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Violencia paramilitar en norte de Colombia con supuesta vinculación de empresas mineras debe ser abordada por mesa de negociación en La Habana

Por Fernando Arellano Ortiz  

Entrevista con Marianne Moor, coordinadora de la organización holandesa de defensa y promoción de derechos humanos PAX en América Latina, y coautora del revelador informe El lado oscuro del carbón. La violencia paramilitar en la zona minera del Cesar, Colombia.

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Por Fernando Arellano Ortiz  

Entrevista con Marianne Moor, coordinadora de la organización holandesa de defensa y promoción de derechos humanos PAX en América Latina, y coautora del revelador informe El lado oscuro del carbón. La violencia paramilitar en la zona minera del Cesar, Colombia.

El Cesar, es uno de los 32 departamentos de Colombia, situado en la zona noreste de este país. Uno de los principales ramos de su economía es la explotación de minas de carbón a cielo abierto liderada por trasnacionales como Drummond Ltd. Colombia, filial de Drummond Company Inc, con sede en Estados Unidos; y Prodeco, una empresa subsidiaria de Glencore Plc., con sede en Suiza, y en menor proporción por Colombian Natural Resources S.A.S., empresa privada controlada por el cuestionado banco de inversiones estadounidense Goldamn Sachs Group. Inc.

En septiembre de 2014 PAX editó un informe titulado El lado oscuro del carbón (que se puede descargar en archivo PDF ingresando al siguiente enlace: http://www.polodemocratico.net/index.php/noticias/insumos-para-el-debate/7578-el-lado-oscuro-del-carbon), en el que se denuncia la estremecedora  ola de violencia desatada en este departamento del norte colombiano por grupos paramilitares con el supuesto apoyo de la mencionadas empresas minero-energéticas Drummond y Prodeco.

Con base en cifras oficiales, dicha investigación que puede calificarse como el informe del horror, realizado por solicitud explícita de las víctimas, hace un cálculo conservador durante el periodo comprendido entre 1996 y 2002 y establece que en esta región carbonífera colombiana los paramilitares con la supuesta colaboración financiera y logística de las citadas empresas transnacionales cometieron no menos de 2.600 asesinatos selectivos, ejecutaron masacres en las que murieron unas 500 personas, e hicieron desaparecer a más de 240 habitantes de la zona, generando más de 59 mil desplazamientos forzados, con lo cual, además, se ha produjo un fenómeno de apropiación ilegal de tierras.

Esta grave denuncia de comisión de delitos de lesa humanidad en el departamento del Cesar, PAX la viene divulgando en Europa mediante una activa campaña para llamar a la solidaridad internacional, con óptimos resultados hasta el momento.

Igualmente esta organización holandesa aspira realizar próximamente una amplia campaña de divulgación en América Latina sobre el horror paramilitar en esta región colombiana y de esta manera concitar la atención de diversos sectores sociales y organizaciones de defensa de los derechos humanos con miras a presionar para que el Estado colombiano promueva un proceso de reparación a las víctimas.

Cabe anotar que desde hace 25 años, PAX viene desarrollando un intenso trabajo de acompañamiento a las víctimas del conflicto armado en Colombia y por eso su compromiso con el país para que estos delitos de lesa humanidad no queden impunes.

Para conocer cuáles han sido las reacciones a nivel empresarial y del Estado colombiano una vez publicada la investigación, dialogamos con Marianne Moor, coautora junto con Joris van de Sandt de este informe sobre los crímenes del paramilitarismo en la zona carbonífera del departamento del Cesar.

Moor es una historiadora e investigadora social con amplio recorrido en su misión humanitaria por América Latina y desde hace varios años es la coordinadora de PAX en este hemisferio.

TRANSNACIONALES MINERAS NIEGAN CONTENIDO DEL INFORME

  • ¿Ha habido represalias, amenazas o amedrentamientos de las empresas minero-energéticas señaladas en el informe El lado oscuro del Carbón a los autores del mismo o a PAX?
  • Está incluido en el informe el texto de la carta de Drummond en el que anuncia que va a tomar medidas judiciales, hasta ahora no sabemos en qué van a consistir. Por otro lado, hemos visto que con nuestros contactos, las autoridades europeas y en Norteamérica, Drummond ha hablado mucho de PAX en forma negativa. Durante la visita al departamento del Cesar con la Ministra holandesa de Negocios Internacionales, esta empresa trasnacional ha negado el ingreso a PAX a la mina. No obstante que éramos parte de la misión oficial de la ministra.
  • ¿Y a nivel del gobierno de Holanda, de las empresas europeas que les compran el carbón colombiano y de sectores oficiales de la Unión Europea, Drummond y Glencore no han hecho contactos para tratar de acallar la campaña de PAX en favor de las víctimas de estas transnacionales en el departamento del Cesar?
  • Eso no lo sabemos. Lo que si conocemos es que estas empresas niegan el contenido del informe, señalando que son mentiras, que los testimonios, las declaraciones bajo juramento de los exparamilitares fueron compradas.
  • ¿Cuál ha sido la respuesta ante las denuncias del informe del gobierno colombiano? ¿Ha habido algún pronunciamiento?
  • No, que yo sepa no ha habido ningún pronunciamiento.

