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SOS del Polo por “accionar paramilitar” en el país

El Espectador  

Los congresistas del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro y Alirio Uribe Muñoz Uribe durante una audiencia pública realizada en el Congreso de la República el pasado viernes 15 de abril, denunciaron que el paramilitarismo en el país está vivo e insistieron que la actual problemática con la política de restitución de tierras “no es sólo crimen organizado”.

Pese a la insistencia del Gobierno en que en los recientes crímenes de defensores de derechos humanos no obedecen a algo “sistemático”, sigue estando presente una manifiesta preocupación de diferentes sectores políticos de izquierda como el Polo Democrático Alternativo.

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Los congresistas del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro y Alirio Uribe Muñoz Uribe durante una audiencia pública realizada en el Congreso de la República el pasado viernes 15 de abril, denunciaron que el paramilitarismo en el país está vivo e insistieron que la actual problemática con la política de restitución de tierras “no es sólo crimen organizado”.

Pese a la insistencia del Gobierno en que en los recientes crímenes de defensores de derechos humanos no obedecen a algo “sistemático”, sigue estando presente una manifiesta preocupación de diferentes sectores políticos de izquierda como el Polo Democrático Alternativo.

El motivo del temor en algunas regiones obedece a que de nuevo han aparecido grupos organizados que circulan por algunos municipios con uniformes camuflados y armas largas sembrando el terror entre los ciudadanos.

Así lo dio a conocer el senador del Polo, Iván Cepeda Castro, durante un foro en el Congreso donde presentó testimonios de varias partes del país que indican que hay cientos de personas en estas organizaciones armadas. “Esta circunstancia se conjuga con el asesinato de líderes de Marcha Patriótica, de organizaciones de izquierda y de defensores de DD.HH.”, recalcó el congresista en el Capitolio Nacional.

Al respecto, el representante Alirio Uribe Muñoz, también del Polo, dijo que existe una gran coincidencia entre las agresiones a defensores de Derechos Humanos, entre los que caben líderes campesinos, afros, juveniles y reclamantes de tierras, con las zonas donde existe información de presencia paramilitar.

La coincidencia, de acuerdo a Uribe Muñoz, entre los asesinatos presentados por el Programa Somos Defensores en el primer trimestre del año, con el informe de la Fundación Paz y Reconciliación, es del 70%, teniendo en cuenta además que la responsabilidad de estos hechos corresponde a un 66% a grupos paramilitares y un 32% a actores desconocidos.

“Algo similar ocurre si cruzamos la jurisdicción municipal en la que se ubican los 20 batallones Especiales Energéticos y Viales, con los municipios donde hacen presencia con mayor fuerza grupos paramilitares. Según los cruces realizados, en cerca de la mitad de los territorios que tienen amplia presencia estos grupos, como por ejemplo, Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta), Tibú (Norte de Santander), Segovia y Zaragoza (Antioquia), Valledupar (Cesar), Tumaco y Jurisdicción de Tumaco (Nariño) y Puerto Rico (Caquetá), existe una presencia militar fuerte”, señaló el congresista del Polo.

Frente a la restitución de tierras y la incidencia del paramilitarismo, el representante indicó que al cruzar los mapas de las áreas microfocalizadas para restitución remitida por la Unidad de Restitución, con la caracterización municipal del informe de la Fundación Paz y Reconciliación, se evidencia que en no menos de 160 municipios corresponden a zonas con presencia de una o más de estas bandas criminales.

“En total, el traslape de las áreas microfocalizadas con los municipios con presencia paramilitar, asciende a no menos de 5.170.852 hectáreas, es decir, cerca del 45% del total del área microfocalizada a nivel nacional para la restitución de tierras”, manifestó.

Los congresistas del Polo insistieron en que el accionar paramilitar actual es “concordante” no sólo con el fracaso del supuesto proceso de desmovilización y la ineficiente aplicación de la Ley de Justicia y Paz, sino con la incapacidad del Estado para controlar la reincidencia de los desmovilizados que volvieron a las armas.

Según las cifras del Gobierno, en lo corrido del año 12 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en el país. Sin embargo, algunas organizaciones no gubernamentales hablan de 28.

Las llamadas bacrim, de acuerdo al alto consejero presidencial para los Derechos Humanos, Guillermo Rivera, que surgieron tras la desmovilización de los paramilitares mas no constituyen un fenómeno similar, se han convertido en la principal amenaza para el país.

El Espectador, Bogotá.

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