Urge investigar actos violentos perpetrados por la Policía contra defensor de DD.HH. Anderson Fernando Betancourt

Por Alberto Castilla Salazar  

En mi calidad de Senador del Polo Democrático Alternativo y líder del Movimiento Social Colombiano, rechazo, condeno e insto a las autoridades nacionales a investigar y sancionar los actos de violencia perpetrados por la Policía Nacional en contra el defensor de derechos humanos de la localidad de Usme en Bogotá, Anderson Fernando Betancourt González (menor de edad), y su padre José Álvaro Betancourt, el pasado 28 de enero de 2015.

Los hechos ocurrieron cuando Anderson, su padre y la comunidad del Barrio La Aurora se manifestaban pacíficamente en contra de la construcción de un conjunto residencial en terrenos públicos del Parque Zonal La Aurora, en la localidad de Usme. Siendo las 11:30 a.m. la Policía Nacional y el EscuadrónMóvil Anti Disturbios ESMAD arremetieron  contra la manifestación de la comunidad agrediendo a niños y ancianos y capturando de manera irregular a Anderson y a su padre, quienes fueron recluidos en el CAI La Aurora y golpeados en repetidas ocasiones para luego ser trasladados a la Unidad Permanente de Justicia UPJ. Anderson y su padre fueron atacados con puños, patadas, bolillos, fueron sometidos a asfixia y fueron amenazados por parte de miembros de la Policía Nacional, quienes los acusaron de pertenecer a “organizaciones terroristas” por el hecho de dedicarse al trabajo comunitario, a la defensa del territorio urbano y de los derechos humanos.

Anderson es integrante de la Fundación por el Medio Ambiente y la Paz en Colombia FUMPAZ, estudiante de la Universidad Nacional, defensor de derechos humanos y vocero de las problemáticas de la localidad de Usme.Por ello, este tipo de acciones dejan un mensaje negativo a la sociedad sobre la participación política, la resolución pacífica de los conflictos y la construcción de la paz en el país. Así mismo, esta agresión evidencia persecución y criminalización de la protesta social por parte de la Fuerza Pública, como también profundas irregularidades en los protocolos adelantados, que estuvieron determinados por la violencia física, la intimidación  y la violación de derechos a un menor de edad.

Estos hechos son una lamentable manifestación de violencia política en momentos en que la sociedad está esperanzada en la construcción de la paz, con la posibilidad de que las diferencias políticas dejen de tramitarse violentamente y de que las decisiones que afecten el modo de vida de las personas pasen por escuchar a las comunidades afectadas.

Teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, solicito a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos y a la Fiscalía General de la Nación, adelantar las investigaciones pertinentes del caso y avanzar en las acciones disciplinarias y penales a las que haya lugar. Asimismo alerto sobre el riesgo en el que se encuentra Anderson y su familia, e insto a la Unidad Nacional de Protección a evaluar el caso de Anderson y a tomar las medidas pertinentes con el fin de garantizar su vida e integridad.

Es indispensable que se adelanten todas las acciones penales, disciplinarias y administrativas necesarias para garantizar que haya una correcta sanción por la violación de derechos de la que fueron víctimas Anderson y su padre, y para que en adelante se permita el ejercicio del derecho a la manifestación y protesta en defensa del Parque Zonal La Aurora por parte de la comunidad.

Bogotá.