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Víctimas de accidentes o enfermedades laborales tendrán garantías para acceder a su pensión
Bogotá, D.C., Febrero 29 de 2024.- Los congresistas del PDA Alirio Uribe Muñoz, Eduard Sarmiento y Robert Daza, así como otros 35 parlamentarios del Pacto Histórico, radicaron el proyecto de Ley que busca que se creen las juntas calificadoras de riesgo a nivel nacional y departamental, que tienen como fin, como su nombre lo indica, evaluar el estado de invalidez de trabajadores enfermos y/o accidentados que solicitan su pensión o indemnización como consecuencia de la pérdida de capacidad laboral.
El proyecto que ya había sido presentado en legislaturas anteriores por congresistas del Polo Democrático Alternativo y que no alcanzó su trámite completo, se radica nuevamente con la esperanza de que, al ser aprobado, miles de trabajadores y trabajadoras que han esperado por años su pensión o indemnización por falta de la ley que determina el mecanismo de escogencia de las juntas, se vean prontamente beneficiados.
“La Corte Constitucional declaró inexequible una norma que ha causado que las juntas calificadoras de riesgos, estén congeladas desde hace más de once años. Es decir, que hoy los trabajadores inválidos, incapacitados por temas laborales no tienen quién les califique los riesgos. Con este proyecto pretendemos establecer la composición, la carrera por méritos, el debido proceso para que se haga justicia a esos colombianos que han perdido su capacidad laboral”, explicó el Representante a la Cámara, Alirio Uribe Muñoz.
Igualmente, con este proyecto de ley, se esperan generar condiciones para que las juntas calificadoras de riesgo, sean imparciales, transparentes y estén conformadas por profesionales altamente preparados en medicina, fisioterapia, terapia ocupacional y psicología, que tengan capacidad efectiva para brindar las garantías suficientes e integrales a miles de trabajadores que han quedado inválidos luego de sufrir un accidente en el trabajo.
Este proyecto de ley también otorga facultades al Ministerio de Trabajo para ampliar el número de salas de decisión de las Juntas de Calificación de Invalidez, con el fin de garantizar un eficiente y oportuno reconocimiento de los derechos a la seguridad social especialmente en las regiones, y refleja el compromiso del Gobierno con la mejora continua del sistema de calificación de invalidez en Colombia, asegurando un proceso justo y transparente para todas las y los ciudadanos colombianos.