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Aclaración necesaria: “No tengo vínculo alguno con Yahir Acuña”: Clara López

Ante las versiones tendenciosas que están circulando de cara a las elecciones internas del Partido, me permito aclarar a los militantes y simpatizantes del Polo Democrático Alternativo, así como a la ciudadanía en general:

No conozco al señor Yahir Acuña, no tengo relaciones con él, no las he tenido y dentro de mi pensamiento y comportamiento político no cabe alianza o relación alguna con personas señaladas de parapolítica, paramilitarismo  o cualquier actividad ilegal. De igual forma, aclaro que ninguno de los integrantes de mi equipo de colaboradores alberga tales vínculos ni aceptaría que los tuviesen.

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Ante las versiones tendenciosas que están circulando de cara a las elecciones internas del Partido, me permito aclarar a los militantes y simpatizantes del Polo Democrático Alternativo, así como a la ciudadanía en general:

No conozco al señor Yahir Acuña, no tengo relaciones con él, no las he tenido y dentro de mi pensamiento y comportamiento político no cabe alianza o relación alguna con personas señaladas de parapolítica, paramilitarismo  o cualquier actividad ilegal. De igual forma, aclaro que ninguno de los integrantes de mi equipo de colaboradores alberga tales vínculos ni aceptaría que los tuviesen.

Por el contrario es bien conocido que gracias a mi denuncia penal, la Corte Suprema de Justicia inició el proceso de la parapolítica, tal y como consta en el comunicado No. 0906 de 9 de noviembre de 2006, que adjunto.

CLARA LÓPEZ OBREGÓN
Presidenta del Polo Democrático Alternativo

Bogotá, 20 de diciembre de 2014.

   República de Colombia

         
Corte Suprema de Justicia

  Sala de Casación Penal

 

COMUNICADO 0906 / SALA DE CASACIÓN PENAL
DETENCIÓN PREVENTIVA CONTRA TRES CONGRESISTAS

Dentro del término señalado por la ley para resolver situación jurídica, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia profirió en el día de ayer medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de excarcelación contra los doctores ÁLVARO ALFONSO GARCÍA ROMERO, JAIRO ENRIQUE MERLANO FERNÁNDEZ y ERIK JULIO MORRIS TABOADA quienes, como se recordará, fueron escuchados en indagatoria el pasado 24 de octubre. Para hacer efectiva la decisión, dispuso la captura de los sindicados.

Después de un completo análisis de todo el material probatorio recaudado por la Corte en la investigación que inició en virtud de la denuncia formulada por la doctora Clara Eugenia López Obregón en el mes de junio de 2005, a la que se acumularon otras indagaciones que estaban a cargo de los magistrados de la Sala, la Corporación encontró mérito para ordenar la detención de los tres congresistas por el delito de concierto para delinquir, agravado, y al senador GARCÍA ROMERO, además, por los delitos de homicidio agravado y peculado por apropiación.

Al senador GARCÍA ROMERO se le imputa “organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley” en el departamento, por actividades que habrían tenido lugar por lo menos desde el año de 1997 y hasta no antes de la desmovilización de los jefes paramilitares Edward Cobo (a. Diego Vecino), Rodrigo Mercado Pelufo (a. Cadena), Marco Tulio Pérez (a. el Oso) y Salomón Feris Chadid (a. el Diablo), conducta que igualmente se le atribuye al doctor MORRIS TABOADA.

Además, al senador GARCÍA ROMERO se le cuestiona por su presunta participación, en calidad de determinador, en la masacre de Macayepo ocurrida el 16 de octubre de 2000 y en el homicidio de la doctora Georgina Narváez Wilchez, cometido el 19 de noviembre de 1997, así como en la apropiación -para financiar a un grupo paramilitar-  de $ 17.281.393 provenientes de un contrato de obra celebrado en 1998 por el entonces alcalde de Sucre, Sucre, Ángel Daniel Villarreal Barragán.

Al doctor MERLANO FERNÁNDEZ le fue impuesta la medida de aseguramiento como integrante del grupo paramilitar encabezado por alias “Diego Vecino” y “Cadena”, que promovió su campaña al Senado de la República en la elecciones del 2002, particularmente en el municipio de San Onofre.

Bogotá, D. C., noviembre 9 de 2006.

 

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