  • ¿Y de parte de las autoridades judiciales de Colombia, concretamente de la Fiscalía General no se ha abierto ninguna investigación con base en los graves señalamientos del informe de PAX?
  • Hasta el momento no hemos podido encontrar ningún tipo de seguimiento por parte de las autoridades judiciales de Colombia. En el informe está incluida la solicitud que hacen dos jueces a la Fiscalía con base en la sentencia condenatoria de dos excontratistas de Drummond por el asesinato de tres sindicalistas para que investigue la injerencia de Drummond. Hasta ahora, que yo sepa, no se ha abierto ninguna investigación.
  • ¿PAX les ha hecho llegar a las instancias gubernamentales de Colombia el informe?
  • Sí, claro, y esperamos que a través de la presión y el lobby internacional, más que todo por parte de los compradores de carbón holandeses, alemanes e ingleses, tengamos una postura oficial por parte del gobierno colombiano en cuanto a las posibilidades de un proceso de reconciliación regional en el Cesar.
  • ¿Qué se está haciendo por parte de PAX para que se concrete la responsabilidad de las empresas europeas frente al tema de violación de derechos humanos en la explotación del carbón colombiano?
  • Desde hace algún tiempo venimos teniendo diálogos bilaterales con las empresas de energía en Alemania y en Holanda y viendo las posibilidades de que ellas investiguen y aborden el tema en la mesa con Durmmond y Prodeco. Al fin y al cabo ellas son las compradoras y pueden plantear el tema de los derechos humanos. Varias ya lo han hecho, además las empresas de energía de Holanda han realizado un pronunciamiento oficial público al tiempo que hemos lanzado una campaña radial con mensajes dirigidos a los consumidores sobre el tema de la violación de derechos humanos en el Cesar y la responsabilidad empresarial.
  • ¿Qué impacto ha tenido esta campaña?
  • Ha tenido un buen impacto porque la publicación como tal ha generado discusión y debate en la sociedad europea. Gracias a esta campaña se ha producido un cambio hasta tal punto que las empresas de energía europeas ya no niegan el informe y están dispuestas a trabajar el tema. Si bien no están dispuestas a dejar de comprar el carbón de Drummond y Prodeco, sí quieren hablar con ellas sobre el tema y eso ya es un avance comparado con la negativa en que estaban el año pasado.
  • El lado oscuro del carbón constituye un informe del horror en el que se exponen serios indicios, incluso pruebas, de encubrimiento y complicidad del Estado colombiano a través del Ejército y la Policía en esta sistemática violación de derechos humanos en el departamento del Cesar. ¿Cabría la posibilidad de que PAX acuda ante la Corte Penal Internacional frente a la nula respuesta de las autoridades colombianas?
  • No. Yo creo que el tema en Colombia en este momento es el proceso de paz y estoy interpretando la falta de respuesta del gobierno colombiano a que está esperando más resultados concretos de la mesa de negociación de La Habana. Al fin y al cabo un proceso de reconciliación regional como el del Cesar debería ser parte de alguna manera, o ser vinculado con el proceso de paz. Y creo que a nivel internacional se puede hacer mucho para sacar adelante un diálogo con el gobierno colombiano en los niveles local y regional con la participación activa de las empresas mineras, lo cual sería un caso único en la historia de Colombia. Considero también que hemos llegado a la fase en que por lo menos se pueda dialogar a puerta cerrada de las posibilidades de concretar este proceso regional en el Cesar porque además se trata de un caso emblemático.

  • ¿PAX ha hecho llegar a la mesa de negociaciones de paz de La Habana el informe?
  • Nosotros activamente no, pero sabemos que varias partes de la mesa de negociaciones si tienen el informe. Y no lo hemos hecho en forma directa porque hasta ahora la campaña ha estado enfocada en Europa y ahora vamos a trabajar promocionando el informe en América Latina.
  • ¿Qué espera conseguir PAX con esta campaña?
  • El objetivo final para PAX es la reparación de las víctimas de la zona minera en el Cesar y además creemos que a través de un proceso de reconciliación con la participación de las empresas mineras podríamos trabajar un caso que sea ejemplo para Colombia en procesos futuros de reparación con la vinculación directa de organizaciones empresariales.
  • ¿Si se tiene en cuenta que estamos hablando de negocios multimillonarios en el sector minero-energético, cabría esperar cierto grado de corresponsabilidad o cierta sensibilidad de las empresas europeas compradoras del carbón colombiano en este caso de violación de derechos humanos en la región del departamento del Cesar?
  • Son prudentes obviamente porque son negocios y el carbón colombiano es muy importante para Europa, sin embargo hay una postura abierta para trabajar el tema porque son conscientes que el mismo no va a desaparecer de la agenda política ni de Holanda ni de Alemania.

Bogotá.

 

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