros y maestras llegaron a las instalaciones de la Procuraduría en la ciudad de Popayán. Sin embargo, esta acción fue catalogada por parte de los funcionarios como tentativa de secuestro, lo que generó la inmisericorde respuesta represiva del Gaula de la Policía Nacional. La acción de la fuerza pública dejó como resultado cuatro heridos y la captura y judicialización de dieciséis de los miembros del sindicato, entre ellos el presidente de su Junta Directiva Fernando Vargas y su vicepresidente Miguel Burbano. Las personas detenidas fueron trasladadas al Comando del Departamento de Policía del Cauca y posteriormente a los Juzgados de la ciudad de Popayán, donde estuvieron detenidos por casi 24 horas.

Exijo al gobierno departamental, y al gobierno de Juan Manuel Santos, que se respete el derecho legítimo de la protesta, atendiendo las exigencias del Sindicato ante un sistema de salud que sigue mostrando fallas gravísimas. Rechazo que la legítima protesta social no sea atendida con negociación entre las partes, sino con la criminalización de las organizaciones sociales y con el atentado a la integridad de los manifestantes. 

La solución política del conflicto armado debería brindar un ambiente de garantías para los movimientos sociales, lo anterior incluye el respeto del derecho a la protesta y la movilización. La judicialización de los dirigentes sociales y la criminalización de la protesta no contribuye a avanzar hacia una sociedad democrática, justa y en paz.   

Alberto Castilla Salazar

Senador de la República