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Senador Castilla se solidariza con concejales del país que marcharán a Bogotá para protestar contra megaminería

El senador del Polo Democrático Alternativo, Alberto Castilla expresó su voz de solidaridad con cabildantes de los Concejos de Meta, Guaviare y otras regiones del país, quienes preparan una marcha hacia Bogotá con el propósito de manifestar su rechazo contra un decreto del gobierno nacional que les quita atribuciones a los municipios para decidir sobre la explotación minera en sus territorios.

En efecto, alrededor de 100 concejales y concejalas del Meta y Guaviare han manifestado su rechazo al Decreto 2691 de 2014, también conocido como el “decreto navideño” por cuanto fue expedido por el Ministerio de Minas el 23 de diciembre del año pasado.

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El senador del Polo Democrático Alternativo, Alberto Castilla expresó su voz de solidaridad con cabildantes de los Concejos de Meta, Guaviare y otras regiones del país, quienes preparan una marcha hacia Bogotá con el propósito de manifestar su rechazo contra un decreto del gobierno nacional que les quita atribuciones a los municipios para decidir sobre la explotación minera en sus territorios.

En efecto, alrededor de 100 concejales y concejalas del Meta y Guaviare han manifestado su rechazo al Decreto 2691 de 2014, también conocido como el “decreto navideño” por cuanto fue expedido por el Ministerio de Minas el 23 de diciembre del año pasado.

Para los cabildantes, el Decreto le quita atribuciones a los municipios para decidir sobre la minería en sus respectivas circunscripciones territoriales.

El senador Castilla explicó que hay una opinión generalizada entre los concejales de esos departamentos respecto de que dicho decreto constituye una respuesta del gobierno de Santos ante la creciente movilización social en defensa del territorio frente a los impactos de la minería, y un intento de frenar las iniciativas de ciudadanía, alcaldes y cabildantes para impulsar consultas populares que pregunten a las comunidades si están o no de acuerdo con las actividades extractivistas en sus municipios.

Además hay un amplio inconformismo porque el citado decreto va en contravía de la sentencia C-123 de 2014 de la Corte Constitucional, en virtud de la cual se ordena que el nivel central y el nivel local establezcan mecanismos de acuerdo para proteger a los municipios y a las comunidades frente a distintos impactos de la minería. Por el contrario, el Decreto 2691 de 2014 crea un procedimiento que subordina a los municipios frente al Ministerio de Minas, el cual a su vez obtiene la facultad de dirigir todo el procedimiento de las solicitudes e incluso de aceptarlas o rechazarlas.

Los concejales anunciaron una movilización hacia Bogotá con el fin de rechazar el decreto y promover una demanda de nulidad. Esta marcha partirá de la ciudad de Villavicencio el día 21 de marzo y llegará a Bogotá el martes 24 donde los cabildantes se manifestarán contra esta disposición legal en el Consejo de Estado.

Esta movilización estará acompañada por el senador Castilla, integrantes del Instituto Latinoamericano para un Derecho y una Sociedad Alternativos (ILSA) y por cerca de 600 ciudadanos que han manifestado su inconformismo con esta medida gubernamental.

Además, será apoyada por concejales de otras regiones del país, incluyendo cabildantes de Nariño, Cauca, Putumayo, Cundinamarca y los Santanderes, quienes también han manifestado reparos al decreto mencionado.

Los demandantes pretenden reivindicar la defensa de la autonomía territorial y los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad entre el nivel central y entes territoriales; la defensa de la democracia representativa y participativa, pues el decreto limita la acción de los concejos y, en consecuencia, de la ciudadanía, mientras sí contempla la participación de empresarios pero no de la gente que sufrirá los impactos de la minería en sus territorios.

Los concejales, el senador Castilla e ILSA también plantean que el decreto en referencia viola el principio constitucional de buena fe, pues abiertamente va en contra de la sentencia C-123 de la Corte Constitucional. Por último, consideran que privilegia la industria minera sobre otros fines constitucionales imperiosos como la protección del ambiente, del agua y la producción de alimentos.

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