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Senador Cepeda exige a Mindefensa rendición de cuentas sobre convenios para prestación de seguridad a mineras

A raíz del nuevo hecho de corrupción en el Ejército que involucra al recién ascendido mayor general Nicacio Martínez Espinel, el congresista del Polo Democrático recordó que en enero de este año cuestionó la celebración de contratos por valor de más de 45 mil millones de pesos entre el Ministerio de Defensa y algunas compañías mineras.

El pasado 3 de diciembre fueron aprobados por la plenaria del Senado 39 ascensos de oficiales de las Fuerzas Militares y de Policía, de los cuales, el senador Iván Cepeda Castro, en nombre de la bancada del Polo Democrático Alternativo, solicitó la congelación de siete, por su presunta relación con violaciones de derechos humanos.

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A raíz del nuevo hecho de corrupción en el Ejército que involucra al recién ascendido mayor general Nicacio Martínez Espinel, el congresista del Polo Democrático recordó que en enero de este año cuestionó la celebración de contratos por valor de más de 45 mil millones de pesos entre el Ministerio de Defensa y algunas compañías mineras.

El pasado 3 de diciembre fueron aprobados por la plenaria del Senado 39 ascensos de oficiales de las Fuerzas Militares y de Policía, de los cuales, el senador Iván Cepeda Castro, en nombre de la bancada del Polo Democrático Alternativo, solicitó la congelación de siete, por su presunta relación con violaciones de derechos humanos.

Dentro de este grupo se encontraba el hoy Mayor General Nicacio de Jesús Martínez Espinel, quien, durante su periodo como Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante de la Décima Brigada (entre diciembre de 2004 y junio de 2006), estuvo al mando de unidades tácticas involucradas en 13 hechos de ejecuciones extrajudiciales que dejaron 36 víctimas.

A menos de ocho días de los mencionados ascensos, el Ejército informó que fueron relevados de sus cargos diez oficiales, entre los que se encuentra Nicacio de Jesús Martinez Espinel, para avanzar en las investigaciones que se adelantan desde el mes de mayo, por hechos de corrupción relacionados con recursos desviados, pagados al ejército por empresas mineras que operan en Antioquia y que contratan el servicio de escolta para el transporte de explosivos con las unidades militares del departamento.

En enero de 2014, el senador Cepeda Castro reveló información entregada por la Contraloría General, según la cual, el Ministerio de Defensa suscribió 103 contratos entre enero de 2010 y octubre de 2013, por un monto total de 45.729’809.600, para que el Ejército le brinde protección especial a las empresas mineras más grandes que explotan los recursos del país. Entre estas se encuentran las trasnacionales Drummond Ltd (por $3.982 millones), Anglogold Ashanti Colombia S.A (por $3.714 millones), CCX Colombia S.A –Antes MPX- (por $3.220 millones) y otras empresas del sector como: Carbones del Cerrejón Limited (por $12.471 millones) y Cerro Matoso S.A (por $1.053 millones). Estudiando los convenios suscritos para la época de las presuntas irregularidades que involucran al Mayor General Martínez, estas pudieron haberse presentado en alguno de estos contratos.
 
Teniendo en cuenta el nuevo escándalo en el que se ve comprometido un Mayor General del Ejército y 9 oficiales y suboficiales más, el congresista le solicitó al Ministerio de la Defensa una rendición de cuentas detallada sobre cada uno de los convenios suscritos con empresas mineras por parte de la Fuerza Pública. Del mismo modo, les pidió a las autoridades judiciales una investigación rigurosa a los representantes de las empresas mineras involucradas en los hechos de corrupción antes mencionados.

Para el congresista, es preocupante que las fuerzas armadas se conviertan en parte interesada en el desarrollo de los conflictos por el territorio que se vienen presentando con las comunidades en las zonas mineras.

CONSTANCIA

El 3 de diciembre fueron aprobados por la plenaria del Senado los ascensos a oficiales de las Fuerzas Militares, en los cuales, la bancada del Polo Democrático solicitó la congelación de 7 ascensos, por su presunta relación con violaciones de derechos humanos. Dentro de este grupo se encontraba el hoy Mayor General NICACIO DE JESÚS MARTÍNEZ ESPINEL, el cual, durante su periodo como Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante de la Décima Brigada (entre diciembre de 2004 y junio de 2006), estuvo al mando de unidades tácticas involucradas en 13 hechos de ejecuciones extrajudiciales que dejaron 36 víctimas.
 
Vale la pena destacar que el Tribunal Superior del distrito judicial de Bogotá, confirmó el fallo por homicidio agravado que condenó a 4 oficiales y adicionalmente, le solicitó a la Fiscalía que investigara a los superiores del Batallón de Artillería No. 2 La Popa del Ejército, el cual está bajo jurisdicción de la Décima Brigada.
 
Menos de ocho días después de dicho ascenso, a través de un comunicado del Ejército se informa que fueron relevados de sus cargos diez oficiales, entre los que se encuentra NICACIO DE JESÚS MARTINEZ ESPINEL, para avanzar en las investigaciones que se adelantan desde el mes de mayo, por hechos de corrupción relacionados con recursos desviados, pagados al ejército por empresas mineras que operan en Antioquia y que contratan el servicio de escolta para el transporte de explosivos con las unidades militares del departamento.
 
Estudiando los convenios suscritos para la época las presuntas irregularidades pudieron haberse presentado en alguno de dichos contratos.

El comunicado de prensa del Ejército informa que en la actualidad, por los hechos ocurridos entre 2012 y 2014, hoy existen dos investigaciones penales en los Juzgados de Instrucción Penal Militar 24 y 32, dos investigaciones disciplinarias y una administrativa, las cuales se encuentran en etapa de instrucción. Investigaciones que, debe señalarse, no fueron reportadas por parte del Ministerio de Defensa para efectos de los ascensos.

Estos hechos que resultan de la mayor gravedad se suman a la solicitud hecha desde mi oficina al señor ministro de Defensa en noviembre de 2013, cuando, precisamente, a partir del estudio de los convenios suscritos entre las fuerzas militares y empresas mineras durante 2010 y 2013 que ascienden a $45.729.809.600, expresé mi preocupación por lo que considero genera una práctica de privatización de la Fuerza Pública. Los convenios tienen una cláusula de confidencialidad según la cual, ninguna de las partes suministrará información o detalle a terceros, y se establece como información reservada todo lo relacionado con su ejecución. Esto implica sustraer del debate público y del control político la fuente y los fines de recursos que ingresan a una entidad pública, que deberían ser sometidos al escrutinio de la sociedad.
 
Atendiendo a los hechos recientes, solicito al Ministerio de la Defensa una rendición de cuentas detallada sobre cada uno de los convenios suscritos con empresas mineras por parte de la Fuerza Pública. De igual manera, es esta la oportunidad para pedir a las autoridades judiciales una investigación rigurosa a los representantes de las empresas mineras involucradas en los hechos de corrupción antes mencionados.
 
 
IVÁN CEPEDA CASTRO
Senador de la República

Bogotá.

 

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