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“Sus declaraciones Ministro Botero, causan grave daño a la democracia”: Iván Cepeda

Así se refirió el senador del Polo, durante el debate de control político al ministro de Defensa por estigmatización a líderes sociales.

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Así se refirió el senador del Polo, durante el debate de control político al ministro de Defensa por estigmatización a líderes sociales.

 

Así se refirió el senador del Polo, durante el debate de control político al ministro de Defensa por estigmatización a líderes sociales.

Cepeda calificó de inconsistentes y genéricas las respuestas que dio el Ministro.

En los últimos 5 años se han realizado 15.285 protestas sociales en el país.

Bogotá, 02 de octubre 2018.- En la mañana de hoy se llevó a cabo el debate de control político al ministro de Defensa, Guillermo Botero por “criminalización y estigmatización de la protesta social en Colombia”. El debate fue citado por los senadores Iván Cepeda (Polo), Feliciano Valencia (MAIS), y Antonio Sanguino (Alianza Verde).

“La oposición ha citado al ministro Botero, ante sus reiteradas declaraciones que pretenden conducirnos a una mayor restricción de la protesta social, y a generar un clima de ilegitimidad en medio del creciente asenso de la participación y las expresiones de movilización ciudadana, como lo demostró la reciente consulta anticorrupción” dijo Cepeda.

Llamó la atención sobre cómo el lenguaje público que emplean los altos funcionarios del Estado, juega un papel decisivo en la formación de la opinión pública y calificó de “totalitaria y autoritaria” la postura del ministro Botero.

En ese sentido, el parlamentario pidió al Ministro que aclare con certeza cuál es su verdadera agenda con relación a la protesta social, recordándole que “la crisis de democracia no se resuelve con menos, sino con más democracia”.

Cepeda le preguntó si tiene un “plan” para acabar o limitar la movilización social: “le agradeceríamos que responda sin rodeos para que los miembros de la oposición y el país sepamos a qué atenernos”, dijo.

Pero además, fue enfático al referirse que no es cierto que los líderes sociales financien sus protestas con dineros del narcotráfico, del crimen organizado o de las organizaciones armadas ilegales, sino que precisamente por oponerse a las presiones de esas organizaciones ilícitas, es que son asesinados.

“Así ocurre con quienes quieren la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito, los que se oponen a la minería ilegal, los que defienden la paz con la resistencia a involucrarse en el conflicto armado, los que luchan contra la corrupción local” afirmó el parlamentario.

Por lo tanto, dijo Cepeda, esa afirmación genérica puede constituir calumnia, pues imputa un delito a un número indeterminado de ciudadanos y a categorías específicas de personas ¿dónde están las pruebas de estas afirmaciones?” preguntó.

Agregó que las declaraciones reiteradas del Ministro Botero, tienen graves efectos para las garantías a los derechos humanos y causan daño a la democracia, al menos por tres razones: “justifican el uso desmedido de la fuerza contra las expresiones legítimas de la protesta social, favorecen la limitación de los derechos de participación política de los ciudadanos y propician la persecución y el asesinato sistemático de los líderes sociales”.

Al referirse a la Fuerzas Militares, el senador del Polo, destacó que uno de los principales factores que han incidido en los altos niveles de criminalización de la protesta social, tiene que ver con cambios recientes en la doctrina sobre la naturaleza de las operaciones militares y policiales en el control del orden público.

“La confusión sobre el marco aplicable para las acciones, operaciones o procedimientos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, y los inveterados señalamientos de las altas autoridades de que cualquier acción de protesta social se realiza bajo presión, conducción, coacción y/o infiltración de grupos al margen de la ley, genera las condiciones para configurar a quienes participan en protestas sociales como verdaderos blancos legítimos’”.

En tal sentido, planteó la eliminación del ESMAD y propuso la creación de una Comisión de Seguimiento al uso de la fuerza, en el marco de protestas y movilizaciones sociales.

Finalmente, el parlamentario hizo un llamado para que se investigue, judicialice y sancione las agresiones y violaciones de derechos humanos cometidas contra personas que ejercen sus derechos a la protesta y a la movilización social.

Asimismo, solicitó la aplicación y socialización del protocolo de protesta social (resolución 1190 de agosto de 2018 del M. Interior) y la expedición con participación activa de la sociedad civil, de la ley estatutaria de garantías de las organizaciones y movimientos sociales para el ejercicio de la participación, la protesta y la movilización social.

Datos suministrados por el Senador Iván Cepeda durante el debate

Cifras de protestas sociales realizadas en el país durante los últimos 5 años

 

Fuente:Dirección de Inteligencia Policial, fecha de corte 22/09/2018

Comunidades, movimientos y organizaciones participantes:

Fuente:Dirección de Inteligencia Policial, fecha de corte 22/09/2018

La CIDH en el informe 2011, manifestó que los líderes y lideresas rurales y comunitarios, solían ser identificados como blancos ejemplificantes para disuadir a las demás personas que participan en sus causas.
Fuente: CIDH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas. 2011.

La Base de Datos de Luchas Sociales del Cinep registra en los últimos 15 años, durante el periodo febrero de 2002 – octubre de 2017, en promedio 2 manifestaciones diarias.
El Observatorio de Democracia de la Universidad de los Andes, registra que de 2010 a 2016 se duplicó el porcentaje de colombianos que reportó haber participado en protestas, “13.4% de colombianos afirmó haber participado en manifestaciones en el último año”.

Cabe destacar los masivos paros agrarios, de mineros artesanales, camioneros y estibadores de puertos, las huelgas laborales en empresas multinacionales mineras y petroleras, dos paros nacionales de madres comunitarias, ceses de actividades estudiantiles, huelgas de trabajadores de clínicas y hospitales, y paros cívicos motivados por carencias de servicios públicos o asociados con actividades extractivas. Más de 3.000 de esas protestas se han presentado en Santander, Bogotá, Bolívar, Antioquia, Atlántico, Norte de Santander.

Francisco Gutiérrez Sanín explica que se trata de la “anomalía” colombiana: El sistema político colombiano se caracteriza por ser un régimen formalmente democrático, pero presenta índices de represión superiores en muchos casos a los registrados en regímenes autoritarios como las dictaduras del Cono Sur en décadas anteriores.
Datos sobre uso excesivo de la fuerza

Según diversas fuentes, hasta octubre 2015 se registraron 448 casos en los que se reportaron en total 3.950 víctimas de agresiones como, amenazas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, entre otros delitos, como resultado del exceso de fuerza de la Policía Nacional, Esmad y del Ejército Nacional.

La mayoría de investigaciones tanto penales como disciplinarias se encuentran en la absoluta impunidad, hasta septiembre de 2015 la Procuraduría General de la Nación reportó 280 investigaciones disciplinarias que involucran tan solo a 331 miembros del ESMAD.

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